Perder una ayuda pública de 425,58 euros al mes ya es un golpe importante para cualquier hogar vulnerable. Pero en este caso la consecuencia fue doble: la Seguridad Social retiró el Ingreso Mínimo Vital a una mujer y, además, le reclamó 4.775,21 euros por cantidades cobradas indebidamente.

Tal y como cuentan en The Huffington Post, la clave del caso está en dos elementos: una vivienda de la que la beneficiaria era nuda propietaria, valorada en 36.231,59 euros, y un domicilio real que no coincidía con el que había declarado. Según los datos del caso, la mujer tenía reconocido el Ingreso Mínimo Vital desde julio de 2020 y lo estuvo cobrando hasta que el INSS revisó su situación.

La vivienda que cambió el derecho a cobrar el Ingreso Mínimo Vital

La decisión llegó a finales de diciembre de 2021. La Seguridad Social extinguió la prestación al comprobar que la mujer figuraba como titular, en nuda propiedad, de una vivienda que no era su residencia habitual. Además, residía en otro municipio junto a otra persona. A partir de ahí, la entidad gestora le reclamó 4.775,21 euros por lo percibido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021.

La beneficiaria llevó el caso a los tribunales. Su argumento era que no debía devolver el dinero porque ella había aportado desde el principio su certificado de empadronamiento y su declaración de la Renta. Es decir, defendía que si la Seguridad Social le concedió la ayuda y después se la quitó con base en esos mismos documentos, el error no podía recaer sobre ella.

En El Blog Salmón

Un camionero ante los tiempos de descanso en el camión: "Algunas empresas se ofrecen a pagarnos la multa si no paramos a descansar. Lo hacen con gusto con tal de que llegue antes la mercancía"

Para sostener esa tesis recurrió a la conocida como doctrina Cakarevic, fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta doctrina protege a los ciudadanos frente a la devolución de prestaciones cuando el cobro indebido se debe exclusivamente a un fallo de la Administración y el beneficiario ha actuado de buena fe. La mujer también alegó que exigirle la devolución de una renta básica de subsistencia suponía una carga desproporcionada.

Pero el TSJ de Galicia no lo ve así. En primer lugar, recuerda que la cuestión sobre si tenía o no derecho al Ingreso Mínimo Vital ya estaba cerrada judicialmente. El tribunal señala que “estamos ante una cuestión que ya fue resuelta en un procedimiento anterior por sentencia firme, en el cual se consideró conforme a derecho la extinción de la prestación”.

Por tanto, lo que quedaba por resolver no era si la ayuda estaba bien retirada, sino si la deuda podía perdonarse por buena fe. Y ahí es donde el tribunal marca la diferencia.

Por qué el tribunal no vio buena fe, sino datos incompletos

Los magistrados entienden que no hubo un error imputable únicamente a la Administración. Al revisar el expediente, concluyen que la mujer no informó correctamente de su situación de convivencia y domicilio. La resolución afirma que “ningún dato se llegó a proporcionar acerca de la circunstancia de convivencia de la demandante con otra persona en otro domicilio diferente”.

También pone el foco en el certificado de empadronamiento aportado. Según el fallo, el documento “sólo recoge el de la demandante, y no hace referencia a todas las personas empadronadas en el domicilio, como se le solicitaba”. Para el tribunal, ese punto impide aplicar la exención basada en la buena fe.

En otras palabras: la Seguridad Social resolvió con la información que tenía, pero esa información no era completa. La sentencia lo expresa de forma directa al indicar que “la entidad gestora no cometió un error que a ella le pueda ser atribuido sino que resolvió con los datos incompletos que la demandante le había proporcionado”.

El resultado es que el TSJ gallego desestima el recurso de la mujer y mantiene la obligación de devolver los 4.775,21 euros. El caso deja una lectura clara para los perceptores de prestaciones: en ayudas condicionadas por renta, patrimonio, residencia y unidad de convivencia, no basta con entregar documentación. Si esa documentación no refleja toda la realidad exigida por la Administración, el cobro puede acabar considerándose indebido.

Imagen: Jo Kassis

El mercado inmobiliario español atraviesa un momento tan complicado como dispar. Encontrar una vivienda sigue siendo difícil, pero no tanto como hace unos pocos meses.

Y es que, por un lado, la escasez de vivienda disponible sigue situando la compra de un piso o una casa prácticamente en máximos históricos. Aunque ojo, también se nota una cierta bajada de los precios en algunas ciudades. Grandes capitales como Madrid o Barcelona se resisten.

Sin embargo, aunque esta caída de los precios empezara a generalizarse por todo el país de una manera continua y sostenida, los nuevos compradores podrían toparse con una ley que promete encarecer aún más los precios.

Una modificación que llega desde Bruselas

Una nueva modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) promete crispar aún más el mercado y, de paso, la relación entre administraciones públicas, promotores, constructores y profesionales del sector.

En El Blog Salmón

Los ayuntamientos tienen suelo para miles de viviendas, pero muchísimos proyectos siguen atrapados en suelo que nadie mueve

La actualización normativa, cuyo periodo de alegaciones finalizó el pasado mes de diciembre, pretende adaptar la construcción española a los nuevos objetivos europeos de sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad. ¿Y esto qué significa? Pisos nuevos más caros.

De hecho, según los cálculos realizados por el Colegio de Aparejadores de Madrid, la aplicación de las nuevas exigencias técnicas podría incrementar el precio medio de una vivienda de nueva construcción en hasta 18.000 euros.

La pregunta es, ¿este esfuerzo económico terminará siendo asumido por las promotoras o acabará repercutiendo directamente en el comprador final?

El objetivo: edificios climáticamente neutros

Una de las principales razones que justifican la reforma es la adaptación de la normativa española a la Directiva Europea sobre eficiencia energética en edificios aprobada en 2024.

El objetivo comunitario pasa por alcanzar un parque inmobiliario con emisiones prácticamente nulas antes de mediados de siglo. Para ello, Bruselas ha establecido una hoja de ruta que obliga a endurecer progresivamente los requisitos constructivos.

La nueva regulación contempla que los edificios públicos de nueva construcción cumplan con criterios de neutralidad climática a partir de 2028. Dos años después, esta exigencia se extenderá al conjunto de nuevas edificaciones residenciales.

La intención es reducir el consumo energético de los inmuebles, disminuir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo de construcción más sostenible.

