Enésimo supuesto caso de corrupción en la política española. En esta ocasión, es el que envuelve al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y que ha sacudido los cimientos de uno de los ministerios más poderosos de cualquier Gobierno.

Tras más de siete años de investigación bajo secreto de sumario, los indicios de una presunta trama de corrupción empiezan a ver la luz. Según la tesis judicial, Montoro podría haber utilizado su influencia al frente del Ministerio entre 2011 y 2018para favorecer intereses privados vinculados a su antiguo despacho de asesoría, Equipo Económico (EE).

Los informes policiales y judiciales sostienen que, pese a desvincularse formalmente de EE al asumir la cartera ministerial en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Montoro mantuvo un vínculo indirecto con el despacho que él mismo fundó.

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Desde entonces, EE habría operado como una especie de ventanilla obligatoria para empresas que buscaban beneficios fiscales, con la connivencia de altos cargos de Hacienda y mediante un entramado de relaciones que ahora está bajo la lupa de la Justicia.

Buscar un atajo contra la mano de hierro del ministerio

Cuando Montoro llegó al Ministerio en 2011, España atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia reciente. Con una política de austeridad sin concesiones y subidas de impuestos que le valieron el apodo de “maestro del austericidio”, sorprendió a muchos que ciertas reformas legislativas beneficiaran a sectores concretos.

Según un juez de Tarragona que instruye la causa, detrás de esas medidas podría esconderse una estrategia deliberada para favorecer a clientes del despacho EE.

Los Mossos d’Esquadra, junto con la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, han documentado cómo empresas que inicialmente veían frustrados sus intentos de conseguir ventajas fiscales recurrían finalmente a EE para lograr sus objetivos.

Un directivo de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) dejó constancia en su declaración de cómo la vía más rápida para suavizar las políticas impositivas pasaba por pagar los servicios de EE, que tenía “contacto directo con Montoro”, tal y como recoge el diario La Vanguardia.

El pase por la ventanilla de cobros del despacho

El análisis de la facturación de EE entre 2011 y 2019 revela pagos por valor de 779.705 euros efectuados por empresas gasísticas como Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Carburos Metálicos y la propia AFGIM. Según los Mossos, estos pagos se producían como condición para que Hacienda aceptara tramitar las reformas legislativas que favorecían a esas compañías.

La investigación apunta a que prácticas similares se extendieron a sectores como el del tabaco, la banca, el juego y las eléctricas.

Los informes de la policía autonómica ponen de relieve un patrón: las empresas pagaban a EE, que a su vez subcontrataba a otras consultoras para elaborar los informes técnicos necesarios, pagando a estas cantidades muy inferiores a las que facturaba a sus clientes.

El verdadero valor añadido de EE, según las sospechas judiciales, residía en su capacidad de influencia dentro del Ministerio.

La elaboración a la carta de la reforma que se quiere aprobar

El entramado de contactos dentro de Hacienda fue clave para que las reformas salieran adelante. El propio ministro, su director de gabinete y otros altos cargos tenían antecedentes en EE, formando un círculo de confianza que facilitaba el acceso de los clientes del despacho.

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Según los informes policiales, una vez abonado el precio pactado, EE activaba una cadena de reuniones y contactos para que el cliente participara incluso en la redacción de los textos normativos.

Un ejemplo concreto es la Ley 28/2014, que benefició a las empresas gasísticas tras la intervención directa de estas en su redacción.

Años más tarde, la misma asociación de gasísticas colaboró en la modificación de un real decreto que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, con un redactado final elaborado por los propios interesados.

La contratación de informes más baratos a otras consultoras

Otro de los puntos clave de la investigación son los informes que EE facturaba a las empresas pero encargaba a terceros, como Ernst & Young (E&Y), a precios hasta diez veces menores.

Según los Mossos, esta práctica sugiere que la verdadera prestación de EE no era el trabajo técnico sino el acceso privilegiado al Ministerio. La policía sospecha también que la subcontratación podría haber servido para encubrir comisiones y disimular el importe real de los servicios.

Los investigadores detectaron que EE obligaba a las empresas a trocear las facturas entre varias sociedades, creando opacidad en los registros contables. Este procedimiento, según los informes, ayudaba a ocultar la naturaleza de los pagos y su relación con las reformas legislativas obtenidas.

El camuflaje de las reformas que “mantendría” la recaudación

A pesar de las justificaciones oficiales de Montoro de que las reformas no perjudicaban a las arcas públicas, los informes de la Agencia Tributaria de 2015 y 2017 evidencian que medidas como la reforma del impuesto sobre la electricidad de 2014 supusieron pérdidas millonarias en la recaudación.

Según los Mossos, las justificaciones de Hacienda para aprobar estas medidas presentan incongruencias, especialmente teniendo en cuenta la mayoría absoluta del PP en el Congreso, que garantizaba la aprobación sin necesidad de negociar.

Tras levantarse el secreto del sumario, tanto Montoro como EE han defendido su honorabilidad, calificando la investigación de persecución política. La causa, no obstante, sigue su curso con la imputación de 28 personas físicas y seis empresas, por delitos como tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

La investigación apunta a que, supuestamente, el Ministerio de Hacienda bajo Montoro fue diseñado para evitar obstáculos a sus decisiones, con un equipo de confianza en puestos clave. Entre los casos más llamativos está el de Pilar Platero, que fue socia de EE mientras ocupaba un cargo decisivo en la tramitación de las reformas, o el de Alberto García Varela, director general de Tributos que después pasó a ser socio de E&Y.

También el secretario de Estado Miguel Ferré aparece relacionado, con pagos recibidos de EE y sociedades vinculadas.

Las revelaciones de esta investigación han dejado al descubierto una posible simbiosis entre el poder político y los intereses privados, con reformas “a la carta” que habrían beneficiado a quienes podían permitirse pagar el precio exigido.  O lo que es lo mismo, un nuevo caso de corrupción que no entiende de colores en la política española.

Imágenes | Wikipedia, Unplash

La noticia del día es que la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín están negociando un divorcio. Parece que la gota que ha colmado el vaso ha sido que saliera en la prensa una escapada de vacaciones de Urdangarín con su nueva pareja. Pero lo interesante de este asunto, al menos para este medio, es una clausula del divorcio.

