El proyecto para conectar Marruecos con la Península Ibérica sigue avanzando. Se trata de una infraestructura submarina de grandes dimensiones entre el entorno de Tánger y el Algarve portugués.

Un diseño que plantea un túnel de doble tubo, con carriles separados por sentido y un corredor técnico de emergencias que convertiría esta conexión en una de las obras más ambiciosas entre Europa y África.

Aunque continúa en fase preliminar y todavía no existe una confirmación oficial definitiva sobre su ejecución, el proyecto es todo un reto a nivel económico y logístico, pero también migratorio.

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El gasto público de España vinculado a la inmigración irregular supera ya los 1.800 millones de euros al año. Y las llegadas continúan manteniendo una fuerte presión sobre las rutas de entrada hacia territorio español.

Un proyecto que busca conectar Europa y África

La futura infraestructura pretende crear una conexión permanente entre el norte de África y el territorio europeo. Esta iniciativa aparece años después de diversos intentos de reforzar los vínculos entre Marruecos y Portugal.

Ya en el pasado se plantearon conexiones marítimas entre Portimão y Tánger, aunque las enormes dificultades operativas y económicas frenaron su desarrollo. Sin embargo, este nuevo planteamiento es mucho más ambicioso.

Además del impacto del proyecto sobre movilidad y transporte, como es lógico, también tendría implicaciones en temas como la logística internacional, comercio, turismo y relaciones estratégicas entre ambos continentes.

España afronta una elevada presión migratoria

El debate eterno sobre la inmigración añade otra cuestión que hace de este túnel un proyecto que promete seguir captando titulares.

España ocupa una posición singular como frontera sur de la Unión Europea y concentra dos grandes corredores de entrada irregular: la ruta mediterránea occidental y la ruta atlántica hacia Canarias.

Durante los últimos años, especialmente tras el refuerzo de determinados controles en el Mediterráneo, el peso de la ruta canaria ha aumentado de forma notable. Tras las aproximadamente 32.500 entradas registradas en 2019, los datos oficiales volvieron a superar posteriormente las 40.000 llegadas anuales.

Uno de los episodios más significativos se produjo en mayo de 2021 durante la crisis de Ceuta. Más de 8.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos en apenas 48 horas, evidenciando cómo los movimientos migratorios también pueden generar importantes tensiones diplomáticas.

El gasto supera ya los 1.800 millones de euros

Los más críticos con este proyecto ponen la lupa sobre si este túnel favorecerá o no la entrada ilegal de inmigrantes a España.

Atender a inmigrantes irregulares supone actualmente más de 1.800 millones de euros anuales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. En cambio, las medidas destinadas específicamente a evitar la inmigración ilegal apenas rondan los 60 millones anuales y gran parte de esa financiación procede de fondos europeos.

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Estas inversiones incluyen refuerzo tecnológico de fronteras terrestres, participación en operaciones internacionales coordinadas con Frontex y ayudas a países del norte de África para combatir redes de tráfico de personas.

Más de mil millones para acogida y protección internacional

Dentro de ese gasto total, una de las partidas más importantes corresponde al Ministerio de Inclusión.

El departamento destinó 1.116 millones de euros a la red de ayuda humanitaria y protección internacional. La cifra incluye asistencia inicial a inmigrantes llegados por vía marítima, centros de acogida y sistemas de atención integral.

La previsión inicial para 2025 se situaba en 659 millones, pero posteriormente fue necesario ampliar recursos hasta alcanzar los 979 millones. Además, el Consejo de Ministros aprobó otros 137 millones adicionales destinados a cubrir nuevas necesidades relacionadas con llegadas por patera y cayuco.

Paralelamente, la empresa pública Trasga asume servicios de alimentación, limpieza, mantenimiento y seguridad con un gasto cercano a 96 millones anuales. También se han adjudicado contratos superiores a 28 millones para adaptar instalaciones temporales de acogida en Canarias.

Ventajas y retos del nuevo túnel

Si el proyecto termina materializándose, su impacto irá mucho más allá de reducir distancias entre Europa y África. Una conexión permanente podría impulsar el comercio, facilitar nuevas rutas logísticas, reforzar sectores como el turismo y aumentar las relaciones económicas entre países con vínculos cada vez más estrechos.

Sin embargo, también abriría nuevos desafíos para España y para la Unión Europea en materias sensibles como la gestión fronteriza, la seguridad o la cooperación migratoria.

En definitiva, la futura infraestructura, si finalmente llega a construirse, no solo conectaría territorios separados por el mar. También pondría a prueba la capacidad de Europa y África para gestionar una relación económica, humana y estratégica cada vez más estrecha.

Imágenes | James Wiseman, Mourad Saadi

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno abre un ángulo económico bastante más interesante que el puramente político. Nadie espera que surja empleo de la nada, pero, en cambio, todo apunta a que parte del trabajo que ya existe dentro de la economía sumergida se visibilizará.

La medida, dirigida a personas migrantes que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026, exige, entre otros requisitos, cinco meses de permanencia ininterrumpida y permite solicitar una autorización de residencia y trabajo en el país.

Trabajo que ya existe

Ese es el primer punto relevante del que hablan los medios: el impacto esperado no está tanto en generar nuevos puestos de trabajo como en hacer visible, regular y generar cotizaciones en actividades que, en muchos casos, se realizan en la precariedad.