Aparcamientos para bicicletas y nuevas exigencias urbanas

Entre las nuevas medidas también figura la obligación de incorporar espacios específicos para bicicletas en los edificios residenciales.

La propuesta establece la necesidad de habilitar dos plazas de aparcamiento para bicicletas por cada vivienda construida, salvo que exista una normativa municipal que contemple exigencias inferiores.

Además, se fijan dimensiones mínimas para estos espacios y se reserva una parte de las plazas para bicicletas de gran tamaño o destinadas a personas con movilidad reducida.

Más protección frente a incendios

La reforma también endurece los requisitos de seguridad contra incendios. Las nuevas exigencias afectan especialmente a las fachadas, donde se refuerzan las condiciones de comportamiento frente al fuego de los materiales empleados en la envolvente exterior de los edificios.

En El Blog Salmón

El aviso sobre la vivienda en España: “Millones de españoles se van a arruinar en cinco años por comprar su vivienda”

El objetivo es reducir el riesgo de propagación rápida de las llamas y adaptarse a los sistemas constructivos más modernos.

Los garajes también estarán sujetos a mayores controles. La creciente presencia de vehículos eléctricos ha llevado a introducir mejoras en ventilación, sectorización y sistemas de protección específicos para este tipo de espacios.

Otra novedad relevante es la incorporación obligatoria de alarmas autónomas de detección de humo en edificios residenciales, una medida que ya se aplica desde hace años en numerosos países europeos.

La energía solar gana protagonismo

La nueva versión del CTE apuesta claramente por incrementar la producción de energía renovable dentro de los propios edificios.

Para ello se incorpora una exigencia específica relacionada con la generación mínima de energía fotovoltaica. El planteamiento deja atrás el modelo anterior basado en obligaciones parciales y pasa a integrar la captación solar como un elemento esencial dentro del diseño de los inmuebles.

La intención es que las nuevas promociones aprovechen al máximo su potencial energético mediante instalaciones capaces de reducir el consumo procedente de fuentes convencionales.

Las voces críticas con la renovación del CTE no han tardado en llegar. Desde la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) han presentado alegaciones al proyecto desde una perspectiva técnica con el objetivo de compatibilizar los objetivos medioambientales con la viabilidad económica de las promociones.

Conforme está el mercado inmobiliario y la escasez de obra, ¿es ahora el momento de esta supuesta subida de precio extra?

Imágenes | Scott Blake, Sherise Van Dyk

El mercado del alquiler por habitaciones se ha convertido en una salida para perfiles muy distintos. Jóvenes que no pueden emanciparse solos, madres con bebés que buscan una habitación y también pensionistas que encuentran cada vez más puertas cerradas. El problema es que, cuando la vivienda se comparte, el precio no es la única barrera: también entra en juego la convivencia.

Según recoge El Español, Alba Aldehuela, propietaria de un piso compartido, explicó en el programa Y Ahora Sonsoles que no alquilaría habitaciones a jubilados. No lo planteó como una cuestión económica, sino como una decisión vinculada a su día a día, a su edad y al tipo de entorno que quiere en la vivienda en la que también reside.

Una propietaria joven en plena crisis del alquiler

Alba tiene 25 años y es propietaria de un inmueble que alquila por habitaciones. El piso está en Madrid, una ciudad donde, según ella misma reconoce, hay mucha demanda de vivienda.

Su caso resulta llamativo porque cruza dos realidades de la misma crisis. Por un lado, los jóvenes tienen problemas para independizarse por falta de ingresos suficientes. Por otro, los jubilados se encuentran con el rechazo de algunos arrendadores, especialmente cuando buscan una habitación en un piso compartido.

En el caso de Alba, el piso fue comprado por su padre. Ella lo explicó así: "por mi situación, al final yo vivo en esa casa y es una casa familiar".

Esa frase es importante porque cambia el marco del alquiler. No se trata de una vivienda que la propietaria explote desde fuera, sino de una casa en la que ella vive. Y desde ahí justifica su criterio: "Yo, viviendo allí, quiero a alguien con quien pueda convivir bien y que sea un buen entorno".

En Xataka

La crisis de la vivienda sube de nivel en España: ahora lo que está creciendo es el alquiler de habitaciones

"Es mi preferencia"

La propietaria asegura que ha notado la presión de la vivienda de forma directa. No solo le escriben jóvenes. También, según contó, "hasta madres con bebés me han llegado buscando habitación".

Aun así, Alba sostiene que la situación general no elimina su margen para decidir con quién comparte casa. "Es así la situación, pero claro, al final es que yo vivo ahí y es mi día a día", explicó.

Su argumento gira siempre sobre la misma idea: la compatibilidad en la convivencia. No dice que una persona mayor le moleste, pero sí que no encaja con lo que busca para su piso. "No es que me moleste, pero es mi preferencia. Porque al final yo vivo allí, soy la que enseña el piso... que por suerte es en Madrid, que hay mucha gente que demanda pisos".

La frase resume bien la tensión del caso. En un mercado con mucha demanda, el propietario puede elegir. Y cuando la oferta escasea, esa elección pesa mucho más sobre quien busca vivienda.

El filtro de edad convertido en filtro de convivencia

Alba explica su criterio por el momento vital en el que se encuentra. Busca personas de su mismo rango de edad y con rutinas parecidas.

"Este piso era para mi época universitaria porque yo no soy de aquí de Madrid, entonces buscas gente más o menos con el mismo rol", señaló.

Ahora ya no está en esa etapa universitaria. Está trabajando. Pero el patrón, según ella, sigue siendo similar: quiere compartir con "el mismo perfil de persona".

También añadió otro matiz: vive en otra comunidad autónoma distinta a la de su familia y está "lejos de mi familia". Por eso insiste en que no busca discriminar, sino construir un entorno que le resulte cómodo y compatible.

El ejemplo que utilizó fue muy gráfico: "Si salgo de fiesta y llego a las 5 de la mañana". Con esa frase intentó explicar que una persona jubilada podría tener horarios, expectativas y rutinas muy distintas a las de alguien de 25 años.

Y cerró su razonamiento así: "Es un poco convivencia entre ambos, no es que yo ponga requisito de edad".

Un caso pequeño que enseña un problema grande

La historia de Alba no va solo de una propietaria joven que alquila habitaciones. Va de cómo el alquiler compartido está dejando de ser una solución puntual para estudiantes y se está convirtiendo en una salida para perfiles cada vez más diversos.

