Desde hace ya varios años, la Comunidad de Madrid ha superado a Cataluña en la pugna histórica que mantienen por ver quién impulsa la locomotora económica de España. Así pues, la capital muestra una enorme superioridad en términos absolutos de PIB y, de manera más sensible, en el PIB per cápita. Los madrileños ostentan unos 34.821 euros frente a los 29.942 euros de los catalanes.

Estos datos, aportados por la última estadística de ‘Contabilidad Regional de España’ del INE del año 2021, denotan que el indicador madrileño se sitúa en casi 10.000 euros por encima de la media nacional, que es de unos 25.498 euros. Junto al País Vasco, con 32.025 euros, es la única comunidad autónoma española en la que el indicador superó la media de la UE, situada en los 32.430 euros. Incluso por encima de Cataluña encontramos el PIB per cápita de Navarra, con 31.024 euros.

A pesar de las encuestas, Barcelona y Madrid se encuentran entre las ciudades mejor valoradas como marca en el mundo, tal y como demuestra el ‘Índice Brand Finance City Index’, publicado por la consultora independiente Brand Finance. La capital de España ocupa el puesto 23 del ranking y la ciudad Condal el puesto 13. Así pues, Barcelona obtuvo una puntuación de 73,2 mientras que Madrid 70,7, teniéndose en cuenta la familiaridad del nombre, la reputación, las opciones laborales y el nivel de vida.

Aunque el PIB per capital es superior en el caso de Madrid que de Barcelona, creció menos tras la pandemia. El PIB creció un 5,4%, hasta los 234.639 millones de euros, mientras que el indicador catalán rozó el 5,8%, situando la riqueza de la región en los 229.418 millones de euros. El avance de Madrid fue una décima inferior al registrado en la media nacional, del 5,5%, aunque la disminución de su PIB fue menor en 2021 que el resto de la economía nacional.

En la capital se concentran las sedes de las principales empresas del IBEX 35 y las sedes de los ministerios y organismos reguladores estatales, aunque Barcelona cuenta con una menor tasa de paro. Además, puede presumir de poseer mejores universidades y escuelas de negocio, de ser un clúster de investigación biomédica a nivel mundial y de tener un tejido industrial y empresarial muy bien valorado.

Foco de atracción para startups

Si por algo siguen creciendo tanto la capital como la ciudad Condal es gracias al turismo y al poder de generación en inversión en startups. El ‘StartupBlink Global Startup Ecosystem Index’ sitúa a la capital catalana como motor de la innovación y como hub tecnológico de referencia.

De hecho, Barcelona es considerada el quinto mejor ecosistema de la UE para crear una startup, solo por detrás de París, Berlín, Estocolmo y Ámsterdam. Dicho esto, las startups de Barcelona acumular un valor superior a los 19 billones de euros frente a los 14 billones de euros de las madrileñas. Madrid posee el 21,91% de las startups y Cataluña el 18,88%.

Las cifras de la renta disponible

La renta disponible bruta por habitante es otro indicador a tener en cuenta. Los hogares madrileños dispusieron en 2020 de unos 19.470 euros, según datos del INE, frente a los 17.723 euros de los catalanes. Los vascos, con 20.479 euros, lideran el ranking con una renta del 29,5% superior a la media española, que estaba en los 15.817 euros.

La evolución histórica

Barcelona experimentó un notable crecimiento económico a raíz de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, que la situaron en el epicentro del mapa mundial. Pese a todo, los datos demuestran que la región madrileña crece más y a mayor velocidad que la catalana.

En 2018 Madrid superó a Cataluña como la primera potencia económica nacional, pues en dicho año la capital sumó una riqueza de 230.794 millones de euros frente a los 228.682 millones de Barcelona. Hay que recordar que en 2017 se celebró el referéndum ilegal convocado por los partidos secesionistas catalanes, lo cual sumergió a la ciudad y a la región en una inestabilidad política y económica sin precedentes.