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Es un punto clave en sectores donde la informalidad o la vulnerabilidad administrativa pesan más, como los cuidados, la agricultura, la hostelería, la logística y parte del sector de la construcción.

En ese sentido, la regularización puede actuar como un mecanismo de afloramiento de empleo sumergido: no inventa actividad, pero sí puede empujarla hacia el circuito legal.

Más peso del trabajador extranjero

El contexto laboral español ayuda a entender por qué el asunto importa. La Seguridad Social registró en marzo una afiliación media de 21.882.147 personas, mientras que los trabajadores extranjeros marcaron un nuevo máximo con 3.151.563 afiliados, que corresponde al 14,4% del total.

De este modo, la inmigración no es un fenómeno marginal dentro del empleo español, sino una parte cada vez más estructural del propio mercado laboral.

Pese a que no existen registros completos del empleo irregular, distintas organizaciones y centros de análisis sitúan en más de medio millón el número de personas migrantes en situación administrativa irregular en España, una bolsa de población especialmente expuesta a empleo informal, precariedad y relaciones laborales más vulnerables.

Por esta razón, cualquier medida que permita trasladar empleo irregular a empleo formal tiene también un efecto directo sobre la calidad del mercado y sobre la base de cotizantes: salir de una situación irregular no solo permite trabajar legalmente, sino que da más margen para cambiar de empresa, moverse entre sectores o buscar empleo en otros territorios sin quedar atrapado en relaciones laborales más abusivas o informales.

Ese factor puede ser relevante en una economía donde siguen existiendo problemas de cobertura en determinadas ocupaciones. El propio SEPE mantiene su catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, precisamente para reflejar aquellos puestos cuya gestión resulta más complicada por falta de candidatos adecuados.

Más cotizaciones, más recaudación

La otra cara que se deriva de esta decisión regulatoria es fiscal y contributiva. Si una parte del trabajo que hoy sigue moviéndose en la informalidad pasa a declararse, el efecto inmediato se notará en la afiliación y, con ella, en las cotizaciones sociales.

Puede parecer una cuestión complementaria, pero las cifras apuntan a todo lo contrario. La Seguridad Social informó a finales de marzo de que los ingresos por cotizaciones crecieron un 7,8% interanual en los datos acumulados hasta febrero, hasta alcanzar los 31.122 millones de euros.

En un sistema que necesita consolidar ingresos para sostener el gasto futuro, ampliar la base de cotizantes tiene una lógica económica evidente: este es el núcleo económico de la medida.

Desde ese punto de vista, el beneficio potencial no se limita al trabajador que gana derechos y margen de movilidad, sino también al propio mercado: aflora actividad, mejora la trazabilidad del empleo y se refuerza la recaudación vinculada al trabajo.

Además, el proceso está diseñado precisamente para personas que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y acrediten una permanencia continuada mínima de cinco meses, lo que refuerza la idea de que hablamos sobre todo de ordenar una realidad ya existente.

Sin embargo, conviene no sobredimensionar el alcance que puede tener. Esta regularización puede ayudar a reducir una parte de la economía sumergida, pero no resolverá por sí sola ni la escasez de mano de obra en determinados sectores ni los problemas estructurales de actividades acostumbradas a operar con alta rotación, salarios bajos o condiciones especialmente duras.

Tampoco corregirá, por arte de magia, las distorsiones de productividad del mercado laboral español sobre las que hemos hablado en este medio.

Su efecto real dependerá, en buena medida, de algo mucho menos vistoso que el anuncio político: la capacidad administrativa para tramitar expedientes con rapidez suficiente. El propio Ministerio ha planteado la medida como una regularización extraordinaria de personas que ya viven en España, pero para que ese impacto se traduzca pronto en más empleo formal y más cotización hará falta una ejecución rápida.

La regularización no cambia por sí sola el modelo productivo español, pero sí puede reforzar una idea básica: cuando el trabajo que ya existe entra en el circuito legal, gana el trabajador, gana la competencia y gana también la recaudación pública.

Las propuestas de deportación masiva de inmigrantes, la cara de la política migratoria más dura de Donald Trump, parece haber calado en Vox. El partido presidido por Santiago Abascal, defiende que es la única forma de preservar el orden y garantizar el empleo para los ciudadanos españoles.

Sin embargo, la realidad de lo que ya sucede en Estados Unidos ofrece una advertencia notoria: estas estrategias tienen consecuencias económicas y sociales profundas, que no solo afectan a quienes son deportados, sino a todo el país. También a los nacionales.

En los últimos años, las redadas masivas y el endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos han dejado huella en sectores clave como la agricultura, la hostelería y la construcción. Y es que, si la mano de obra desaparece, la producción cae y las comunidades sufren las divisiones derivadas de estas políticas.

Sectores paralizados por la falta de trabajadores

En ciudades como Los Ángeles, los efectos ya son visibles. El distrito textil, tradicionalmente lleno de trabajadores latinos, se encuentra semivacío tras las redadas del ICE.

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Los pasillos de tiendas y mercados muestran una ausencia evidente de los inmigrantes que antes eran la base de estos negocios. El plan de Vox de deportar inmigrantes que copia de Trump, si se aplicara, podría provocar situaciones similares en las zonas agrícolas de España, donde muchos trabajadores temporales extranjeros mantienen las cosechas a tiempo y los precios bajo control.

En el sector agrícola estadounidense, productores de leche en Texas y cultivadores de cebolla en Idaho relatan la misma historia: cada vez es más difícil encontrar suficiente personal para mantener las explotaciones operativas.

