La posible desaparición de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) está generando un creciente clima de incertidumbre entre sus afiliados. Esta inquietud se agrava en casos de tratamientos críticos, como el cáncer, donde la continuidad de la atención puede ser una cuestión de vida o muerte.

Según informaciones recientes, el Ministerio de Sanidad ha planteado un plan para integrar a los mutualistas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en un plazo de nueve meses. Este proceso incluye medidas específicas para garantizar la continuidad de los tratamientos, especialmente en casos complejos como los oncológicos. No obstante, las dudas persisten: ¿cómo se garantizará que los pacientes con enfermedades críticas no sufran interrupciones o deterioro en la calidad de la atención? ¿Hay una alternativa real? No está claro.

In-certidumbre

Actualmente, los mutualistas tienen la opción de recibir asistencia sanitaria a través de aseguradoras privadas, un modelo que permite acceso rápido a especialistas y tratamientos avanzados. Si Muface desaparece, esta tarea recaerá sobre las comunidades autónomas, que deberán absorber a los mutualistas en sus sistemas sanitarios.

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El Gobierno ha prometido transferir los fondos destinados a las aseguradoras privadas hacia los servicios de salud autonómicos, si bien muchas comunidades han manifestado preocupación por la falta de una financiación adecuada y garantizada para cubrir este nuevo volumen de pacientes. Sin un plan de transición claro y detallado, existe un riesgo real de colapso en algunas regiones, especialmente aquellas con recursos sanitarios ya tensionados.

El caso de los pacientes oncológicos

La situación es particularmente delicada para los pacientes oncológicos. En ausencia de Muface, estos pacientes podrían enfrentarse a interrupciones en sus tratamientos debido a problemas de coordinación entre aseguradoras privadas y el SNS.

No obstante, desde el Gobierno se ha propuesto que los casos  críticos sean los últimos en ser transferidos, pero no existen garantías claras sobre cómo se manejarán los procesos durante esta etapa. Según ElHuffPost, "se abre la puerta incluso a una renegociación temporal para un "aseguramiento extraordinario" que sume una prórroga adicional de un año, más allá de los 9 meses" para situaciones de final de la vida y alta complejidad.

En cualquier caso, un paciente en tratamiento de quimioterapia que depende de la continuidad y puntualidad en sus sesiones podría enfrentarse a demoras si su caso no está bien documentado o si la integración al sistema autonómico no es inmediata.

Falta de garantías

A pesar de los anuncios oficiales, el panorama que enfrentan los mutualistas sigue siendo difuso. La transición de Muface al sistema general es un proceso que necesita ser planeado y ejecutado con precisión para evitar que los pacientes más vulnerables queden desprotegidos.

Hoy por hoy, no se cuenta con garantías firmes ni una colaboración efectiva entre el gobierno central y las comunidades autónomas, por lo que el riesgo de una crisis sanitaria sigue presente.

En este contexto, surge una pregunta clave: ¿qué pasara con aquellos pacientes que dependen de tratamientos vitales? No hay respuesta clara, ni tiempos concretos para este escenario. En estos momentos, según informan los medios y se puede extraer de declaraciones oficiales, falta coordinación entre ambos sistemas, las comunidades han expresado preocupación para atender un mayor número de pacientes y resulta difícil identificar y priorizar a los pacientes más vulnerables, pese a las buenas intenciones.

El Ministerio de Sanidad ha sido claro: "es competencia de Función Pública, no privada", y ha defendido que los funcionarios  supondrán un peso extra del 2,4 % del total de los pacientes que acoge el Sistema Nacional de Salud.

Las preguntas sobre el cómo y el cuándo todavía están en el aire, pero la ministra Mónica García se mostró tranquila ante la posibilidad de que Gobierno y aseguradoras no lleguen a un acuerdo: lo ve perfectamente asumible.

