Han pasado tres años desde la gran reforma de la norma que debía modernizar los procesos de insolvencia en España. Sin embargo, el sistema no ha alcanzado los resultados esperados.

Lo que se diseñó para dar una salida ágil y eficaz a las dificultades económicas de las empresas, se ha convertido en un entramado poco operativo, especialmente para los autónomos y las microempresas, que continúan sin poder beneficiarse de los mecanismos previstos.

La Asociación Profesional de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuración e Insolvencia (Aspac) alerta de que la aplicación de la ley sigue generando graves disfunciones.

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Falta coordinación, existen vacíos técnicos y la ausencia de un marco profesional claro está dejando espacio a errores y, en algunos casos, a fraudes.

Un modelo pensado para agilizar, pero que se atasca

La norma, aprobada con el objetivo de acelerar los procesos y reducir la carga judicial, ha tenido un efecto desigual.

Por un lado, los nuevos planes de reestructuración están demostrando ser útiles para evitar que compañías viables acaben en concurso.

Pero por otro, los procedimientos especiales para microempresas —que representan más del 90% del tejido empresarial español— siguen sin funcionar como deberían.

El principal obstáculo radica en la falta de una plataforma telemática operativa que permita gestionar de forma automatizada los procesos.

Esta herramienta debía ser el eje del nuevo sistema, pero su puesta en marcha se ha retrasado una y otra vez. Sin ella, los autónomos y pequeños empresarios que buscan una solución a su insolvencia se encuentran en un auténtico laberinto burocrático.

La exclusión del administrador concursal, un riesgo añadido

Aspac lleva meses advirtiendo de que la exclusión del administrador concursal en los procedimientos para microempresas debilita la transparencia y el control.

El presidente de la asociación, Diego Comendador, ha señalado que la falta de supervisión está generando un entorno propicio para los errores de gestión e incluso para las prácticas fraudulentas.

“Sin la figura del administrador concursal, el deudor asume tareas técnicas que, en muchos casos, no sabe gestionar”, explica Comendador. Esto puede desembocar en procesos opacos o liquidaciones mal realizadas, con consecuencias tanto para los acreedores como para los propios empresarios.

Además, los concursos sin masa —aquellos en los que no existen bienes suficientes para cubrir los gastos del procedimiento— se han multiplicado.

Este tipo de concursos se han convertido en uno de los mayores focos de preocupación del sector. La falta de supervisión profesional permite que se presenten procesos en los que se ocultan activos o se manipulan cuentas, debilitando la confianza en el sistema.

Los planes de reestructuración, un avance con luces y sombras

No todo son malas noticias. Los planes de reestructuración introducidos con la reforma han permitido a muchas empresas solventar su situación financiera antes de llegar al concurso.

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Estos instrumentos facilitan acuerdos entre deudores y acreedores y reducen la intervención judicial, lo que agiliza el proceso.

Se estima que el número de planes aprobados ronda los 700, una cifra que demuestra que el modelo puede ser eficaz si se aplica correctamente. Comendador afirma que este avance “confirma que el sistema puede funcionar cuando se dota de herramientas adecuadas y de profesionales que garanticen su correcta ejecución”.

Sin embargo, la disparidad entre empresas medianas y microempresas sigue siendo evidente. Mientras las primeras cuentan con asesoramiento jurídico y financiero, las segundas continúan sin recursos técnicos ni apoyo suficiente para beneficiarse de estas medidas.

Una digitalización pendiente y un estatuto que no llega

Uno de los pilares de la reforma era la creación de una plataforma digital que centralizara la gestión de los procedimientos de insolvencia. Pero la falta de desarrollo tecnológico y de recursos humanos ha dejado esta promesa en papel mojado.

En la práctica, las microempresas siguen dependiendo de trámites presenciales y procesos lentos que contradicen el espíritu de la norma.

A esto se suma la ausencia del Estatuto del Administrador Concursal, un documento clave para profesionalizar el sector y establecer responsabilidades claras. Su inexistencia genera desigualdades entre juzgados y deja margen para interpretaciones contradictorias.

España, lejos de los estándares europeos

Mientras otros países europeos avanzan hacia modelos más integrados y tecnológicos, el sistema español sigue mostrando carencias estructurales.

Los expertos advierten de que, si no se corrigen pronto, la ley seguirá siendo un instrumento ineficaz para proteger a quienes más lo necesitan: los pequeños negocios y los autónomos.

Aspac insiste en que ha llegado el momento de revisar a fondo la norma. Después de tres años de aplicación, existen suficientes datos y experiencias para identificar los puntos débiles y proponer una versión más moderna y equitativa.