Parece ser que Urdangarín tiene una oferta de dos millones de euros por escribir un libro sobre el matrimonio. Y esto no le gusta nada a la Familia Real. Tanto que están dispuesto a ofrecerle una pensión vitalicia a cambio de que no escriba dicho libro. ¿De cuánto tiene que ser dicha pensión para que le salga rentable a Urdangarín cogerla y olvidarse del libro?

Renta vitalicia por invertir

Dos millones de euros frente a una pensión vitalicia. ¿De cuánto tiene que ser esta pensión para que salga a cuenta? Para tener una equivalencia Urdangarín debería invertir esos dos millones de euros y que le genere una renta vitalicia equivalente a esta pensión.

La historia nos dice que la rentabilidad de invertir en bolsa ronda un 6% anual y de los bonos alrededor del 3% (ambos promediando años buenos y malos y descontando la inflación). Como Urdangarín tiene ya 55 años y no querrá mucha volatilidad en su patrimonio vamos a asumir que hace un mix y tiene una rentabilidad del 4%.

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Por tanto invirtiendo esos dos millones obtendría 80.000 euros al año. Una buena cifra para negociar. Por debajo de eso a Urdangarín le vendría mejor escribir sus memorias, aunque ya entramos en el terreno de los intangibles, como si merece la pena estropear más la familia a cambio de un poco más de dinero o si le merece la pena seguir siendo el centro de atención del país.

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También habría que tener en cuenta qué es más sólido, el patrimonio de la Familia Real y su compromiso de seguir pagando dicha pensión vitalicia o la inversión que se haga de dos millones de euros y la capacidad del gestor de sacarle dicha rentabilidad. Y también la capacidad de Urdangarín de no tocar ese patrimonio y dejarlo generar todos los años rentas: al final dos millones son muy jugosos y si no tiene autocontrol es posible que una pensión de su ex-mujer le otorgue más seguridad a largo plazo.

Los impuestos pueden distorsionar los números

Todos estos números pueden ser distorsionados por los impuestos. Recibir dos millones de golpe puede hacer que se tenga que pagar mucho en impuestos, casi la mitad dependiendo del lugar de residencia y del resto de ingresos que tenga. Por tanto, la renta que se obtendría si se invierte menos cantidad sería mucho menor y por tanto la Corona puede ofrecer menos en concepto de pensión. Eso sí, dicha renta por invertir pagaría impuestos del capital, que tienen tipos más bajos que  la pensión vitalicia transferida por su ex-mujer.

Sin embargo llegar a este punto sería complicar en exceso la simulación: personalmente creo que todo lo que esté por encima de 80.000 euros al año es una buena cifra por olvidarse del libro, y lo que esté por debajo dependerá de los intangibles. Ahí tienes un número para negociar, Iñaki.

Una recesión, 3 procesos electorales generales en 4 años, la independencia en Cataluña y los casos de corrupción afectan directamente a la inversión en España. La reputación en España, y conjuntamente a de sus empresas, han vivido momentos difíciles en las últimas décadas, pero es sólida a los ojos de los inversores.

Diferentes informes situación a España entre los 20 primeros puestos a nivel mundial para la calidad institucional, marco social y nivel de desarrollo. El valor de la marca de España por la sociedad de evaluación internacional 'Brand Finance' llega los 1,6 billones de dólares y tiene la posición 12.

Nos podemos preguntar: ¿Por qué los inversores externos ven diferente a España que los inversores españoles?

A los inversores internos les afecta más la corrupción y el independentismo que a los inversores externos

El prestigio de España se ha construido de forma lenta a largo de las últimas décadas. España, a diferentes de otros países, está proyectando una imagen clara y eso le da ventaja. En los años de crisis, España alcanzó su punto más bajo, y estaba de forma directa relacionado con la prima de riesgo.

Ahora que las cosas están más tranquilas, la valoración externa ha mejorado. Pero hay algo que es raro, la percepción de los españoles es peor que la percepción que tienen los inversores externos, y a eso le pasa a pocos países.

Esto pasa que lo que es importante para los españoles, como la corrupción o la independencia catalana, se vive con más intensidad, pero para los inversores externo es mejor que recibe una atención diferente.

Lo mismo pasa con el tema político con los que los empresarios españoles les suele afectar, cuando aparecieron los nuevos partidos, como Podemos y Ciudadanos, todos los medios les prestaron demasiada atención, pero en 2016 ya habían pasado a convertirse en partidos políticos corrientes.

Vox ha vuelto a recibir demasiada atención por parte de los medios por lo que tiene un nuevo fenómenos, pero pasará lo mismo que paso con Podemos y con Ciudadanos, que con el paso del tiempo va a convertirse un partido político corriente.

Madrid, País Vasco y Cataluña tienen la mejor proyección de inversión

Los movimientos políticos y la evolución de la economía se ha convertido en la fortaleza de la reputación de las comunidades autónomas y su evolución en el tiempo.

Madrid, Cataluña e Islas Baleares son las comunidades autónomas con mejor proyección de inversión, mientras Extremadura, Asturias y Cantabria, son las que peor proyección de inversión tienen, ya que experimentan una pérdida.

Pero a pesar de la pérdida de inversión, y como pasa a nivel global en España, sigue habiendo una buena inversión. En cuanto a la capacidad de atraer la inversión externa, la Comunidad de Madrid tiene la evolución más estable en las últimas décadas, por delante de Cataluña y el País Vasco.

Las grandes ciudades como centros de inversión a nivel global

La competencia de los países ha dado paso a la competencia entre las diferentes comunidades autónomas y la rivalidad entre la grandes ciudades, que se están organizando para defender el protagonismo internacional para que se beneficie su red empresarial, y por tanto, su economía.

Claramente que en poco tiempo no más de 150 ciudades moverán la inversión a nivel mundial, ya que los inversores no entran en las historias de las banderas ni en luchas políticas. Las grandes ciudades tienen mucho más en común que lo que les separa.