La mano de obra extranjera, muchas veces sin papeles, supone cerca del 40% de la fuerza de trabajo en el campo estadounidense. El plan de Vox podría estar subestimando el impacto que tendría en la producción y, por ende, en los precios de los alimentos.

Impacto económico medible

Los datos muestran que las deportaciones masivas tienen consecuencias económicas claras. En California, por ejemplo, se estima que las políticas más duras podrían suponer una pérdida de hasta 275.000 millones de dólares en producción económica y 23.000 millones anuales en ingresos fiscales.

En España, muchas microempresas y sectores con alta demanda de mano de obra dependen en gran medida de trabajadores inmigrantes.

Además, la incertidumbre creada por la política migratoria agresiva afecta también en EEUU a quienes sí tienen permisos en regla. Muchos trabajadores legales están optando, al menos de momento, por no presentarse a trabajar por miedo a ser detenidos por error o a ser interrogados.

Tensión social y oposición ciudadana

Las protestas también han crecido en Estados Unidos a medida que las tácticas de las redadas se intensificaban. En ciudades como Los Ángeles, miles de personas han salido a las calles para denunciar las medidas del ICE y la Guardia Nacional. De aplicarse en España, también podría provocar un aumento de la polarización social, donde ya existen divisiones marcadas en torno al tema de la inmigración.

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Incluso dentro de la propia administración estadounidense, las posturas no siempre coinciden. Mientras algunos asesores promueven la mano dura, otros, más próximos al sector agrícola, reconocen la necesidad de trabajadores extranjeros para mantener las industrias esenciales en funcionamiento. El debate, una vez más, está servido.

Reformas pendientes y alternativas

Las voces en Estados Unidos que piden una reforma migratoria integral son cada vez más numerosas. Agricultores, asociaciones hoteleras y organizaciones civiles reclaman una vía legal para que los trabajadores indocumentados puedan regularizarse y seguir contribuyendo a la economía.

En el campo estadounidense, muchos productores han tenido que renunciar a cultivos enteros por falta de personal, mientras que otros han optado por pagar sumas elevadas para traer trabajadores temporales con visado, un proceso largo y costoso que aumenta los precios.

El debate sobre la inmigración sigue siendo complejo y polarizado, pero la experiencia estadounidense demuestra que las políticas extremas generan más problemas que soluciones.

La política migratoria de Estados Unidos acaba de cruzar un umbral histórico. Con la aprobación del llamado Big Beautiful Bill, la agencia federal encargada del control migratorio y las deportaciones (en inglés, ICE) recibirá el mayor presupuesto de su historia.

El nuevo plan, impulsado por el presidente Donald Trump y su entorno, supera los 100.000 millones de dólares hasta 2029 y destina más fondos a la lucha contra la inmigración ilegal que los que gasta un país europeo como España en Defensa.

100.000 millones para controlar la inmigración

A la espera de la firma presidencial, la legislación aprobada por el Congreso establece un gasto total de 100.000 millones de dólares para ampliar las capacidades de detención, deportación y vigilancia.

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Solo en construcción del muro fronterizo y de las tecnologías asociadas, la ley destina 46.000 millones de dólares; además, se reservan otros 45.000 millones para aumentar la capacidad de detención,incluyendo infraestructuras, logística y personal.

La magnitud del gasto es tan enorme que resulta difícil de transmitir. Para contextualizar, el Ministerio de Defensa de España gastó en 2024 alrededor de 11.000 millones de euros (una décima parte) de lo que recibirá la agencia federal en el próximo lustro.

Según las estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, se contratarán, por lo menos, a 10.000 nuevos agentes, además de miles de refuerzos para la Patrulla Fronteriza y el personal de prisiones asociado. De igual modo, se pretende incrementar la capacidad para realizar arrestos masivos, procesos exprés y expulsiones inmediatas.

El impacto ya se está notando. Desde la aprobación de la ley en el Congreso, ICE ha intensificado sus operaciones y se calcula que más de 200.000 personas han sido deportadas en apenas tres semanas. La agencia opera bajo protocolos más flexibles y menos requisitos judiciales, lo que ha facilitado redadas a gran escala.

Costoso, polémico y poco humanitario

El crecimiento del ICE no está exento de críticas. Las organizaciones de derechos humanos y una parte notable de los políticos del bando demócrata han denunciado que este marco legal pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas migrantes. Como prueba, solo en 2025, se han registrado al menos 13 muertes en centros de detención migratoria: el doble que en 2023.

Además,según un análisis del Economic Times, el nuevo sistema podría generar un impacto negativo en el mercado laboral: eliminar mano de obra migrante sin ofrecer alternativas, se traducirá en escasez de personal y pérdida de productividad en numerosos sectores. El informe calcula que hasta 6 millones de empleos están en riesgo si el programa se implementa en su totalidad y se prolonga en el tiempo.

Fronteras, y promesas electorales

El Big Beautiful Bill no solo es un paquete presupuestario, sino una declaración política en toda regla. Trump ha defendido el plan como una “defensa de la ley y el orden”, y como una forma de “recuperar el control sobre el país”.

Una polémica que se suma a la larga lista de controversias protagonizadas por el actual presidente estadounidense. Recientemente, desde un centro de detención en Florida, Trump llegó a amenazar con “arrestar” al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, acusándolo de residir de manera ilegal y calificándolo de “comunista”. Expertos legales y líderes demócratas han rechazado la acusación, calificándola de provocación política y ataque a las normas democráticas.

