El Consejo de Ministros de ayer trajo el anuncio de otra nueva Línea ICO para las autonomías, por un importe de 10.000 millones de euros ampliable hasta 15.000 millones. A efectos reales, las condiciones que se han impuesto a estas líneas, equivalen a una intervención encubierta de las autonomías por parte del ministerio de Hacienda.
Es una intervención plena puesto que las autonomías que recurran a la financiación de esta línea ICO tendrán que aceptar un seguimiento por parte del Gobierno, un control estatal en el nivel de endeudamiento, cumplir realmente con las obligaciones de pago a proveedores y adoptar medidas de ajuste para garantizar que cumple los objetivos fijados en la Ley de Estabilidad Económica y Sostenibilidad Financiera. La línea ICO aprobada Esta línea tiene dos variantes:
- Pago de las facturas pendientes con proveedores de obras y suministros cuya deuda haya sido contraída antes del 1 de enero de 2012.
- Deudas financieras anteriores al 1 de enero de 2012 y que hayan sido contabilizadas previamente como déficit. Esta última tendrá un vencimiento de 11 meses.
Estas líneas funcionan como vías de financiación directa desde el ICO hacia las comunidades autónomas y se destinan principalmente a las autonomías que tienen cerrados los mercados de crédito y que están pagando diferenciales desorbitados por las emisiones de deuda pública a minoristas. Léase por ejemplo las emisiones de bonos patrióticos por encima del 6% que hemos visto por parte de varias autonomías.
La contrapartida que tienen que asumir las autonomías que se financien con estas líneas ICO es el control exhaustivo de sus cuentas y planes de reestructuración financiera por parte del Ministerio de Hacienda. A efectos prácticos, estamos hablando de un plan de rescate autonómico encubierto con la supervisión de Madrid y los ministerios.
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