Los datos hablan por sí solos. El sistema tributario español ha experimentado en los últimos años un crecimiento histórico récord en los niveles de recaudación.

Pese a la situación económica global, la aportación fiscal de ciudadanos y empresas se ha incrementado hasta niveles sin precedentes. Ahora bien, esta histórica tendencia alcista, aunque ha mejorado levemente la renta entre los hogares, no se ha traducido automáticamente en una mejora proporcional en la redistribución de la riqueza.

Es decir, a pesar de que la presión fiscal haya subido y el Estado disponga de más recursos, hay una brecha entre la eficacia recaudatoria y la capacidad real del sistema en corregir desigualdades.

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Tanto desde el punto de vista del diseño de los impuestos como desde el efecto de prestaciones y mercado laboral, se ha dibujado un complejo escenario en el que recaudar más no nos lleva a redistribuir del todo mejor.

Auge histórico en la recaudación tributaria

Durante 2024, nuestro país logró recaudar 281.174 millones de euros gracias a cuatro figuras tributarias: IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades e Impuestos Especiales.

Un aumento respecto al año anterior de un 8,1 % y situando el peso de estos tributos en el 17,7 % del PIB, frente al 17,4 % registrado en 2023.

La subida se apoyó, sobre todo, en el IRPF, que acumuló el 40 % del aumento total. Le sigue el IVA, con el 29,1 %; luego el Impuesto de Sociedades con el 17,7 %; y los Impuestos Especiales, con el 6,6 %.

Si sumamos las cotizaciones sociales, la presión fiscal aumenta hasta el 30,9 % del PIB. Unas cifras que ponen sobre la mesa una consolidación del sistema recaudatorio, que logra sostener buena parte del gasto público gracias al aumento del ingreso fiscal.

Crece la recaudación sí pero también se debilita la redistribución

Pese a este aumento en ingresos, los efectos de restribución del sistema se han visto afectados. Según datos del informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestacioneselaborado por Fedea, en 2022 la intervención pública pudo reducir la desigualdad un 32,5 %, el dato más bajo desde 2017. Un retroceso que partía en un punto álgido desde 2020, cuando las medidas excepcionales por la pandemia elevaron la reducción al 38,1 %.

Ampliando la comparativa a lo largo del ciclo vital de los hogares, la capacidad redistributiva mengua más, un 25,5 %. O lo que es lo mismo: la desigualdad corregida en un año se aplaca con el tiempo lo que vislumbra limitaciones estructurales en el sistema.

El IRPF pierde fuerza como herramienta redistributiva

El IRPF siempre ha sido pilar de la progresividad fiscal en España, sin embargo su papel ha disminuido levemente. En 2021, el IRPF ayudo a bajar la desigualdad en un 4,3 %, mientras que en 2022 lo hizo en un 4,1 %.

Mientras por otro lado, la carga real del IRPF sigue subiendo. En 2024, el índice de carga tributaria sobre la renta escaló hasta los 114,4 puntos respecto a la base de 2008, y la renta neta media por hogar fue del 95,7.

Un desajuste que muestra cómo el peso del tributo ha aumentado más que la capacidad adquisitiva real de los hogares.

Los impuestos indirectos amplifican la desigualdad

Asimismo, tributos sobre el consumo, tales como el IVA o el ITP, siguen desmantelando la equidad del sistema.

Dado su carácter regresivo, las familias con menos ingresos tributan con un porcentaje de su renta significativamente mayor que los más afectados. Por ejemplo, en 2022 se acentúo la desigualdad en un 2,47 % adicional.

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Si bien en parte se contrarrestó con la medidas sobre el precio de la energía a través de acciones como rebajas fiscales, esto no fue suficiente. Los hogares más vulnerables continúan asumiendo una mayor carga relativa del gasto para su consumo básico.

El impuesto de sociedades y las limitaciones del patrimonio

En 2022, el Impuesto de Sociedades aumentó su recaudación en un 29,7 %, con un tipo medio efectivo que subió ligeramente hasta el 0,9 % sobre la renta bruta de los hogares. Sin embargo, su capacidad para reducir la desigualdad sigue siendo modesta: apenas contribuyó con una mejora del 1,01 %.

