El sector financiero parece estar inmerso desde hace años en un cambio absoluto en la manera en la que se relaciona con los usuarios. El auge de la digitalización está llevando a que poco a poco la brecha digital cada vez sea mayor, algo que lo sufre en demasía la población más mayor, personas con discapacidades y aquellos que viven en zonas con menos habitantes.

La digitalización, la búsqueda de eficiencia, las fusiones entre entidades y la propia pandemia del Covid-19, ha llevado al cierre de miles de oficinas bancarias, que en muchos de los casos han dejado a numerosos pueblos españoles sin entidades. Ahora encontramos municipios de la geografía española en la que ir al banco se convierte en un imposible.

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El cierre de las oficinas bancarias que arrancó con la crisis financiera

El panorama actual de la banca se reduce a una reducción considerable de oficinas, la deshumanización y el abandono de la atención personalizada. Un proceso que arrancó con la crisis financiera del año 2008 y que desde entonces es imparable.

Así se extrae del informe del Banco de España del año 2018. El informe titulado Cierre de oficinas bancarias y acceso al efectivo en España, que fuera elaborado por la directora general de Efectivo y Sucursales, Concha Jiménez, y la directora del Departamento de Emisión y Caja del Banco de España, Helena Tejero Sala, pone de manifiesto como desde el año 2008 hasta el 2018 la situación ha sido imparable.

El estudio apunta a que desde el año 2008 ya el número de oficinas bancarias había descendido en 17.873, colocando a la comunidad autónoma de Andalucía como la región con mayor número de entidades dada a su población y extensión. Desde el año 2017, y a pesar del cierre de las oficinas, España continuaba siendo uno de los países con mayor número de oficinas por habitante.

A fecha de 2017 y según se extrae del informe del Banco de España, un total de 4.109 municipios ya carecía de oficinas bancarias, un hecho que afectaba al 2,7% de la población y que suponía que el 1,96% aproximadamente no tuviera puntos cercanos de acceso al afectivo. El grueso se localizaba en la comunidad autónoma de Castilla y León.

El informe sitúa un imponente recorte de oficinas bancarias. De esta manera en el año 2017 la cifra de 27.706 sucursales era equiparable a las que había en el año 1981, que rondaban las 27.676 oficinas. Después de un ascenso en el año 2008 con más de 45.000 sucursales, a partir del año 2013 el decrecimiento ha sido una realidad.

La aceleración del proceso

Ahora en 2023 parece que la banca española ha puesto fin al continuo cierre de oficinas bancarias. En el año 2022, España contaba con un total de 47,6 millones de habitantes y 17.735 sucursales, es decir una por cada 2.683 personas. En esta situación, según datos del Banco de España, la comunidad autónoma de Canarias es la que menos sucursales por habitante presenta que ha pasado en diez años de contar con una sucursal por cada 1.702 habitantes a una por cada 3.638.

A las islas le siguen Cataluña y Madrid con 3.482 y 3.369 oficinas por habitante respectivamente, frente a las 1.702 y 1.226 que tenían en 2013. Por encima de las 3.000 se ubica también la Comunidad Valencia, que frente a las 1.251 oficinas que tenía por habitantes hace diez años, en 2022 contaba con 3.055.

Con más de 2.000 oficinas por habitantes encontramos las comunidades autónomas de Murcia (2.915), Cantabria (2.794), Baleares (2.766), Andalucía (2.709), Galicia (2.633), País Vasco (2.209) y Asturias (2.182). Por debajo del ranking se sitúan Castilla y León (1.952), Castilla La Mancha (1.869), Navarra (1.623), Extremadura (1.593), Aragón (1.558) y La Rioja (1.492).

Si atendemos por entidades bancarias, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco, redujeron en el pasado año un total de 1.360 oficinas en España, contando ya con un total de 10.500 sucursales cerradas. Su plantilla descendió con 5.800 empleados menos que en 2021, rondando los 120.600 en 2022.

La España rural la que peor situación presenta

La población que vive en zonas rurales españolas se encuentran con mayores problemas que aquellos que viven en grandes ciudades. Esto se corrobora con el número de entidades que han ido cerrando y que han acabado por dejar a 121 municipios sin sucursales bancarias.

Con los últimos datos aportados por el Banco de España, el país ya cuenta con 4.618 pueblos sin oficinas bancarias, de un total de 8.131. Las consecuencias son que el 57% de los municipios españoles no tienen acceso a los servicios financieros de manera presencial, y se ven limitado al sistema digital.

