Tras meses contemplando como el mercado mayorista de la electricidad nos ofrecía récord sobre récord en el precio sobre el megavatio hora y ver cómo sus medidas previas habían sido estériles, el Gobierno se ha decidido a actuar contundentemente a través de un paquete de medidas que queda abarcado en el último decreto ley.

Este decreto nace en un determinado contexto. Ayer conocimos que el precio de la electricidad en el mercado mayorista para hoy había pulverizado todos los récords anteriores, quedándose en 172,78 euros el mW hora. Y la factura para los consumidores ha aumentado un 35% en los 12 meses hasta agosto.

Hasta la fecha, el movimiento por parte del Ejecutivo para paliar la subida lo vimos el pasado mes de junio que ese trato de amortiguar el impacto de la cotización del gas en electricidad y el conjunto de la economía a través de una rebaja impositiva del IVA pasando del 21% al 10% hasta final del año para los suministros de 10 kW. Y, además, se decidió suspender Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% a la generación durante el tercer trimestre del año.

Las medias que se pone en marcha para combatir el alza de la factura eléctrica no van a funcionar

En estas nuevas medidas que plantea el Gobierno se rebajaría el Impuesto Especial de la Electricidad hasta llegar al 0,5% (mínimo legal) desde el 5,11% y suspender hasta final de año el impuesto sobre el valor de la producción energética eléctrica que tiene un impacto con el 7% grabado en la generación.

Por lo tanto, la novedad en materia fiscal es la rebaja del este impuesto especial que lo recauda el Estado pero es para las autonomías que les repotaba alrededor de 1.500 millones de euros al año. Dado que las autonomías son las perjudicadas, se desconoce si recibirían compensación por otra vía.

Debido a que el Gobierno está ganando vía derechos de emisión del CO2, se busca aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.

El Gobierno está jugando con los derechos de C02, pues van a recibir este año una recaudación récord de 2.300 millones de euros, el doble que la recaudación de este impuesto encubierto que condiciona los costes. Este punto recaudatorio no se va a tocar por lo que el impacto real es muy limitado.

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Todo acerca de los derechos de emisión de CO2 y por qué se están disparando de precio

Estas medidas podrían ir en la línea correcta dentro del ámbito de actuación del propio Gobierno. Tarde, poco profundas por la cadena de impuestos del sector que reporta unos 11.000 millones, pero correctas porque implica bajar (insuficientemente) la fiscalidad.

El Gobierno tiene margen dentro de los costes regulados como los vinculados a las redes de transporte y distribución o los costes asociados al fomento de las energías renovables que suponen conjuntamente el 68% de los costes regulados. Son costes políticos que, al igual que sucede las pensiones, se puede imputar parcialmente en los PGE en detrimento de otras partidas presupuestarias.

Más allá de la fiscalidad: beneficios extraordinarios y topar el gas

Ahora entramos en las medidas más controvertidas. Este Decreto quiere minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas. En principio, esta medida estaría en vigor hasta el 31 de marzo del 2022, en el momento el que se preverá que los precios del gas retornarán a la normalidad. Una medida puramente recaudatoria que vendría a reportar cerca de 2.600 millones.

El problema es cómo valoras ese "ingreso extraordinario" ¿sobre un diferencial de una media histórica? ¿Una estimación política de lo que deberían ingresar y han ingresado de más? La subjetividad solo genera incertidumbre en el sector, con el riesgo jurídico de que sea tumbado por los Tribunales y no tenga válidez en el ámbito europeo.

Este riesgo puede tener efectos no desados en términos de atracción de capital. Se necesita generar un marco de confianza para inversores, en un momento de salida de la crisis en el que España necesita miles de millones de euros de inversión privada para emprender los proyectos detrás de los ambiciosos objetivos de cambio climático.

La valoración que hacen desde el Ejecutivo es que dado que el precio del megavatio hora se está disparando, se benefician las tecnologías que soportan menores costes dentro de un sistema marginalista, principalmente las nucleares o centrales hidroeléctricas ya amortizadas o con bajos costes y las tecnologías limpias como la eólica y fotovoltaica.

Se nos ha tratado de vender que esos dineros irían a "topar el gas" pero realmente no será así. Tenemos que la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural para familias y pymes actualiza aplicando una fórmula matemática trimestre a trimestre. El Real Decreto-Ley aprobado evitaría un crecimiento del 28% en la próxima revisión fechada el mes de octubre, dejándola en un 4,4% pero no se topa el gas... se difiere el pago "la diferencia se recuperará de un modo asumible en próximas revisiones, a partir de marzo". Lo que no paguemos hoy lo pagaremos mañana.

La UE aspira a ser climáticamente neutra en 2050, así quedó aprobado en diciembre de 2019. Eso significaría que la economía produjera cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Este objetivo está en el corazón del Pacto Verde Europeo y está en consonancia con el compromiso de la UE con la acción climática global en virtud del Acuerdo de París.