"Perfectamente asumible"

Entre mensajes institucionales, García ha tratado de lanzar algunas declaraciones tranquilizadores tras las últimas semanas de protestas, convocatorias y manifestaciones por parte de los sindicatos, que exigen un acuerdo entre las partes. Mientras tanto, el mensaje desde el Gobierno ha ido virando hacia un “perfectamente asumible” y una crítica feroz contra las aseguradoras.

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En este sentido, la ministra afirmó antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que reunió el lunes al Ministerio con las comunidades autónomas, que Muface no es competencia pública y, sobre todo, que son “las aseguradoras son las que tienen que firmar ese convenio [...]”

Además, ha agregado que, para los seguros privados, "los mutualistas no les salen rentables", pero sí al estado. "A quienes sí nos sale rentable cuidar a los pacientes es a la sanidad pública", ha dicho.

Impacto desigual, por regiones

Todo ello, choca con la situación pro comunidades autónomas, que absorberán de forma desigual al grueso de los mutualistas. De este modo, si bien el CIS de junio de 2024, hablaba de que la percepción de la sanidad pública ha ido a peor, a medida que han aumentado las listas de espera (un 26 % más), este impacto es diferente por región.

Tan desigual como que los 70 días de espera en Madrid, La Rioja o el País Vasco, pueden duplicarse en Andalucía o Extremadura (160 días: medio año). A todo ello, se han detectado también fallos en la atención igualitaria a las personas y un empeoramiento de la salud en pacientes asociado a los tiempos de espera, tanto en diagnósticos como en recuperaciones.

Pese a las buenas intenciones, esto parece difícil de gestionar desde el Gobierno central, que, en la práctica, delegará la presión asistencial en las comunidades. Y ocurrirá en un periodo especialmente sensible, con la jubilación anual de alrededor de 2.863 médicos por cada 2.061 que se incorporan.

De este modo, la clave será ampliar plantillas y jornadas y establecer criterios para priorizar a pacientes vulnerables, pero en una tesitura repleta de fechas límite y, sobre todo, sin la seguridad de que las aseguradoras accedan a la prórroga planteada por el gobierno para cumplir el requisito de lista de espera cero.

Desde las CCAA, hay dudas

En esta línea, ante las declaraciones de la ministra, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute (PP), ha advertido sobre la necesidad de aumentar o realizar nuevos acuerdos con la sanidad privada, mientras que el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero (PP), ha afirmado que el presupuesto destinado a Muface no es suficiente para cubrir el traspaso de los mutualistas al sistema público.

Queda un punto importante que, desde el Gobierno, todavía debe revisarse al detalle: cómo afectarán los costes añadidos de algunas comunidades autónomas, por ejemplo, aquellas con una fuerte dispersión poblacional, mayores listas de espera o con población envejecida.

Por ahora, sigue todo en el aire. La fecha límite, el 31 de diciembre.

En pleno clima de inestabilidad e incertidumbre para la sanidad privada, y debatiéndose la situación actual de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), las aseguradoras exigen una mejora de las condiciones para abarcar los costes de cada prima. De ahí que se estime que los precios de las coberturas se incrementarán entre un 10-15% en 2025.

El gasto medio por persona en servicios de salud no reembolsables fue de 499 euros en 2023, un 45% más que hace una década, que era de 343 euros. Ese gasto en sanidad privada se asocia a servicios que no son financiados por el Estado. Hablamos de odontología, óptica, copagos farmacéuticos o acceso a sanidad privada (sin incluir los seguros privados de salud, que registraron una media de 178 euros por persona en 2023).

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En solo una década, el gasto per cápita en sanidad privada ha evolucionado del siguiente modo: 2013 (342 euros), 2014 (379 euros) 2015 (388 euros), 2016 (387 euros), 2017 (393 euros), 2018 (406 euros), 2019 (420 euros), 2020 (402 euros), 2021 (484 euros) 2022 (497 euros) y 2023 (499 euros). En una década, el gasto de bolsillo se ha disparado en 156 euros más (45%).

¿Cómo será la nueva subida?