A España le falta una fiscalidad atractiva que traiga a los mejores trabajadores, como pasa en París o Lisboa que tienen fiscalidad atractiva para repatriar y atraer talento.

Una visión de ciudad es mucho más rentable a largo plazo, ya que los visitantes vienen atraídos por un conjunto de variables que tienen que ver con la calidad de vida, la racionalidad de espacio público y aspectos medioambientales.

La competencia moderna entre las grandes ciudades ya viene del siglo XIX donde nace el concepto de la ciudad como producto, y que a mediados del siglo pasado unas cuantas grandes ciudades comenzaron a ser vistas como focos económicos a nivel global.

Lo que sucede, en estos momentos, es que el concepto de la smart city se ha vuelto un concepto diferencial entre unas y otras, y que ninguna ciudad puede tener una buena reputación en todo, pero si que pueden tener un equilibrio en su modelo económico.

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Imagen | Flickr

En un tema tan omnipresente y opaco como la corrupción, los ciudadanos ya no es que acaben dudando casi automáticamente de todo político que se precie, sino también de los que no se precian (nunca mejor dicho). Y la filosofía popular dice que todo político (y toda persona) tiene un precio, pero me consta que hay políticos que no se corrompen, aunque otro tema es la suerte que acaben corriendo.

Pero más allá del nivel de permeabilidad de corrupción en nuestros sistemas socioeconómicos (que en algunos casos roza la pantanosa inundación), la pregunta que cualquier hombre de bien que paga puntualmente sus impuestos es: ¿Pero cuánto nos cuesta la corrupción y qué mordisco se lleva en total? Pues bien, Naciones Unidas ha dado respuesta a esta peliguda pregunta.

Naciones Unidas pone negro sobre blanco, dejando claro lo muy nocivo de la corrupción

Según pueden leer en la página web de la propia organización, y como también habrán ido leyendo a lo largo de los artículos en los que hemos ido tocando este tema desde estas líneas (uno de los más interesantes "El parecido entre la alta corrupción en España y el metro de la Nueva York de los 80), lamentablemente no es sólo que con la corrupción alguien se enriquezca aprovechándose de su posición ilícitamente, sino que literalmente ese dinero destinado a corruptelas provoca grandes perjuicios en el sistema socioeconómico en general, y a los ciudadanos de a pie en particular.

Por boca de su propio secretario general, António Guterres, Naciones Unidas afirma sin cortapisas que la corrupción implica obvia e inevitablemente la pérdida para el sistema de unos recursos económicos que se podrían haber traducido en más escuelas, mayor número de hospitales y mejor calidad asistencial sanitaria, un mejor sistema educativo, y así hasta un largo etcétera que sólo se puede medir en "lo que nos quitan", en vez de en simplemente "lo que se llevan".

Además, la ONU no sólo hace un claro llamamiento a combatir la lacra de la corrupción, y un alegato a favor de no perder nunca de vista el ideal de conseguir un sistema socioeconómico sin corrupción. La organización también se ha atrevido a poner una cifra concreta a ese "mordisco" que la corrupción le pega a la socioeconomía mundial. Naciones Unidas afirma que anualmente se pagan 1 billón de dólares en sobornos, mientras que otros 2,6 billones de dólares de dinero público son directamente robados por la corrupción.

El único "pero" que se puede poner a la publicación de la ONU es el inevitable carácter forzosamente estimativo de las cifras que se aportan. El problema no tiene que ver con la calidad de las estadísticas manejadas por la institución, ni por sus técnicas econométricas. El problema real es que el mundo de la corrupción es tremendamente opaco (por la cuenta que les trae), especialmente en lo relativo a las cifras concretas con las que se cierran los cierran los "tratos", necesarias para tratar de cuantificarlo.

La mayor parte de las veces, las cifras finalmente "negociadas" (por decir algo) no salen de entre las cuatro paredes de algún lúgubre despacho, y tan sólo se acaban traduciendo en un saldo de una cuenta en algún paraíso fiscal, nutrido a base de anónimos maletines y abultados ingresos en efectivo.

Y la corrupción es una lacra mundial, pero hay grados y grados

Naciones Unidas deja meridianamente claro que la corrupción es una lacra de carácter mundial. Y no podemos estar más de acuerdo, porque corrupción como tal la hay absolutamente en todos los países. Pero tampoco se puede obviar que, evidentemente, hay grados y grados.

Para nada se puede equiparar el nivel hasta el que llega la marca de la inundación corrupta por ejemplo en países del norte de Europa, y en los del sur. Aunque lamentablemente en toda sociedad siempre va a haber individuos con pocos escrúpulos que se van a corromper (o van a corromper a otros con su dinero), en la población en general hay notables diferencias entre la percepción de la corrupción y, lo que es aún más importante, la penetración de la corrupción.

Es una lacra ideológica típica de los países del sur de Europa, con España entre ellos, el pensar que el dinero público no es de nadie, cuando el único pecado que ha cometido ese dinero es ser dinero de todos. A menudo, cuando alguien roba dinero público, se minimiza la percepción del robo porque no le han robado a uno euros directamente de su cuenta, cuando en realidad lo han recaudado antes via impuestos y luego nos lo han robado. Lo que en la práctica viene a ser lo mismo.

Pero lo corto de miras llega a tintes dramáticos cuando no se ve esto, e incluso cuando algunos justifican la corrupción con sorprendentes frases que uno personalmente ha llegado a presenciar como que "si roban unos que sean los nuestros". No puede haber una actitud más destructiva socioeconómicamente para el correcto gobierno de un país que este tipo de argumentarios perversos y (en el fondo en el fondo) probablemente autoindulgentes.

Aunque he de reconocerles que la cosa todavía puede ir a peor: de hecho lo hace en siempre demasiados casos. Hay veces que la corrupción al por menor incluso puede llegar a adquirir tintes institucionalizados, y simplemente les recuerdo aquella política del "café para todos" que ciertos políticos llegaron a poner en práctica abiertamente. Con ese cafetal popular se pretendía acallar el descontento social que lógicamente produce una mala gestión, muchas veces corrupta, y trataba de tapar bocas con el reparto dinero entre bases de la población.