El objetivo, recuerdan, no es solo salvar empresas, sino fortalecer la economía productiva y mantener la confianza de los trabajadores y acreedores.

Imágenes | Pixabay, Pixabay

Hace apenas un mes las campanas sonaron en Abengoa. Los medios de comunicación daban por cerrada su reestructuración y las familias que dependen de la compañía sevillana volvían a respirar. Pero la alegría fue efímera, muy efímera. Los bancos acreedores que iban a ser los propietarios de la Nueva Abengoa han puesto pies en polvorosa nada más entrar. Tal vez, porque la situación real de la compañía era mucho peor de lo esperado. En menos de un mes, el que fuera el buque insignia de las energías renovables españolas vuelve a estar con el agua al cuello abocada a un rescate público o a, como muchos creen, a la quiebra definitiva.

Para quienes no sigan día a día este culebrón, no es fácil entender la larga agonía por la que está atravesando la compañía sevillana desde que en 2014 salieran a la luz las primeras dudas sobre su salud financiera y a finales del 2015 comenzara a luchar contra el riesgo real de quiebra.

En marzo de 2016, parecía haberse llegado a una solución. Como os contábamos en El Blog Salmón los fondos buitre se habían quedado con una de las compañías punteras en energías renovables en España. Lo que parecía una estrategia de libro (entrar en una compañía con problemas trocearla, establecer un ajuste interno y recuperar la inversión) quedó solo en la teoría. En la práctica, fuentes que participaron en aquel proceso aseguran que los intereses políticos frenaron el saneamiento de la eléctrica española cuando todavía era posible.

Después de verano, la solución parecía haber recaído en los bancos acreedores y fondos de inversión. Ellos iban a ser responsables, como contó nuestro compañero Raul Jaime el pasado octubre, de dar a luz a la Nueva Abengoa. Lo que parecía zanjado el entonces ha tardado siete meses en ser plasmado en un papel. Pero la demora no parece que hiciera el compromiso más fuerte, sino todo lo contrario.

El 31 de marzo nació, oficialmente, la Nueva Abengoa con el Banco Santander como primer accionista. ¿El resultado del colegueo entre la presidenta Andaluza, Susana Díaz y la presidenta del banco, Ana Botín? Aunque lo apuntan muchos analistas y lo publicó El Confidencial, será difícil probarlo.

Lo que sí se sabe es que el Santander, máximo tenedor de la deuda de la compañía desde que estalló el conflicto, ha liderado desde entonces las negociaciones para salvar Abengoa. Por eso, a nadie le extrañó que se hiciera con su control adquiriendo acciones por valor del 9,63% de la compañía. Le seguía el resto de la banca acreedora. El 8,77%, en manos de Crédit Agricole, Caixabank se quedaba con un 4,95%, Bankia, con el 4,64%. Otro 4,58% se adquirió el Banco Popular y el 3,18% fue a parar a la propiedad del Banco Sabadell. La importante presencia de fondos de inversión quedó en una represantación casi testimonia con D.E. Shaw, suscribiendo el 3,62% y Arvo Investment Holding, haciendo lo propio con 3,53%. Las presencia del resto de fondos quedó por debajo de 3% con lo que no están obligados a hacerla pública ante el regulador de los mercados y, por tanto, se desconoce.

Esta solución también implicó que los acreedores (esos mismos bancos incluidos) aceptaran un 96% de quita en sus deudas y los nuevos dueños se comprometieran a un inyección de capital de 1.169 millones de euros, (655 millones de dinero nuevo) de liquidez.

El subidón bursátil que habían experimentado las acciones de Abengoa ante la inminencia de este acuerdo, apenas duró lo que tardó en conocerse que llegaba acompañado de una emisión de 17.800 millones de acciones nuevas (1.577 millones de nuevas acciones de clase A- con derecho a voto- y 16.316 millones de acciones de clase B.) que se sumaron a los 941 ya existentes. El objetivo era diluir la propiedad de los antiguos dueños en un 95%, para dejar la participación de la antiguoa Abengoa en un testimonial 0,34% y la de Javier Benjumea en un casi inexistente 0,02%. Pero con la operación, las acciones se desplomaron un 80% y supuso la casi volatilizaron de las inversiones de muchos pequeños accionistas.

Bancos a la fuga

Pese al disgusto de muchos, parecía ser el minuto cero de la nueva Abengoa. Pero el Banco Sabadell no tardó en romper el hechizo. Once días después, la entidad presidida por Josep Oliú culminaba su vinculación con Abengoa vendiendo todo el paquete de acciones adquiridas.