Si analizamos el mapa, son las provincias de la mitad norte y las del Mediterráneo las que más han sufrido estos cierres. Así pues, es Castilla y León la comunidad autónoma la que peor situación presenta, y es que encontramos a Palencia con una tasa de municipios sin sucursal del 91,6%, Zamora y Salamanca con un 89,5%, Ávila con un 86,7%, Valladolid con 86,2%, Soria con 84,7%, Burgos con 84,4%, Segovia con 81,3% y León con el 78,2%.

Castilla La Mancha se sitúa con Guadalajara en una tasa del 85% de pueblos sin oficina. Por detrás y superior al 70% se encuentran Cáceres y La Rioja; con más del 60% vemos a Castellón, Teruel, Cuenca, Almería, Tarragona y Huesca; y en Lleida, Cantabria, Zaragoza, Girona y Navarra más del 50%.

Vender una vivienda no solo es recibir dinero a cambio de lo que vendemos sino que existen unos gastos asociados. Entre los principales gastos que nos encontramos son los impuestos que tenemos que pagar, que casi siempre son un importe bastante considerable.

Los impuestos que hay que pagar a la hora de vender una vivienda es el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU – Plusvalía municipal).

El IRPF se paga por la ganancia patrimonial

El IRPF se calcula en función de la ganancia patrimonial que ha obtenido por la venta de una vivienda y se tiene que pagar en la renta del año siguiente a la venta. La ganancia patrimonial es el beneficio económico que se obtiene por la venta de la vivienda, es decir, lo que nos pagan de más en referencia de lo que nos costo por su compra.

En el cálculo del IRPF también se tiene en cuenta el valor de transmisión, que es el dinero que le queda al vendedor al finalizar la operación de venta. Para obtener este valor, al importe de la venta se deben quitar los impuestos y los gastos que son necesarios para realizar la operación, como sería la plusvalía municipal, la comisión de la agencia inmobiliaria y los gastos de cancelación registral de la hipoteca.

Por otra parte, debemos saber el valor de adquisición, que es el dinero que el vendedor ha pagado para comprar la vivienda, más los impuestos, los gastos que se tuvieron que desembolsar de esa compra y lo invertido para mejorar la vivienda.

Quedan exentos del IRPF por la compra de una vivienda los siguientes supuestos:

• La vivienda es la vivienda habitual y todo el dinero se ha reinviertido en otra vivienda de carácter habitual. Si no se reiniverte todo el dinero, aquella parte que no se hace se tendrá pagar el IRPF correspondiente a la ganancia patrimonial.
• El vendedor de la vivienda habitual es mayor de 65 años no debe pagar IRPF aunque no reinvierta en otra vivienda habitual.
• La vivienda se entrega como dación a pago.

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El IBI se reparte proporcionalmente entre el vendedor y comprador de la vivienda

El IBI es un impuesto municipal que se paga todos los años que eres propietario de la vivienda por el hecho de tener esa vivienda en propiedad. Le corresponde al dueño de la vivienda pagarlo al inicio del año.

Pero existe una particularidad cuando se da el caso de la venta de la vivienda, ya que el importe del IBI se reparte entre el vendedor y el comprador de forma proporcional al tiempo en que cada uno de ellos ha sido propietario de la vivienda durante el año de la venta.

El reparto del pago del IBI se puede pactar o incluirse dentro del importe de la venta de la vivienda, lo cual puede afectar, aunque no en gran medida, al valor de la transmisión que se realiza para la vivienda.

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La plusvalía municipal se podrá elegir entre dos métodos diferentes

El impuesto de plusvalía se trata de un impuesto de carácter municipal como es el caso del IBI, ya que lo deben pagar las personas que venden una vivienda, y se paga por la parte de la ganancia obtenida por transmitir que se supone que es la revalorización de suelo público sobre que la vivienda está construida.

Recientemente se ha modificado la base imponible de impuesto, ya que antes solo se hacían los cálculos a través del valor catastral del terreno que se le aplicaba unos coeficientes que se cambiaban según los años que habían pasado de la compra de la vivienda hasta su venta.

Hacienda ha pasado a ofrecer dos opciones de cálculo de la plusvalía municipal, y son las siguientes:

• Usar el valor catastral del terreno en el momento que se realiza la venta, aplicando unos nuevos coeficientes que se actualizan cada año para reflejar la evolución del mercado.
• El otro método, utilizar como base imponible la plusvalía real que se obtiene de la diferencia entre el valor de la compra y el valor de la venta de la vivienda. A este resultado se le aplicará el tipo que fije el municipio, y que nunca debe superior al 30 por ciento.