El impacto de la inflación

La subida de los precios ha hecho que Barcelona y Madrid ocupen los puestos 75 y 83, respectivamente, del ranking de las ciudades más caras del mundo, el cual encabezan Hong Kong, Singapur y Zúrich. De este modo, según datos de Mercer, en estas ciudades ha quedado demostrado que España es uno de los países de la UE con la inflación más baja, moderada en mayo en torno al 3,2%.

El coste de la vida se ha visto afectado, registrándose una subida en el precio de los alimentos y los productos básicos. En Madrid, el azúcar ha sido el producto que más se ha encarecido durante 2022 con más del 80% seguido de la mantequilla (61%), el aceite (43%) y la cesta de la compra (27%). Los combustibles bajaron un 8%. Por su parte, Barcelona registró incrementos más moderados: 79% para el azúcar, 45% para la mantequilla, 36% para el aceite y 25% para la cesta básica, cayendo el precio de los combustibles un 7%.

Las cifras del turismo

En esta comparativa económica entre las dos grandes ciudades españolas merecen especial mención los datos del turismo. Madrid aspira a convertirse en el principal receptor de inversión extranjera destinada a la construcción o reforma de hoteles, pues en 2022 llegaron 803 millones de euros, superando los 468 millones de euros de 2021.

En 2022, Madrid registró 8,6 millones de viajeros frente a los 7,3 millones de Barcelona. En términos de inversión, Madrid cerró el año con 803 millones de euros frente a los 225 millones de euros alcanzados por Barcelona, superando la cifra de 2019 en un 77%. No obstante, la ciudad Condal superó a Madrid en pernoctaciones con 19,7 millones y una estancia media por visitante de 2,7 días.

La rivalidad histórica entre las dos grandes ciudades de España se prevé que continúe en los próximos años, especialmente marcados por una época de recesión e incertidumbre económica en la que los índices de inversión son inciertos.

Alberto Nuñez Feijóo se embarca a la aventura de la Moncloa bajo la nueva dirección del Partido Popular y presentar una alternativa para sustituir el Gobierno de Pedro Sánchez. Una etapa que viene precedida por sucesivas mayorías absolutas en Galicia desde 2009.

Debido a que cuenta con una amplia experiencia de Gobierno, cabe preguntarse cómo le ha ido a Galicia con él en el timón ¿Ha mejorado los resultados económicos del territorio? ¿Ha logrado mejorar la tasa de paro? ¿Qué ha sucedido con la estabilidad presupuestaria? Repasamos sus resultados

La evolución de la economía gallega

Galicia ha sido históricamente una región cuyo PIB per cápita ha quedado por debajo de la media nacional con Feijoó. En el año 2020 el PIB per cápita de Galicia era de 21.903 euros, mientras que el de España se situaba en 23.690 euros, lo que supone un 8% más.

La pregunta que debemos hacernos es si este resultado ha mejorado o empeorado frente la media nacional. Si miramos atrás, en el año 2009, Galicia contaba con un PIB per cápita de 20.333 euros, mientras que en España era de 23.060 euros, un 13% más.

Por lo tanto, en términos dinámicos, la situación relativa a España ha quedado mejorado, por las mayores tasas de crecimiento experimentadas en la autonomía. Específicamente, en la década 2009-2019, el PIB per cápita de Galicia se ha incrementado en un 34,1%, mientras que en España lo ha hecho en un 15,7%.

Galicia ha mantenido una tasa de paro por debajo de la media nacional en los últimos 15 años, con un diferencial de poco más de dos puntos porcentuales, pero la autonomía asume un grave problema: población envejecida y dificultad de los jóvenes para incorporarse en el mercado laboral, lo que tiene un impacto directo en la ocupación.

De 2008 a 2014 se pasó de 241.599 personas ocupadas a 118.336 con una trayectoria muy descendente y con una destrucción de empleo cada año, en promedio, de un 11,2%. A partir de 2015, si bien se consiguió frenar la reducción en la ocupación, el mercado se mantuvo estable y fue incapaz de recuperar el perdido en los años de la crisis. Desde 2015 a 2019 el crecimiento promedio fue de tan solo un 0,9%.