La decisión del Sabadell sorprendió lo justo. Durante todo el proceso de negociación, no había ocultado sus intenciones de abandonar Abengoa en cuanto se presentara la ocasión. En 2015, fue el primero en vender la deuda a los fondos buitre, a precio de derribo enfrentándose al resto de bancos acreedores.

En contra de lo ocurrido entonces, Sabadell no se ha quedado solo. Poco después saltaba la sorpresa: quien vendía era Banco Santander. El accionista de referencia por menos de una quincena vendía parte de las acciones y se quedaba con un escueto 2,3% en cartera. En ese momento sí, el desconcierto fue total. Ese movimiento alimentó las dudas de que cualquier intención del presidente Gonzalo Urquijo de reflotar la compañía tiene escasas posibilidades de triunfo. "Abengoa está técnicamente quebrada. No hay activos suficientes que vender capaces de subsanar el destrozo que se ha hecho", explica un antiguo directivo.

Crédit Agricole, Bankia y Caixabank ha sido los siguientes en vender acciones y reducir casi por debajo de la mitad su participación en Abengoa.

¿Conclusión? Un año y medio meses después de los primeros movimientos para salvar financieramente a Abengoa, la compañía parece volver a la casilla de salida. Eso sí ahora, con muchos más jirones.

La posibilidad de un rescate público vuelve, como en 2015, a plantearse casi como la única solución. El impacto que una quiebra de Abengoa podría causar en Andalucía es algo que Susana Díaz no quiere imaginar ni en sus peores sueños. Y eso, que el peso de la masa de empleados se ha rebajado desde los 7.000 que tenía en 2015 (4.000 en Andalucia). Todas las empresas satélites que los Benjumea habían constituido están han puesto en marcha, Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) ya sean fijos o temporales. Aunque, en la central el trato ha sido menos duro. Además, se cuentan por centenas los 'voluntarios' que han dejado la compañía con la consiguiente descapitalización de talento.

El futuro, a cara o cruz

En estas condiciones, lo que muchos se preguntan es ¿Quién va a querer hacer negocios con esta compañía? En otras palabras ¿Alguien confía en Abengoa?

Fácil no es. "Ni siquiera se sabe quiénes son los actuales dueños", recuerdan algunos inversores. Porque si todos los bancos han vendido sus acciones eso significa que alguien las ha comprado. Pero ¿quién? Imposible saberlo. Las nuevas plataformas de inversión y la actual regulación permiten con total legalidad realizar estas compras mediante operaciones opacas que ocultan quién está detrás de cualquier movimiento bursátil.

La información que proporciona Bloomberg indica que a principios de la última semana de abril Caixabank tenía un 3,8% de acciones A y un 0,43% de acciones B. Bankia, 2,5% (A) y otro0,30% (B); Santander, 2,02% (A) y 0,39% (B). La gestora Gesiuris SA, 0,02%. Inversión Corporativa; 0,17%. José Abascal Domínguez, 0,04%, De Shaw Galvanic, 0,02%; Javier Benjumea, 0,02% Finarpisa, 0,01% y el resto está en manos de bancos custidios como State Street o Blackrock.

Lo único que parece claro es que no hay ningún accionista de referencia, sino muchos fondos de inversión ávidos de mucho riesgo. "Tener Abengoas ahora es una estrategia suicida. O lo pierdes todo en una quiebra o te quedas pillado como ha ocurrido con Pescanova hasta que consigan reflotarla. Sin poder vender y mientras pagando en el banco todos los gastos que esa tenencia de acciones bloquedas implica", explica un borker que no quiere repetir el error por segunda vez.

A mediados de abril, la prensa económica informaba de lo que parecía ser otro atisbo de esperanza: el primer gran contrato de la Nueva Abengoa, como dijeron los medios. Tampoco lo era así. "La construcción de una nueva desaladora en Arabía Saudí era un acuerdo firmado hace tiempo, qué no podía ser cancelado", comentan fuentes de sector financiero. "Nadie va a encargar nada importante y a largo plazo a una empresa de la que no se sabe ya casi nada", insisten.

En la recámara todavía queda la joya de la corona, la división estadounidense de energías renovables Atlantica Yield. (antes Abengoa Yield) Según publicó Expansión el pasado 4 de abril, Abengoa habría puesto en venta esa filial en línea con el proceso de desinversiones que lleva realizando sin parar a lo largo del último año. En el mercado hay serías dudas de que Atlantica Yield esté en venta. Hispanidad.com asegura que ha sido la garantía para la entrada de capital nuevo y, por tanto, no está en disposición de ser vendida. "Incluso aunque la vendan, ¿qué ganan, mil millones más? con eso no hay ni para empezar a remontar? ", comentan fuentes consultadas.