Más llamativo aún fue el comportamiento del Impuesto sobre el Patrimonio, cuyo efecto fue incluso negativo. En lugar de amortiguar las diferencias de renta, contribuyó a aumentarlas de forma marginal. Este comportamiento desafía el propósito redistributivo que debería acompañar a este tipo de figuras tributarias.

Las prestaciones también reducen su efecto corrector

El otro gran canal de redistribución, el de las prestaciones monetarias, también ha perdido poder. Éstas frenaron un 23,4 % la desigualdad en 2022, por el 24,9 % que lo habían hecho en el 2021.

La media de los subsidios de desempleo, un 27,8 % menos, explica en gran parte este descenso en el impacto redistributivo. Las pensiones de jubilación, sin embargo, se mantienen como el pilar más sólido, sobre el que se sustenta un 60 % del total de la corrección de desigualdad atribuible a las transferencias públicas.

Aun así, su peso cada vez más predominante dentro el gasto social sirve para desplazar otras ayudas más centradas en la reducción directa de la pobreza.

En definitiva, el sistema público ha logrado reducir las diferencias económicas en España, pero no es suficiente. Los hogares situados en el 60 % inferior de la escala de ingresos siguen siendo beneficiarios netos de la intervención pública, mientras que el resto asume una mayor carga impositiva sin una compensación directa.

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La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha confirmado que devolverá a algunos pensionistas cantidades que pueden alcanzar los 4.000 euros tras reconocer un error en la tributación de sus pensiones.

Los afectados deberán solicitar la devolución a través de su declaración de la Renta y no mediante otros procedimientos, como se permitió hasta el ejercicio anterior (con un formulario específico de la Agencia Tributaria). De igual modo, La Disposición Final 16 de la Ley 7/2024 establece que estas reclamaciones solo podrán realizarse hasta 2028.

Doble tributación

A finales de 2024, el Tribunal Supremo confirmó que la AEAT aplicó incorrectamente la tributación sobre las pensiones de jubilados que realizaron aportaciones a antiguas mutualidades laborales entre 1967 y 1978. En estos casos, se gravó el 100 % de la pensión en lugar del 75 %, generando una doble imposición para estos contribuyentes.

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Para corregir este error, se establece un procedimiento escalonado de devolución, permitiendo que los afectados reclamen la cantidad pagada en exceso en sus declaraciones de IRPF de los próximos años.

La medida afecta, principalmente, a jubilados que hayan sufrido una doble tributación: en su momento, no pudieron deducirse dichas aportaciones y, hoy, han sido gravadas de nuevo en los últimos ejercicios fiscales con el cobro de las pensiones.

Los sectores más afectados incluyen la banca, la construcción, los astilleros, la pesca, el comercio, la metalurgia y las empresas eléctricas. Estos trabajadores tributaron dos veces y, en un porcentaje superior al establecido, por las aportaciones realizadas en su etapa laboral.

Cómo solicitar la devolución

Los jubilados afectados deberán presentar un formulario específico junto con su declaración de la Renta en los plazos establecidos.

La devolución se aplicará de forma progresiva según el siguiente calendario:

• 2025: solicitud para el IRPF de 2019 y ejercicios anteriores no prescritos
• 2026: solicitud para el IRPF de 2020
• 2027: solicitud para el IRPF de 2021
• 2028: solicitud para el IRPF de 2022

Por el contrario, la Agencia Tributaria ha advertido que no será posible solicitar devoluciones fuera del plazo correspondiente a cada ejercicio fiscal, por lo que es fundamental respetar el calendario.

No obstante, no todos los jubilados podrán beneficiarse de esta devolución, quedando excluidos aquellas personas beneficiarias de pensiones de viudedad, los perceptores de pensiones no contributivas y los funcionarios adscritos durante toda su carrera al régimen de clases pasivas, ya que no realizaron aportaciones a las mutualidades laborales afectadas.

De media, 3.000 a 4.000 euros

El importe de la devolución dependerá de cada caso, pero se estima que la media se sitúa entre 3.000 y 4.000 euros por jubilado. Además, para garantizar una tramitación eficiente, se recomienda presentar la documentación dentro de los plazos establecidos.

La AEAT ha habilitado un apartado específico en su web para resolver dudas frecuentes y facilitar el proceso a los antiguos mutualistas. La corrección de este error responde a la necesidad de ajustar la carga fiscal aplicada a las pensiones, garantizando el cumplimiento de los principios de equidad tributaria.