Casi todos los gobiernos del mundo acordaron mantener el calentamiento global muy por debajo de 2°C y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. Eso significa que debemos emitir menos de 580 gigatoneladas de CO2.

Alcanzar ese cero neto es un equilibrio que se vería cuando la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que generan los seres humanos se compensa con la cantidad de carbono eliminado de la atmósfera, lo que produce un equilibrio entre emisiones y descarbonización.

Todo ese proceso supone un coste. No solo por las inversiones que se vayan a generar en el futuro y se ejecutarán en los próximos años, sino que hoy, tenemos el precio de la electricidad del mercado mayorista en máximos y uno de los factores que están motivando el alza está siendo el auge de los derechos de carbono.

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Los efectos que tiene el impuesto de carbono propuesto por la UE

Un billón de euros para promover la economía verde

El 14 de enero de 2020 se aprobó, por parte de la Comisión Europea, un plan de financiación que persigue emplear un billón de euros que provendrá tanto de fondos públicos como privados para la acción por el clima y sostenibilidad medioambiental en el período comprendido entre 2021 y 2030.

Ese billón de euros no nace de la nada. Se trata de un dirigismo centralizado de parte de los recursos que se distribuirán de la siguiente manera:

• 50% Presupuesto de la UE.
• 114.000 millones de euros adicionales vendrían en forma de cofinanciación por parte de los Estados miembros.
• 300.000 millones de euros más procederían de atraer inversión pública y privada a través de los fondos InvestEU y ETS.
• 100.000 millones de eurosmediante el mecanismo de transición justa que busquen paliar sus efectos en países como Polonia que genera actualmente un 80% de su energía mediante el carbón.

Es decir, se van a movilizar recursos de los contribuyentes para esta apuesta determinada. ¿Y si tenemos una tecnología mejor en los próximos años? ¿Y si no es eficiente? ¿Y si se crea una sobrecapacidad o burbuja que implique una actividad ociosa? ¿Cuál puede llegar a ser el coste de oportunidad?

Nada de eso parece importar. Todo parece indicar que gran apuesta es la inversión en renovables si se quiere alcanzar el ansiado puesto de cero emisiones netas. Sin embargo, la inversión en renovables debe ir acompasada a la utilidad marginal que estas puedan ofrecer. Y en ese punto, ningún gobierno nacional o supranacional tiene los conocimientos necesarios para cuantificar esa utilidad.

Ya vimos el error de en la política energética de Zapatero y sus primas a las renovables. Un dirigismo en un momento en el que una tecnología no estaba madura y, por lo tanto, implicaba un alto coste que quedó repercutido en la factura eléctrica.

Los impuestos al carbono

Hoy en día rodos los estados miembros de la Unión Europea (aunque debemos incluir Islandia, Liechtenstein y Noruega) forman parte del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, un mercado creado para negociar un número limitado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Los derechos de CO2 suponen un instrumento de mercado, mediante el que se busca influir políticamente en los objetivos medioambientales.

El número total de derechos de emisión que se expide anualmente y la oferta en el mercado. En consecuencia, cuanto menor sea ese total, menores las emisiones que se pueden producir y mayor el precio de derecho en el mercado, y al contrario. De esta manera se busca estimular la inversión a tecnologías más respetables con el medioambiente que permitan a las industrias que operan en el sistema ser más eficientes.

En total, en la Unión Europea cubre a más de 10.500 instalaciones fijas y alrededor de 500 operadores aéreos, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero se sitúan en torno a las 1.740 millones de toneladas de CO2 equivalente, alrededor del 40% del total emitido en los países participantes. En España, este régimen afecta a casi 970 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos. Supone también en torno a un 40% de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero.

Estos derechos funcionan de la siguiente manera: las entidades reguladas tienen que monitorear sus propias emisiones, y rendir cuentas de las mismas mediante la entrega de un número de derechos de emisión igual a las emisiones producidas. Debido a que el derecho de emisión tiene un valor económico, mediante la disminución de las emisiones las entidades reguladas están reduciendo sus costes.

Descarbonización del sector marítimo y la aviación

La aviación aporta aproximadamente el 4,5% de las emisiones totales de la UE. En el sector de la aviación se pretende una mejora de la eficiencia y combustibles alternativos. Además se busca un crecimiento más lento de la actividad sectorial para 2050, particularmente en el escenario de 1,5°C.

Una razón clave es que la descarbonización profunda en el sector de la aviación probablemente sea factible en el plazo requerido solo si los viajes aéreos disminuyen en algunos mercados, particularmente dada la expectativa de crecimiento en las naciones industrializadas.