En El Blog Salmón

El drama de la vivienda se acentuará en 2026: alquilar será un 10% más caro y comprar un 7%. La Ley de Vivienda de 2023 aún no hace efecto

Ahí aparece el choque. Una habitación puede ser la única opción viable para alguien que no puede pagar una vivienda completa. Pero si esa habitación está dentro de una casa donde también vive el propietario, el acceso depende de una decisión muy personal: con quién quiere convivir, qué horarios acepta y qué tipo de vida considera compatible.

En definitiva, el caso muestra una de las caras más incómodas de la crisis de la vivienda. Cuando faltan pisos asequibles, incluso una habitación se convierte en un bien escaso. Y en ese escenario, los filtros personales de los propietarios pueden acabar funcionando como una barrera añadida para colectivos que ya lo tienen difícil, como los jubilados.

Imágenes: programa Y ahora Sonsoles.

En este contexto de transformación sectorial, nuevas fórmulas como el rent to rent emergen como una alternativa muy lucrativa para obtener rentabilidad rápida sin necesidad de comprar un inmueble.

El engranaje del 'rent to rent' y sus números

La inversión en vivienda en España se disparó más de un 30 % el año pasado respecto al ejercicio anterior, registrando máximos históricos. Tal y como explica la información publicada por El Español a partir del informe Real Estate Market Outlook 2026 de la consultora CBRE, las perspectivas para los próximos meses apuntan a que este apetito inversor se mantendrá al alza de forma clara. El entorno económico acompaña gracias a unos tipos de interés estables en el entorno del 2 % y unas condiciones de financiación cada vez más favorables. Sin embargo, este bum coincide con una profunda crisis de acceso a la vivienda y un encarecimiento del alquiler que aviva el debate sobre los límites de estos modelos de negocio.

En Xataka Móvil

Pronto verás un punto azul en la parte superior de tu teléfono Android; esto es lo que significa

La mecánica de esta fórmula es tan sencilla sobre el papel como lucrativa en la práctica: consiste en arrendar una propiedad completa a su dueño para, inmediatamente después, subarrendar sus estancias de forma independiente a terceros. Rocío, una especialista en inversión inmobiliaria que compagina cinco viviendas en régimen de alquiler tradicional con la gestión de 75 habitaciones enfocadas al subarriendo, conoce al detalle este modelo. Hace unos meses, desgranaba las claves de su éxito en el pódcast Libertad Inmobiliaria, conducido por el inversor Carlos Galán.

Los márgenes que maneja explican por qué el sistema gana adeptos con rapidez. Rocío obtiene un beneficio mínimo de 410 euros por cada piso que gestiona bajo este formato. Además, el capital inicial que destina a amueblar y acondicionar los inmuebles se suele recuperar en un plazo de entre seis y siete meses. Para lograrlo, realiza un desembolso contenido pero estratégico. "Suelo destinar unos 3.000 euros a amueblar cada piso, porque tienen que estar equipados con todo lo necesario para vivir. También hay que acondicionarlos para que, si el inquilino quiere, pueda hacerse una tortilla francesa el primer día", explica la inversora, matizando que este coste puede variar según si el perfil del propietario es más tradicional o inversor.

Radiografía del inmueble idóneo para el subarriendo

El primer paso del negocio requiere convencer al propietario original del piso. La estrategia comercial es directa: ofrecer una renta algo superior a la que se pide en el mercado a cambio de liberar al dueño de cualquier gestión o problema con los inquilinos. "Al propietario puedes pagarle, por ejemplo, un poco más de lo que está pidiendo y decirle que te vas a encargar absolutamente de todo. Se va a olvidar totalmente de que tiene un piso", resume Rocío sobre el principal gancho de esta fórmula.

A partir de su experiencia, la inversora ha definido con precisión las características del activo que funciona mejor para maximizar la rentabilidad. Su piso estándar se ubica en un barrio trabajador, cuenta con tres habitaciones y un salón independiente que termina reconvertido en una cuarta habitación habitable. Por lo general, son fincas sin ascensor que solo requieren una reforma básica, tipo lavado de cara. La única exigencia clave es que el cuarto de baño se encuentre en buen estado, pero "sin dejarme un dineral" en las mejoras, apunta la experta.

El caso real de Bilbao: costes y rentabilidades

Llevar esta teoría a la práctica requiere poner el foco en una localización concreta. Tomando como referencia el mercado inmobiliario de Bilbao, que es donde Rocío despliega su actividad habitual, las cuentas mensuales resultan muy ilustrativas. Un piso de estas características se alquila al propietario por unos 950 euros mensuales. Posteriormente, cada una de las habitaciones se subarrienda por un precio de unos 400 euros. De este modo, los ingresos brutos mensuales se sitúan alrededor de los 1.600 euros.

A esa facturación total hay que descontarle los gastos corrientes, principalmente los suministros de la vivienda. Tras esa deducción, se llega al rendimiento neto final. Rocío insiste en que, en un piso típico, el beneficio mínimo debe rondar los 410 euros, una cantidad que equivale prácticamente al precio de una habitación entera. Este colchón financiero resulta vital para la viabilidad del negocio, puesto que permite asumir periodos puntuales con alguna estancia vacía sin que la operación deje de ser rentable.

Aunque Rocío empezó comprando viviendas antes de dar el salto a la gestión de habitaciones, defiende que para quienes carecen de un gran capital de partida el orden ideal puede ser el opuesto. "Mi camino ha sido primero invertir y después gestionar pisos rent to rent. Al final, gestionar habitaciones no es algo muy complejo, simplemente tienes que saber los pasos, aprender un poco de los errores del resto", argumenta. El modelo se convierte así en una barrera de entrada muy baja para generar flujos de caja desde el primer momento. En definitiva, la acumulación de estos rendimientos mensuales puede funcionar como una palanca de ahorro acelerado a medio plazo, sirviendo para acumular el dinero de la entrada de un piso de inversión que mucha gente todavía no tiene.

Imágenes | YouTube (Libertad Inmobiliaria)

La justicia considera que el casero no demostró que esos daños fueran culpa del arrendatario y recuerda que la ley prohíbe cobrar al inquilino el desgaste habitual de un inmueble, como explican en Noticias Trabajo.