Como si que todos nos robásemos a nosotros mismos fuese una estrategia maestra, y como si fuese sostenible en el tiempo más allá del margen necesario para esquilmar definitivamente las arcas públicas y zafarse. Eso por no hablar de que repartirse entre esas bases de población en realidad se reparten las migajas, mientras que esos políticos corruptos (que no son todos) se la llevan blanca.

En el tercer mundo la lacra se torna en pandemia letal

Pero si están ustedes sensibilizados con el nivel de corrupción en los países latinos, no se depriman (al menos no más que lo que pueden deprimirse otros): hay países que están todavía (mucho) peor que nosotros. Y es que, en algunos países en vías de desarrollo, no sólo la corrupción esta inoculada en todos los aspectos de la vida pública y privada, sino que además una parte nada desdeñable de sus terribles lacras nacionales en realidad son internacionales, puesto que son sufragadas con dinero de agentes socioeconómicos occidentales.

Además, el perjuicio de las corruptelas tiene diferentes implicaciones dependiendo del caso. Lo cierto es que en el primer mundo, si la cosa no se sale de rango como a veces ha ocurrido, el perjuicido suele traducirse casi principalmente en dinero robado y servicios que no llegan a prestarse.

Pero en el tercer mundo la cosa es mucho mucho mucho peor, pues la corrupcion muy frecuentemente se traduce en sobreexplotacion de recursos naturales, materias primas e incluso personas. Y todavía más, también puede ser hasta origen de interesados conflictos armados, que a veces tienen como finalidad tener bajo control una zona de interés económico y asegurarse un suministro o un recurso. Incluso en ocasiones la industria del cine se ha hecho eco de esta terrible realidad en cintas como la excelente "Diamante de sangre".

No les estoy teorizando desde un argumentario de corte populista; la verdad es que, lamentablemente, les estoy hablando con un terrible conocimiento de causa (y de primera mano). Un buen amigo médico, que fundó una importante ONG en África, me contó una vez cómo en África es muy típico que, cuando en una zona descubren un yacimiento de recursos naturales, acto seguido se produce un éxodo masivo de población, que huyen despavoridos hacia otras zonas. Y ustedes se preguntarán, ¿Y por qué huyen, si esa riqueza recién descubierta se puede traducir en trabajo para ellos?

Nada más lejos de la realidad: en la práctica, no sólo los trabajos generados no son de apenas calidad y en unas condiciones que muchas veces son de esclavitud, sino que además, en unos pocos días tras el nuevo descubrimiento, empiezan a aparecer mercenarios y paramilitares. Estos grupos, que nadie sabe a ciencia cierta de dónde salen exactamente, se caracterizan por aparecer casi siempre armados hasta los dientes, ejercer indiscriminadamente la violencia contra la población, y acabar tomando el control de las nuevas zonas productoras.

¿Y qué se puede hacer por evitar (y evitarnos) esta terrible enfermedad inoculada con nuestro propio dinero?

Pues realmente poco se puede hacer por evitar oscuros tratos que ocurren entre bastidores y su consiguiente enriquecimiento ilícito. Los prejuicios además trascienden lo mas evidente, y entran de lleno en dañar el tejido socioeconómico en el sentido más amplio, al vulnerar la libre competencia, evitar que se imponga el mejor, y no premiar la excelencia sino la capacidad de untar mantequilla. Pero es harto difícil evitar que ocurra lo que realmente no se sabe ni cuándo ni cómo ocurre, y lo que es peor: ni siquiera se sabe a ciencia cierta si ocurre en cada caso.

Pero sí que se pueden hacer muchas cosas a nivel socioeconómico para evitar que ese presente llegue a ocurrir, y la via es hacerlo a lo "Minority Report": antes de que llegue a ocurrir. Las soluciones también admiten un enfoque a lo "Regreso al futuro": modelando el futuro desde el presente, para que el temor ante las consecuencias posteriores produzca un esencial efecto disuasorio. Ya que algunas naturalezas siempre van a ser como son, que al menos ellas mismas se pongan un auto-freno de mano precisamente para manos "sueltas".

Obviamente, ese gran factor socioeconómico que es la educación (no lo olviden, en los colegios pero también en las familias), es la mejor receta que podemos diseñar para los plazos más largos. A la vista están los resultados en el norte de Europa, donde la educación de calidad, también en unos valores correctos en este sentido, ha creado una base de la población que cuenta con una envidiable tolerancia cero ante la corrupción.

Y oigan, que eliminar la corrupción de la faz de la Tierra será un ideal inalcanzable, pero oigan más aún: el gran error es flexibilizar la intransigencia ante el corrupto, porque una vez abierta la veda a interpretaciones y relativizaciones subjetivas (y a veces hasta interesadas), acaba cabiendo todo lo que interese al político de turno (de oficio). Renunciar al ideal, supone en este caso renunciar también a evitar que un mal inicialmente localizado se propague.

Y a futuro, (también obviamente) tenemos la persecución legal de la corrupción, para lo que debo serles franco en que muchos corruptos se corrompen asumiendo el riesgo de una pena "ligera", en una cárcel poco conflictiva, muchas veces en módulos específicos y más seguros o incluso en módulos de mujeres, etc. Porque robar es rentable monetariamente, faltaría más (creerán haber inventado algo), pero lo rentable no es sólo que sin apenas esfuerzo caen los millones, sino que tristemente mucha gente firmaría por tener unos millones en una cuenta suiza, a cambio del riesgo de que se haga realidad el peor caso de tener que pasar un tiempo en presidio.

Mientras esto ocurra, se seguirá robando a manos llenas. Habría que tener leyes (¿Por qué no las tendremos ya?) que no sólo impongan penas a los corruptos, sino que les desprovean de todo fondo cuyo origen legal no puedan demostrar. Y si cuentan con fondos en el extranjero, estimando sus importes por las declaraciones del resto de imputados y registros documentales (sic por los paraísos fiscales y los secretos bancarios), que se les imponga una cadena perpetua revisable hasta que devuelvan hasta el último céntimo (más bien millón) que no sean capaces de justificar.