Para lograr las mejoras en la intensidad del CO2 previstas por los escenarios de bajas emisiones de carbono, se necesita el desarrollo y despliegue de combustibles bajos en CO2, como el hidrógeno y el queroseno parafínico sintético.

Por su parte, en el sector marítimo vemos una amplia gama de opciones, incluida la mejora de la eficiencia de propulsión de los buques es decir, la reducción deliberada de la velocidad de un barco, puede tener lugar de inmediato. Aquí nacerían cierto problema en el momento de redefinir las cadenas de suministro.

Para este sector se pueden lograr reducciones en la intensidad del CO2 mediante la propulsión asistida por viento y combustibles alternativos como biocombustibles, hidrógeno y amoníaco, aunque es probable que dichos combustibles tengan otros impactos en el ciclo de vida sobre el uso de la tierra y las emisiones.

Fundamentalmente para el transporte marítimo, en comparación con las aeronaves, se va a requerir modernizar los barcos existentes con tecnologías bajas en carbono y, dado el plazo para una descarbonización rápida, este será un aspecto importante y esencial del esfuerzo de mitigación para este sector.

Edificios energéticamente eficientes a través de su renovación

Los edificios siguen causando el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía de la UE. Pero las soluciones ya están al alcance: para las casas en las que vivimos y trabajamos, la transición energética significa una ola de renovación profunda y un cambio a la calefacción renovable.

En el Pacto Verde Europeo prevé implementar la estrategia 'Renovation Wave' en el sector de la construcción con el objetivo de duplicar las tasas anuales de renovación energética en los próximos diez años y mejorar la calidad de vida de los ocupantes del edificio.

Los datos de hoy muestran que aproximadamente el 80% de los edificios actuales todavía estarán en uso en 2050 y de ese total el 75% de este stock es energéticamente ineficiente. Además millones de hogares en la UE se caracterizan por edificios y electrodomésticos ineficientes desde el punto de vista energético, altos gastos de energía, bajos ingresos familiares y necesidades domésticas específicas.

La clasificación común del clima europeo, que es principalmente oceánico, mediterráneo o continental (de acuerdo con la clasificación climática de Köppen). La mayor parte de Europa occidental (fuertemente condicionada por la corriente del Golfo) tiene un clima oceánico, que normalmente presenta veranos e inviernos frescos. El sur de Europa tiene un clima mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos cálidos. El centro-este de Europa se clasifica como clima continental, con veranos cálidos, inviernos fríos y temperaturas anuales muy variadas.

En un supuesto de un aumento en la tasa de renovación anual, desde el promedio actual del 1% a muy por encima del 2% en los próximos 10 años y mantenido a partir de entonces, daría como resultado la renovación de casi el 80% de las viviendas existentes para 2050.

Las renovaciones profundas generarían un potencial de ahorro energético total de casi el 60% de los consumos actuales, lo que, a su vez, permitiría una reducción del 10% del consumo actual total de energía primaria de la UE y un aumento de aproximadamente el 20% de puestos de trabajo en el sector de la construcción.

Existe un consenso global manifestado en el Acuerdo de París que ha fijado un marco global que busca combatir el cambio climático y manteniendo el calentamiento global, muy por debajo de los 2 °C, para limitarlo a 1,5 °C.

La gran relevancia de este acuerdo es que se trata del primer acuerdo universal y con una vinculación jurídica sobre el cambio climático, y parte como resultado de la Conferencia sobre el Clima de París (COP21) en diciembre de 2015.

Desde la UE se ratificó formalmente el Acuerdo a finales de 2016, lo que permitió que entrara en vigor el 4 de noviembre de 2016. Para que el Acuerdo entrara en vigor, al menos 55 países que representasen al menos el 55% de las emisiones mundiales debían depositar sus instrumentos de ratificación.

Ante los desafíos medioambientales planteados por las autoridades nacionales y supranacionales, en los últimos años en el campo de la especulación financiera, los derechos de emisión de CO2 han adquirido un papel protagonista. Estos derechos de emisión nacen a través de un permiso otorgado a determinadas instalaciones afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión con la autorización a emitir gases a la atmosfera.

Con los derechos de emisión, una instalación afectada por este régimen, asume la capacidad de emisión de cierta cantidad de gases a la atmósfera. Y gran parte de derechos de emisión tiene un carácter transferible, lo que implica que puede comprarse y también venderse.

El sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea limita las emisiones de unas 12.000 centrales eléctricas, fábricas y compañías aéreas, exigiéndoles que entreguen un derecho de emisión de carbono por cada tonelada de CO2 emitida anualmente antes de finales de abril del año siguiente.

Y estos derechos no han parado de subir en el último año. Los factores de apoyo son la recuperación de la economía tras el COVID, el renovado interés de los inversores financieros, el optimismo sobre el objetivo climático a largo plazo de la UE y la falta de voluntad de los industriales para vender derechos de emisión.