El mercado del alquiler en España genera constantes fricciones entre propietarios e inquilinos cuando llega el momento de rescindir un contrato, especialmente en lo relativo al estado de la vivienda. El problema es que, en ocasiones, las reclamaciones por supuestos desperfectos rozan la temeridad financiera. Esto es exactamente lo que refleja un reciente litigio madrileño, donde un arrendador pretendía cobrar más de 5.000 euros por deterioros que, en realidad, respondían al simple paso del tiempo. Este caso aclara de forma tajante una regla económica y legal básica: vivir en una casa la desgasta, y ese coste no se le puede repercutir a quien paga una mensualidad.

El origen del conflicto: un acta de entrega y un apagón sospechoso

De acuerdo con los datos judiciales, ambas partes firmaron el 31 de marzo de 2022 un acuerdo para finalizar el contrato de alquiler y formalizar la entrega de llaves. En ese documento oficial, redactado sobre el terreno, solo quedó anotado un único defecto: un pequeño desconchón en la bañera, cerca del desagüe. Asimismo, se facilitó la cuenta bancaria donde debía reembolsarse la fianza de 850 euros.

Sin embargo, meses después de aquel trámite, la empresa propietaria reclamó formalmente al inquilino el pago de 5.130,56 euros por diversas reparaciones. El casero argumentó que durante el día de la revisión no había luz en la vivienda, lo que supuestamente le impidió percatarse de la magnitud de los daños en ese momento.

Ante la negativa a devolver el dinero, el inquilino reclamó judicialmente sus 850 euros. Tanto el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Alcalá de Henares como la Audiencia Provincial le han dado la razón de manera unánime.

El amparo de la LAU y el Código Civil ante el uso diario

Para fundamentar su decisión, tal y como recoge la sentencia dictada el 18 de marzo de 2026, el tribunal aplicó con rigor la normativa vigente, recordando que la legislación diferencia con total claridad entre un daño negligente y el deterioro ordinario. La clave está en los siguientes pilares legales:

• El artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): Obliga al propietario a hacerse cargo de las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo que el daño haya sido causado por culpa del inquilino.
• El artículo 1.561 del Código Civil: Establece que el arrendatario debe devolver la finca en buen estado, pero exceptúa explícitamente el desmejoramiento ocasionado por el uso diario. En otras palabras, la ley no obliga a entregar el inmueble "como nuevo".
• El artículo 1.555 del Código Civil: Obliga al inquilino a cuidar la vivienda "como un diligente padre de familia", pero la Audiencia dejó claro que para exigir una indemnización el propietario debe demostrar una conducta negligente, algo que aquí no quedó acreditado.

Respecto al desconchón de la bañera, los magistrados determinaron que un desperfecto de esa naturaleza encaja perfectamente en lo que se considera un desgaste por uso continuado. Además, añadieron que es completamente habitual que este tipo de zonas terminen generando oxidación natural con el paso del tiempo, sin que exista necesariamente un golpe o un maltrato del equipamiento.

Sin pruebas fácticas no hay retención de fianza

El tribunal también desmontó la coartada de la empresa sobre la falta de electricidad en la inspección. La resolución señala que, si las partes fueron capaces de localizar y apuntar el pequeño desconchón de la bañera en el documento firmado, significa que utilizaron algún medio de iluminación. Por lo tanto, si realmente existían daños importantes por valor de 5.000 euros, también podrían haberse detectado en ese mismo instante.

El fallo otorga un valor probatorio crucial al documento de extinción contractual, dado que en su texto solo figuraba esa anomalía concreta y ninguna otra de las reclamadas meses después.

Finalmente, en lo referente a la retención de la garantía, la Audiencia aplicó el artículo 36 de la LAU, que permite al propietario quedarse con ella únicamente cuando existan daños demostrados o cantidades pendientes de pago. Como el casero no consiguió probar que los desperfectos fueran responsabilidad directa del inquilino, la justicia concluyó que no tenía derecho a retener los 850 euros. Por todo ello, el arrendador fue obligado a devolver la fianza completa y se quedó sin recibir la compensación económica que exigía.

La lección del fallo: la fianza no es un cheque en blanco para reformar el piso

En definitiva, este veredicto deja una lección económica transparente para el mercado inmobiliario: la fianza no es una herramienta para renovar un inmueble a costa del anterior inquilino. Si un propietario desea reclamar reparaciones tras finalizar el arrendamiento, la carga de la prueba recae exclusivamente sobre sus hombros, y el coste del desgaste cotidiano sigue corriendo por cuenta del negocio rentista.

Imágenes | Magnific

Estrés, angustia, ansiedad. La búsqueda de un piso en España sigue siendo una tarea titánica para muchos compradores. Y para más inri, el problema actual del mercado inmobiliario está lejos de resolverse.

Durante su intervención en el programa de debate laSexta Xplica, el economista Gonzalo Bernardos ya no pudo más. Criticó la escasa construcción de vivienda protegida, cuestionó las políticas desarrolladas durante los últimos años y dejó una de las reflexiones más contundentes sobre la vivienda: "Nos toman el pelo y nos lo toman mucho".

Bernardos apoyó su análisis en una comparación histórica para explicar por qué considera insuficiente la respuesta actual. Según recordó, hace alrededor de 35 años España construía más viviendas pese a tener una población notablemente inferior.

En El Blog Salmón

Sergio, agente inmobiliario: “O negocias o no vendes. Hace 6 meses se vendía todo. Hoy, muchos pisos no salen”

Mientras a comienzos de los noventa se iniciaron más de 205.000 viviendas con unos 39 millones de habitantes, en 2025 las cifras rondan las 133.000 pese a que el país supera ya los 49 millones de residentes. A ello añadió otro dato especialmente relevante: apenas unas 12.000 corresponderían a vivienda protegida.

Bernardos señala el bajo nivel de vivienda protegida

La falta de construcción de vivienda protegida es, a su juicio, dramática. A su parecer, el discurso institucional asegura defender este modelo residencial. Sin embargo, los datos reflejan una realidad muy diferente.

Las cifras ayudan a entender esa crítica. Desde 1991 hasta 2025 se han construido alrededor de 1,5 millones de viviendas protegidas en España. Antes de ese periodo se levantaron otras 1,42 millones entre 1979 y 1990 y aproximadamente 1,89 millones adicionales entre 1968 y 1978.