De este modo, ICE se convierte así en el brazo ejecutor de una estrategia más amplia que busca proyectar firmeza frente a la inmigración, con un coste económico y social que no tiene precedentes entre las democracias occidentales.

Mientras tanto, la comparación con otros países resulta inevitable. Pocos gobiernos en el mundo dedican una proporción tan elevada de recursos a perseguir y detener migrantes. Ninguno lo hace a la escala que plantea ahora Estados Unidos y, probablemente, tampoco dependa tanto de la inmigración como el coloso americano.

Un modelo que, más allá del muro, levanta preguntas difíciles: ¿es sostenible? ¿es eficaz? ¿a qué precio? Y, sobre todo, ¿es humano y democrático?

Tras el último informe del CIS, la prensa española ha compartido cómo la inmigración aparece como el primer problema que perciben los españoles. Sin embargo, ¿es posible que esta encuesta se haya analizado de forma sesgada? Pues todo indica que sí.

La realidad es que, con los datos en la mano, la mayoría de los españoles han dado una respuesta distinta: señalando a la clase política muy por delante de la inmigración, aunque el CIS haya recogido, organizado y unificado las respuestas de otra forma.

La preocupación crece: política, prensa, crisis en Canarias

Si bien el barómetro de septiembre del CIS, confirma que durante el verano este problema (la inmigración) ha ido acogiendo más y más importancia para los españoles (del 16,9 % en julio al 30,4 %), así como ha hecho notar que empezamos a tener dudas y recelos frente a las migraciones por encima de otros temas, el modo en el que la prensa y el propio CIS han presentado las conclusiones parece alejado de la realidad social.

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Estas cifras nos llevan a 20 años atrás: en 2006, hasta un 59 % de los españoles (que se dice pronto) veían la inmigración como el principal problema de España.

La atención política y mediática de los últimos meses, no obstante, ha vuelto a poner en el foco a los migrantes irregulares; en gran parte, debido a ciertos episodios destacados, como la afluencia en las Islas Canarias, con un aumento de un 369 % de refugiados frente a 2023.

La reactivación de la ruta canaria, que llevaba varios años en descenso y que, es un viaje peligroso para salir desde las costas de Senegal y Gambia para los migrantes con menos recursos. Anteriormente, las salidas solían hacerse desde la costa marroquí y el Sáhara Occidental con dificultades similares.

Todo ello, ha hecho que la Comunidad Europea y los países miembros actualicen y reevalúen las políticas de lucha contra la inmigración irregular, que se percibe también desde la Administración como un caldo de cultivo que debe ser controlado.

La falta de control por parte de la Administración española, las constantes noticias en prensa y televisión y el discurso político, han hecho crecer este recelo hacia la inmigración, pero... varios medios ya han alertado de una "percepción cocinada". Y es que, según las respuestas, la inmigración no es el mayor problema, sino la clase política.

Sobre la lectura que hace el CIS

En esta línea, la tuitera Olga Palombi compartía una serie de tuits en los que explicaba la importancia de entender el CIS como una serie de preguntas abiertas y espontáneas, cuya idea es facilitar una opinión más libre y sincera por parte del entrevistado sobre aquello que le preocupa. De este modo, es probable que varias respuestas puedan aludir al mismo tema.

He señalado en amarillo las que aluden a los políticos, la política en general, la falta de acuerdos, los conflictos. Quizá no todas son lo mismo pero son muchas menciones alrededor de lo mismo. Y esto se ha pasado por alto. Si sumáramos todas estaríamos por encima del 50% (4/5) pic.twitter.com/sG1JwaCTee

— Olga Palombi (@olgapalombi) September 20, 2024

Por ello, la tarea del CIS, en este caso, será siempre ordenar, codificar y agrupar las respuestas de forma temática. Si agrupamos las respuesta sobre políticos, política, falta de acuerdo o conflictos relacionados con la política, hablamos de más del 50 % de las respuestas que dan el primer puesto a la clase política.

Eso no evita que la inmigración se perciba como el segundo gran problema. Aun así, medios como Público afirman, además, que la forma de diseñar el cuestionario y el orden de las preguntas sumado al enfoque de los medios está fortaleciendo un problema en el imaginario social que no coincide con la realidad, donde la inmigración ilegal (según el medio citado) afecta personalmente solo al 13,7 % de los encuestados.

En cualquier caso, todo indica que la cuestión de la inmigración ilegal resurgirá en los próximos años; en parte, debido a la falta de medidas efectivas, pero también a la prensa, los medios y la clase política. Si este artículo debe cerrar con una conclusión, prefiero dejar en el aire una alusión en pos de la responsabilidad moral de los medios y el buen periodismo.

La globalización liberal que siguió al colapso del Imperio Soviético ha sido el evento político más importante desde Hitler. Tanto es así, que hay quien habla de sustituir el eje izquierda vs. derecha por globalismo vs. etno-nativismo. Hoy nos sumaremos a este choque de trenes ideológico de la mano del gran Branko Milanovic.

Entre los méritos del serbio no sólo se cuenta su defensa de una forma ecléctica de ver la economía, sino el de mantenerse cabal. Sonará a broma, pero ser honesto le supone desmarcarse de la mayoría de referentes socialdemócratas. Basta observar las loas al kirchnerismo de Stiglitz y Krugman o a las mentiras sobre el modelo chino de Rodrik.