Al mismo tiempo hay una tendencia de fondo a tener en cuenta, la reducción de la oferta de derechos de CO2 concedidos. De 2013 a 2020 el volumen de permisos emitidos se redujo un 1,74% anual, y a partir de este año caerá un 2,2%. En diciembre, los dirigentes de la UE aprobaron un objetivo revisado para 2030 de reducir la contaminación en al menos un 55% respecto a los niveles de 1990.

Al reducirse el número de permisos, las empresas tendrán que elegir entre invertir en una producción más limpia -el verdadero objetivo del programa- o comprar más derechos, lo que seguirá presionando al alza los precios.

Su cotización ha ido a más y los analistas han aumentado significativamente sus previsiones sobre el precio del mercado europeo del carbono ante la expectativa de que el endurecimiento de los objetivos climáticos de reducción de gases de efecto invernadero en el bloque haga subir el coste de los permisos. Concretamente se espera que los derechos de emisión de la UE alcancen una media de 37,86 euros por tonelada en 2021 y 41,61 euros/tonelada en 2022, un aumento del 18,2% y del 31,3%, respectivamente.

La UE quiere reforzar su objetivo climático para 2030 con el fin de dirigir su economía hacia la "neutralidad climática" para 2050, lo que significa que se impondrá una mayor carga a las empresas incluidas en las emisiones de estos derechos e, incluso, se incluirían otros sectores.

Las medidas más agresivas que se están estudiando podrían elevar el coste de las emisiones a 80 euros por tonelada en 2024. Pero ese escenario es poco probable, porque los gobiernos europeos se resistirían a poner a sus empresas en desventaja competitiva frente a rivales de lugares sin límites de carbono. La clave para la Comisión Europea es tratar de endurecer los objetivos de emisiones al tiempo que disuade a las empresas de trasladar su producción a lugares con normas climáticas más laxas.

El mercado del carbono de la UE ya ha impulsado una importante reducción de las emisiones en el sector eléctrico, donde la contaminación por CO2 se redujo un 15% en 2019, ya que la electricidad procedente de energías renovables desplazó a los combustibles fósiles.

El sector por excelencia que está sufriendo en bolsa este año son las aerolíneas, con un desplome generalizado tanto en España como en Europa como en el resto del mundo.

El escenario de este año ha sido crítico paras todos, debido a que la propagación rápida y cada vez mayor del brote del Covid-19, el deterioro de las expectativas global de crecimiento, la caída de los precios del crudo han llevado a la caída de los precios de los activos financieros que han sido liderados por las aerolíneas.

Si hablamos específicamente de IAG, la matriz de Iberia, se ha visto afectada inicialmente por el brote y vimos que a principios de marzo de este año se pusieron en marcha las restricciones en los vuelos hacia y desde China, Estados Unidos, Italia y otras regiones. A medida que se fue extendiendo el brote, la aerolínea fue reduciendo su capacidad en un 94% en el mes de abril y en mayo y llevaría a reducciones de capacidad de hasta el 50% para 2020.

La actividad del transporte se ha ido reanudando en el tercer trimestre del año, no obstante, existe una alta incertidumbre sobre cómo reaccionarán los gobiernos a tenor de la segunda oleada que se está viviendo en los principales países pero específicamente en España.

IAG tiene el 67% de la capacidad fuera de Europa y una alta exposición a los viajes de negocios y al ocio premium. En principio, a medida que se reanuden los vuelos, IAG se quedaría rezagada debido a su perfil de recuperación más lento que el de la industria en su conjunto.

Y todo esto mencionado tiene una traducción... El hundimiento de la cotización en un 78,5%, siendo el peor valor del Ibex 35 (-30,43%) y también de su sector a nivel europeo junto a la aerolínea Carnival (-75,88%).

Sus problemas de efectivo le llevan a una ampliación de capital

Esta crisis ha tenido un impacto notorio en las necesidades de liquidez de IAG. Valorando el primer semestre de 2020, IAG informó una salida de efectivo libre de 3.500 millones de euros (incluidos los reembolsos de arrendamiento), lo que refleja una parada casi total de la flota durante el segundo trimestre, así como alrededor de 600 millones de euros de salidas por sobrecobertura de combustible y reembolsos de reservas anticipadas.

Su posición de liquidez se redujo de alrededor de 10.000 millones de euros a finales de marzo a 8.100 millones de euros a finales de junio, después de asegurar una liquidez adicional sustancial y reducir la tasa de quema de efectivo operativo a 193 millones de euros por semana desde 440 millones de euros a principios de la crisis. La compañía también redujo a la mitad su gasto de capital en 7.000 millones de euros en total durante los próximos tres años al retrasar o cancelar las entregas de nuevos aviones y retirar su flota de generación anterior antes.