En total, España construyó 4,81 millones de viviendas protegidas desde finales de los años sesenta. Sin embargo, gran parte de ese parque terminó abandonando progresivamente el régimen especial para incorporarse al mercado libre.

El urbanismo y el tamaño de las viviendas, en el centro de la crítica

La intervención de Bernardos también apuntó directamente a determinadas normas urbanísticas y a cómo se diseñan las políticas de vivienda.

Durante el programa cuestionó los requisitos mínimos exigidos para nuevas promociones y dejó otra frase especialmente dura: "¿Por qué te obligan los planes urbanísticos a acoger y hacer que las viviendas mínimas de dimensión sean 80 metros cuadrados? Porque el político de todos los partidos, no solo del PSOE o Sumar, sino también del PP, vive en otra galaxia y considera que las familias son de cuatro o cinco personas".

Su planteamiento parte de un cambio demográfico evidente. El tamaño medio de los hogares españoles se ha reducido progresivamente y actualmente se sitúa por debajo de las dos personas y media por vivienda.

Desde esa perspectiva considera que los modelos residenciales siguen respondiendo a estructuras familiares que ya no representan la realidad actual.

Por esa razón defendió impulsar viviendas de dimensiones más reducidas, especialmente para facilitar el acceso a compradores jóvenes. Durante su intervención afirmó: "A un joven, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya le vale". También añadió otra reflexión crítica sobre los responsables políticos: "Quien hace la política de Vivienda tiene más de 60 años y no se entera".

España mantiene un parque público muy reducido frente a Europa

Los datos hablan por sí solos. España cuenta con un parque social cercano al 2,5% del total de viviendas disponibles. La cifra se sitúa claramente por debajo de la media europea, que ronda aproximadamente el 9%.

En El Blog Salmón

Los ayuntamientos tienen suelo para miles de viviendas, pero muchísimos proyectos siguen atrapados en suelo que nadie mueve

Además, el peso de la vivienda protegida dentro de las nuevas promociones también se redujo de forma significativa durante las últimas décadas.

En 1981 casi la mitad de las nuevas viviendas construidas pertenecían a modalidades protegidas. En cambio, en 2019 apenas representaban el 8,5% del total.

Los anuncios de vivienda realizados durante los gobiernos de Sánchez

Durante los últimos años los gobiernos de Pedro Sánchez han anunciado distintos planes para ampliar el parque residencial público y asequible. Pero nada o poco se sabe de ellos.

• 2018 – Plan inicial para desarrollar 20.000 viviendas asequibles.
• 2021 – Objetivo ampliado hasta alcanzar 100.000 viviendas.
• 2023 – Plan de Vivienda en Alquiler Asequible con previsión de 184.000 viviendas.
• 2023 – Compromiso global para impulsar hasta 244.000 viviendas públicas.
• 2023 – Entrada en vigor de la Ley estatal de Vivienda.
• 2025 – PERTE para industrializar la construcción residencial con una inversión pública de 1.300 millones.

El cumplimiento real muestra cifras mucho más limitadas

La ejecución efectiva presenta una situación bastante diferente a la de los anuncios iniciales.

A mediados de 2024, del plan de 184.000 viviendas figuraban movilizadas unas 80.745 y otras 59.879 continuaban en distintas fases administrativas. Sin embargo, no existían datos concretos sobre el volumen realmente construido y entregado.

La situación resulta todavía más llamativa al revisar la promesa de 244.000 viviendas públicas anunciada posteriormente. A finales de 2024 apenas se habían entregado alrededor de 350 viviendas nuevas mientras miles de unidades permanecían todavía en fases preliminares, adjudicaciones o desarrollos administrativos.

El plan financiado con fondos europeos para impulsar 25.000 viviendas sociales también avanzó a menor velocidad de la prevista.

Buena parte de los proyectos continuaban pendientes y el grado de ejecución seguía lejos de los objetivos inicialmente planteados.

Imágenes | LaSexta

Saltan las alarmas en el mercado inmobiliario español: algo empieza a cambiar. Aunque los precios de la vivienda continúan creciendo, con un incremento interanual del 3,2%, están comenzando a aparecer señales que ya inquietan a propietarios, vendedores e inmobiliarias.

Aunque el mercado mantiene su fortaleza, los primeros síntomas de desaceleración ya han aparecido: viviendas que tardan más en venderse, ajustes de precios en algunas ciudades y un cambio progresivo (y constante) en el comportamiento de los compradores.

De hecho, la mitad de las capitales de provincia registran caídas respecto al año pasado y algunas ciudades muestran ajustes que hace solo unos meses parecían difíciles de imaginar.

En El Blog Salmón

El inversor que predijo la crisis de 2008 alerta de un “desplome histórico”: “estamos ante un sangriento accidente minutos antes de que ocurra”

Valladolid lidera los descensos con una caída del 12%, seguida por Santa Cruz de Tenerife, Zamora, Almería o León. Al mismo tiempo, las compraventas del primer trimestre descendieron un 2,6% y la obra nueva registró una caída superior al 5%.

Y en paralelo, aumenta la oferta disponible en numerosos portales inmobiliarios y algunos mercados muy activos también muestran signos de enfriamiento. Madrid incrementó un 17% el stock de viviendas anunciadas durante el primer trimestre, mientras Valencia y Barcelona también registran aumentos relevantes.

En este contexto, Sergio, creador de contenido especializado en inversión inmobiliaria, Real Estate y emprendimiento, conocido en TikTok como Sergio_excellence_circle, resume este nuevo escenario con una frase que no deja lugar a dudas: “O negocias o no vendes. Las cosas están cambiando y rápido. Si hace seis meses se vendía todo, incluso a precios por encima de mercado, esto ya no es así”.

El mercado ya no está funcionando como hace unos meses

Durante gran parte del último ciclo inmobiliario, muchos inmuebles desaparecían de los portales en pocos días.

El temor a quedarse fuera y el fuerte desequilibrio entre oferta y demanda aceleraron las operaciones y llevaron a muchos compradores a aceptar precios cada vez más elevados.

Sin embargo, algunas dinámicas empiezan a cambiar. Sergio relata una situación que refleja esa nueva realidad: “Ayer una clienta que lleva buscando años y poco a poco ha tenido que ir subiendo su presupuesto porque cada vez lo que buscaba era más caro, me decía que, oye, hace tres meses cuando veía un piso a la semana se había vendido, ahora no sólo no se vende sino que muchos bajan el precio”.