Hablaremos del debate de titanes entre Robert Schiller, Nobel de Economía 2013, y el propio Milanovic. Quienes, pensando en el ideal cosmopolita del Área Schengen de la Unión Europea, se preguntan: “¿es posible abolir las fronteras en todo el mundo?”

Aldea global: instrucciones de uso

Aunque se travista de teleólogo pseudo-hegeliano (à la Fukuyama), Schiller se basa en el teorema de Samuelson sobre la igualación de factores. En román paladino: parte de la certeza matemática de que extender unas reglas del juego comunes, las instituciones liberales (rule of law, propiedad, etc.) tenderá a conseguir que se pague el mismo sueldo por el mismo trabajo, ya seas informático en Bangalore o en Silicon Valley.

Aunque los modelos formales de este tipo se basan en premisas imposibles (como transporte gratis o información perfecta), nos sirven para prever tendencias. El libre comercio no igualará por completo los precios de los factores, pero sabemos que los acercará mucho. Veámoslo con un ejemplo:

• India tiene mucha gente y pocos ahorros. Es decir, allí el trabajo es relativamente barato y el capital es relativamente caro. En Suiza, donde hay mucho dinero y poca población, pasa lo contrario. Por ello, en Mumbai será barato producir lo que requiera mucha mano de obra, como la ropa. En Zúrich será barato producir lo que requiera máquinas costosas, como los relojes.

• Con libre comercio, los indios comprarán relojes de Zúrich, que necesitará más maquinaria (demandado para ello más capital). Lo mismo ocurrirá con la demanda de mano de obra en Mumbai cuando los suizos disparen sus ventas de ropa.

• Como la mayor demanda de capital en Suiza y de trabajo en Mumbai encarece esos dos factores, la situación inicial se modera. El trabajo indio y el capital suizo seguirán siendo relativamente baratos, pero menos que antes de que el consumo extranjero los encareciese.

Así, razona Schiller, conforme se extiendan las instituciones de mercado por el Tercer Mundo, el libre comercio tenderá a igualar sus sueldos con los occidentales. De ser cierto, la propia globalización acabaría con los incentivos económicos a la migración, haciendo políticamente posible abolir la frontera entre Europa y el mundo.

Milanovic recoge el guante y cuestiona la sostenibilidad política de ese ideal, recordando lo que el teorema entiende por libre comercio: el libre tránsito de mercancías, de capitales… y de personas.

Los dos primeros no deberían generar mayor debate, pues mejoran enormemente el bienestar conjunto sin abrir guerras culturales. Hoy sabemos que no es así: sobran tontos útiles dispuestos a proteger el interés cortoplacista de lobbies minoritarios. Pero el quid de la cuestión es el tercer punto:

• Por el lado occidental, ¿no brotarían como setas nuevos Trump con discursos contra la inmigración? ¿Debemos obviar que menor desigualdad global es mayor desigualdad nacional (o, directamente, plantearnos si son los países o los individuos quienes deben preocuparnos)?

• Por el otro lado, ¿no destruiría ese éxodo miles de culturas y lenguas? Más aún: ¿es justo mantener la diversidad cultural a costa de la miseria del Tercer Mundo?

Este artículo no pretende más que arrojar un poco de luz sobre el primero de estos interrogantes. Grosso modo, es cierto que cerrar su diferencia de ingresos respecto al Tercer Mundo permitiría a Occidente abrir sus fronteras a la inmigración sin experimentar un éxodo masivo. Pero, claro, no vale hacerlo de cualquier forma.

Convergencia y pesimismo

En las teorías del crecimiento siempre acaba apareciendo el factor convergencia: los países pobres terminan alcanzando a los ricos porque pueden “acelerar” su desarrollo aprovechando las últimas tecnologías. En otras palabras: su avance hacia la frontera tecnológica es más rápido que el avance de la propia frontera.

Sin embargo, traer esta teoría a tierra exige restringirla. El libre tránsito de capitales y mercancías o la movilidad de personas dentro del Sur Global distarán de la perfección. Además, el populismo xenófobo hace esperar pocas remesas de divisas desde Occidente.

Un milagro económico de estas dimensiones sólo sería comparable con el de China. Entre 1977 y 2017, su renta creció un 8,5% anual de forma sostenida. Una cifra tan apabullante que consiguió sustituir la diferencia de renta inicial respecto a Estados Unidos (de 50 a 1) por la actual (de 4 a 1).

La última década ha sido todo un éxito para el desarrollo de África, pero la renta sólo creció un 4,5% anual en el área subsahariana. Menos un 2,4% anual de crecimiento demográfico proyectado para las próximas décadas. Abreviando: de repetirse el milagro chino, en África se seguiría cobrando la mitad que en Europa dentro de 50 años.

Perspectiva y optimismo

Cerremos con motivos para la esperanza. Se abordará desde dos ángulos diferentes: el pragmatismo y la subjetividad. Primero, ¿por qué dicen desigualdad cuando quieren decir pobreza? Segundo, en palabrería kantiana: ¿qué cabe esperar?

Por alguna razón completamente ajena a que el sistema esté erradicando la pobreza, quienes viven de criticar al sistema siempre la confunden con la desigualdad. Empero, las diferencias son abismales. De hecho, en este caso resultan especialmente llamativas.

Europa es un laboratorio fantástico para la cuestión. ¿Por qué los españoles no emigran a Irlanda en igual proporción que los búlgaros a España, si ambos responden a un diferencial 1 a 2? Porque la clave está en la renta absoluta y no en la relativa.