En 2019 había en Galicia 131.098 personas menos de 16 a 29 años que en 2008. Ante una estabilización en la cuantía de la población gallega total, esta caída supuso que de representar este colectivo el 18,7% de la población en edad de trabajar pasara al 13,6% en 2019, su peso relativo también desciende con respeto al colectivo entre 30 y 64 años, al pasar a representar un 24,7% del mismo al 19%.

Contención presupuestaria en las crisis

La estabilidad presupuestaria ha sido un sello del Gobierno de Feijóo que ha tendido a ser más solvente frente a los datos del resto de las Comunidades Autónomas (CCAA)

Por ejemplo, en el período 2009-2012 Galicia se convirtió en una de las comunidades de referencia en el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, siendo la segunda comunidad con menor déficit en este período, lo que representaba cuatro puntos menos que la media de las autonomías.

A partir de 2015, el déficit público ya quedaba por debajo del 1%, mientras que el déficit de las Comunidades Autónomas era del 1,74% y en el 2018 se logró un pequeño superávit del 0,2%.

Dicho esto, en los últimos ejercicios, el déficit público de Galicia se ha ido a la par de las otras comunidades autónomas, con lo que se ha perdido terreno en la estabilidad presupuestaria. En 2020, Galicia tuvo un déficit de 10.200 millones de euros, lo que supone un 1,5% del PIB, una décima menos que el año anterior, con lo que también se mantiene a niveles similares frente las demás CCAA.

Esta política le ha permitido mostrar un diferencial amplio en el ratio deuda pública sobre PIB frente a la media de las CCAA que desde 2015 ha sido de alrededor de 6 puntos porcentuales y se quedaría en el quinto lugar entre las CCAA con la deuda pública más baja (18,5% sobre PIB).

Esta estabilización de la deuda pública ha permitido que Galicia tenga una de las primas de riesgo más bajas entre las CCAA ya que cuenta con un buen rating que le permiten pagar intereses relativamente inferiores frente al resto de regiones españolas.

Los impuestos en Galicia

Galicia ocupa el decimosegundo lugar en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2021 de un total de 19 puestos.

En Galicia el tipo mínimo aplicable en el IRPF es del 9,5% y máximo del 22,5% en una escala de siete tramos. En el año 2012, el Gobierno de Galicia aprobó una reforma tributaria que introdujo cambios significativos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La reforma tuvo como objetivo simplificar el sistema tributario y hacerlo más equitativo. En concreto, se estableció un tipo mínimo del 9,5% y se eliminaron los tramos del impuesto, lo que significó una reducción general de la tasa impositiva.

Sin embargo, el mandato de Feijóo tiene sombras en materia impositiva: Los impuestos propios. Hoy éstos son canon de saneamiento, impuesto sobre contaminación atmosférica, impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada, canon eólico, impuesto compensatorio ambiental minero y, finalmente, el canon de inmuebles en estado de abandono. Son muchos impuestos pero ni se acercan a los niveles de Cataluña con hasta 15 impuestos propios.

En materia del Impuesto del Patrimonio -España es el único país de la UE que lo aplica-, Galicia cuenta con un mínimo exento de 700.000 euros, un 2,5% de tipo máximo en a partir de 10,6 millones de euros (en España llega al 3,5%) e incorpora múltiples deducciones como para creación de nuevas empresas o ampliación de la actividad de empresas de reciente creación entre otras.

El año 2014 fue el primer año de una leve recuperación del PIB y del empleo en nuestro país. Sin embargo, esta mejoría no se ha visto reflejada en los colectivos sociales más desfavorecidos, entre los cuales se encuentran las familias sin recursos.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, del año 2015, el número de perceptores de las rentas mínimas de inserción, o RMI, han aumentado un 28 por ciento hasta alcanzar a los 789.672 personas, incluyendo los titulares y las familias dependientes de estos titulares.

Nos podemos preguntar: ¿Cómo ha sido la evolución de los perceptores de la RMI durante la última década? ¿Ha aumentado el gasto en la RMI en la misma proporción que el aumento de perceptores? ¿En todas las comunidades autónomas se percibe la misma RMI?