Ante esta situación, la partida es a cara o cruz. O España se remanga y rescata Abengoa como lo ha hecho con bancos, autopistas... o todo apunta a que dentro de no poco estaremos escribiendo en este blog el responso de la que pudo ser la reina del sector de las energías renovables mundial. Hasta entonces, los analistas están convencidos de que "Banco Santander seguirá siendo el encargado de mantener el valor", ya sea tal y como está ahora o con el contrasplit anunciado.

Un mes, dos meses, tres meses sin poder pagar las nóminas de los trabajadores, los seguros sociales o los vencimientos de los créditos. Alarma!!! La empresa ha entrado en situación de insolvencia. Los administradores no pueden quedarse parados, hay que solicitar concurso de acreedores antes de que otros lo hagan por ellos.

Desde 2004, esta situación se ha convertido en realidad para más de 45.500 empresas españolas, según los datos del baremo concursal de PwC. La ley establece la declaración de concurso de acreedores como mecanismo para salvar de la quiebra a cualquier compañía con problemas de insolvencia. Pero en España, apenas el 5% de estas 45.500 empresas ha conseguido superarlo y salir a flote. El 95% restante ha terminado en liquidación. Normalmente, en el primer mini grupo están las grandes corporaciones, mientras que el 85% de las que presentan concurso son pymes y micropymes con facturaciones inferiores a los dos millones de pasivo. Las situación de estas pequeñas es tan extrema que están avocadas a la liquidación casi desde el momento cero en que comienza el concurso.

La incongruencia es tan sangrante que hasta el Fondo Monetario Internacional instó en 2014 a España para que reformase su Ley Concursal en favor de la pymes. El Gobierno de Mariano Rajoy tomó nota, y en mayo de 2015 aprobó una nueva Ley Concursal cuyos efectos todavía no se han podido testar.

Mientras eso ocurría, el proceso que conduce a la ruina de unos (las pymes españolas), ha sido por unos años la gallina de los huevos de oro de otros (un grupo privilegiado de administradores concursales). ¿Cómo es posible llegar a esa situación? Para ello es necesario conocer todo el proceso.

¿De qué hablamos cuando hablamos de concurso de acreedores?

Como hemos comentado, el concurso de acreedores es el proceso judicial al que deben acogerse las empresas cuando no pueden pagar sus compromisos financieros más acuciantes con acreedores, trabajadores, Hacienda, Seguridad social. Existen dos modalidades de concurso. El más generalizado es el mal llamado concurso voluntario, que es aquel que debe solicitar el propietario de la empresa cuando detecta que no tiene liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos de pago más inminentes. La ley da un margen máximo de tres meses para permanecer en situación de impago sin solicitarlo. Porque a pesar del apellido 'voluntario' declararse en concurso cuando se da una situación de insolvencia es un deber legal.

De no ser así, más de una empresa no lo solicitaría hasta estar extinguida, que es muy español esto de dejar las cosas para el final. Y eso, a pesar de que una vez solicitado algunos de los riegos de la compañía que dan entre paréntesis. Por ejemplo, se paraliza cualquier demanda que hubiera sido interpuesta por los acreedores, las posibles ejecuciones hipotecarias y las deudas dejan de generar intereses.

El segundo tipo de concurso es el necesario. Que pude entenderse como una forma de control o presión sobre el anterior. Este puede ser solicitado por cualquier acreedor o socio de la compañía. Ambos están motivados a hacerlo ya que se les concede el derecho de que el 25% de sus deudas serán consideradas como privilegiadas en el momento de saldar cuentas.

Pero la verdadera amenaza de un concurso necesario radica en que el administrador concursal que nombre el juez tomará las riendas de la empresa apartando de la gestión a los responsables de la compañía. Mientras que en el concurso voluntario, los responsables de la compañía siguen al frente de la misma aunque supervisados por el administrador concursal.

El preconcurso: ¿una alternativa para esquivar el concurso?

Por lo tanto, declarar el concurso de acreedores significa que los directivos de la empresa ya no tienen las manos libres para ejercer las decisiones tomadas. Para evitar esa situación la Ley Concursal diseñó un procedimiento, el preconcurso, con el objetivo de ayudar a las empresas a poner en orden su situación financiera sin la presión del concurso. Esa fue, por ejemplo, la opción tomada por Abengoa cuando se destaparon sus problemas. El preconcurso concede a la compañía a posibilidad de demorar durante tres meses la petición oficial de concurso. Es decir, ganar tiempo. Un período que puede utilizarse para negociar con los acreedores, sobre todo con los bancos, sin que eso implique ningún tipo de cambios en la gestión diaria de la compañía. Además, paraliza las ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes y derechos. Es decir, blinda a la empresa de un temido concurso necesario.