Si es necesario que se amplíen los plazos de la obligación legal de mantener registros bancarios, de alargar cuando prescriben los delitos económicos, de un montón de iniciativas que se pueden hacer todavía y que inexplicablemente no se hacen. Porque puede haber dificultades legales, dificultades organizativas, problemas sistémicos... pero son todo obstáculos que se pueden ir superando conforme nos vayamos enfrentando a ellos. El tema es que muchas veces ni siquiera tienen la intención de recorrer ese recto y ético camino.

El fin realmente no justifica los medios, pero sí el intermedio: sí que justifica que al menos haya que emprender la marcha con el ideal en el horizonte. Es por el bien de todos, y por el progreso socioeconómico del país. Para los ciudadanos de bien, todo son ventajas, así que, el que no apueste por ello con decisión, ya pueden tener por seguro que es porque cree tener una ventaja todavía mayor (y muy censurable) en algún otro lado. Y ahora vayan y voten, si es que creen que quedan opciones sin mácula...

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Que la corrupción es un problema grave en España es algo que a estas alturas de la película poca gente cuestiona. Basta con echar un ojo a las noticias del día para percibir la gravedad de la situación: políticos, empresarios, deportistas de élites... Demasiados casos abiertos que ponen en entredicho la trasparencia del sistema.

Hace unos días Transparencia Internacional publicó la 25 edición de su popular "Índice de Percepción de la Corrupción 2017 (IPC 2017)", el cual clasifica 180 países y territorios de todo el planeta en función de los niveles percibidos de corrupción en el sector público. Para ello utiliza una escala de 0 a 100 en la que 0 es altamente corrupto y 100 muy transparente.

En términos generales, el indicador refleja un alto nivel de corrupción en más de dos tercios de los países del mundo, que obtienen puntuaciones por debajo de 50. Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan las posiciones más altas (89 y 88 puntos, respectivamente), mientras que Siria, Sudán del Sur y Somalia obtienen las más bajas (14, 12 y 9 puntos, respectivamente). La puntuación media fue de 43.

España en el IPC 2017

Los resultados de nuestro país en el IPC no son nada buenos: España obtiene 57 puntos sobre 100, muy lejos de los líderes de la tabla. Comparando desde el año 2000 hasta hoy el descenso es tan pronunciado que nos convierte en el país de Europa en el que más ha empeorado la percepción de la corrupción.

De estar en el puesto 13 de los menos corruptos de la UE hemos pasado al 18-20. Si tomamos como referencia los 180 países analizados, España ocupa la posición 42 de la lista, justo por detrás de Dominica y por delante de República Checa. En el año 2000 nuestro país estaba en el puesto número 20 con 70 puntos. El daño a la imagen de España es más que evidente.

Tal y como señala la propia Transparencia Internacional, en el año 2000 España superaba en 27 puntos a la República Checa, en 29 puntos a Polonia, por ejemplo. Incluso superaba en 3 puntos a Francia, y en 6 a Portugal. Hoy Francia nos aventaja en 13 puntos, Portugal en 6, Polonia en 3 y estamos empatando con la República Checa. Los datos hablan por sí mismos. España puede aprender de Polonia, cuyas mejoras han sido espectaculares, pero también de Uruguay, Chile o Costa Rica, que hablan nuestro mismo idioma.

Una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo no puede ni debe estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y su competitividad. En 2017 hemos llegado a los niveles peores en percepción de corrupción desde que los índices se consolidaron meteorológicamente.

No obstante, es importante dejar constancia de que en 2012 se hicieron cambios en la metodología, por lo que la comparación con resultados previos a ese año pueden conducir a errores.

Recomendaciones para prevenir y combatir la corrupción en España

Desde Transparencia Internacional instan al gobierno a adoptar de forma urgente un Pacto integral contra la corrupción que recoja a todas las formaciones políticas. Además, proponen una serie de medidas agrupadas en dos categorías: medidas urgentes contra la corrupción a un nivel integral y medidas concretas para aumentar la transparencia en el Ministerio Fiscal. Las resumimos a continuación:

A) Propuestas para prevenir y combatir la corrupción.

• Promover la despolitización de los órganos constitucionales.

• Prohibición legal de la posibilidad de conceder indultos por corrupción.

• Reducción del número de aforados (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España).

• Disminución sensible del clientelismo político.

• Mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador.

• Aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia.

• Publicación de una Ley de protección a los denunciantes.

• Regulación de los Lobbies.

• Transparencia de las formaciones políticas.

• Necesario cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad de contratos por parte de las instituciones públicas.

• Eliminación del discrecional y poco transparente sistema de libre designación de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.

• Fomentar medidas para que en los distintos niveles educativos se introduzcan conceptos y materias relacionados con la ética, los valores, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.

B) Propuestas para aumentar la independencia y la transparencia de la Fiscalía General

• Necesidad urgente de un código ético de la Fiscalía.

• Acabar con la dependencia financiera de la Fiscalía respecto al poder ejecutivo.

• Adoptar medidas urgentes para aumentar los recursos humanos y acabar con la lentitud de la justicia.

• Transparencia en los nombramientos.

• Reforma jurídica de la carrera fiscal.

• Acabar con la insuficiencia de recursos tecnológicos.

• Asunción de competencias básicas por la Fiscalía general.

• Transparencia en los planes de actuación de los fiscales.

• Autonomía en la dotación de nuevas plazas de fiscales.

• Rejuvenecimiento de la plantilla de fiscales y mayor equilibrio de género.

• Reforma procesal.

• Creación de una oficina de prensa en la Fiscalía.

Mucho por hacer y pocas esperanzas de que se haga algo

La corrupción en España no son casos aislados ni manzanas podridas: Gürtel, EREs falsos, 3 per cent, Púnica, Bárcenas... La lista es interminable. Basta con echar un vistazo a la Wikipedia para echarse las manos a la cabeza. El problema es, ¿cómo solucionamos esto?

Las recomendaciones de Transparencia Internacional se unen a las que otros tantos organismos han publicado hasta la fecha. Todo el mundo sabe que hay mucho trabajo por delante. Se deben hacer más cosas y se pueden hacer más cosas, lo que no está tan claro es que se quieran hacer esas cosas.

