La salud mental ya es uno de los mayores desafíos del mercado laboral español. En menos de una década, el número de trabajadores que han necesitado una baja médica por motivos psicológicos se ha disparado, alcanzando cifras nunca vistas.
Los expertos aseguran que, que detrás de este fenómeno, confluyen varios factores: la incertidumbre económica, la presión laboral, el impacto de la pandemia y el desgaste emocional que arrastra buena parte de la población activa.
Según los últimos datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), los procesos de incapacidad temporal por trastornos mentales crecieron un 176% desde 2015, con un incremento especialmente marcado en los últimos tres años.
Las cifras reflejan que en 2024 se dispararon en 415.374 casos, frente a los 150.187 de 2015.
Un incremento sostenido durante casi una década
El informe de AMAT detalla que la evolución ha sido constante y ascendente. En 2016 se notificaron 169.236 casos, en 2017 se alcanzaron 190.064 y en 2018 el número ascendió a 222.916.
Aunque en 2020 hubo un leve descenso coincidiendo con la crisis sanitaria y las restricciones laborales, la tendencia se recuperó rápidamente a partir de 2021. Desde ese año, el crecimiento ha sido exponencial: 233.634 procesos en 2021, 299.148 en 2022, 369.295 en 2023 y los mencionados 415.374 en 2024.
La incidencia media mensual también refleja esta escalada. En 2024 se registraron 2,18 procesos de baja por cada 1.000 trabajadores protegidos, lo que supone un incremento interanual del 9,55% y del 118% respecto a hace nueve años.
Detrás de estos datos se esconden casos de depresión, ansiedad, estrés crónico y otros trastornos psicológicos vinculados, en muchos casos, a la sobrecarga laboral o a la precariedad.
El peso creciente de la depresión y la ansiedad
El Ministerio de Sanidad ha confirmado que los problemas de salud mental están aumentando de forma generalizada en la población. La Encuesta de Salud de España (ESdE) 2023, publicada en mayo de 2025, revela que el 14,6% de las personas mayores de 15 años presenta síntomas depresivos, mientras que un 8% sufre un cuadro depresivo severo. Estas cifras suponen un incremento de 5,5 puntos porcentuales respecto a 2020.
La depresión y la ansiedad son más frecuentes en mujeres y tienden a intensificarse con la edad. De hecho, la prevalencia de cuadros depresivos severos en mujeres (8,7%) duplica la de los hombres (4,1%).
Además, los datos sobre consumo de psicofármacos muestran un panorama preocupante: el 11,7% de la población utiliza tranquilizantes o pastillas para dormir, mientras que el 6,4% recurre a antidepresivos o estimulantes.
El Barómetro Sanitario 2024 añade que el 17,7% de los españoles necesitó atención por motivos de salud mental durante ese año, lo que confirma que el malestar emocional se ha convertido en una realidad transversal que afecta tanto a jóvenes como a adultos.
La combinación de sobrecarga laboral, falta de conciliación y presión económica está generando un deterioro psicológico cada vez más visible.
La presión laboral y su relación con los trastornos mentales
Los especialistas en psicología del trabajo destacan que el entorno laboral es un factor decisivo en la aparición de estos trastornos.
La competitividad, la falta de estabilidad y la sensación de estar permanentemente disponible están provocando un agotamiento psicológico generalizado. La llamada “fatiga por conexión continua”, potenciada por el teletrabajo, ha difuminado las fronteras entre la vida personal y profesional, generando una exposición constante al estrés.
En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había advertido que la depresión será una de las principales causas de incapacidad laboral en el mundo durante la próxima década.
España no es una excepción: la presión laboral, la falta de apoyo institucional y la escasez de recursos en atención psicológica pública agravan la situación.
Hacia el reconocimiento de los trastornos mentales como enfermedad profesional
Ante la magnitud del problema, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Trabajo han anunciado una hoja de ruta conjunta para que los trastornos mentales sean reconocidos como enfermedades profesionales.
El objetivo es que casos de depresión, ansiedad o estrés derivados de la actividad laboral sean considerados contingencias laborales y no comunes, lo que implicaría una cobertura distinta y una redistribución del gasto entre las mutuas y el sistema público.
El documento presentado por el Gobierno en junio de 2025 subraya que establecer una relación directa entre un trastorno mental y el trabajo requiere una interpretación clínica basada en la probabilidad razonada, no en la certeza absoluta.
Sin embargo, reconoce que una parte significativa de los pacientes atendidos en los servicios sanitarios señala estresores laborales como factores que agravan o desencadenan su malestar psicológico.
Si se aprueba esta medida, el coste de las bajas recaería sobre los fondos de la Seguridad Social a través de las cotizaciones de trabajadores y empresas, aliviando la presión sobre el Sistema Nacional de Salud.
Las mutuas pasarían así a desempeñar un papel más relevante en la gestión de los procesos derivados de trastornos mentales vinculados al ámbito profesional.
 
  
     
    
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