Aunque no fue el caso de Abengoa, otro gran beneficio del preconcurso es que la empresa puede solicitar el carácter de "reservado" y evitar la publicidad negativa que implica que todo el mundo conozca la situación de insolvencia.

Pero si las negociaciones no funcionan hay que declarar el concurso sin mayor dilación. En ese momento surge la figura del administrador concursal. Un abogado o economista experto, nombrado por el juez, que es, en teoría, el encargado de velar para que los responsables de la compañía con problemas gestionen adecuadamente los activos de la misma y negocien con los acreedores para salvar el negocio.

Entre las primeras tareas del administrador concursal están la de verificar que los gestores de la compañía no hayan realizado durante los dos años anteriores ningún movimiento financiero que vaya en contra de los intereses del negocio. Por ejemplo, vender inmuebles por debajo del precio de mercado a otras empresas o familiares, hacer inversiones excesivamente arriesgadas, etc.

Después deberá hacer un listado de bienes y deudas de la compañía para iniciar las negociaciones con los acreedores. La idea es que a través de quitas o ampliaciones del plazo para pagar las deudas las empresas puedan recuperar su liquidez y sanear sus finanzas.

El problema, como hemos comentado más arriba, es que esas negociaciones no suelen funcionar en España. Desde que comenzó la crisis, el porcentaje de acuerdos firmados que han conseguido evitar el cierre de una empresa marcó su mejor momento en el verano del 2015, y aun así apenas llegó a al 3,97%, según datos publicados por el Radar Empresarial de Axesor.

Llega la hora de liquidar , ¿quién pasa primero por caja?

Cuando esto ocurre, es el turno de la liquidación. En ese momento el Administrador debe presentar un Plan de liquidación organizando la prelación de pagos a los acreedores. Aquí la jerga concursal puede ser farragosa para los no iniciados, pero es fundamental para saber qué posibilidades de cobrar deudas se tienen en caso de estar afectados.

En la lista preferente están los denominados créditos contra la masa, que son aquellos que la empresa genera desde el momento en que ha solicitado el concurso. Es decir, los nuevos compromisos de pago como nóminas de los trabajadores, cotizaciones a la Seguridad Social, pagos de impuestos, etc.

También son acreedores con privilegio especial quienes para conceder el crédito a la compañía solicitaron un aval ejecutable. Estos cobrarán tras la ejecución de dicho aval. Por ejemplo, si son hipotecarios se subastará el inmueble y se dedicará el dinero a pagar ese crédito. Si no hay dinero suficiente, la cuantía pendiente se trata como crédito ordinario. Si, en cambio, sobra dinero, esa cuantía pasa a engrosar el remanente con el que se abonará lo debido a los siguientes de la lista: los acreedores ordinarios (los proveedores, los propietarios de bonos), seguidos de los subordinarios (intereses, créditos de los socios frente a la sociedad o las multas). En último lugar, si la empresa se disuelve y queda dinero, cobrarán los accionistas.

La vía más habitual para conseguir esa liquidez con la que saldar las deudas es la subasta de los bienes si no se encuentra comprador directo. Aquí, por supuesto, tienen ventaja empresas industriales como Abengoa (todavía en preconcurso) o Pescanova. Puesto que poseen inmuebles, naves, maquinaria e incluso patentes susceptibles de interesar a otros competidores. Todo lo contrario le sucede a las pymes que prestan servicios, para quienes su escaso patrimonio no suele superar un puñado de ordenadores y demasiadas facturas pendientes de pago de otras compañías.

Además, está el asunto de qué se subasta. Todo el patrimonio de forma conjunta. Lo normal es trocearlo para poder sacar más beneficio. Pero a veces, nadie parece estar interesado en los bienes. Las subastas quedan desiertas una y otra vez, hasta que el precio desciende tanto que puede parecer hasta una ganga. Algo así, ocurrió con la venta del aeropuerto de Ciudad Real por 56,2 millones de euros. Una noticia que le pareció incomprensible a más de un lector. Casi tanto como cuando en 2009, los propietarios de la empresa de bolígrafos Inoxcrom la vendieron por un euro. En estos casos, los vendedores buscan deshacerse de problemas y los compradores tienen la esperanza de reflotar los negocios con una nueva gestión y en la mayoría de los casos desguazando la compañía para vender las partes más productivas. Pero hay más riesgos de los que parece cuando se hacen este tipo de operaciones. Detrás de esos supuestos chollos hay todo tipo de conflictos, desde deudas escondidas hasta operaciones encubiertas. Mucho se ha escrito, por ejemplo, sobre la habilidad del empresario Ángel Cabo para hacerse a precio de ganga con Marsans o algunas de las empresas de Nueva Rumasa operaciones que más tarde le condujeron a la cárcel.