El euríbor y los precios elevados empiezan a pesar

Entre los factores que explican esta ralentización aparecen varios elementos. El fuerte incremento acumulado de la vivienda durante los últimos años, unido a una financiación menos favorable, empieza a limitar la capacidad de compra.

Durante los últimos cinco años, distintas estimaciones sitúan el incremento de los precios cerca del 50%, una evolución muy superior a la registrada por los salarios. Además, la evolución reciente del euríbor ha vuelto a elevar el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda.

Sergio lo explica así: “Es la pura realidad. El conflicto de Irán, la subida de tipos, los precios ya a niveles altísimos, hacen que lo que estás viendo en portales ya no se vende”.

La negociación vuelve a ganar importancia

Uno de los cambios más visibles aparece en el ajuste entre precios publicados y precios finales de cierre. Muchos vendedores continúan tomando como referencia anuncios publicados durante los meses de máxima euforia, pero la negociación vuelve a tener un peso creciente.

En El Blog Salmón

Los ayuntamientos tienen suelo para miles de viviendas, pero muchísimos proyectos siguen atrapados en suelo que nadie mueve

Según explica Sergio: “Para que se venda deben bajar entre un 10 y un 20% su precio”. Esto no implica necesariamente un desplome generalizado del mercado, por supuesto, sino un reajuste entre expectativas y realidad.

Más oferta, menos urgencia y compradores más selectivos

Otro indicador importante es el incremento de viviendas disponibles. Madrid elevó su oferta un 17%, Valencia un 13% y Barcelona un 6%.  Sergio lanza otra advertencia: “El problema de los que no bajen ahora es que en un año, si quieren vender, deberán bajar mucho más”. Los precios de los pisos podrían haber iniciado una desaceleración que podría no tener fin a corto plazo.

La vivienda mantiene un apoyo estructural

Aun así, el mercado sigue teniendo un importante elemento de apoyo: el déficit acumulado de vivienda disponible. Diversos cálculos sitúan esa escasez por encima de las 840.000 viviendas.

Por ello, Sergio matiza cualquier lectura excesivamente negativa: “¿Significa esto que va a bajar la vivienda? No, en absoluto, la vivienda se va a mantener sólida”. Y concluye con un mensaje para propietarios: “Si eres propietario, no te fíes del precio de los portales y sé ágil con el precio si quieres vender”.

Imágenes | TikTok Sergio_excellence_circle

España tiene un problema de vivienda, pero no solo por falta de suelo. Esa es la parte incómoda del diagnóstico: hay terrenos previstos para construir, también en grandes áreas urbanas, pero muchos siguen bloqueados desde hace años entre ayuntamientos sin recursos, fondos, bancos, la Sareb, propietarios fragmentados y promotores que no cuentan con financiación suficiente.

Este dato choca con el déficit de vivienda. El Banco de España ha venido alertando durante los últimos años de un fuerte déficit en España, con estimaciones que distintos análisis sitúan ya en el entorno de las 700.000 viviendas.

Hay suelo, pero faltan oportunidades

Según el análisis del economista Ignacio Ezquiaga que publicó Funcas en 2024: el periodo inmediatamente anterior (1998-2023) es el culpable del actual modelo residencial español. La vivienda quedó, entre crisis, como la asignatura pendiente de 2008.

En El Blog Salmón

El aviso sobre la vivienda en España: “Millones de españoles se van a arruinar en cinco años por comprar su vivienda”

Durante aquellos años, el crédito promotor llegó a representar cerca del 30 % del PIB y alimentó una expansión basada en recalificaciones masivas, expectativas urbanísticas y financiación abundante incluso para proyectos que nunca llegaron a convertirse en viviendas reales.

La crisis posterior saneó parte del sistema financiero, pero dejó otra cicatriz mucho más persistente: un mercado residencial donde la vivienda protegida casi desapareció, el acceso a la propiedad se deterioró para los jóvenes y buena parte del suelo quedó atrapado entre administraciones, bancos, Sareb y distintos fondos.

Para muestra, en las 15 grandes áreas urbanas españolas hay suelo previsto en el planeamiento vigente para 1,5 millones de viviendas pendientes de ejecutar. Además, casi el 30% del suelo no edificado estaría en manos de administraciones públicas, principalmente de los ayuntamientos.

La tensión entre ambos datos resume bien el problema: hay demanda, hay suelo previsto y hay planeamiento, pero no existe una cadena eficaz para convertir todo eso en pisos disponibles.

El Ministerio de Vivienda también ha puesto cifras al fenómeno. Su estudio sobre sectores residenciales en España identifica 1.069 sectores en 400 municipios, con capacidad para más de 2,4 millones de viviendas: es decir, hay bolsas residenciales y potencial edificatorio.

El problema es que muchos de esos terrenos arrastran problemas de urbanización, propiedad fragmentada, falta de financiación, cargas heredadas de la burbuja o escaso atractivo para el promotor privado. A su vez, otros quedaron en propiedad de entidades financieras, fondos o la Sareb tras el colapso inmobiliario y no han vuelto al mercado.

El caso de L’Aldea, en Tarragona, resume esta cicatriz. En plena burbuja, Martin-Fadesa anunció allí un proyecto de más de 1.300 viviendas. Más de dos décadas después, parte de aquel desarrollo seguía varado entre edificios a medio levantar, calles abandonadas y maleza. No es una anomalía: es una muestra de cómo una parte del suelo residencial español quedó atrapada en el limbo posterior al estallido inmobiliario.

Parte de la solución, pero también del bloqueo

Ahí entra el papel de los ayuntamientos. Muchos consistorios recibieron suelo a través de cesiones obligatorias de los promotores, terrenos que en teoría debían servir para vivienda protegida o dotaciones públicas.

La cuestión es que hay muchos municipios que no cuentan con capacidad financiera para promover vivienda pública. A su vez, otros no tienen empresas municipales capaces de gestionar promociones o no hallan fórmulas de colaboración público-privada, que sería una opción intermedia, por la menor rentabilidad o las ubicaciones, entre otros factores.

¿Los ayuntamientos son los culpables? El punto clave es estructural. Una parte del suelo que podría aliviar la crisis de la vivienda está en manos públicas, pero no encuentra financiación ni seguridad jurídica para convertirse en vivienda real.