Esta subida, considerada como la mayor de la última década, vendría a suponer una continuación de la tendencia hasta la fecha. Y es que la póliza de salud se ha revalorizado un 50%, con crecimiento medio de las tarifas entre el 4% y el 7%. Se trata de un ritmo mucho menor de lo que se espera en el próximo ejercicio.

Por tanto, los casi 13 millones de personas que cuentan con un seguro de salud privado pagarán mucho más. Mientras en 2015 abonaban una media de 650 euros anuales, ahora pasarán a pagar unos 1.100 euros en 2025, teniendo en cuenta que actualmente abonan 950 euros.

El incremento de precios en la sanidad privada va asociado a unas causas esenciales: aumento de costes, demanda de servicios, siniestralidad por póliza, edad de las personas aseguradas, inflación y efectos post-covid (como aumento de los costes por pruebas, tratamientos y hospitalización).

Situación histórica

Es tal la subida que se asocia al seguro de salud privado, que las primas podrían llegar a superar, con creces, al seguro de automóviles, hasta la fecha de los más elevados.

Se espera que la limitación del sector de la sanidad privada en España llegará cuando se alcance al 30% de la población cubierta. Actualmente ya existe un 29% de la población con una alternativa privada al Sistema Nacional de Salud (SNS).

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Es una situación histórica, pero para nada novedosa. En los últimos años, el seguro de salud ha repuntado en el ámbito colectivo o empresarial. Y es que ocho de cada diez compañías ofertan este producto a sus asalariados, aunque ni la mitad ofrecen este tipo de planes financiados. Una cifra que, pese a su impacto, demuestra que sigue una escala descendente desde 2018.

La sanidad privada en Europa

La facturación del sector sanitario privado aumentó un 11,5% entre 2019 y 2021. España se convirtió en el quinto país de la UE que más dinero mueve, con 37.289 millones de euros en 2021.

Solo le superan Alemania (67.772 millones de euros), Reino Unido (56.126 millones de euros), Francia (46.766 millones de euros) e Italia (41.166 millones de euros).

Además, el gasto medio de los españoles en asistencia sanitaria privada fue de 788 euros anuales por habitantes. El sector logra aportar un 3,1% al PIB español. En la relación entre sanidad privada y porcentaje que se aporta al PIB, España lidera el ranking de los países de la UE.

En términos globales, Estados Unidos aparece a la cabeza de los países con la sanidad más cara. En condiciones extremas de asistencia, el viajero puede desembolsar hasta 69.654 euros de media, aunque los costes hospitalarios dependen del hospital.

España es el tercer país de la OCDE que más gasta en la sanidad privada, sin alcanzar el promedio (8,7%) en inversión para la pública. Precisamente, el informe del Observatorio de la Sanidad Privada 2024 de la Fundación IDIS refleja que la financiación privada representa un 3,1% del PIB nacional (36.805 millones de euros), solo por detrás de Portugal (4,1%) y de Suiza (3,6%).

La ayuda de 300 euros para los funcionarios de Muface

Todos los funcionarios adscritos a Muface tienen la oportunidad de conseguir una ayuda de 300 euros. Estas ayudas se otorgan en forma de becas de estudio, con plazo máximo de hasta el 31 de octubre para recurrir a ella. Así queda recogido en la Resolución de 8 de mayo de 2024 de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

La beca, de pago único, puede ser solicitada por los mutualistas titulares en alta o situación asimilada el 15 de octubre de 2023 y que mantuviesen la condición en la fecha de presentación de la solicitud

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Hace unos días explicábamos en este blog cómo funciona la Sanidad Pública Española y el alcance de la prestación sanitaria universal. En cuestra constitución se propugna este derecho de asistencia sanitaria, pero según afirma el Defensor del Pueblo, 276.000 españoles (el 0,6% de la población española) no cuentan con el servicio universal de asistencia sanitaria. ¿Quienes se encuentran dentro de dicho colectivo?