Me remito a lo que ya señalé en otra ocasión: el arte de me arrimo, trinco y unto existe en este país desde los orígenes de la democracia. El problema está en que cada vez que hay una crisis (pasó también en el 93), el pastel se reduce y las porciones se vuelven más pequeña. Ante esta situación, cuando los comensales se ponen nerviosos porque no reciben lo mismo que antes, a uno se le va la lengua, otro filtra unas facturillas en B y al tercero le aparece el teléfono pinchado.

Para solucionar este problema hay que ir directamente a la raíz: la corrupción se vuelve automática y es inevitable cuando el gobierno maneja enormes cantidades de dinero. Los políticos no son inversores profesionales, solo oradores y líderes de masas sin conocimientos financieros (la mayoría). Además, manejan un dinero que no es suyo y por el que no sienten ningún apego. Y por si fuese poco, no se les exige eficacia o precisión en el manejo del mismo, como sí se le exigiría a un profesional del que se esperase un rendimiento concreto.

Por tanto, la única forma de acabar con la corrupción de los gobiernos es consiguiendo que estos se normalicen y vuelvan a funciones mucho más limitadas. Mientras jueguen a inversor, empresario y buen samaritano la situación irá obligatoriamente a peor.

En 2009, la policía española comenzó a investigar una trama de blanqueo de dinero centrada en los importadores de mercancía china: la mercancía se introducía en España sin pagar los correspondientes aranceles, y luego se vendía al por mayor sin pagar IVA. En 2012 finalmente la justicia entró en acción, deteniendo a varios sospechosos, encabezados por el empresario Gao Ping. Se calculaba entonces que la cantidad blanqueada podía llegar a los 1.200 millones de euros. En realidad, era solo la punta del iceberg.

En años sucesivos se desmantelaron tramas similares, hasta que finalmente, en 2016, el Industrial and Commerce Bank of China (ICBC) entró en el ojo del huracán, al ser imputado por organización criminal y blanqueo de capitales. Una reciente investigación de Reuters ha tenido acceso a todos los detalles de la trama.

El ICBC, mayor banco de China y del mundo

El ICBC es el mayor grupo bancario del mundo por tamaño de activos, superando a todos los gigantes financieros europeos y norteamericanos. Es uno de los cuatro grandes bancos públicos chinos (junto a Bank of China, Agricultural Bank of China y Chinese Construction Bank) mediante los cuales las autoridades del país controlan la economía local y los intereses financieros chinos en el exterior.

ICBC fue fundado por el gobierno chino en 1984, siguiendo una progresión meteórica desde ese momento. En 2004 recibió una cuantiosa inyección gubernamental por su elevado nivel de activos tóxicos. En 2006 protagonizó la hasta entonces mayor salida a bolsa de la historia y en 2012 se convirtió en el banco más grande del mundo, hasta ahora. En 1999 abrió una filial europea en Luxemburgo: la oficina de Madrid considerada centro de la gran trama de blanqueo es una sucursal de esta filial.

El papel de la oficina española del ICBC en la trama de blanqueo

Según las investigaciones policiales, los miembros de la trama usaban la oficina madrileña del ICBC para enviar grandes sumas de dinero a China. El banco chino habría estado ignorando la legislación española contra el blanqueo de capitales, que obliga a informar de grandes transacciones sospechosas, de modo que sus compatriotas eran capaces de enviar a China el dinero evadido en España sin despertar sospechas.

Las grabaciones policiales a las que ha tenido acceso Reuters muestran que algunos empleados clave del banco en Madrid no solo conocían las actividades delictivas de quienes enviaban las remesas a China, sino que colaboraban activamente con ellos para asegurar el éxito de la operación, contactando con empleados del banco en China. También se acusa a ICBC de aceptar facturas falsas a sabiendas, así como de facilitar la creación de estructuras con varias cuentas para que las remesas se pudieran dividir en transferencias de menos de 50.000 euros y escapar a los controles.

Pero ICBC no era el único canal de lavado de dinero. Según las investigaciones, buena parte del dinero salió de España en cajas y mochilas llenas de efectivo hacia otros países europeos, desde donde se transfería a China con un esquema similar al organizado en Madrid.

Gao Ping, el rey de los bazares chinos y cerebro de la red

Gao Ping era uno de los personajes más prominentes de la comunidad china en España. Prototipo de self-made man, trabajó como cocinero tras llegar a España, pero rápido comenzó a montar exitosos negocios de importación. En el momento de su caída en desgracia era el gran magnate de los bazares chinos en España e Italia. De una u otra forma prácticamente todos acababan contribuyendo a las arcas de Gao Ping.

Las pesquisas policiales y el chivatazo anónimo de uno de sus empleados colocaron a Gao Ping como cabeza del esquema de blanqueo de dinero que las autoridades españolas habían empezado a investigar en 2009, cuando el número de transferencias de China a España en pequeñas cantidades desde múltiples empresas comenzó a dispararse de forma sospechosa. Los documentos incautados a Gao Ping son los que parecen probar el relevante papel de ICBC en el montaje.

En la actualidad, Gao Ping está en libertad bajo fianza a la espera de juicio, tras haber pasado dos periodos en cárceles españolas. Se le acusa de blanqueo de dinero, fraude fiscal y pertenencia a organización criminal, entre otros.

Las posibles consecuencias de la investigación

Siete empleados del ICBC en España, incluyendo su director general, se encuentran en libertad con cargos. No están formalmente condenados por ningún delito, pero si eso sucediera se enfrentan a hasta seis años de prisión. Pero la clave del asunto es si se consideran delitos individuales o, en cambio, la justicia determina que el ICBC como entidad conocía y amparaba estas actividades criminales.

En el último caso, el ICBC se enfrenta a multas millonarias y, lo que es peor, la suspensión de su licencia bancaria europea. ICBC no tiene licencia bancaria española, sino que opera como sucursal desde Luxemburgo (gracias a los derechos de 'pasaporte bancario' dentro de la Unión Europea). Si los tribunales españoles demuestran que ICBC violó conscientemente las normativas europeas contra el blanqueo de capitales, las autoridades luxemburguesas podrían solicitar al BCE la retirada de la licencia bancaria.