El resto del suelo paralizado quedó en manos privadas o semipúblicas. Tras la crisis financiera, muchos activos pasaron a la Sareb, los bancos y otros fondos de inversión especializados. Sobre el papel, esos terrenos podían volver al circuito promotor.

En la práctica, no siempre ha ocurrido: Funcas señala que muchos de esos activos no han sido retornados al mercado para ser promovidos y transformados en viviendas, y en 2025 el Gobierno anunció el traspaso de 2.400 suelos de Sareb, con capacidad para unas 55.000 viviendas, a la nueva empresa pública de vivienda.

Ese suelo forma parte de los activos que el Gobierno ha intentado movilizar en los últimos años para ampliar el parque de vivienda asequible. En 2023, Moncloa anunció un plan para destinar viviendas de Sareb al alquiler asequible y activar suelo para nuevas promociones. La entidad contaba entonces con espacio para construir unas 15.000 viviendas adicionales.

En 2025, el Ejecutivo volvió a hablar de activos de Sareb, con unas 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos donde podrían levantarse otras 55.000.

Sin embargo, esto no ha desatascado, ni mucho menos, el cuello de botella habitacional. El porqué es más simple de lo que parece: si los terrenos no están en ubicaciones atractivas, se requiere mucha inversión previa; si las rentabilidades son bajas o si la financiación no acompaña, el promotor privado no entra. Y si la administración no puede coger ese relevo para sustituirlo, el suelo permanece inmóvil.

¿Construir más?, y desbloquear mejor

La vivienda se ha convertido en una de las grandes fracturas económicas del país. Los precios suben, el alquiler tensiona la renta disponible de los hogares y las grandes ciudades concentran cada vez más demanda. En ese contexto, el debate suele simplificarse entre dos posiciones: intervenir precios o construir más.

No obstante, el atasco del suelo introduce una tercera capa: no basta con decir que hay que construir más si parte del suelo previsto para hacerlo lleva años bloqueado.

Existe un problema de ejecución, financiación y coordinación institucional. Hay ayuntamientos con suelo que no pueden mover, activos heredados de la burbuja que no llegan al mercado, promociones inviables a los precios actuales y una cadena urbanística demasiado lenta para responder a una emergencia habitacional.

En pocas palabras, la paradoja es evidente: mientras cientos de miles de hogares tienen cada vez más difícil acceder a una vivienda, parte del suelo que podría aliviar esa presión sigue atrapado en los restos de la última burbuja inmobiliaria.

Foto: La Moncloa | Fotomontaje

El precio de la vivienda en España no ha dejado de dispararse en los últimos años, pero los salarios siguen muy lejos de ese ritmo. Cada vez más familias están destinando una parte enorme de sus ingresos a pagar una hipoteca y los expertos ya alertan de un riesgo que podría explotar en los próximos años: miles de compradores podrían terminar atrapados en viviendas que apenas pueden permitirse.

Mientras el precio medio de la vivienda se ha disparado en muchas ciudades más de un 30% desde la pandemia, miles de familias están firmando hipotecas al límite de su capacidad económica.

¿Y cuál es el mayor hándicap de todo esto? Que buena parte de esos préstamos podrían encarecerse de forma brusca dentro de cinco años.

La alerta la ha lanzado el divulgador financiero Yago, conocido en TikTok como @yagoentusfinanzas. Advierte de un escenario preocupante vinculado a las hipotecas mixtas.

Según explica, muchas personas están aceptando cuotas aparentemente cómodas durante los primeros años sin calcular lo que ocurrirá si los tipos de interés vuelven a subir. En algunos casos, la mensualidad podría aumentar más de 400 euros al mes.

El mercado inmobiliario en continua tensión

Es de sobra conocido que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos del país. Comprar un piso exige actualmente niveles de endeudamiento muy superiores a los de hace apenas unos años.

Mientras los salarios han avanzado lentamente, el precio de la vivienda ha seguido creciendo en buena parte de España. En ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o Palma, el esfuerzo hipotecario necesario para acceder a una vivienda supera ampliamente los niveles considerados saludables por muchos expertos financieros.

En El Blog Salmón

Cataluña sigue endureciendo la intervención en vivienda, pero el acceso continúa empeorando

A esto se suma el encarecimiento general del coste de vida. Alimentación, energía, seguros, comunidad, impuestos y financiación bancaria pesan, como es lógico, cada vez más sobre la economía familiar.

El verdadero peligro está en las hipotecas mixtas

El experto considera que la situación puede complicarse todavía más por el tipo de hipotecas que están firmándose actualmente. “Las hipotecas que están dando son hipotecas mixtas”, advierte.

Este producto combina un primer tramo a tipo fijo con una segunda fase vinculada a interés variable. Durante los primeros años, la cuota permanece relativamente estable y resulta más fácil asumirla para muchas familias.

Sin embargo, el riesgo aparece más adelante. “Durante los 5 primeros años tienes una hipoteca fija y a partir del quinto año tienes una hipoteca variable”, explica el divulgador financiero.

Y añade: “Durante los 5 primeros años sabrás perfectamente cuánto tienes que pagar de cuota de hipoteca, pero a partir del quinto año tu hipoteca dependerá de cómo estén los tipos de interés”.

El ejemplo de una vivienda de 300.000 euros

Para explicar el posible impacto, Yago utiliza un ejemplo muy concreto basado en una vivienda de 300.000 euros. Con las condiciones actuales, una hipoteca cercana al 2% puede generar una cuota aproximada de unos 1.100 euros mensuales durante el periodo fijo inicial.

El problema aparece cuando termina ese tramo y el préstamo pasa a tipo variable. “Sabiendo que ahora están en mínimos, lo más probable es que suban mucho”, señala el especialista sobre los tipos de interés.

Según su ejemplo, si el interés subiera al 4% y se añadiera el diferencial habitual del banco, la cuota cambiaría radicalmente. “Pasarías de pagar una hipoteca de 1.100 euros en los 5 primeros años a una de 1.574 durante los 25 años restantes”, explica.

La diferencia supera ampliamente los 400 euros mensuales y puede alterar completamente la economía de muchas familias.

Un incremento del 43% en la cuota hipotecaria

El cambio en las mensualidades puede resultar enorme para compradores que ya están destinando gran parte de sus ingresos a vivienda. “Todas esas personas que tenían contado un dinero para pagar la hipoteca tendrán que pagar un 43% más de hipoteca”, alerta Yago.