A ello hay que sumar la reestructuración de la empresa dentro de British Airways y otras reducciones de personal en otras aerolíneas del grupo. La compañía espera que las reducciones finales de personal sean sustancialmente menores. Como parte de su programa de reducción de costos, British Airways también planea enmendar los términos del contrato para cierto personal existente, lo que podría generar disturbios industriales. Es posible que IAG también necesite reorientar su negocio hacia el ocio y alejarse de los viajes corporativos, que suelen ser un segmento muy rentable de la industria de las aerolíneas y, como resultado, puede enfrentar desafíos para volver a los niveles anteriores de rentabilidad.

Ante el hundimiento del efectivo se necesitaba impulsar su liquidez. Por ello, IAG propuso una emisión de derechos de capital en septiembre de hasta 2.750 millones de euros y también ha recibido ingresos por 750 millones de libras esterlinas de American Express Company relacionados con la renovación de la asociación global de IAG y que incluye un componente sustancial de la venta anticipada de millas aéreas. La emisión propuesta está respaldada por un compromiso del mayor accionista de IAG, Qatar Airways, que posee una participación accionaria del 25,1%.

El objetivo de esta emisión de derechos y los ingresos de American Express, es obtener la liquidez necesaria para que la empresa opere durante unos 500 días si la demanda no mejora con respecto a los niveles estimados en el tercer trimestre de 2020.

El planteamiento inicial es que por cada acción existente de IAG, el titular tiene un derecho de suscripción y son necesarios dos derechos de suscripción para suscribir tres acciones nuevas, lo que implica una alta disolución. El precio de suscripción de nuevas acciones será de 0,92 euros por cada acción nueva, lo que representa un 35,9% de descuento sobre el TERP (precio teórico ex-derechos).

Y ¿qué ha pasado? A medida que la cotización de IAG ha ido cayendo en los últimos días -a inicios de septiembre la cotización se encontraba en los 1,62 euros, hoy en los 1,03 euros-, los derechos se han hundido, con pérdidas del 56%. Tiene todo el sentido del mundo, si las acciones caen, el incentivo es menor por acudir a la ampliación de capital para la compra de nuevas acciones más baratas frente a la cotización, por ello, muchos inversores están prefiriendo la venta de derechos.

La semana pasada la Comisión Europea publicó sendos documentos pioneros en el mundo, demostrando una gran capacidad de innovación, de visión de futuro, de ser pioneros a nivel mundial, y además de poner a los ciudadanos europeos y sus derechos digitales como prioridad número uno de las autoridades comunitarias frente a los intereses creados, que son impuestos a golpe de "términos y condiciones de uso" (que nadie se lee) por las todopoderosas tecnológicas.

Los documentos en cuestión son, por un lado, un disruptivo y futurista "Libro Blanco de Inteligencia Artificial", que ha venido acompañado por otro documento no menos visionario con la "Estrategia europea del dato". Realmente Europa está abriendo camino "tech" delante de los ojos expectantes y asombrados del resto del mundo: en concreto hay otras grandes superpotencias en las que a sus cuidadanos se les van a saltar las lágrimas al ver que por fin alguien de la talla de Europa hace algo en la actual jungla digital, y además lo hace bastante bastante bien para la grado del desafío.

Bruselas sigue ciñéndose a los principios más idealistas de la Unión, un idealismo que brilla por su ausencia en otras superpotencias

Tan importante como las líneas marcadas por las autoridades europeas, son los motivos por las que las trazan. Nuestro mundo está cada vez más dominado por los intereses de las multinacionales, y en EEUU tan sólo muy recientemente se han empezado a plantear refundar el sistema, con un foco especial sobre el tecnocapitalismo. Sin embargo, en Europa autores como el que suscribe hace ya más de tres años que alertamos de los peligros que se cernían sobre nuestro sistema de libertades, sobre nuestros ideales como la libre competencia, y en general sobre nuestra salud socioeconómica provenientes del terreno digital y de las grandes tecnológicas.

Así, ahora no podemos sino entusiasmarnos al ver cómo desde Bruselas no dudan en reafirmarse en unos valores que, en realidad, nunca nos han dejado de garantizar, y en los que no han cedido ante los intereses creados ni ante los poderes fácticos e injerencias de potencias extranjeras hostiles y con sus propios y lucrativos intereses, más bien situados en las antípodas de los ideales europeos de libertad y derechos: a la vista está el lamentable estado de su prensa "libre" y de la deteriorada libertad de sus ciudadanos. Que sí, que obviamente en Europa hay muchos temas en los que todavía existe un gran margen de mejora, pero, alzando la vista y mirando un poquito más allá de nuestras fronteras, nos podemos dar perfectamente cuenta de que nos hayamos en la vanguardia mundial en lo que a libertades y derechos se refiere. Y eso por el momento, porque hay otras superpotencias con un sombrío panorama por delante que no augura más que un mayor y grave deterioro en este plano.