Por tanto, el vendedor podrá elegir el método que más le convenga a la hora de pagar la plusvalía municipal, que en la mayoría de casos será por el segundo método.

Los ayuntamientos de cada uno de los beneficios tienen la alternativa de disminuir el valor catastral del terreno hasta un 15 por ciento, sólo se puede aplicar para calcular la plusvalía municipal, para así conseguir acercarse a la realidad inmobiliaria.

Imagen | Monotonía

En España, se ha desarrollado una clara tendencia histórica vinculada a despoblación de los pueblos hacia las ciudades. No se trata de una particularidad específica, sino que queda enmarcada en un contexto global existe movimiento hacia la urbanización de las economías avanzadas.

Si consideramos como área rural aquellos municipios que no sobrepasan los 10.000 habitantes, se ha incrementado la tasa de urbanización de 20 puntos porcentuales hasta alcanzar niveles por encima del 80%.

Esto se debe, en primer lugar, al llamado éxodo rural que se inició entre a principios de los cincuenta y la culminación del proceso de industrialización de los años ochenta. Un movimiento estructural de fondo partida de la pérdida de peso económico del sector agrario frente a una mayor industria y servicios. Si en 1950 la tasa de urbanización era del 59,6%, en 1991 se llegó a una tasa del 79,6%.

Desde la década de los noventa hasta nuestros días, la tasa de urbanización siguió creciendo pero a un ritmo sustancialmente menor. Esta vez solo avanzó dos puntos porcentuales. El factor más importante de esta segunda etapa no haciendo el movimiento migratorio sino más bien el crecimiento vegetativo.

Para entenderlo, el crecimiento vegetativo implicó la pérdida del diez puntos porcentuales de población entre 1997 y 2018 en los municipios rurales, mientras que al mismo tiempo se generó una contribución positiva a cinco puntos porcentuales en los núcleos urbanos.

En consecuencia, los municipios con crecimiento de población negativo entre 2001 y 2018 y con la densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado supone el 42% de los municipios en España. Una cifra que contrasta si analizamos los países de nuestro entorno como Alemania con el 1%, Francia el 7% e Italia en el 4%.

Sin embargo, la pandemia provocada por el coronavirus podría estar alterando esta gran tendencia de fondo. Y es que, según datos del portal idealista, el interés por comprar una vivienda en una localidad con una población inferior a 5.000 habitantes se incrementó 13,2% de este enero hasta agosto de 2020.

Con la pandemia, el mercado inmobiliario se está orientando hacia la búsqueda de viviendas de mayores metros cuadrados, y eso puede implicar vivir a las afueras de las grandes ciudades.

Estos consumidores buscan encontrar el equilibrio entre el acceso a los buenos servicios que ofrecen las ciudades de mayor tamaño con una mayor disponibilidad de una variedad amplia de productos y los costes asociados a los mayores tamaños de las ciudades que pueden implicar la congestión propia en muchos ámbitos como pueden ser el precio de la vivienda o costes asociados como la contaminación.

Es posible gracias a que con la pandemia nos hemos dado cuenta de las grandes posibilidades que ofrece la implantación del teletrabajo con la reducción de costes de desplazamiento entre las ciudades y zonas rurales. Si esta tendencia se implanta, los municipios rurales podrían atraer a una parte de los trabajadores de las ciudades e iniciar un proceso de crecimiento rural a medida que los nuevos habitantes vayan demandando la provisión de determinados servicios.

La clave para volver al mundo rural y que el teletrabajo nos permita la compatibilidad de ambos entornos es la conectividad a través de una adecuada cobertura de banda ancha. Y es aquí donde surgen las dificultades. Específicamente, tan solo el 20,22% de los municipios rurales disponen de una cobertura de 100MB (la cobertura adecuada para una videoconferencia) frente al 83% de los municipios urbanos.

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De este dato, el 33,46% de los municipios rurales que hoy no se encontrarían en riesgo de despoblación acceden a esta infraestructura frente al 4,96% de los municipios rurales en riesgo de despoblación

Han habido suaves cambios en el empadronamiento durante el año pasado que pueden describir esta variación demográfica. En 2019, el 40,1% de la población en empadronada en España residía en municipios mayores de 100.000 habitantes y, con los datos de cierre de 2020, hemos visto un ligero descenso que rompe la tendencia histórica hasta situarse en el 39,9% de la población empadronada.