Ese incremento puede convertirse en un problema muy serio en un contexto donde muchas familias ya soportan un fuerte esfuerzo financiero para pagar vivienda, alimentación, suministros y otros gastos básicos.

Además, el encarecimiento del coste de vida durante los últimos años ha reducido todavía más el margen económico disponible de numerosos hogares.

¿Se avecina una nueva crisis inmobiliaria?

El escenario recuerda inevitablemente a algunos de los problemas vividos durante el boom inmobiliario previo a la crisis de 2008.

En El Blog Salmón

El drama de la vivienda se acentuará en 2026: alquilar será un 10% más caro y comprar un 7%. La Ley de Vivienda de 2023 aún no hace efecto

En aquella etapa, miles de compradores accedieron a viviendas financiadas con condiciones aparentemente cómodas mientras los tipos de interés permanecían bajos. Cuando el contexto económico cambió y las cuotas subieron, muchas familias quedaron, básicamente, atrapadas.

La situación actual, eso sí, presenta diferencias importantes. La regulación bancaria es más estricta y existen mayores controles de solvencia.

El gran temor es que una futura subida de tipos coincida con una desaceleración económica o con un deterioro del mercado laboral. Si las cuotas hipotecarias aumentan mientras el poder adquisitivo continúa debilitándose, el riesgo de impagos podría crecer.

Yago lo resume de manera contundente: “Eso va a provocar, evidentemente, que aumente mucho los impagos de hipoteca y que pueda venirse una crisis importante”.

Imágenes | Wikipedia, Husam El Haq

Mes a mes, el problema de la vivienda se mantiene como el de mayor preocupación por parte de los españoles. También en el CIS de abril.

Según estimaciones de CaixaBank Research, España ha acumulado un déficit de vivienda que ya supera las 730.000 unidades. Y todo ello, como consecuencia de una intensa creación de hogares, pero de una respuesta insuficiente en la construcción de obra nueva. 

En concreto, Madrid acumula un déficit de más de 200.000 viviendas entre 2014 y 2024, seguida de Barcelona con cerca de 150.000 y Valencia rozando ya las 100.000. Unas cifras que equivalen aproximadamente al 6% del parque inmobiliario.

En El Blog Salmón

Está muy bien que el Estado invierta 7.000 millones en vivienda, pero con eso no cubrimos ni el 1% de la demanda acumulada

Lo preocupante es que esta brecha entre oferta y demanda sigue ensanchándose y el recién aprobado Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aún queda lejos.

Sin embargo, el gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso ha decidido apostar por una estrategia prácticamente única en España. La de aumentar la densidad urbana mediante la flexibilización de la normativa e incluir la posibilidad de construir en altura.

Más altura para generar más oferta en menos suelo

La construcción en vertical es una de las herramientas más evidentes para incrementar la oferta de vivienda en zonas donde el suelo es escaso. Sin embargo, históricamente ha estado limitada por normativas urbanísticas, condicionantes técnicos y criterios estéticos que han frenado su desarrollo.

Según el informe World Urbanization Prospects 2023 de Naciones Unidas, actualmente más del 56% de la población mundial vive en ciudades, y se espera que para 2050 esta cifra supere el 68%. Parece que no queda otra que crecer hacia arriba ante la escasez de obra nueva y las limitaciones de suelo.

Sobre este tema habló el pasado martes 21 de abril, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, tras visitar la localidad madrileña de Navalcarnero.

Con la nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida - que pretende crear más de 18.000 nuevos hogares en cuatro años- , “el Gobierno regional dará a los ayuntamientos y a los municipios de la región, durante dos años, la oportunidad de elevar e incrementar el número de plantas o de viviendas que se van a poder construir”.

Así, se dará la posibilidad de "aumentar la densidad y la edificabilidad entre un 20% y un 30%", para que "haya más viviendas en construcción, se genere oferta y bajen los precios", al mismo tiempo también "seguir liberalizando los usos terciarios".

O lo que es lo mismo, permitir añadir hasta dos plantas adicionales a los edificios sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. Todo un cambio significativo, ya que elimina uno de los principales cuellos de botella en la promoción de vivienda.

Agilizar trámites para acelerar la construcción

Pero claro, otro de los grandes problemas del mercado inmobiliario en España es la lentitud administrativa. La obtención de licencias y la validación de proyectos pueden alargarse durante meses o incluso años, retrasando la entrada de nueva oferta en el mercado.

Para corregir este problema, dicha Ley incorpora el denominado silencio administrativo positivo. Esto significa que, si en un plazo de tres meses no se emiten determinados informes sectoriales, el procedimiento podrá continuar automáticamente, salvo en casos que afecten a dominio público.

En El Blog Salmón

Madrid está encontrando su nueva gran industria: las universidades privadas. "Les pedirán más investigación y doctorados"

Esta medida busca reducir los tiempos de tramitación y dar mayor seguridad a los promotores, facilitando que los proyectos se ejecuten con mayor rapidez.

Además, se establecen plazos concretos para las nuevas actuaciones: dos años para obtener licencia y tres para completar la obra en los proyectos que incorporen aumento de altura.

Transformar oficinas en viviendas, otra vía para ampliar el parque

La estrategia de Ayuso no se limita a construir más en vertical. También se apuesta por reutilizar el parque existente. En los últimos años, la conversión de oficinas en viviendas ha ganado peso como solución para aumentar la oferta sin consumir nuevo suelo.

En Madrid, este modelo ya representa cerca del 30% de las calificaciones de vivienda protegida. Desde su implantación, más de 8.000 viviendas han surgido de espacios que anteriormente tenían uso terciario.

El nuevo plan amplía el plazo para este tipo de transformaciones, consolidando una vía que permite adaptarse a los cambios en el uso del espacio urbano. Especialmente tras la expansión del teletrabajo y la reducción de la demanda de oficinas en determinadas zonas.

Menos exigencias de aparcamiento para ganar espacio residencial

Otra de las novedades es la reducción de los requisitos de aparcamiento. Tradicionalmente, las promociones inmobiliarias estaban obligadas a incluir varias plazas de garaje por vivienda, lo que encarecía los proyectos y limitaba el número de unidades construidas.

La nueva normativa establece una única plaza por vivienda. Esto ayuda a liberar espacio y reducir el valor de las promociones para los potenciales compradores.

Imágenes | Pixabay, Diari ARA