Los perceptores de la RMI han ido creciendo desde el inicio de la crisis

Las rentas mínimas de inserción (RMI) consisten en ayudas asistenciales a las personas que no tienen ningún tipo de recurso, reconocidas y gestionadas por cada una de las comunidades autónomas que han ido aumentado hasta llegar a las 789.672 personas, como se puede ver en la gráfica “Evolución de los perceptores de RMI de 2002 a 2015”:

El aumento del año 2014 a 2015 de los perceptores de la renta mínima de inserción (RMI) ha sido del 28 por ciento, pero desde el año 2007 ha habido un aumento del 163,44 por ciento. Esto ha sido provocado por los efectos de las crisis que todavía están afectando a las familias españolas.

El mayor aumento lo han registrado el colectivo de familiares dependiente de un titular de una renta mínima, que ha aumentado un 32 por ciento hasta llegar a los 466.266 personas, es decir, uno de cada cuatro eran menores de edad. Mientras que el número de titulares de una renta mínima de inserción ha aumentado un 22 por ciento hasta llegar a los 33.406 personas.

El aumento de las personas que reciben este tipo de ayudas ha aumentado ya que las comunidades autónomas han dedicado más recursos. Han destinado alrededor de 1.559 millones de euros en rentas mínimas de inserción, es decir, un 16 por ciento más que en 2014.

El gasto del 2015 de la RMI ha crecido la mitad que los perceptores

Durante el año 2015 se situaron en una media de 435,80 euros mensuales las rentas mínimas de inserción para los titulares y en promedio de 671,54 euros al mes de media para las unidades familiares como se puede ver en la gráfica “Rentas mínimas de Inserción por CC.AA. En 2015”:

La principal causa de este aumente ha sido todavía el gran número de parados que no cobran ni prestación contributiva ni asistencial, en el 2015 se situaba en el 54 por ciento, y que también habían agotado otros programas como el 'Prepara' o el 'Programa de Activación de Empleo'.

El gasto ha crecido la mitad de lo que ha crecido el número de perceptores, se ha traducido en que el gasto medio por beneficiario ha aumentado en 22 euros. Se han pasado de los 1.492 euros por beneficiario al año, de media en 2014 a 1.514 euros anuales año después, apenas un aumento del 1,11 por ciento como se puede ver en la gráfica “ Variación de las rentas mínimas de inserción los años 2014 y 2015 por CC.AA.”:

Esto se puede observar en las comunidades autónomas en las que más ha aumentado el número de perceptores. En Andalucía donde los perceptores de esas ayudas y sus familias se han duplicado en solo un año, el gasto medio por beneficiario ha descendido un 55 por ciento, ya que la renta ha sido la misma en el 2014 que en el 2015.

En Canarias, en el número de perceptores con la renta básica de inserción (RMI) ha aumentado un 68 por ciento al tiempo que el gasto por perceptor ha disminuido un 11 por ciento. En el País Vasco, a pesar de ser la segunda comunidad autónoma más generosa en el importe de las ayudas, el número de perceptores ha aumentado un 34 por ciento y el gasto medio ha disminuido un 16 por ciento.

Las diferencias entre el gasto medio por cada perceptor en función de la comunidad autónoma donde resida son muy dispares. Una persona sin recursos que vive en el País Vasco recibe 6 veces más dinero por la renta mínima de inserción (RMI) que otra que resida en Castilla La Mancha.

Aunque esta diferencia entre comunidad autónomas ha disminuido un 23 por ciento respecto al año 2014 debido a la disminución del gasto en el País Vasco, ya que los residentes de Castilla La Macha siguen recibiendo los 514 euros de media mensuales.

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Imagen | Flickr

FEDEA ( La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ) ha previsto que el conjunto de las comunidades autónomas en España estará en condiciones de cumplir el objetivo de déficit de este año tras la revisión al alza del 0,3 por ciento del PIB al 0,7 por ciento.

Este ha aumento se ha producido por el aumento de los ingresos aunque se prevé que nueve comunidades autónomas excederán el objetivo y siete comunidades autónomas cerrarán el año con un déficit por encima del 1 por ciento.