Fundamentalmente, autónomos que cesan en su negocio y no tienen trabajo y no reciben ningún tipo de prestación por parte de la Seguridad Social. Estas personas se encuadran según los informes del Defensor del Pueblo entre las personas que no trabajan pero tienen suficientes recursos (por ejemplo una vivienda en propiedad) o inmigrantes que han retornado a España y cuentan con pensiones de otros paises. ¿Es lógica esta situación?

No, no lo es y tal y como afirma el Defensor del Pueblo, llevamos 23 años desde que se universalizó la asistencia sanitaria pero siguen existiendo lagunas que dejan fuera a los propios españoles de esta prestación sanitaria universal. Es más, no tiene lógica dejarlos fuera, desde el momento que se cambió el sistema de financiación de la Sanidad y se articuló vía impuestos.

Por eso, me hace gracia que se abra un debate sobre la asistencia sanitaria a emigrantes y extranjeros que vienen sin papeles a nuestro territorio mientras el Congreso de los Diputados mira hacia otro lado con las situaciones de desprotección que tienen 276.000 españoles. Estos no vienen en pateras desde luego, pero es un problema de igual calado que el que tenemos con la inmigración.

La vía donde se obtiene esta información es a partir de una queja que ha lanzado un lector al Defensor del Pueblo después de tener que cerrar su empresa y quedarse sin prestación sanitaria “universal”. ¿Es lógica esa situación? Bajo mi punto de vista no, pero para nuestros 350 diputados parece ser que sí.

Vía | Carta del Defensor del Pueblo a respuesta de la asistencia sanitaria universal
En El Blog Salmón | Qué es la Sanidad Pública y cómo funciona, La salud, la gran enfermedad española
Imagen | Cote

Esta semana traemos ración doble de Conceptos de Economía, comenzando por la Seguridad Social en primer lugar y continuando por el Sistema de Salud Público. Estos conceptos son dos términos intimamente relacionados con la gestión pública, las políticas sociales y el propio bienestar de la población tanto presente como futura.

Comenzando por el primero que nombro, la Seguridad Social es un término que se refiere al bienestar de los ciudadanos, de los integrantes de una comunidad. La definición armonizada más reciente y aceptada por todas las economías es aquella que definió la Organización Internacional de Trabajo en 1991 como sigue:

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.

La Seguridad Social española, un poco de historia

La Seguridad Social española se remonta a 1883, mediante los primeros estudios de la Comisión de Reformas Sociales. De estos estudios, apareció en 1908 el Instituto Nacional de Previsión, como organismo centralizador de todas las cajas de previsión que comenzaban a aparecer dentro del panorama socioeconómico de los albores del siglo XX.

Desde 1908, se generó la aparición de los distintos mecanismos de acción protectora mediante la creación de sistemas de cotización obligatoria para cada una de las distintas acciones protectoras. Se marcan como principales hitos las siguientes coberturas obligatorias como el Seguro para el Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), Seguro de Paro Forzoso (1931), Seguro de Enfermedad (1942), Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, SOVI (1947).

En todo este periodo, proliferaron los sistemas de protección mediante distintas mutualidades, como vehículos para completar la acción protectora de la Seguridad Social. Estas mutualidades laborales estaban agrupadas por regímenes laborales, con la aparición de las consiguientes diferencias económicas y sociales entre las distintas profesiones.

Por todos estos motivos, todos estos seguros se demostraron como insuficientes para el sostenimiento de la acción protectora de la Seguridad Social y en el 1963 se formula la primera Ley de Bases de la Seguridad Social. Esta primera ley perseguía la implantación de un modelo unitario e integrado de todos los aspectos de protección social existentes. Los pilares principales del modelo eran: * Modelo de gestión económica de reparto. * Encomendado a la gestión de la Administración Pública. * Participado por las aportaciones a realizar por el propio Estado.
Esta ley terminó de formularse en 1966 bajo la Ley General de la Seguridad Social, entrando en vigor el 01/01/1967, fecha que se determina como el nacimiento del actual sistema de Seguridad Social que gozamos hoy en día. No obstante, en este sistema se seguían arrastrando diferencias entre las cotizaciones realizadas y los salarios reales, falta de actualización para las aportaciones realizadas y un camino tortuoso para conseguir la unidad de todos los sistemas de cotización.