Los movimientos en el Gobierno no cesan, desde donde se continúa trabajando de cara al nuevo año. El pasado ejercicio del 2022 nos dejó sobre la mesa una extensa e importante carga e de reformas de tipo fiscal, y lejos de seguir con la tónica, todo parece indicar que en el 2023 la sintonía será otra.

De este modo, según recoge el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2023 hecho público y que ha coordinado el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y que se ha elaborado con iniciativas de los departamentos del mismo Ministerio, está previsto para este nuevo año aprobar únicamente tres normas de tipo tributario entre las que conforman el total.

En el Plan Anual Normativo se presentan las iniciativas de tipo legal y reglamentarias que los órganos ministeriales tienen la previsión de llevar en 2023 al Consejo de Ministros para su aprobación, tal y como se dispone en el artículo 2 del Real Decreto 286/2017 de 24 de marzo.

El Plan Anual Normativo introduce en 35 de todas las iniciativas presentadas, cambios por las disposiciones europeas, para así de esta manera ajustar el derecho interno al comunitario.

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De dicho documento se extrae la previsión de aprobar en 2023 un total de 117 iniciativas normativas concretadas a través de tres leyes orgánicas, 33 leyes ordinariasy 81 reales decretos. Las tres leyes orgánicas corresponden al Ministerio de Justicia, una gran parte de los Real Decretos son para el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y al Ministerio de Transición Ecológica y reto Demográfico, y el común de las 33 leyes de carácter ordinario y Reales Decretos se reparten entre diferentes ministerios.

En lo referente a reformas tributarias te contamos cuáles son esas tres normas que recoge el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado:

Ley para la superposición del artículo 4 de la Directiva ATAD

El fin último de este proyecto es la culminación de la transposición del artículo 4 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo del 12 de julio de 2016. Con este proyecto el Gobierno pretende instaurar normas contra las prácticas de elusión fiscal que aluden sobre el funcionamiento del mercado interior y que hace referencia a la limitación de intereses del Impuesto sobre Sociedades.

Se contempla en este sentido, que los Estados miembros que tengan normas nacionales específicas para impedir los riesgos en materia de erosión de la base imponible a fecha de 8 de agosto de 2016, se les permitirá concluir sus propias normativas hasta que finalice el primer ejercicio presupuestario siguiente a la fecha de publicación del acuerdo entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Ley del mercado de tabacos

Se ejecutará una reforma de la Ley 13/1998 del 4 de mayo de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria con el fin de modernizarla. La intención es reforzar el cumplimiento total de los tratados y los convenios internacionales impuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que guardan relación con el tabaco y las normas europeas, tales como la Directiva de Productos de Tabaco 2014/408/UE y el Reglamento de Vigilancia del Mercado 2019/1012/UE.

Con ello se pretende legislar el mercado de tabaco y sobre todo, luchar contra cualquier tipo de comercio ilícito. Para tal fin se incorporarán medidas para ayudar a controlar la cadena de distribución, vigilar los incumplimientos de la normativa y asegurar la legalidad de los productos que llegan a las manos de los consumidores.

Ley de presupuestos generales del Estado para 2024

El Plan Anual Normativo contempla también la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del año 2024, para de esta manera asentar lo referente a política económica y presupuestaria, entre los que se incluyen las modificaciones de la normativa tributaria para habilitar dichos presupuestos.

Otras normas del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado

El Plan del Estado recoge así mismo otro conjunto de normativas, que aunque de otro calibre, sí que guardan relación con los aspectos tributarios. Hablamos de normativas referentes al reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, la facturación electrónica para el crecimiento de las empresas y a la regularización de los instrumentos operativos para la administración digital de la Administración General del Estado.

Además la lista se completa con la reforma del código de comercio, el desarrollo del Estatuto de la Startup de estudiantes para las prácticas empresariales, la aprobación del Estatuto de la Agencia Estatal de Administración Digital, y la referente a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha llevado a cabo este miércoles la presentación ante el Tribunal Constitucional del recurso contra el nuevo impuesto de las grandes fortunas que ha propulsado el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez.