Los extranjeros que tienen la nacionalidad española son el 11,4% y están contribuyendo a esta vuelta al mundo rural. Se aprecia un descenso de una décima de punto porcentual de extranjeros inscritos por tamaño del municipio en las poblaciones de más de 100.000 habitantes y de 50.000 hasta 100.000 para habitantes. Esa décima que pierden ambos grupos de poblaciones las recuperan aquellas poblaciones de menos de 1.000 habitantes y aquellas de 1.001 hasta 10.000 habitantes.

A pesar de que la digitalización de la economía nos está llevando al uso de medios de pago electrónicos cada vez más frecuente, sigue siendo habitual el dinero efectivo debido a que estos cambios aún siguen siendo lentos en la población, específicamente en la gente de edad más avanzadas y cuando se trata de materializar pagos pequeños.

No obstante, existe una realidad y es que el número de puntos de obtención de efectivo es cada vez menor debido a la intensa reestructuración bancaria que ha vivido el sector en estos años desde la gran crisis que obligo a configurar un nuevo enfoque en la banca ajustada a tasas crediticias más modestas que en la tapa burbujística.

Si nos vamos a los datos, en el año 2008 los cajeros automáticos sumaban un total de 107.293 y en el año 2017 se habían reducido hasta 78.545. Por otra parte, en lo que se refiere a la evolución de sucursales bancarias, durante este periodo cerraron el 39%, hasta un total de 27.706 a mediados de 2017, una cifra que se asemeja al número de oficinas en el año 1981.

Debido a ello, muchos municipios pequeños se ven incapaces de acceder al efectivo, lo que tiene una consecuencia directa para el desarrollo económico y retroalimenta de fenómenos vistos en la última década, la despoblación del medio rural español.

Municipios sin oficinas: una realidad para más de 4.000 pueblos españoles

A finales de 2017, un total de 4.109 municipios españoles carecían de una sucursal bancaria frente a los 540 de 2008. Estos números tiene una traducción final y es que un total de 1.249.407 habitantes españoles o lo que es lo mismo un 2,7% de la población española carecen de este servicio en su municipio de residencia.

Por supuesto, estamos hablando de municipios pequeños. De estos, 194 tienen menos de 30 habitantes y 521 menos de 50 habitantes. Se trata pues de núcleos poblacionales de escaso tamaño y, desde el punto de vista de las entidades bancarias, establecer una oficina en esos municipios sería del todo inviable porque sería incapaz de aportar rentabilidad marginal a el global de la estructura bancaria.

El municipio sin oficina bancaria con mayor población dispone de 6.872 habitantes y tiene una oficina bancaria a 3 kilómetros. En un momento de ajustes y reducción de costes en la red bancaria y proceso de digitalización es una tendencia consolidada, vamos a entornos con menor presencia física de la red bancaria.

A pesar que existe un elevado número de municipios sin oficina, también es justo recalcar que la gran mayoría de la población española se concentra en municipios donde hay más de 5 oficinas bancarias. La distribución geográfica de comunidades autónomas con municipios sin oficina bancaria muestra que la zona con mayor número de municipios sin oficina bancaria es Castilla y León, 1.767, seguida de Castilla la Mancha, Cataluña y Aragón con 470, 467 y 413, respectivamente.

Si enfocamos el caso específico de Castilla y León hay que tener en cuenta que suman 2.248 municipios, una cuantía que representa algo más de la cuarta parte de todos los municipios españoles, aunque si tenemos en cuenta la población integrada únicamente representaría el 5% del total nacional.

Segun el INE, en Castilla y León existían a finales de 2017 2.248 municipios. Esta cifra es algo más de la cuarta parte de los municipios españoles, aunque su población apenas representa el 5% del total nacional, de forma que la media de población por municipio es la más baja del país.

La provincia de Salamanca es la que tiene un mayor número de municipios sin oficina bancaria de forma que afecta al 18% de su población. Las provincias más afectadas por la reducción de entidades en términos relativos a su población son las de Zamora y Ávila.

Paliar el problema

El desafío es importante. Por ello, y para compensar de alguna manera este problema, la banca ha ido desarrollando otro tipo de canales como pueden ser las oficinas móviles, conocidos popularmente como ofibuses, o bien agentes financieros que sin disponer de una oficina permanente atienden periódicamente a sus clientes.

Tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, la opción de los ofibuses se sitúan mayoritariamente en Castilla y León, la zona con el mayor número de municipios sin oficina bancaria.

A finales del año 2016, el Banco de España realizó una encuesta entre las principales entidades bancarias españolas preguntando sobre la implantación de plan de estos servicios de proximidad para el acceso al efectivo a escala nacional.

Los resultados de encuesta fueron que existían un total de 690 agencias móviles y unos 966 municipios o pedanías que gracias esta solución tienen cubierto el servicio efectivo a través de agentes colaboradores, empleados propios desplazados o a través de los servicios de las compañías de transporte de fondos.

Las entidades de depósito ofrecen también servicios de efectivo eventuales (algunos podrían estar incluidos en las agencias bancarias declaradas) en 609 municipios o pedanías y cuentan con cajeros desplazados en 502 municipios o pedanías. La suma de todas estas facilidades minora el impacto en términos de acceso al efectivo que la reducción de oficinas bancarias y cajeros automáticos pueda tener en la población.

Otros entidades bancarias ponen a disposición un servicio de retirada de efectivo a través de los cajeros automáticos multiuso o con motivo de una compra lo que puede convertirse en una alternativa cómoda para el amplio público y también rentable para las entidades consiguiendo el objetivo final de poner el efectivo a disposición de los clientes.

En España hablar de dinero está mal visto. Es así, no resulta socialmente correcto hablar de lo que uno gana y mucho menos preguntar por ello. Por ello, y tendiendo en cuenta que, como ya sabemos, el sentimiento de felicidad por la riqueza es relativo en función de la que tienen nuestros vecinos, es posible que deseemos saber cuánto ganan nuestros vecinos.

Pues bien, Fedea acaba de publicar una herramienta que nos dice cual es la renta media de los vecinos de nuestra localidad, así como la distribución de la misma, y que podéis encontrar en su formato gráfico aquí.

Lo ha hecho través del examen de las declaraciones del IRPF de 1.109 municipios españoles con más de 5.000 habitantes. La tabla con la que se ha construido la herramienta es ésta y la metodología empleada la podéis encontrar en este informe.

Podéis ir dándole unas vueltas. Os adelanto que los cinco municipios de más de 50.000 habitantes con mayor nivel de renta media de España por declarante son, por este orden, Pozuelo de Alarcón (57.917,53 euros), San Cugat del Vallès (50.453 euros), Majadahonda (45.325 unos), Las Rozas (44.249 euros) y Alcobendas (42.228 euros).

Por contra, los más pobres son Santa Lucía de Tirajana (13.703 euros), Elda (14.382 euros), Arona (14.437 euros), Lorca (15.304 euros), y Elche (15.636 euros).

Venga, echadle un vistazo a ver como os ubicáis, que quizás hay sorpresas.

PD: Al ser datos de la AEAT no hay información sobre municipios en el País Vasco ni en Navarra.

Más información | Fedea, Cinco Días

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Imagen | Simon & his camera

En primer lugar se hace necesaria una explicación para los urbanitas. ¿que es un bien comunal? En pocas palabras, y sin tecnicismos, se trata de bienes que pertenecen a determinadas colectividades, generalmente municipios. Concretamente me refiero a montes, pastos, aprovechamientos forestales y de caza, etc. Bienes que, en la España rural de los siglos anteriores, marcaban fuertes diferencias entre aquellos ayuntamientos y vecinos que disponían de los mismos y los que no. Vamos, que los del Fairy con Villarriba y Villabajo se quedaban cortos. Por poner un ejemplo, hay dinero, mucho dinero en juego en los aprovechamientos forestales.

Tradicionalmente estos bienes eran administrados, sin problema alguno, por las Corporaciones locales. Fueron, para muchos municipios, uno de los baluartes a través de los que soportaron la migración de sus vecinos a las urbes en la segunda mitad del XX. En algunos casos, indirecta y relativamente, la reducción del denominador (vecinos a repartir) generó incluso un efecto riqueza. Pero no tardarían en llegar los problemas.

Y es que, gracias al desarrollo de las vías de comunicación y al nuevo éxodo, esta vez en sentido en contrario, no tardaron estos pueblos en recibir un gran número de nuevos vecinos, que llegaban a duplicar a los de siempre, a golpe de urbanizaciones nuevas. Los Ayuntamientos estaban inicialmente encantados, y lo favorecían a través de sus Planes Generales de Ordenación. Esto suponía fuertes entradas de dinero via licencias, tasas, impuestos a los nuevos residentes, crecimiento de negocios, etc...