Y, lo que es más importante, ¿por qué los húngaros no emigran en masa a Noruega, perteneciendo ambos a Schengen y teniendo un diferencial de 1 a 6? Porque hay un techo de renta a partir del cual los incentivos económicos para emigrar son inhibidos.

Esta segunda cuestión se entrelaza con lo comentado anteriormente respecto a la subjetividad. ¿Cabe esperar que un analfabeto se despierte siendo bróker por haber emigrado a la City londinense? Como es obvio, los incentivos deben tener cierto anclaje en la realidad para ser efectivos.

A mí, que sumaba con los dedos hasta anteayer, no me tienta mudarme al departamento de astrofísica del MIT, y eso que no paga mal. A un somalí sin formación no le tienta más estar desempleado en Suecia, pasando frío, que trabajar en Etiopía. Aquí lo explica el propio Rodrik, brillante cuando se quita el rentable disfraz de crítico del sistema.

En resumen: sin cierta convergencia económica será políticamente imposible abolir fronteras, pero no tiene por qué ser absoluta. Al ritmo actual, el África Subsahariana tardará 30 años en alcanzar la renta de la actual Hungría. Algo más de 15 al ritmo chino. Quizá el ideal cosmopolita no esté tan lejos como podría parecer. Nunca apuestes contra el ingenio humano.

En todo el mundo desarrollado existe un problema de inmigración. La tensión en España fue máxima en la época del boom y ahora se ha relajado (los que entran lo hacen de paso) pero en general está claro que mucha gente del todo el mundo quiere residir en algunos países muy desarrollados (Europa, EEUU, Canadá, Japón, Australia...) y están dispuestos a entrar ilegalmente con la esperanza de una vida mejor.

La esperanza es tal que existen mafias que ayudan a atravesar los países necesarios y llegar de forma ilegal al ansiado Edén. Y he aquí donde surge una idea de la que ya hablan algunos economistas: ¿Y si los Estados le pusieran un precio a la residencia o nacionalidad?

Ahora mismo existe un precio para cruzar ilegalmente las fronteras, que depende del país de origen y destino. También es cierto que una vez que cruzan la tarea de lograr una vida digna no es sencilla, ya que no tienen papeles para trabajar ni tienen los mismos derechos que el resto de residentes legales. Y además hay un intermediario normalmente criminal que se lucra en el proceso, las mafias.

La idea sería sencilla: se le pone un precio a la residencia o a la nacionalidad. Cualquiera que quiera venir simplemente tendría que pagar dicha cantidad al Estado receptor, comprar un billete de avión y ya está. Seguramente, claro, pasar algún tipo de investigación para descartar a criminales o terroristas, pero la mayoría de la gente no lo es.

Pros y contras

** ¿Qué tendría de positivo?** Primero, los Estados lograrían recaudar una cantidad significativa si el precio de la legalidad se establece en una zona cercana a lo que actualmente cobran las mafias, varias decenas de miles de euros; segundo, dejarían de existir las escenas desgraciadas en los pasos fronterizos; tercero, el mundo desarrollado tiene una espiral demográfica demoledora y su sistema del bienestar se tambaleará, es necesario un nivel de inmigración suficiente para superar esto (aunque traiga tensiones a corto plazo).

Es cierto, también tendría cosas negativas. Este modelo seguramente elevaría la tensión que la inmigración trae por choque cultural; también crea problemas ya que a mayor demanda de empleo menores los salarios (o elevaría el paro en ciertos sectores); otro problema que tiene es que es algo injusto ya que no todo el mundo podría permitirse esa cuota y las mafias seguirían existiendo (a no ser que se creara un sistema a base de cuotas con el inmigrante ya en el país); también elevaría el número de inmigrantes dispuestos a venir que quizá no lo hacen por lo complicado que es (efecto llamada); y por último, quizá este modelo atraería más a gente poco cualificada que quizá no es lo que más necesitan las economías desarrolladas (a pesar de poner una cuota alta, esto sería una barrera más para quien quizá vive relativamente bien en los países de origen).

En definitiva, estamos ante una propuesta polémica que se asemeja bastante a la legalización de las drogas: atajar un problema es complicado pero quizá dejar de considerarlo un problema y convertirlo en una fuente de ingresos para los Estados sea la solución.

Imagen | Lene Melendez

Día tras día el drama de los refugiados que huyen de Siria buscando una segunda oportunidad en el seno de la Unión Europea no cesa. Por esta razón, en esta ocasión os preguntamos:

¿Están preparadas las economías europeas para soportar el drama de los refugiados?

Respecto a la pregunta de la semana pasada sobre qué deberíamos hacer con el Salario Mínimo Interprofesional, la respuesta que más habéis valorado ha sido la de victorjba, que dice así:

Subirlo. Y bastante. ¿Por qué? Se habló mucho (y no se hizo nada) en su día sobre el necesario cambio de modelo productivo en España. Un modelo basado en salarios bajos, en bajo valor añadido... Pero que da unos márgenes empresariales que son los más altos de Europa. Subir el SMI obligaría a cambiar muchas cosas: ya no se podría ganar más a costa de bajar sueldos, habría que buscar mayor valor añadido (investigación, innovación...). En definitiva: la gráfica de Magnet es muy clara, se ven cuáles son los países "de 1ª" y cuáles los "de 2ª". Y España está de 2ª y bajando.