Sin embargo, en Europa, la declaración de intenciones con la que han acompañado a los dos documentos publicados no puede ser más idealista y apropiada: a la calidad e incontestable espíritu garantista de los documentos me remito como prueba fehaciente. Los principios básicos con los que los dirigentes europeos han concebido esta hoja de ruta han sido tres (a cada cuál más apropiado), y en todo momento el enfoque más "techie" ha sido que la transformación digital debe estar al servicio de los ciudadanos, y que debe respectar los valores fundamentales europeos.

El primer principio insiste en la esencial idea de que la tecnología debe funcionar para la gente. El segundo es que la transformación debe promover una economía más justa y competitiva. Y por último, el tercer principio enuncia que la tecnología debe revertir en la sociedad contribuyendo a hacerla abierta, democrática y sostenible. Nada que decir, salvo un sonoro aplauso y enarbolar la esperanza de que no se olviden en ningún momento de estos principios, y los traduzcan de forma recurrente en hechos más allá de meras las palabras biensonantes. Y un buen precedente para mantener viva esta esperanza es cómo han demostrado fehacientemente su gran determinación por respetar y defender éstos principios, tal y como han hecho ahora con los documentos de la Inteligencia Artificial y de la Economía del Dato.

Había que poner límites a esa Inteligencia Artificial (o IA) que nos escruta minuciosamente y nos cataloga a todos

Empezando por el primero de estos dos documentos estratégicos y garantistas de derechos y libertades, hay que empezar alabando la valentía y la decisión de Bruselas por lanzarse a tratar de regular un tema tan pujante, novedoso, y de progreso exponencial como es la tecnología de Inteligencia Artificial. Ya les analizamos aquí hace algunos años el futuro que se avecina(ba) con esta disruptiva nueva tecnología, así como también múltiples e importantes aspectos de la misma más allá de su impacto más directo, como puede ser la importante brecha que puede abrir en nuestro tejido empresarial, o un aspecto clave como es el de sus necesidades y su (in)eficiencia energética (por cierto, un tema muy alineado con las estrategias europeas).

Aparte de todo ello, sin duda, las autoridades europeas han sabido ver que la velocidad de progreso de esta tecnología en particular era tan rápida, y sus potenciales injerencias en nuestros derechos tan severas, que la mejor opción para garantizar nuestros ideales y libertades más europeístas era coger "el toro por los cuernos". Así, aún a riesgo de equivocarse y tener que rectificar, se han lanzado al menos a establecer unos mínimos de regulación que empiecen a definir unos ciertos límites infranqueables (tienen el documento completo aquí) para esas tecnológicas para las que muchas veces todo parece valer, con tal de seguir ganando cotas de poder (y de euros).

El enfoque más ambicioso es que no sólo se concibe la tecnología de IA como que debe ser acorde a los valores y derechos europeos, sino que se considera también un instrumento para defenderlos (se sobre-entiende de injerencias hostiles de potencias extranjeras), para promocionarlos (se sobre-entiende promoviendo su extensión por todo el mundo), y para tener en cuenta todo ello desde el primer momento en el ciclo de vida de cualquier software inteligente en suelo europeo. Así, la IA debe tener estos valores embebidos en su arquitectura y en sus bits desde las primeras etapas del diseño, en su posterior desarrollo, y por último en su despliegue, y además también en cómo catalizarán la mejora de los servicios a los ciudadanos, con especial énfasis en los servicios públicos.

De las palabras a los hechos: en Bruselas demuestran ambición real de definir un marco estable y de aportar una inversión que permita desarrollar la tecnología de IA de verdad

Bonitas palabras. ¿Pero qué hay de los hechos? Pues bien, de nuevo los instrumentos articulados para conseguir estos idealistas objetivos vuelven a ser ambiciosos, y revelan otra vez una clara determinación. La partida de inversión más importante se recoge dentro del clúster de "Digital, Industria y Espacio", en cuya concepción la IA es una tecnología clave, y que está dotado con nada más y nada menos que 15.000 millones de Euros. Adicionalmente, hay otros 2.500 millones de Euros destinados ya específicamente para infraestructura de IA tangible, como son las propias plataformas inteligentes, o las mismas aplicaciones con las que los ciudadanos harán uso de toda esta fascinante nueva tecnología emergente. Y, por último, hay 2.000 millones de Euros más que podrán ser invertidos en proyectos europeos de alto impacto relacionados con "Espacios de datos", incluyendo aspectos estratégicos como una compartición de datos confiable y eficiente energéticamente, así como lo mismo aplicable a la infraestructura en la nube.