Nos podemos preguntar: ¿Qué CCAA tienen superávit sobre el objetivo de déficit? ¿Qué CCAA cumplen con el objetivo del déficit? ¿Qué CCAA incumplen con el objetivo de déficit?

Comunidades Autónomas que tienen un ligero superávit sobre el objetivo de déficit

Según el informe señala que la situación es diferente para las distintas comunidades autónomas. Canarias, Galicia , Andalucía y Asturias acabaran el año en equilibrio o con un ligero superávit como muestra la gráfica “CCAA ligero superávit del déficit público”:

Las estimaciones de Fedea apuntan a que las comunidades de Canarias con un 0,6 por ciento, Galicia con un 0,3 por ciento y Andalucía con un 0,3 por ciento terminarían el ejercicio con un ligero superávit.

Comunidades Autónomas que cumplen el objetivo del déficit público

En cambio, La Rioja, el País Vasco, Castilla y León, Baleares, Madrid y Castilla- La Manchas acabaran el año cumpliendo el objetivo déficit aunque queden cerca de ellos como muestra la gráfica “CCAA cumplen el objetivo de déficit”:

Las comunidades autónomas de Asturias con un 0 por ciento, La Rioja con un -0,4 por ciento, País Vasco con un -0,4 por ciento, Castilla y Leon con un -0,6 por ciento y Baleares con un -0,6 por ciento estarían en condiciones de cumplir el objetivo de déficit del 0,7 por ciento del PIB.

Comunidades Autónomas con un déficit superior al objetivo de déficit

Las Comunidades Autónomas que han tenido déficits superiores a un punto del PIB en Navarra, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia como muestra la gráfica “ CCAA han incumplido el objetivo de déficit”:

Las nueve comunidades incumplirían el objetivo de déficit: Comunidad de Madrid con un -0,8 por ciento, Castilla-La Mancha con un -0,9 por ciento, Navarra con un -1,1 por ciento, Cataluña con un -1,1 por ciento, Comunidad Valenciana con un -1,2 por ciento, Aragón con un -1,2 por ciento, Cantabria con un -1,2 por ciento, Extremadura con un -1,4 por ciento y Murcia con un -1,6 por ciento.

Esta proyección es similar con la realizada por la AIReF en el informe 'Evaluación de los Planes Económico-Financieros 2016-2017 de las CCAA', aunque el número de comunidades autónomas incumplidoras que señala Fedea es superior en tres de los que calcula la AIReF.

Importante incremento de los ingresos

El informe de Fedea ha realizado estas previsiones en el supuesto de que las comunidades autónomas con un comportamiento fiscal similar al del resto del año en que lo hicieron durante la parte final de 2015.

La mejora del saldo presupuestario se debe a un fuerte incremento de los ingresos en relación al año anterior, mientras que los gastos se mantienen aproximadamente constantes como fracción del PIB.

El informe de Fedea destaca un fuerte crecimiento de los recursos ligados a las entregas a cuenta y liquidaciones del sistema de financiación autonómica, que se han aumento por encima de 8.000 millones de euros entre 2015 y 2016. De esta cantidad alrededor de 6.000 millones corresponden a la diferencia entre las liquidaciones practicada en julio que corresponden al año 2013 y 2014.

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Imagen | Libre Mercado | El País

Lo peor que le puede pasar a cualquier lider es perder la autoridad o poder en la toma de decisiones en el colectivo que capitanea. En este sentido, hoy hemos asistido al puñetazo que le han dado a Mariano Rajoy en la mesa de presidentes autonómicos del Partido Popular a la hora de renegociar la distribución del déficit autonómico.

El objetivo que buscaba el Partido Popular era la distribución de los límites de déficit entre las autonomías de manera asimétrica, de tal manera que cada autonomía tenga un límite diferente y tenga mayor o menor capacidad de gasto por encima de los ingresos previstos. Las negativas no se han hecho esperar y la mayoría de presidentes autonómicos, descarta la política de déficit a la carta, dado que la sombra de Cataluña y el juego de favoritismo político pesa más para los dirigentes que la propia realidad económica de las autonomías. Rajoy queda desacreditado y sencillamente, no contará con el apoyo de las autonomías del PP para redistribuir el déficit a la carta.