La Presidenta Díaz Ayuso considera que este impuesto de solidaridad a las grandes fortunas invade las competencias autonómicas en política fiscal de la región de Madrid, por lo que ha solicitado que el tributo sea suspendido de forma cautelar. En este mismo sentido, Díaz Ayuso va más allá y declara que esta medida está diseñada expresamente contra las comunidades que gobierna el Partido Popular, Madrid y Andalucía, ya que en ambas está bonificado el impuesto de patrimonio.

Consecuencias irremediables

El Vicepresidente y Portavoz del Gobierno de Madrid, Enrique Ossorio, compareció ayer miércoles en rueda de prensa, tras la reunión del consejo de Gobierno, y aclaró las consecuencias que la medida del Gobierno central tendrá irremediablemente para la región de Madrid.

Ossorio afirmó que la recaudación en nuestro país podría verse reducida considerablemente, y es que tres de cada cuatro euros de la inversión extranjera que se hace en España tiene lugar en Madrid, hecho que afectará claramente a la economía.

El Vicepresidente y Portavoz asegura además que el impuesto provocará que la Comunidad de Madrid tenga considerables pérdidas, situando las cifras entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año.

La repuesta de Ayuso en el Tribunal Constitucional

La Presidenta Díaz Ayuso ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional fundamentado en varios aspectos con los que hacer frente al Gobierno central y a la figura de Pedro Sánchez.

§ Invasión de las competencias económicas. Afirma la Presidenta de la Comunidad de Madrid que el nuevo impuesto de Sánchez atenta contra el artículo 156 de la Constitución. La medida vulnera la gestión autonómica, ya que suplanta las funciones para la gestión de los tributos cedidos, como es el caso del Impuesto sobre Patrimonio que en la comunidad madrileña está bonificado al 100% desde 2008.

§ Injustificación. La recaudación estatal de impuesto está batiendo todos los records por lo que la Presidenta afirma no tener base ninguna lo dictado por Sánchez.

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§ Ruptura del principio de igualdad. El Gobierno de Ayuso considera que es una medida que se dirige taxativamente contra Madrid y Andalucía ya que son las dos comunidades que bonifican al 100% el impuesto al patrimonio.

§ Transgresión del principio de lealtad institucional. Con la medida se obliga a las Comunidades Autónomas a cumplirlo sin haber llegado a un consenso con ellas.

§ Vulneración del procedimiento legislativo. La Comunidad de Madrid alude a que no ha sido sometido a una consulta pública, haciendo oídos sordos a las advertencias de la Cámara.

§ Inseguridad jurídica. Los contribuyentes que decidieron realizar inversiones o ahorros durante el 2022 amparados bajo la inexistencia de esta medida, ahora se ven afectados por ella por su principio retroactivo.

La actuación de la Comunidad de Madrid frente al Gobierno central no ha cogido por sorpresa, y es que la Presidenta Ayuso lleva desde octubre del pasado año anunciando de su intención de recurrir el nuevo tributo.

No obstante este nuevo enfrentamiento no coge de nuevas, y es que hay que recordar el enfrentamiento en materia educativa, sanitaria y económica que mantienen ambas Administraciones. Ya en diciembre de 2017 la Comunidad de Madrid ganó la disputa por el IVA, espera la resolución al litigio por las entregas a cuenta de 2019 y ya denunció ante el Tribunal Supremo el supuesto reparto arbitrario de una parte de los fondos europeos.

Los expertos avisan de su inconstitucionalidad

El último estudio publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), elaborado de forma conjunta por siete catedráticos de derecho Financiero y Tributario, avisa de la inconstitucionalidad del nuevo impuesto del Gobierno de Pedro Sánchez. Afirman ser “innecesario, inoportuno, extemporáneo y con difícil encaje en un sistema tributario moderno”. Continúan los expertos avisando de su escaso poder recaudatorio a corto plazo y nulo a medio y largo plazo, lo que provocará inseguridad jurídica y distorsión. Las consecuencias, informan, será una negativa recaudación debido a la huida de la inversión.

Por su parte Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), calificó el impuesto como inconstitucional en forma y fondo que llevará a una deslocalización del patrimonio y a una pérdida de la inversión.

