El Ejecutivo de Sánchez sigue interviniendo en los precios del mercado del alquiler por tercer año consecutivo, aunque lejos de rebajar los precios y permitir a las familias un acceso seguro y garantizado, ante la elevada inflación, les pone más trabas. Al dificultar el alquiler, sectores más vulnerables como las familias sin ahorros previos o los jóvenes se ven fuera del mercado inmobiliario.
Todo ello es como consecuencia del Índice de Precios del Alquiler en el que viene trabajando el Gobierno con el objetivo de regular los precios en las zonas tensionadas en aquellas comunidades autónomas que lo soliciten. No obstante, hasta la fecha, solo Cataluña ha solicitado dicha política intervencionista para 140 municipios tensionados. No obstante, esta comunidad ya aplicó un índice propio que fue declarado inconstitucional.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, asegura que desde 2020, con el ex ministro José Luis Ábalos al frente, se viene trabajando en este aspecto con datos tributarios en la mano, cosechando una línea estratégica de precios medios del alquiler.
Ya en 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez decidió limitar las rentas de los alquileres al 2%, evitando así que los propietarios de las viviendas actualizasen sus rentas al IPC, el cual alcanzó tasas superiores al 10%. Una medida aparentemente efectiva tras la crisis sanitaria. En 2023 se prorrogó la medida, pero este 2024 ya se ha subido al 3% el plan de control de precios.
El nuevo Índice de Precios de Referencia del Alquiler
El pasado 27 de febrero, el Gobierno lanzaba su nuevo sistema de referencia aplicado a los grandes tenedores y a los nuevos contratos. De este modo, se fijan como zonas tensionadas y se implanta una intervención gubernamental en aquellos municipios donde se superen unos niveles máximos de alquiler.
En este sentido, David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, señala que se trata de un índice único para todo el país para obtener, como resultado, la bajada efectiva de los precios. De igual modo, señala que el Índice es de base tributaria, por lo que se ha actualizado en función de la última declaración de la renta de los propietarios, actualizándose anualmente.
Comunidades como País Vasco, Navarra o Asturias han manifestado, a raíz de este anuncio, su voluntad de declarar ciertas zonas tensionadas. De igual modo, hay zonas con grandes desviaciones en Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares o Madrid, siendo precisamente la diferencia entre el precio de una vivienda publicada en un portal inmobiliario el índice de referencia de hasta el 60%.
Pese a todo, Sumar, como socio del Gobierno, ha manifestado su recelo al índice, ya que asegura que no permitirá bajadas significativas. Sin embargo, el Gobierno sigue adelante con su Índice y otorga un plazo de diez días hábiles para examinar las propuestas de cada comunidad autónoma y declarar como zona tensionada con límite de alquiler.
Un problema serio para España
La escasez de viviendas disponibles en el país es importante, especialmente con unos índices de precios tensionados y ante el colapso del mercado del alquiler. Ante esta situación, la única solución sería que la inversión pública alcanzase los 6.600 millones de euros anuales, logrando así construir más de 130.000 viviendas de alquiler asequible. Solo así se lograría solventar los problemas de 1,37 millones de hogares, los cuales destinan aproximadamente más del 50% de sus ingresos mensuales a pagar la renta del piso.
El Plan del Gobierno
El objetivo del Gobierno es decidir el precio del alquiler para cada zona de cada localidad y de cada provincia a partir de comienzos de marzo. No obstante, el nuevo Índice se aplicará exclusivamente a grandes tenedores y propietarios que se inicien en un contrato de alquiler en las zonas tensionadas, y que lo hayan solicitado previamente las propias comunidades autónomas.
El problema reside cuando el gobierno autonómico se niega a recibir dichas intervenciones del Ejecutivo central, pero desde el gobierno local se reclama. En ese caso, cunde el caos y se entra en una problemática estrictamente política, sin importar la situación de vulnerabilidad actual de millones de españoles.
En concreto, Cataluña ha solicitado la intervención para 140 municipios, estableciéndose una metodología común ente ambas administraciones para regular, de manera eficiente, el mercado inmobiliario.
El objetivo de Rodríguez, y en general del Gobierno de España, no es otro que cualquier ciudadano pueda acceder a una vivienda destinando menos del 30% de sus rentas. No obstante, en ciudades como Madrid, aunque se destinase el 100% del salario se podría pagar una vivienda.
El Gobierno también plantea que el Índice tenga en cuenta las características de la vivienda (rehabilitación, luminosidad o disponibilidad de terraza), que influirán en el precio del contrato de alquiler.
El hándicap del Gobierno
Desde que Sánchez llegó a la Moncloa, la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido en más de un 30%. Todo ello es como consecuencia de la demanda creciente de esta modalidad inmobiliaria, que marca cómo serán las tendencias del futuro a corto-medio plazo.
Se puede concluir que falta seguridad jurídica, así como el intervencionismo de precios. Y es que solo entre 2022 y 2023, durante la vigente incapacidad de los propietarios de subir los precios a sus inquilinos por encima del 2%, se ha producido una retirada del 23% de la oferta, pese a que los precios han seguido subiendo más del 15% en adelante.
Crisis de vivienda en España
Pese a los buenos años del apogeo de la construcción, la vivienda en España ha caído actualmente un 86% con respecto a su máximo histórico de 2006 (se construyen al año 80.000 viviendas). España se sitúa a la cola de Europa en la construcción de vivienda pública y es el quinto país de la UE con menor parque destinado a ello, pues solo se destina un 10%. Además, hay que destacar que el 80% procede de inversión privada.
La productividad se presenta como un problema estructural, pues está bajo mínimos. El sueldo nominal del primer empleo es similar al que había hace 25 años, pero con mayores retenciones del IRPF y un mayor coste de la seguridad social. El sueldo medio en España es de unos 22.000 euros (el neto de 16.000 euros) y el coste salarial para la empresa de 32.000 euros.
De este modo, los jóvenes se quedan sin poder adquisitivo para acceder a la vivienda, pues pese a que el Estado les avala en un 15% para que accedan a la vivienda, después les están añadiendo un gravamen de un 10% de IVA.
España necesita urgentemente impulsar la construcción, apoyando a las iniciativas privadas y un urbanismo más flexible.