Extremadura y Madrid se oponen frontalmente, la comunidad valenciana aboga por un reparto asimétrico, Galicia nada a doble banda y Feijoó no dice ni si ni no, sino todo lo contrario en línea con Baleares y por su parte, Montoro sigue a su aire preparando ajustes autonómicos sin contar realmente con el Consejo de Política Fiscal y Financiera que sienta regularmente a las autonomías con Hacienda.

El problema es realmente grave dado que las autonomías no son conscientes realmente de la capacidad de ingresos y gastos de las cuentas públicas, soportan una gran parte del gasto público y tampoco tienen la autonomía recaudatoria suficiente. Si a esto le sumamos que las cuentas autonómicas arrojan más sombras que luces y que cada autonomía tiene unas prioridades diferentes de gasto, dificilmente se puedan conseguir unos presupuestos equilibrados.

El horizonte de acuerdo que debería haberse alcanzado en breve, se pospone y seguimos negociando con Europa la relajación de los límites de déficit, a la par que sigue aumentando la deuda pública en circulación y seguimos gastando mucho más que se ingresa sin que se vea un retorno claro de este flujo de gasto público. ¿Soluciones? Desde luego, cuando el capitán del barco, ha perdido la autoridad hasta en sus dominios, realmente ninguna.

En El Blog Salmón | Solidaridad territorial y financiación autonómica

Hay un refrán que dice que cuando las cosas van mal, siempre pueden ir peor. Y en España lo cumplimos a rajatabla. Después de una semana bastante movida con el desplome en bolsa de Bankia, la caída generalizada del Ibex, la desconfianza hacia el sistema financiero español en máximos y la prima de riesgo por las nubes, vuelven a aparecer los fantasmas del déficit tras conocerse que tres Comunidades Autónomas no han cumplido los objetivos presentados el pasado mes de febrero.

El desfase de las cuentas públicas del año pasado no ha sido finalmente el polémico 8,51% que remitimos a Bruselas y sobre el que el Gobierno planteó los recortes que ha llevado a cabo. El nuevo déficit de 2011 ascienda hasta el 8,9% tras las desviaciones de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Si mal estábamos antes, peor lo estamos ahora.

Los datos han sido publicados por Hacienda en la noche del viernes con los mercados ya cerrados para evitar una nuevo ataque especulativo ante el cambio de paradigma. Recordemos que esta corrección llega justo cuando la prima de riesgo española alcanza máximos históricos y la sombra de la intervención acecha sigilosamente nuestra economía. Además, el bono español a diez años presenta un interés por encima del 6%, muy cercano a lo que podría considerarse impagable a largo plazo.

Con los nuevos datos el déficit de las comunidades se va hasta el 3,34% en lugar del 2,94% previsto. Este incremento de 4 décimas supone que el agujero del déficit se amplía en casi 4.000 millones de euros adicionales. Y si pensáis que estáis hartos de mentiras, imaginad como estarán aquellos a los que pedimos paciencia y confianza con nuestras desordenadas cuentas. La confianza no sólo hay que ganarla, sino también saber mantenerla.

En El Blog Salmón | La UE confirma que Zapatero mintió con la cifra de déficit, ¿Tiene el déficit español solución?
Imagen | PPCYL

El vicepresidente de la Comunitat Valenciana ha confirmado los planes de ajustes del Gobierno de Fabra para despedir entre el 40% y el 50% del personal contratado por empresas públicas. José Císcar ha asegurado que se quedan fuera funcionarios y personal laboral al servicio de las administraciones públicas y el ajuste sólo se llevará a cabo en la estructura empresarial pública.

Según los datos que ha puesto de manifiesto el vicepresidente, actualmente se cuentan 47 empresas públicas y fundaciones que se quedarán aglutinadas en 6. Los mecanismos que se pondrán encima de la mesa para este adegalzamiento del sector público valenciano pasan por la privatización de muchas de estas empresas y por la realización de expedientes de regulación de empleo en aquellas empresas en las que no se lleve a cabo su traspaso al sector público.