Cerca de las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar en el mes de mayo, esta medida de Sánchez provoca un nuevo cruce de intenciones entre ambas Administracionesy un panorama nada alentador. Ante tal escenario que se arroja, y de forma preventiva, la Comunidad de Madrid ha dado un paso al frente y para atenuar el impacto, pondrá en marcha una deducción fiscal del 20% a inversiones extranjeras en la región.

El sistema fiscal en España está en contra de los pobres y favorece a los ricos. Cuando tendría que ser muy diferente la situación que se tendría que dar. Pero como siempre pasa en un sistema fiscal se puede mirar desde muchas perspectivas e intereses.

Los impuestos son uno de los pocos factores que tienen una gran influencia de la lucha contra la pobreza y las desigualdades en cualquier país. España recauda poco y mal, lo que tiene un gran impacto y de forma directa en la capacidad para cumplir su deber de garantizar los derechos sociales de todos.

Nos podemos preguntar: ¿Cómo se puede arreglar el sistema fiscal de España si está roto?

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La lucha contra el fraude un factor clave para los presupuestos de sociales en España

El sistema fiscal español recauda poco, es decir, 7 puntos menos del PIB de lo que se recauda de media en la Europa. Llegar hasta esa media supone 80.000 millones de euros más de recaudación de la Seguridad Social y de Hacienda.

Uno de los grandes males de España es el fraude fiscal que está entre los 27.000 y los 70.000 millones de euros, por tanto, reducir estas situaciones supondría una mejora en la sanidad, en la educación o en la protección social en España.

Lo que tiene que tener claro el Gobierno del PSOE es que en el presupuesto también se priorizará la lucha contra la desigualdad y se ponga todas las fuerzas en distribuir el gasto social hacia aquellos que tienen menos recursos.

La fiscalidad española recauda mal

La crisis financiera de hace una década ha supuesto que la recaudación tributaria castigue más aún a la familias, alrededor del 83 por ciento del total frente a un alrededor del 74 por ciento antes del inicio de la crisis.

Lo dos elementos principales de recaudación ha sido a través de aumento del IVA y un IRPF limitado a una progresividad. Los impuestos al consumo y el trabajo frente a los que gravaban a los de la riqueza y el capital.

Esta ha sido una tendencia que en otros países de Europa ha ido unida con un aumento de la desigualdad, claramente que se ha desbordado en nuestro país, el tercer país de la Unión Europa como mayor desigualdad.

Esto ha tenido una serie de consecuencias para las familias que ha sufrido una mayor precariedad. Así, alrededor del 20 por ciento de incremento de la pobreza de la población es el que más impuesto paga en relación con su renta, esto ha sido una prueba de la ir para atrás de un sistema que nos está gravando el consumo de los bienes básicos diarios.

Se necesita urgentemente una reforma a fondo del impuesto de sociedades

Esto era predecible, y se ha ido acentuando, mientras el sistema fiscal siga siendo dual y obligue a pagar impuestos con más intensidad al trabajo de los ciudadanos que al capital que tengan. Mientras se bonifiquen los impuestos de patrimonio y sucesiones, incluso para las grandes fortunas, y mientras no se haga una reforma a fondo del impuesto de sociedades.

Tenemos que echar la mirada hacía atrás para ver cuando se ha recaudado por el impuesto de sociedades y veríamos que este impuesto ha tenido un gran descenso durante la crisis. Son 20.000 millones menos, sin una recuperación en estos últimos años de aumento del IPC y con los grandes grupos empresariales apenas gravados con el 6 por ciento de beneficios en 2016 y en 2015 con un 7,5 por ciento.

Por tanto, ya no hay ninguna excusa. El nivel de los beneficios empresariales, supuestamente, se ha recuperado respecto al inicio de la crisis, y no se ha recuperado el nivel salarial de los trabajadores. La internacionalización de los grupos empresariales es parecido a los niveles del 2018, por lo que la doble tributación no es la causa del descenso.

Puede que si estos grupos empresariales encuentras agujeros en el impuesto de sociedades lo aprovechen, y tal vez en que estos grupos empresariales mantienen alrededor de 1.000 filiales en paraísos fiscales.

El sistema fiscal español necesita un gran reforma

Después de decir todo esto no es raro que os diga que el sistema de tributación española necesita una reforma en profundidad. La medidas que está tomando el Gobierno del PSOE, o más bien aquellas que le dejan tomar sus socios, son positivas.