El impacto de tal decisión para un banco de la envergadura del ICBC sería catastrófico. Las autoridades chinas se han tomado el problema como una cuestión de estado: que el ICBC pierda su capacidad de operar en Europa no está en sus planes. El gobierno chino se ha involucrado en el proceso, que podría tener consecuencias en la relación diplomática entre China y España.

La contratación pública es uno de los principales motores de la economía española, ya que supone una quinta parte del PIB. El actual modelo de contratación, sin embargo, no es eficiente. Convocatorias opacas, pliegos hechos a medida de empresas 'amigas', ofertas seleccionadas únicamente por su precio cuyo coste real se hincha después a costa del contribuyente… un desastre que ocasiona pérdidas de hasta 20.000 millones anuales.

Paradójicamente, hay dos problemas opuestos: por un lado, concursos opacos donde solo se presenta un proveedor (con un coste mayor que si hubiera competencia); por otro lado, consursos competitivos pero cuyo único criterio de selección es el precio, dando pie a ofertas ridículamente bajas que, una vez escogidas, generan importantes sobrecostes.

La poca transparencia del sistema es además una fuente de corrupción que lastra la recuperación económica. La Comisión Europea ha exigido al gobierno español tomar medidas al respecto, para garantizar un uso eficiente del dinero público. ¿Cómo mejorar el sistema de contratación pública en España?

Ni dinero ni confianza, los grandes problemas de la contratación pública

Un reciente informe de la consultora EY identificaba los tres grandes problemas del sistema de licitación pública de infraestructuras, que son extrapolables al resto de sectores. Para empezar, la corrupción: los sobornos, las comisiones ilegales o el tráfico de información privilegiada son responsables de que se liciten muchas obras sin viabilidad económica, o que aquellas que sí la tienen no acaben en manos de los mejores contratistas.

Fuente: EY - "La crisis del sistema de contratación pública en España"

Otro factor muy importante es el frenazo en la inversión a causa de la crisis. Las licitaciones de obra pública en 2015 estaban a niveles casi cuatro veces menores que antes de 2007. La necesidad de ahorro hace que el criterio de precio se prime aún más, convirtiendo muchos concursos públicos en meras subastas.

El tercer problema fundamental es la inseguridad jurídica. Condiciones poco transparentes, cientos de excepciones a las normas, diferencias a nivel autonómico o municipal, cambios legislativos frecuentes y muchas veces retroactivos... las reglas del juego no están claras y cambian sobre la marcha. Además, el nivel de transparencia de las administraciones españolas deja bastante que desear: solamente el 30% de contratos son publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público tal como marca la ley.

¿Cómo mejorar el sistema de licitación pública en España?

La ONG Transparencia Internacional reunió recientemente a representantes de las administraciones y el sector privado en un foro con el objetivo de elaborar recomendaciones para resolver los problemas asociados a la contratación pública. Las principales conclusiones del foro parecen de sentido común, aunque las administraciones se resisten a su cumplimiento:

• Hacer una ley de contratos más simple y uniforme para todos, evitando los constantes cambios legistativos (hasta 30 veces en los últimos ocho años) que generan inseguridad

• Cumplir la Ley de Transparencia: se deberían declarar nulos todos aquellos contratos no publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (que actualmente son la mayoría)

• Profesionalizar las mesas de contratación, haciendo que las decisiones las tomen funcionarios de carrera basándose en criterios públicos y objetivos, en vez de cargos políticos sin experiencia en la materia

• Mejorar los mecanismos de control y la vigilancia del cumplimiento de los contratos una vez licitados: las modificaciones de contratos tras la adjudicación deberían ser la excepción, y no la norma como hasta ahora

El cumplimiento de estas medidas podría servir para ahorrar millones de euros y eliminaría muchos de los incentivos a la corrupción que existen en la actualidad.

Mejorar es posible: lecciones que España puede aprender de otros países

Actualmente la mayoría de países europeos tienen procesos de licitación más objetivos y eficientes que el español. Por ejemplo, Portugal puntúa mucho mejor que España en transparencia gracias al portal público que gestiona todos los contratos de todas las administraciones, mientras que Chile es un ejemplo de buenas prácticas en el mecanismo de adjudicación.

Otra mejora que podemos importar de los países anglosajones es el llamado diálogo competitivo, donde las empresas concursantes no compiten a ciegas entre ellas sino donde hay un proceso cooperativo donde todas las partes interesadas aportan posibles mejoras. Normalmente el ganador final del concurso realiza una compensación económica a las empresas no adjudicatarias por su contribución al proceso.

Un aspecto que también resulta muy mejorable del proceso español es la justificación de la candidatura elegida. Bélgica, por ejemplo, destaca por proporcionar a las empresas perdedoras informes muy detallados de los criterios seguidos en la adjudicación y la puntuación obtenida en cada uno. Noruega, por su parte, hace públicas las ofertas de todos los competidores tras el concurso.

En definitiva, aunque no hay remedios mágicos, sí hay medidas básicas con las que España podría reducir significativamente la pérdida de 20.000 millones anuales. Sólo hace falta voluntad política.

En El Blog Salmón | Licitaciones públicas: ¿subasta o concurso?

Alberto Garzón ha metido la pata hasta el fondo en Twitter con su afán por ligar la corrupción del PP con las privatizaciones. Dentro el tweet en cuestión:

Tras las privatizaciones está el saqueo. Basta de expolio de lo público. ¡Que se disuelvan y devuelvan la pasta! #WaterGatePP pic.twitter.com/YyLxonPZ8I

— Izquierda Unida (@iunida) 26 de abril de 2017

La Empresa que gestiona el Canal de Isabel II, es una empresa pública al completo puesto que todo el capital de dicha empresa está en manos de administraciones públicas. La mayoría de la sociedad depende de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene un pequeño porcentaje y el resto, está en manos de otros ayuntamientos.

Es evidente que si absolutamente todos los socios de una sociedad como es el canal son instituciones públicas, el capital aportado para esa sociedad tiene un origen público y los órganos de administración de dicha sociedad, son nombrados en simultáneo por sus accionistas; que en estos casos son administraciones públicas, la empresa es pública, por más sociedad anónima que sea.