La empresa que más se verá afectada va a ser la RTVV, empresa en la que se prevé un ajuste en torno a los 1.000 trabajadores. En el resto, nos encontramos empresas públicas de alquileres, gestión de aguas, como la contraída Emarsa y los casos de corrupción de esta sociedad y algunas fundaciones más de dudosa utilidad.

Las medidas que pone en marcha el ejecutivo valenciano van en línea con las directrices marcadas por el Gobierno Central en la tarea de reducir el sector público empresarial y en acotar los límites presupuestarios de las televisiones públicas deficitarias. La reflexión que hay que hacerse es ¿cómo que se ponen en marcha estas medidas después de 4 años de crisis? Aunque bueno, más vale tarde que nunca y esperemos que el resto de las comunidades copien esta iniciativa por vía urgente.

En El Blog Salmón | El Gobierno abre la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas, El Consejo de Ministros quiere limitar los salarios de las empresas públicas
Imagen | PPCV

Soraya Sáenz de Santamaría acaba de anunciar en el Consejo de Ministros la aprobación de un proyecto de ley que abre la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas. Este proyecto de ley da más control a la prestación de servicios autonómicos de radio y televisión y les ofrece diferentes fórmulas para poner en práctica medios de gestión privados con supervisión pública.

En el caso de que las autonomías decidan seguir gestionando las televisiones de manera pública, se les aplicará automáticamente la regla de equilibrio presupuestario y déficit cero, por lo que no se permitirán déficits presupuestarios de miles de millones de euros en la gestión de las televisiones autonómicas pagadas con los fondos públicos.

Esta ley debe aprobarse cuanto antes y debería hacer hincapié en el reglamento de sanciones hacia las autonomías que decidan seguir con la gestión pública e incurran en déficit presupuestarios de manera recurrente en el ejercicio. Por ejemplo, si una televisión autonómica tiene un presupuesto estimado de ingresos de 500 millones de euros, bajo ningún concepto se deben mantener gastos de 1.000 euros. La mejor sanción, es el cierre por ley de dicho ente. Veremos la letra pequeña, pero el espíritu al que apunta la ley es bueno (aunque no tanto, para los profesionales que se dejan ña piel cada día en estas radios y televisiones públicas)

En El Blog Salmón | Hay que privatizar las televisiones públicas, La socialización autonómica de los beneficios
Imagen | Dailyinvention

Como ya comenté en otro artículo, a mi esto de los “hispanobonos” me da un poco de grima. A efectos prácticos no es más que coger un poco de deuda basura por aquí y unirla con otro poco de deuda más saneada por allá. Y así, todo mezclado y untado, tendremos una deuda autonómica global lista para salir a subasta y a la que sólo le falta que llegue Fitch y la califique como AAA.

No nos damos cuenta de que el uso que se le da al dinero público comienza a ser dramático. Yo no se por qué pero siempre me he imaginado a un alcalde como el cortijero que llega a su cortijo y empieza a hacer y deshacer a su antojo. Con la diferencia, claro está, de que el dinero que maneja no es suyo. Y cuando algo no es tuyo, no nos engañemos, duele menos.

Y en medio de todo este follón están las comunidades autónomas, entes que han hecho lo que les ha dado la gana los últimos años. El derroche ha sido horrible y ahora, con el grifo de la financiación seco, llegan los problemas. Que si no podemos pagar a proveedores, que si la sanidad es insostenible, que si nadie nos sale muy caro emitir deuda y un largo etcétera. Sin embargo, el derroche queda impune y los derrochadores se van de rositas.

Como somos tan olvidadizos y para evitar volver a tropezar en la misma piedra, Sandra Mir y Gabriel Cruz han dejado constancia de esta orgía autonómica de dinero público en un libro titulado La casta autonómica. Su obra, impregnada en un lenguaje de sutil ironía, nos deja para el recuerdo perlas como las siguientes:

• El aeropuerto sin aviones de Castellón, el epicentro del derroche. Con una inversión de 111 millones de euros y un gasto de 500.000 euros por tres años en halcones para ahuyentar aves que nunca podrán molestar a los aviones porque estos no vuelan. El capricho de Fabra cuesta además 35 millones de euros sólo en mantenimiento.