Se debe considerar un mínimo del impuesto de sociedades para todas las empresas que estén facturando en España, impuestos verdes a las empresas, a las transacciones financieras o a las empresas tecnologías que no contribuyen a los impuestos, son iniciativas que pueden se buenas para poder conseguir más y mejores recursos para las arcas del Gobierno.

Todo esto se debe hacer para tener un sistema tributario más igualitario para todos. Un pago de impuestos progresivo que contribuya a disminuir las desigualdades sociales entre los españoles, y con una recaudación que asegure las políticas sociales. Por decirlo de otra forma, impuestos suficientes y a favor de aquellos que tienen menos recursos en España.

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Existe una corriente de pensamiento entre gran parte de la ciudadanía que niega fervientemente el carácter tributario de la Seguridad Social. Pero se queda en eso, sólo lo niega y se permiten el lujo de señalar que se comete un error si se agrupan pagos de carácter tributario, como nuestros amigos del blog de Inversores.

En primer lugar, si se procede a realizar una negación, hay que justificarla. Otro caso es que no se pueda o no se sepa, cuestión esta última por la que me decanto. Partiendo de esta premisa, vamos a comenzar por la definición de tributo y la vamos a aplicar a la Seguridad Social, que parece ser que nadie la sabe:

Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.

• Los pagos que se realizan en concepto de seguridad social tienen el carácter de ingreso público, salvo los derivados en concepto de pago por IT, que el propio tribunal constitucional determinó que no tenían naturaleza tributaria.

• Prestación pecuniaria, puesto que la seguridad social rara vez admite el pago en especie.

• Exigidos por una administración pública. Los pagos a la Seguridad Social son de todo menos voluntarios. Es obligatorio tanto su afiliación a los regímenes oportunos como su recaudación. Además tiene un carácter coactivo, dado que si no los pagas, el embargo sobre los bienes está garantizado.

• Consecuencia de la realización de un supuesto de hecho. Por supuesto, dado que esos supuestos se vinculan a la realización de actividades laborales, profesionales o artísticas.

• Fin primordial de obtener los ingresos necesarios. Obviamente, se pone de manifisto la actividad financiera del Estado como ente encargado de distribuir el gasto público y recaudar los ingresos necesarios para tal fin.

Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.

Dado que toda la doctrina está de acuerdo en la naturaleza tributaria de la Seguridad Social, en la última reforma de la Ley General Tributaria, se adoptó el acuerdo de mantener su legislación fuera del paraguas de la propia LGT, tal y como se marca en la disposición adicional segunda instando a una regulación propia de la actividad financiera de la Seguridad Social.

Ahora bien, una vez reafirmado este carácter tributario, el problema se puede encontrar en la propia clasificación de las prestaciones a la Seguridad Social dentro de los tributos, en donde ya no existe tanto acuerdo doctrinal al respecto. Por último, si alguien no ve muy claro el carácter tributario, que lo motive, no me basta sólo con que lo diga.

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El impuesto de sucesiones y donaciones está empezando a desaparecer en mucha Comunidades Autónomas. Al ser un tributo que está completamente cedido a las autonomías, muchas de ellas están empezando a suprimirlo, ya sea para obtener réditos políticos o para atraer a grandes fortunas.

La que abrió la veda fue la Comunidad de Madrid, al eliminar el impuesto de donaciones y posteriormente el de sucesiones, y actualmente tienen un régimen parecido Baleares, Cantabria, La Rioja, Castilla León y la Comunidad Valenciana. Navarra y el País Vasco tienen un régimen especial, ya que son territorios forales. La conclusión es que prácticamente el 38% de los españoles no hacen frente a este tributo.

Por tanto se podrían dar casos de pagar o no pagar impuestos, a igualdad de condiciones, simplemente por vivir en un pueblo o en otro situado a pocos kilómetros de distancia, por estar cerca de la frontera entre comunidades. Puede que llegue a darse el mismo caso que en Australia, cuando en 1978 el estado de Queensland eliminó dicho impuesto y en cuatro años todos los estados le siguieron para no perder las grandes fortunas.

¿Guerra por eliminar los impuestos de sucesión? Habrá que verlo, pero parece que tanto los impuestos de sucesiones, de donaciones como de patrimonio tienen los días contados.

Vía | El País