Los administradores concursales, los primeros en cobrar

Los ejemplos de susbastas conflictivas en estos procesos se multiplican. En cambio, lo que no da para tanta literatura es una de las realidades más incompresibles de la Ley Concursal. Y es que, por delante de todos los acreedores que hemos nombrado en la lista anterior están los propios administradores concursales. Sus honorarios, o aranceles según los llama el Real Decreto 1860/2004, se tasan en función de un porcentaje del activo y el pasivo de la compañía en cuestión y salen directamente de las arcas de ésta. Lo cual significa que una empresa que agoniza financieramente tiene al frente a un señor o señora que debe realizar un plan de liquidación de activos en el que el primero en ingresas dinero será él mismo. Luego con lo que se sobre se pagará a empleados, administraciones públicas, bancos, proveedores etc.

Hay casos, aseguran algunos magistrados, que tras pagar al administrador concursal ya no queda nada de dinero para el resto. Hasta la última reforma de la Ley Concursal, es decir durante toda la crisis, el arancel mínimo estuvo fijado en 3.000 euros para las empresas más pequeñas y superaba los 900.000 para las que facturan más de 1.000 millones de euros. Eso permitió que administradores concursales como Antonia Magadaleno, llegase a cobrar solo por la administración del concurso de Marsans 2,6 millones de euros.

Por supuesto esto tiene sus implicaciones. Si el concurso termina por insuficiencia de masa activa (es decir, porque se ha terminado el dinero), el deudor tiene la responsabilidad de pagar los créditos que quedan pendientes.

El negocio de la quiebra de empresas

En cualquier caso, el método de cobro de los administradores no es la única sombra que recae sobre las prácticas de estos profesionales. Como explicó en su momento la periodista Marisa Recuero en El Mundo, la quiebra de las empresas se ha convertido en un negocio en España. Un negocio para unos pocos eso sí. Y es que, según los datos extraídos de Infocic, ocho abogados se repartieron el 1,6% del total de concursos de acreedores declarados en España durante los años de la crisis. Uno de ellos, llegó a liquidar hasta 175 sociedades en tres años.

Expertos, como el administrador concursal Francisco Vera han señalado públicamente que de los 45.000 administradores concursales registrados en España, 5.000 proceden de un único nombramiento efectuado en 2007. De ellos, los primeros 650 se han llevado un mínimo de cinco concursos cada uno.

Un negocio entre unos pocos que deriva en tramas de corrupción como la destapada en 2014 por la Audiencia Provincial de Alicante, a través de la cual se supo que determinados abogados "cortejaban" a los jueces para que les adjudicaran los concursos superiores a los 10 millones de euros. Ese "cortejo" comenzaba con invitaciones a conferencias muy bien pagadas en hoteles de lujo con todo tipo de comodidades.

La última reforma de la Ley Concursal, aprobada el 25 de mayo de 2015, trató de solucionar estos abusos limitando los honorarios de los administradores concursales a 1,5 millones e implantado una bolsa de administradores de forma que los jueces deben ir adjudicando los concursos en función del orden en que están registrados esos administradores.

Solo un detalle, esta novedad no afecta a los grandes concursos de acreedores, para los cuales el sistema de nombramientos continúa siendo el criterio discrecional del juez.

O dicho de otro modo, reformar para que todo siga igual. O tal vez no. La prueba es posible que la encontremos en los próximos días, si Abengoa no consigue llegar a un acuerdo con los acreedores en la fase de preconcurso y debe ir a concurso. ¿Lo llevará también uno de los administradores concursales estrella?

Imagenes | Luis Pérez Flickr CC | CC Wikipedia | Wikipedia | Irukina Flickr

Ayer tuvo lugar el quinto mayor concurso de acreedores de la historia de nuestro país y los involucrados no podían ser otros que empresas vinculadas al ladrillo: Alteco y Mag Import, dos importantes accionistas de la principal inmobiliaria de Francia, Gecina, de la que controlan el 31 % de su capital. La caída de estos dos titanes demuestra el hundimiento del sector de la construcción en nuestro país y como la avaricia no es un buen compañero en los negocios.