Financieramente el sistema se demostró insostenible en los años 70 y no fue hasta la llegada de la democracia y la formulación del Art 41 de la Constitución, no se formularon las reformas adecuadas para asegurar el sostén económico de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. Esta primera gran reforma data del año 1978, como punto en el que se crean todos los institutos de la Seguridad Social que dividen y facilitan la gestión del ente público. Estos institutos son: * El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) * Instituto Nacional de Salud. * Instituto Nacional de Servicios Sociales * Instituto Social de la Marina. * Tesorería General de la Seguridad Social. Durante la década de los ochenta, se trabajó a todos los niveles en áreas de mejora de la protección social de todos los individuos de tal manera que se ampliaban las prestaciones económicas a colectivos no cubiertos, se generalizó la asistencia sanitaria universal a personas que no realizaban aportaciones a la Seguridad Social mediante la redacción de la Ley 14/1986 General de la Sanidad y se crearon nuevas vías protectoras como los subsidios de desempleo.

Estas ampliaciones generaban que el modelo contributivo planteado fuese insostenible por sí mismo, ampliándose cada vez más la dependencia del sistema de las aportaciones del Estado vía Presupuestos Generales y disminuyendo la capacidad recaudatoria de las cotizaciones de afiliados y empresas. A partir de ahí, en 1995 se suscribió el Pacto de Toledo como la hoja de ruta a seguir para lograr la estabilidad financiera del sistema de Seguridad Social en el tiempo mediante la introducción de mportantes cambios. Estos fueron: * Implantación definitiva de las prestaciones no contributivas a la Seguridad Social. * Creación del Fondo de reserva de la Seguridad Social. * Creación de un sistema de financiación independiente para la Sanidad Pública que no está vinculado con las cotizaciones a la Seguridad Social y poder hacer efectivo realmente el derecho de acceso a la sanidad y asistencia sanitaria universal. * Introducción de mecanismos de jubilación flexibles e incentivos para prolongar la vida laboral activa. Desde la firma del Pacto de Toledo, las políticas realizadas sobre la Seguridad Social se han encaminado a garantizar el futuro de las prestaciones establecidas, a la mejora de la financiación sanitaria y a la ampliación de las coberturas sociales.

¿Cómo se financia la Seguridad Social y qué gastos asume?

En la actualidad, la Seguridad Social es un ente público con personalidad jurídica propia que tiene las siguientes fuentes de financiación: * Ingresos de empresas y trabajadores vía cotizaciones. * Gestión de cuentas con las Mutuas de Trabajo y Accidentes, mediante aportaciones para la cobertura de enfermedades profesionales. * Ingresos procedentes de los Presupuestos Generales para la cobertura de prestaciones no contributivas de carácter permanente. * Ingresos patrimoniales y financieros de los recursos del ente público. Dentro del apartado de gastos que corren a cargo de la Seguridad Social destacan fundamentalmente: * Gastos propios de funcionamiento del ente público. * Gastos en prestaciones a la población, fundamentalmente, pensiones, tanto contributivas como no contributivas y prestaciones económicas dependientes del INSS como bajas por maternidad o incapacidad permanente para el puesto de trabajo o invalidez. * Otros gastos financieros. Como podemos observar, la Seguridad Social solo cubre los gastos sanitarios derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que están encomendados a la gestión de las mutuas de trabajo, dado que las mutuas de trabajo y accidentes son entes sin ánimo de lucro que rinden cuentas a la Seguridad Social en todos sus capítulos de ingresos y gastos.

Esta separación directa, genera que la financiación de la sanidad pública queda totalmente desvinculada de las cuentas de la Seguridad Social sin incluir tampoco las prestaciones sanitarias y el derecho universal de acceso a la salud por razón de residencia, dentro de las cuentas presupuestarias de la Seguridad Social. Esta financiación sanitaria y su articulado, la explicaremos en otro de nuestros Conceptos de Economía.

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