Es más, Garzón debería preguntarse justamente lo contrario; qué hubiera ocurrido si dicha empresa hubiera estado en manos privadas. Cuando una empresa responde de verdad frente sus accionistas, no se permiten los desfalcos y amaños que se han realizado de manera continuada por todos los altos cargos que el Partido Popular ha nombrado para dirigir el Canal de Isabel II.

Un consejo de administración de una empresa puede meter la mano en la caja, pero antes o después se descubre y el asunto acaba en los tribunales. Es más, en cualquier empresa civilizada, las "excursiones empresariales por Sudamérica" que ha realizado Ignacio González y el Consejo de Administración, se hubieran parado en la primera adquisición.

En los casos de empresas públicas, está claro que falla la fiscalización y el control de los cargos nombrados, que la inmensa mayoría de empresas públicas son tapaderas para los negocios de los políticos que las controlan y que se usan para su enriquecimiento personal en detrimento general de la caja pública.

La instrumentalización de los servicios públicos mediante empresas controladas por las propias administraciones, es un sistema de separación presupuestaria y de la gestión, más allá de que el capital de la empresa que lo gestiona sea público, privado o compartido (véase por ejemplo el caso de Aena, cuya mayoría es del Estado y resto está en manos privadas). Pero por ahora, las únicas empresas que no se ven afectadas por problemas serios, al menos que sepamos, son las empresas públicas que dependen del Estado (Renfe, Correos...).

Una vez que pasamos al plano autonómico y local, la empresa pública es el vehículo perfecto para evadir la Ley de Contratos del Sector Público, la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas y es el vehícul,o perfecto para que los corruptos campen a sus anchas y hagan y deshagan sin control alguno.

@cultrun Pero cómo voy a saber algo si no soy liberal y no me tocó la mano invisible con su inmensa sabiduría.

— Alberto Garzón (@agarzon) 27 de abril de 2017

Garzón yerra el tiro y lo peor no pide disculpas. Tiene munición para estar atacando la corrupción en Madrid del PP sin parar un par de meses, pero en su afán de vincular ideas, prefiere enzarzarse en disputas absurdas en Twitter, antes que reconocer el error y seguir adelante.

Me ha recordado al profesor Torres, que cometió un error garrafal hace unos días en Twitter y quedó como un caballero pidiendo disculpas por el error. Equivocarse es humano, enrocarse en el error y desviar el foco, es de torpes.

En El Blog Salmón | Cinco fallos del mercado que el Estado intenta solucionar, con más o menos éxito

Los escándalos de corrupción no paran de sucederse y ponen de manifiesto que nuestro país tiene un problema muy grave en este sentido. Por esta razón, en esta ocasión os preguntamos:

¿Cómo atajaríais la corrupción?

Respecto a la pregunta de la semana pasada sobre qué consejos daríais a alguien que está pensando en emprender, la respuesta que más habéis valorado ha sido la de bytemaniacos, que dice así:

Vete a vivir a otro país, ni te lo pienses. Reino Unido es el más adecuado para emprender. En España te van a poner todo tipo de trabas, te freirán a impuestos, y te improndrán "cuotas de autónomo" totalmente injustas respecto a lo que vas a ganar.

Os recordamos que las respuestas debéis darlas en la sección correspondiente, donde podéis además plantear cualquier pregunta que se os ocurra. La valoración de las respuestas la dais con vuestros votos, de modo que no dejéis de votar las respuestas que os parezcan más interesantes. Los comentarios a este post están deshabilitados para que respondáis a la pregunta aquí.

Imagen | Images of Money

Como parte de la solicitud de asistencia juridica mutua entre Estados Unidos y Suiza por el escándalo de corrupción que envuelve a la FIFA, la Oficina Federal de Justicia de Berna bloqueó este miércoles 13 cuentas bancarias con aproximadamente 80 millones de dólares correspondientes a personeros de la FIFA, el órgano rector del fútbol mundial. Al mismo tiempo, funcionarios judiciales suizos entregaron a los investigadores estadounidenses los documentos relativos al uso de estas cuentas bancarias. Esta es la primera evidencia que aporta Suiza al escándalo de corrupción de la Fifa destapado el 27 de mayo y que envuelve a los máximos dirigentes del organismo como Joseph Blatter y Michel Platini.

En el escándalo destapado hace siete meses y que dejó a la FIFA al nivel de la mafia, 14 integrantes del organismo fueron acusados por la justicia de Estados Unidos de soborno, fraude electrónico, extorsión y lavado de dinero. La investigación iniciada por el FBI y la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, señaló la existencia de una red criminal destinada a negociar maliciosamente los acuerdos comerciales y los derechos de transmisión de los partidos así como todo lo vinculado a la producción y visibilidad de los eventos. Sólo la empresa Nike alega haber pagado más de 40 millones de dólares en sobornos para convertirse en el único proveedor del uniforme, calzado y accesorios del equipo de Brasil.

La oficina del FBI de Nueva York comenzó a investigar al ejecutivo del fútbol estadounidense Chuck Blazer en 2010, dado que fue sorprendido omitiendo ingresos en su declaración de impuestos. Poco tardó el FBI en detectar que lo de Blazer era solo la punta del iceberg, dado que gran parte de los ingresos deportivos a nivel mundial no se declara, y esto es avalado abiertamente por las principales autoridades deportivas.

Blazer fue declarado culpable de 10 cargos criminales en noviembre de 2013, incluyendo conspiración, lavado de dinero, fraude bancario, evasión de impuestos y crimen organizado. Esto daba al mínimo 20 años de cárcel a Blazer. Pero el FBI lo convenció para reclutarlo como espía y realizar grabaciones secretas de las reuniones de la FIFA y llamadas telefónicas con los principales directivos. La información que Blazer proporcionó por este medio permitió al FBI desentrañar la oscura madeja que envuelve al mundo del fútbol y que hoy tiene atrapados a Blatter y Platini, dos de los más oscuros personajes del mundo del fútbol. La investigación está aún en pleno desarrollo y es una de las oscuras aristas develadas en este aciago 2015 que ya agoniza.