El concurso de acreedores de estas dos firmas es bastante particular, ya que acumulan un pasivo de 1.625 millones de euros. Sin embargo, a pesar de que estas sociedades estaban al corriente de sus pagos, el banco galo Natixis les ha bloqueado la posibilidad de renovar un crédito sindicado en el que participaban, lo que no les deja otra opción que declarar este inusual concurso de acreedores.

Con su caída, Alteco y Mag Import dejan colgadas importantes deudas con numerosas entidades bancarias: la propia Natixis (264 millones), Banco Popular (264 millones), Bankia (234 millones) NCG Banco (217 millones), Royal Bank of Scotland (212 millones) y el Banco de Valencia (16 millones). En su conjunto, los bancos españoles nacionalizados ven como se esfuman por arte de magia 467 millones en este impago.

Y justo en este punto, si España fuese un país serio, la justicia iría a por Joaquín Rivero y a por la familia Soler, propietarios de estos dos colosos en llamas y responsables de la debacle financiera de sus entidades, que se trasladará al sistema financiero y, dado que este está intervenido, al Estado español, que es el que finalmente asumirá las pérdidas. Pero tranquilos, no me llaméis ingenuo que ya se que esto jamás pasará.

El hundimiento del sector de la construcción en España es más que evidente. La burbuja sigue desinflándose y el número de empresas que sobreviven a su estallido es ya prácticamente residual. No en vano, no podemos olvidar los grandes fiascos empresariales de Martinsa Fadesa en 2009, con 7.000 millones de euros de deuda, o de Hábitat un año antes, con un agujero de 2.840 millones.

Vía | El País
En El Blog Salmón | ¿Es el concurso de acreedores la solución para las familias en crisis?, Luces y sombras de los procedimientos concursales y Métodos y Herramientas en un procedimiento concursal
Imagen | Kyezitri

La deudas contraídas han acabado ahogando a la empresa textil Coronel Tapiocca, que con una deuda de más de 54 millones de euros, ha entrado en concurso de acreedores.

Los problemas para esta compañía no son nuevos, ya se empezaron a manifestar en el año 2008, y se acrecentaron en el primer trimestre del presente año, cuando finalmente en el pasado mes de mayo se acogió a la moratoria que ofrece la Ley Concursal, con la que contaba con cuatro meses para reestablecer su situación patrimonial y financiera.

Este tiempo ha resultado ser insuficiente, que sumado a los recortes sufridos en la financiación, y por ende las pocas posibilidades de refinanciar su deuda con sus bancos acreedores, han derivado en que hoy se encuentra en una situación de concurso de acreedores.

Coronel Tapiocca lo intentó todo, realizó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el 14% de su plantilla, cerró muchas de sus tiendas, intentó aumentar su eficiencia operativa, pero todo se le echó encima. Esta situación se hubiese ‘salvado’ si se hubiesen emprendido apoyos por parte de sus bancos acreedores, pero claro, estos también están alarmados por su lucha particular contra la morosidad y el aumento de su solvencia.

Con todo esto se demuestra la necesidad de un gran cambio económico, en el que el egoísmo y la especulación no jueguen su papel actual, pero esto sigue siendo una utopía. Mientras esperamos, esta compañía con más de dos décadas de historia, tristemente se ha convertido en un ejemplo más de las ‘marcas‘ que han visto su puesta de sol en sus respectivos mercados. Con graves problemas de financiación a la par que una caída de las ventas, que de manera ‘inevitable’ la han condenado a la desaparición.

Vía | Cinco días
En El Blog Salmón | Toma marca Napapijri
Imagen | sinanyuzakli

Cae la siguiente de la lista de las promotoras inmobiliarias colocadas en el punto de mira. La malagueña Aifos ha entrado en concurso voluntario de acreedores con unos números interesantes, sobre todo para los acreedores de la empresa y los 610 trabajadores que tenía en su plantilla en el mes de junio.

Esta empresa ha tardado demasiado tiempo en llegar al concurso. No se pueden prolongar las refinanciaciones imposibles en el sector sin pasar por el juzgado mercantil. Estas agonías sólo consiguen distorsionar artificialmente el mercado inmobiliario e impedir los necesarios ajustes que se tienen que producir todavía en el mercado de suelo y edificación residencial

En este caso concreto, el pasivo de la sociedad asciende a unos 1.000 millones de euros a distribuir entre 2.000 acreedores. Del detalle de esta deuda, previsiblemente 800 millones correspondan a 34 entidades financieras, con lo cual, el concurso saldrá adelante con una quita importante al igual que ha ocurrido con Martinsa-Fadesa.