Además, se buscará a nivel nacional que los conjuntos de datos aporten un alto valor añadido, pero también que se aprovechen las sinergias transnacionales y sean reutilizables, y puedan ser igualmente aprovechados por otros países de la Unión en espacios de datos comnues: es aquí donde más se puede aprovechar la potencialidad conjunta de una Unión como la europea, convertida en superpotencia por agregación de enriquecedoras realidades (e inteligencias artificiales) nacionales. Y no queda aqui la apuesta decidida de Bruselas por todo este asunto, sino que, a todo lo anterior, además hay que añadir los ingentes recursos que ya desde hace décadas la Unión Europea dedica a la promoción de la normalización basada en estándares abiertos con ETSI y otros organismos, a grupos de trabajo técnicos que están altamente especializados y que alumbran nuevas y visionarias tecnologías, a proyectos de futuro todavía demasiado potenciales como para que la iniciativa privada los abandere en sus etapas iniciales, a los objetivos del nuevo plan Horizonte2030, etc. etc. etc., y en cuyas partidas la IA también va a ser un destino destacado de sus cuantiosos flujos de inversión adicionales a los anteriores.

Por otro lado, y haciendo honor a su fama de superpotencia más concienciada sobre la necesidad de que la actividad humana sea sostenible en el planeta, Bruselas también concibe estas tecnologías digitales como un facilitador crítico para la aclamada y visionaria política del "Green Deal" (o "Tratado Verde"), por el que Europa está decidida a adoptar una nueva estrategia de crecimiento económico que le permita ser pionera y convertirse en una superpotencia sostenible. A ver si cunde el ejemplo, porque mucho me temo que, si simplemente acaba por resultar que estamos predicando en el desierto, en vez de conseguir los objetivos más verdes a nivel mundial, lo que podría acabar ocurriendo es que cayamos en clara desventaja competitiva frente a otras superpotencias irresponsablemente hiper-contaminantes: eso sí, el consuelo es que, desastrosamente, esa supuesta desventaja competitiva durará los dos telediarios que les puede costar a los otros gigantes económicos cargarse nuestra socioeconomia y su convivencia con el medioambiente y con el planeta, al menos tal y como concebimos esa socioeconomía y nuestro bienestar actualmente.

En este desafiante pero esperanzador reto juegan un papel destacado tecnologías de gran futuro, como es la optimización de la eficiencia energética, aportando un control en tiempo real y pormenorizado de los consumos y necesidades de energía, permitiendo la trazabilidad casi-absoluta merced a la combinación de la IA con otras tecnologías como Blockchain y otras de la "Energy 4.0", y permitiendo también llevar la energía allá donde más se necesita, además de no desperdiciarla. Un caso de uso por antonomasia es la optimización de la energía destinada a la calefacción inteligente de edificios o a su refrigeración en verano. La capacidad de ahorro y optimización es literalmente apabullante, y no sólo por el ahorro de un dinero desperdiciado y que literalmente se tira a la basura calentando cuando puede no ser necesario, sino además también minimizando el consumo energético a lo verdadera y estrictamente necesario para generar actividad económica y bienestar para los ciudadanos, y llevando los recursos energéticos allí donde más se necesitan.

Éstos son ni más ni menos algunos de los objetivos más idealistas e iniciáticos que puede traer la Inteligencia Artificial, y que comparten también con aquellos de tecnologías como la de Ciudades Inteligentes. En algunos países como España, a pesar de la pujanza que se les imprimió inicialmente, hemos visto cómo lamentablemente el Plan Nacional de Territorios Inteligentes ya no es ni de lejos lo que era hace tan sólo dos años, lo cual sólo lleva a preguntarse qué ha podido cambiar al respecto para que nuestra Administración deje de apostar con la misma intensidad de entonces por una tecnología tan de futuro, y que aún requiere de un apoyo y una promoción pública considerable para despegar, ser pioneros a nivel mundial y europeo, y conquistar nuevos mercados. Una vez más, resulta prometedor que sea ahora Europa la que vaya a permitir que en España sigamos avanzando en este plano, toda vez que ha sido mayormente dejado de lado a nivel nacional.

Y en los bits de todo ello estará embebida esa Inteligencia Artificial que va a permitir que esto ocurra, y en la que desde Europa han puesto el foco, promoviendo que además redunde en otros beneficios socioeconómicos como son acometer más y mejor I+D, catalizar la colaboración transnacional, incrementar la competitividad de las socioeconomías europeas, o simplemente el hecho de construir un futuro digital hecho a medida de los ciudadanos (y no al revés). Como demostración de esto último en concreto está el visionario documento de "Directrices éticas para una Inteligencia Artificial confiable". El definir un marco legal como éste, con ineludibles principios éticos, aporta al tejido socioeconómico una esencial estabilidad cuasi-jurídica, que permitirá poder hacer las inversiones en IA con ciertas garantías, y promocionando la inversión en un sector cuya (hasta ahora) indefinición añadía un perjudicial grado de incertidumbre, que lastraba el desarrollo de la tecnología y de nuestro futuro más digital.