Os recordamos que las respuestas debéis darlas en la sección correspondiente, donde podéis además plantear cualquier pregunta que se os ocurra. La valoración de las respuestas la dais con vuestros votos, de modo que no dejéis de votar las respuestas que os parezcan más interesantes. Los comentarios a este post están deshabilitados para que respondáis a la pregunta aquí.

En El Blog Salmón | Acoger a refugiados es buen negocio

Estos días vemos a tantos y tantos refugiados llegando a las costas europeas, pagando muchos millones a los traficantes para ello, como he comentado en estas páginas. Como consecuencia, los países europeos siguen debatiendo y negociando cuántos de los refugiados cada país van a tomar en sus países.

Como suele pasar con los políticos e general y los políticos europeos no son menos, este debate que estamos oyendo toma los temas justo al revés. Los países europeos deberían estar peleando para tomar más refugiados no menos y, una vez más, Alemania se está adelantando.

Los refugiados se necesitan

Hay dos razones principales por el cual los refugiados deberían ser bienvenidos, primero, por razones demográficas y, segundo, por razones de su capital humano y de su impacto positivo sobre las economías que los reciben.

En el primero, con el alto nivel de desempleo en muchos países, se entiende que no se esté considerando las necesidades demográficas futuras de las economías desarrolladas, pero debemos tener claro que los países ricos no podrán mantener su ritmo económico sin más inmigración con el envejecimiento de la población y la baja natalidad y, si la inmigración es de alto nivel de capital humano, pues aún mejor.

Los que vienen son los que pueden

Está claro que los refugiados que llegan a las costas europeas, en su promedio, son los que más pueden, los más solventes y de las clases medias. De los varios millones de refugiados que hay con las guerras en Siria e Iraq, más del 90% están en la zona, especialmente situados en los desplazados dentro de Siria e Iraq, en Líbano, en Jordania y en Turquía. Muchos refugiados en número y en porcentaje de población.

Como ya he hablado en estas páginas, los pocos que han llegado a Europa han podido permitirse pagar el viaje, sin menospreciar el riesgo a sus vidas que ha supuesto su camino. La gran mayoría de los refugiados no se pueden permitirse pagar para llegar a Europa y por eso siguen donde están.

Esta es una de las dos razones que el gobierno británico ha dado, cuando anunció que aceptaría 20.000 refugiados en los últimos cinco años. Dijeron que no aceptarían los refugiados que ya han llegado a Europa, ya que estos ya están salvos y que Europa cuidará de ellos. Dijo que sólo aceptaría refugiados que siguen en los campos de refugiados de la zona.

Los refugiados son rentables

Refugiados con alto capital humano costarán menos y aportarán más en el futuro. Estudios pasados demuestran que refugiados de alto capital humano aportan mucho a lo largo de sus vidas económicas, de sus trabajos y de sus actividades emprendedoras.

Para eso, por supuesto que es imprescindible permitirles entrar al mercado laboral si pueden sin obstáculos o retrasos.

Para tomar la decisión de aceptar o no un refugiado, es importante evaluar el impacto a lo largo de sus vidas y no sólo los costes inmediatos. Normalmente, los refugiados que llegan son jóvenes, muy motivados para buscarse la vida, bien educados, con habilidades y conocimientos, con más tendencia emprendedora que el promedio y con mucho entusiasmo para buscarse la vida.

Además, muchos reciben bastante ayuda de sus familiares y conciudadanos para ayudarles a establecerse, que implica menos carga a las arcas sociales y, como están escapando a los extremistas, la guerra y la violencia, en general no vienen a fomentar esto.

Los refugiados aumentan los mercados de consumo de los productos nacionales, la creación de nuevos mercados, traen nuevas habilidades, proporcionan empleo y cubren puestos de trabajo que otros no quieren.

Para maximizar el beneficio, es necesario que los gobiernos, las empresas y las sociedades enteras se muevan para sentar las bases:

• para integrarlos en en mercado laboral
• eliminando las barreras a su entrada
• evaluando sus conocimientos y habilidades
• estableciendo programas de educación y formación para acelerar su progreso
• agilizar los procedimientos para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y educativas
• la evaluación de las cualificaciones en el momento de su inscripción
• dedicar dinero para ayudarles a aprender el idioma, aunque por lo menos inglés va a ser bastante común

Nueva Zelanda

El gobierno neozelandés ha estimado que cada refugiado cuesta más de 45,000 euros en gasto de salud, vivienda, educación y desarrollo social. Aunque se debería evaluar si estas cantidades son gastos y inversiones, como la educación de los niños, ¿es gasto o es inversión?

Alemania

Alemania estima que aceptará 800.000 refugiados este año y que costará 10.000 millones de euros, estimando un coste de entre 12.000 y 13.000 euros cada refugiado para cubrir costes de alojamiento, alimentación, dinero en efectivo, los costos de salud y los gastos administrativos.

Aunque no todos allí están de acuerdo, no obstante, ven que los que se queden traerán muchos más beneficios económicos para el país con más envejecimiento y baja natalidad.

Además, dicen que necesitarán 1,5 millones de inmigrantes para estabilizar su seguridad social en el medio y largo plazo y estos reducirán la edad media de la población, algo muy necesitado en un país donde, a 2060, proyectan que un tercio de la población tendrá más de 65 años.