Pero hete aquí que estos nuevos vecinos, con el tiempo, cobran conciencia de que existen esos bienes comunales. Y que muchos Ayuntamientos han establecido un sistema para evitar que tengan acceso a los mismos, estableciendo, vía ordenanza o mera invocación de costumbre, un coto cerrado o de muy difícil acceso (se llega a exigir en algún caso el ser natural del lugar) de beneficiarios de los mismos. En pocas palabras, queremos vuestro dinero pero no permitiremos que pongáis las manos sobre el nuestro. Supongo que si pudiesen impedir que tuviesen derecho al voto también lo harían. Que lastima.

A finales del siglo pasado, esto dio lugar a bastantes conflictos, físicos y jurídicos. De un modo muy triste en mi opinión, la linea jurisprudencial que parece asentarse en este país de pandereta es que dichos cotos financieros son legales. Así lo ve el Tribunal Supremo. Desconozco si se ha llegado a plantear al Constitucional lo que es una clara violación del principio de igualdad entre españoles por razón de lugar de nacimiento. Quizás el Ministerio de Igualdad este ocupado en otras cosas más importantes que en la defensa del art. 14 de la CE.

Al Tribunal Supremo le parece bien que, como en el viejo Sur de los EEUU en lo tiempos de la segregación, haya quien se siente delante y quien se siente detrás en el autobus, vía ordenanza. Como decía el viejo chiste: aquí no hay blancos ni negros, aquí todos somos de sangre azul. Por favor, los de sangre azul clara delante, los de sangre azul oscura detrás. Y para ello invoca la Costumbre, fuente reconocida de Derecho en nuestro ordenamiento y la garantía que dichos bienes han supuesto para el desarrollo de esas comunidades.

Lo de la Costumbre no tiene un pase. Dudo mucho que la Costumbre ampare practicas discriminatorias de derechos. Pero lo segundo es el colmo. Si esas comunidades locales no querían compartir sus bienes lo tenían muy sencillo: no haber aprobado esos PGOUs expansivos, no haber admitido la proliferación de suelo urbanizable en su municipio. Claro que entonces tampoco hubiesen visto los euros que de ello se derivan. Toda una aplicación práctica de la Ley del Embudo.

Desde luego, si yo fuese uno de esos vecinos de sangre azul oscura practicaría la insumisión fiscal, amen de saturar en la medida de lo posible los servicios locales.

Vía | El blog de espúblico Más información | Enciclopedia Aragonesa Imagen | alfonso benayas

La gallina de los huevos de oro dejó de poner, es decir, la actividad constructora se ha parado, y los ayuntamientos lo están notando. La recaudación fiscal ha disminuido y muchos municipios no son capaces de mantener el nivel de gasto al que estaban acostumbrados. Ya entonces pagábamos los excesos, con un encarecimiento de las viviendas, pero ahora lo vamos a notar más, puesto que los impuestos municipales van a cambiar.

¿Cuáles son los principales cambios que se están estudiando? Cambiar el IAE, el IBI (con progresividad), introducir un tramo municipal en el IRPF y también cambiar el modelo de impuestos a turismos. Es decir, tocar todo lo que se puede tocar y por supuesto al alza.

Pero no nos engañemos, aunque yo soy partidario de unos servicios públicos de calidad y que permitan una igualdad de oportunidades, sobretodo en temas de educación y de acceso a la sanidad, los ayuntamientos derrochan grandes cantidades de dinero. Puedo poner unos cuantos ejemplos que seguro que vemos en todos los municipios: las fiestas patronales, donde se traen a supuestos artistas a precios subvencionados o incluso completamente gratuitos; los jardines de césped, que si bien quedan muy bonitos no son lo más autóctono en ciertas zonas de España; las bibliotecas municipales: esto puede parecer polémico, pero en mi Comunidad Autónoma hay bibliotecas del Estado, de la Comunidad y de los Municipios, cosa, a mi entender, que me parece un derroche de recursos muy innecesario. Y podría seguir.

Los servicios públicos son necesarios, pero los ayuntamientos, ante el exceso de dinero que han recibido estos años, encareciendo las viviendas, por supuesto, han entrado en una dinámica de la que no quieren salir. Piensan que la solución es elevar los impuestos que recaudan.

Creo que deberían replantearse muchas cosas.

Vía | El Confidencial