Claro está, siempre y cuando la promotora no se encuentre en situación de quiebra técnica. Aparentemente su valor patrimonial puede rondar por encima de los 100 millones de euros, a falta de que la administración concursal ajuste las valoraciones de activos y existencias de dicha promotora. Sin ir más lejos, si hubiera solicitado concurso a comienzos del 2008, podría haber salvado los muebles, ahora veremos.

El historial de la empresa va viento en popa. 891 reclamaciones judiciales, una deuda con la AEAT por 42,5 millones y otra con la Seguridad Social de 1,4 millones de euros. Estas como deudas conocidas por Boletines y demás medios oficiales. Me quedo con un detalle que marca Cinco Días respecto su situación tributaria. Aifos tiene pendiente de ingresar a las administraciones públicas deuda tributaria por importe de 56 millones, correspondiente a liquidaciones de impuestos de 2002 a 2008.

Como vemos el negocio inmobiliario ha destacado siempre por los trapicheos impositivos en AJD, ITP, plusvalías, IBIs y el resto de tasas e impuestos que se repercuten directamente a la edificación. Conozco bastantes promotores que se pasan por el arco del triunfo a los ayuntamientos y CCAA y muchos de ellos, cuando quieren cobrar ya no pueden.

Dentro de las empresas vinculadas, uno de los símbolos estrella del lujo y glamour (¿casposo?) marbellí, el Hotel Guadalpín, también se encuentra inmerso en un procedimiento concursal. Al final, la Costa del Sol, no la va a conocer ni Dios, pero por las ruinas que van a quedar a lo largo de todo el litoral destruido desde que explotó la Operación Malaya y los juzgados malagueños no dan abasto a resolver procedimientos de todo tipo.

Vía | Expansión, Cinco Días Imagen | Mermadon1967 En El Blog Salmón | Las inmobiliarias comienzan a caer

Ha salido un estudio en el Reino Unido de la auditora, BDO Stoy Hayward, sobre cuántas suspensiones de pagos de empresas se esperan como resultado de las actuales dificultades financieras. En este estudio vemos noticias que no son tan malas, en el contexto de la difícil situación en el que se encuentra ese país.

El estudio concluye que se espera que se cerrará uno de cada 56 negocios, menos del 2%.

Está claro que cuando una empresa se cierra las cosas no son fáciles, especialmente para los directamente vinculados; los trabajadores y los empresarios. No obstante, cuando concluyen que, durante las serias dificultades actuales, menos del dos por ciento de las empresas se cerrarán como resultado, esta cifra parece sorprendentemente baja.

Llama la atención porque indica que las cosas no está tan mal como muchos quieren hacernos creer. Supongo que los que pintan las cosas tan negro, firmarían este resultado donde menos del 2% de las empresas cerrarán durante este periodo.

Vía | BBC News (en inglés) En El Blog Salmón | Martinsa-Fadesa suspende pagos, buenas noticias y Métodos y Herramientas en un procedimiento concursal Más información | Estudio de BDO Stoy Hayward (en inglés) Imagen | fasheezee

No lo digo por este caso concreto sino porque demuestra que el mercado está actuando y, muy importante, le están permitiendo actuar.

Recordemos que un concurso voluntario de acreedores tiene el objetivo de llegar a un acuerdo entre la empresas y sus acreedores que, en muchos casos, incluyendo este, tiene el objetivo de acordar la continuidad de la empresa y fijar el camino para conseguirlo.

La conclusión de este proceso puede ser que todos lleguen a un acuerdo y permitan a la empresa el tiempo y la flexibilidad financiera para poner su casa en orden y para esperar que las condiciones del mercado mejoren.

En otros casos, la empresa no puede continuar y se procede a su liquidación.

Llegando a esto, los activos de la empresa se venderán a otros más fuertes y, si hay algún negocio salvable, este también. Es verdad que, en este proceso de liquidación, los trabajadores tendrán que buscar trabajo alternativo. Y los directivos también.

Los débiles, los mal financiados, los mal gestionados y los que ignoran los peligros del mercado caen, y deben caer.

Empresarios no pueden pensar que cuando todo va bien, se forran y, cuando las cosas van mal, el gobierno les salva, con la excusa de que hay que proteger los puestos de trabajo y que no se puede permitir que el mercado se desestabilice.

Lo más grande la empresa, más claro el mensaje. Si no lo haces bien, caerás y el gobierno no está, y no tiene por qué estar, para sacarte las castañas.

Vía | Cinco Días y Público En El Blog Salmón | ¿Es el concurso de acreedores la solución para las familias en crisis?, Luces y sombras de los procedimientos concursales y Métodos y Herramientas en un procedimiento concursal