• En 2002 se construyó en O Porriño (Pontevedra) un complejo faraónico para observar las aves en As Gándaras. Costó 420.000 euros y nunca llegó a inagurarse porque el Ayuntamiento aseguraba que no podía mantenerlo. En Figueres encontramos otro ejemplo, una cárcel que costó a la Generalitat 110 millones y que tampoco llegó a inagurarse porque no pueden mantenerla.

• En 2011 se aprobó la creación y docación del Centro de Interpretación de las Caras de Bélmez. El coste de la obra superó los 750.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento pagó un 5%, la Diputación un 25% y el resto la UE.

• Una parte importante de los 8.000 millones de euros del proyecto estrella de Zapatero para salir de la crisis, el Plan E, se utilizaron en reparar farolas y adoquines, levantar una Puerta de Brandemburgo en Torrejón, cambiar el color de los carriles bici de Valencia o mover 50 metros la estatua de Colón por 4 millones.

• La presidencia del Gobierno no es el cargo que mejor cotiza en política. En España hay numerosos alcaldes que superan el sueldo de 78.000 euros del presidente. En Teror, municipio canario de 13.000 habitantes, su alcalde cobra 73,542 euros y el Ayuntamiento debe 9 millones de euros.

Y esto no son más que pinceladas de la tremenda magnitud del problema. Los ejemplos de derroche autonómico se suceden a lo largo y ancho del país. La descentralización del Estado ha despertado la picaresca de una clase política que no otorga al dinero el valor que le corresponde. Y ante esta situación os pregunto: ¿en serio creéis que abrir de nuevo el grifo de la financiación a las comunidades con los “hispanobonos” es la solución?

Vía | Expansión
En El Blog Salmón | De los creadores de los bonos patrióticos, con ustedes los “hispanobobos”
Imagen | Images of money

Nos merecemos todo lo malo que nos pase porque no vamos a aprender nunca la lección. Al parecer, el Ministerio de Economía está estudiando seriamente la posibilidad de emitir “hispanobonos”, o como yo prefiero llamarlo, “hispanobobos”, que agrupen la deuda de todas las comunidades autonómicas. Esto, para que nos entendamos, es lo mismo que los eurobonos que tan poco gustan en Alemania pero en versión hispana.

La idea que se tantea consiste en que el Estado emite (y avala) deuda representativa de las comunidades autónomas y luego reparte el dinero recaudado entre las mismas de forma proporcional. El objetivo sería facilitar la financiación a CC.AA. con problemas, como Castilla y León, Cataluña o Valencia a costa de encarecer a las otras y al Estado en su conjunto.

Aunque el proyecto está en el aire ya existen fechas y cifras. Según un portavoz del Ministerio de Economía la primera emisión de “hispanobobos” sería en Junio y se prevé que las comunidades autónomas ahorren alrededor de 1.000 millones de euros en intereses gracias al aval del Estado. Como contrapartida, estas tendrían que cumplir ciertos requerimientos del Estado, esto es, cumplir con los objetivos de déficit.

La verdad, no lo acabo de entender. Yo pensé que la idea era reducir gastos innecesarios de los Presupuestos Generales del Estado, borrar del mapa ministerios sin funciones demostrables o incentivar a las empresas a generar empleo. Sin embargo, lo que se va a hacer es permitir que las CC.AA. se endeuden aún más de lo que están. Los “hispanobobos” volverán a dar vidilla a las impopulares embajadas autonómicas y a las inversiones superfluas en nacionalismos y publicidad local, por poner algunos ejemplos.

En mi opinión, las comunidades con menos problemas financieros no deberían permitir esto. Lo que el Estado debería hacer es reducir todo ese aparato autonómico que lo único que ha generado en los últimos años ha sido déficit. Muchas de las competencias gestionadas por las comunidades han sido como un pozo sin final. Los “hispanobobos” son como las hipotecas subprime y lo único que generarán será más y más deuda. Con ustedes, el eterno retorno de lo idéntico.

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