Reino Unido

En Reino Unido se hizo un Estudio donde analizaron el impacto fiscal neto de la inmigración, definido como la diferencia entre los impuestos y otras contribuciones que los inmigrantes hacen a las finanzas públicas y los costos de las aportaciones y los servicios públicos que reciben.

Concluyen que la inmigración tiende a beneficiar la carga de deuda del país en el medio y largo plazo, ya que los inmigrantes suelen ser de edad de trabajar y contribuyendo a la seguridad social y no de ser carga a la seguridad social.

Australia

En Australia estudiaron (PDF) el impacto económico positivo de la aceptación e integración de refugiados, en este caso asiáticos, en una comunidad Australiana.

El Banco Mundial

El Banco Mundial en un informe de 2006 (PDF) concluyó que si 14,2 millones de trabajadores pasaron de los países pobres a los países ricos entre 2001 y 2025, aumentando la fuerza de trabajo de los países ricos en un 3% los salarios anuales en el mundo crecerían por 430.000 millones de euros a 2025, especialmente dando a inmigrantes más capital y tecnología para trabajar que lo que hubieran tenido en sus países de origen.

Es más, las ganancias salariales alimentan la prosperidad mundial con más facilidad con lo que buscan los gobiernos, ya que los asalariados utilizan el dinero para comprar más bienes y servicios.

Conclusión

Además, si algunos de estos refugiados vuelven a sus países, tendrán habilidades y conocimientos para ayudar en la reconstrucción de sus países y llevarán contactos y vínculos que beneficiarán a los dos países.

Si estos argumentos convencen, incluso se podría justificar el argumento de enviarles trenes y autobuses para traerles, mejor que paguen sus viajes que lo paguen a las mafias.

Vía | Project Syndicate, Foreign Policy, New Scientist, Business Insider, ABC y Spiegel
En El Blog Salmón | Los altos ingresos del tráfico de refugiados
Imagen: LA Times

Estos días se está viendo la llegada a Europa de muchos refugiados provenientes de Oriente Medio, aunque del norte de Africa también han estado viniendo, especialmente con el último saldo de Libia. Más de 150.000 refugiados han aterrizado este año en la costa italiana desde enero del 2015, añadidos a los muchos miles que siguen llegando con primera entrada en el este de Europa queriendo pasar al corazón de Europa.

Muchos de estos movimientos son facilitados por unos profesionales de logística, los traficantes de personas, que están metidos en un negocio muy rentable para ellos, que es lo que quiero tratar, sin hablar de los elementos humanitarios muy graves de lo que estamos viendo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que los beneficios globales anuales generados por el tráfico de personas llega a alrededor de 28.350 millones de euros y dicen que 161 países son afectados por el tráfico. Esta actividad está en tercer lugar de los negocios ilegales después de las drogas y la venta de armas. Normalmente, este tráfico de personas está más relacionado con la esclavitud y el trafico de mujeres, no obstante, el tráfico de refugiados sigue siendo un negocio suntuoso y creciente.

El negocio criminal puede ser muy rentable.

Hay mucha información anecdótica sobre lo que los refugiados tienen que pagar para financiar su traslado y lo que los traficantes se llevan, incluyendo los siguientes:

• Según un informe del Centro de Terrorismo Internacional de la Academia de Policía de Turquía, en 2011, más de 9.000 traficantes en Turquía acumularon ingresos de 268 millones de euros por tráfico de personas.
• Un guardia asignado para proteger a los refugiados en Estambul, por ejemplo, cobra 26,60 euros, los que alquilan sus barcos exigen al menos 2.660 euros por semana y el capitán de una expedición a la costa italiana recibe hasta 8.860 euros por viaje.
• Muchas personas pagan para llegar a la costa libia, antes de cruzar el charco. Por ejemplo, una enfermera de Eritrea, pagó 6.200 euros para llegar a Libia desde Sudán.
• La policía en Italia cree que los traficantes se llevaron 2,5 millones de euros del viaje del barco Ezadeen (ver ruta arriba), con 359 personas a bordo y con cada viajero pagando entre 3.500 a 6.200 euros cada uno.
• Barcos se cargan con 350, 700, 800 refugiados, mucho dinero por viaje.
• En una semana muy ocupada se pueden ver 20 viajes.
• Un sirio ha dicho que tuvo que pagar 7.000 euros (el doble del sueldo anual en Siria) para llegar a Italia que, con 200 pasajeros hace un viaje generar 1.400.000 euros.
• Si un barco viejo cuesta 100.000 euros, los beneficios son muchos.
• Los traficantes incluso están atrayendo a familias a sus barcos con ofertas, al permitir que los niños viajen sin coste o a mitad del precio.
• La Organización Internacional para las Migraciones dijo que al menos 364.000 personas han cruzado el Mediterráneo a Europa este año.
• Incluso a un promedio de 1.000 euros por persona nos lleva a ingresos que los criminales no pueden resistir.

Los traficantes se aprovechan de la tensión entre la necesidad de migrar, por razones humanitarias o económicas, contra las restricciones por motivos políticos de los países más desarrollados.

Está claro que es un buen negocio para los traficantes y, como tal, no debemos esperar que frenen en su actividad.

Mientras existen personas necesitadas y las puertas se mantienen cerradas para la entrada legal, los refugiados continuarán pagando, los que puedan, y los traficantes continuarán enriqueciéndose.

Vía | BBC News, BBC News, RT, WSJ, Independent, Spiegel y Guardian (todos en inglés)
Imagen | Rutas a Europa y Ruta del Ezadeen