Inteligencia Artificial y datos van en esto juntos y de la mano (digo "de los bits")

Pero inseparablemente unida a todo lo que esa Inteligencia Artifical es capaz de producir, está el otro aspecto ineludible también abordado desde Bruselas: la disruptiva Economía del Dato de la que tantas veces les hemos hablado también desde aquí desde hace años. De nada sirve tener una IA ética, si luego los ciudadanos quedan expuestos por sus datos, y éstos pueden ser extraídos y explotados por terceros no europeos vulnerando su privacidad y pudiendo aplicar sobre ellos otras Inteligencias Artificiales no europeas, que hagan en terceros países lo que en Europa no esté permitido.

Un buen ejemplo de hasta qué punto todo lo anterior es clave, y en especial en lo que al nexo entre IA y datos de los ciudadanos se refiere, es el desarrollo de la IA y su aplicación a la selección y a la captación de talento. Esto es especialmente significativo tras la distópica polémica que ya saltó a los titulares con el descubrimiento de que, en diversos procesos de selección de Recursos Humanos, se estaba utilizando un software de Inteligencia Artificial que había "aprendido" a directamente ser discriminatorio con los datos de los candidatos, y que discriminaba en base a ciertos criterios no aceptables como el género.

Otro ejemplo de la relevancia del binomio de IA y datos es otra polémica que también ha saltado a los titulares revelando cómo algoritmos de prevención del fraude fiscal se cebaban en la práctica especialmente con determinados perfiles personales o con ciertos colectivos sociales. Finalmente, otro distópico campo que ponen de relieve desde Europa es por ejemplo el de las tecnologías de reconocimiento facial u otros datos biométricos, tecnologías fundamentadas básicamente a su vez en tecnología de IA, y que otras super-potencias están utilizando ya masiva y totalitariamente para implantar un estado de hiper-vigilancia con el que controlan férreamente a su población.

Y coronando todo lo anterior, como dulce guinda del pastel europeo de la Inteligencia Artifical y de los datos, podemos también analizar cómo, muy oportunamente, desde Bruselas afirman que los algoritmos de IA, al igual que los productos alimentarios, los juguetes, o tantos otros productos, deben estar sujetos a estrictas regulaciones e inspecciones europeas y nacionales. Apuntan a la posiblidad de adoptar algún tipo de estándar europeo, abogando incluso por un futuro etiquetado "CE" que garantice la certificación de la IA en base a los estándares técnicos y éticos de la Unión. Sencillamente, otro sonoro aplauso para algo que ya se echaba en falta, y que demuestra definitivamente cómo los políticos de Bruselas, aparte de por tener un cómodo sillón en el Europarlamento o en la Comisión Europea, también se preocupan de verdad por los intereses y por el futuro de sus ciudadanos, más allá de los lucrativos intereses de las multinacionales del dato y de la inteligencia artificial.

Por el contrario, en otros lares, estos intereses creados campan literalmente a sus anchas, cuando no cuentan incluso con la connivencia de los Estados a la hora de controlar y ejercer la represión o la venta al por mayor de sus sufridos ciudadanos. Europa empieza a ser un oasis de libertades y derechos, y con el tema que les hemos analizado hoy, esta esperanzadora realidad no puede sino realimentarse de cara al futuro. Hoy más que nunca, el futuro de un pueblo depende irremediablemente del futurismo de sus dirigentes, y de la visión a largo plazo que sean capaces de imprimir a nuestra realidad socioeconómica y más "tech". Europa (en este caso) está demostrando estar a la altura del reto y de sus ciudadanos. Aquí estamos en suelo europeo, y esto ya no es el lejano oeste, sino una Europa con reglas claras y con la irreductible intención de proteger los derechos de los ciudadanos europeos. Si su empresa quiere hacer negocios aquí, deberá atenerse a las reglas que protegen los derechos y libertades de los europeos, y, si no, vaya dejando espacio para sus competidores europeos, que sí están dispuestos (y concienciados) para hacerlo.

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En las últimas semanas hemos asistido cómo el Gobierno del PSOE ha estado abusando de la fórmula Real-Decreto en el Consejo de Ministros celebrado los viernes. De ahí nace la etiqueta de los "viernes sociales", con unas medidas claramente orientadas a la concesión de ciertos derechos con impacto presupuestario.

Esas medidas de gasto público se integraban previamente en los Presupuestos Generales del Estado que no fueron aprobadas por las Cortes. Lo que se ha estado haciendo es descomponer el Presupuesto e impulsar las partidas de gasto antes de finiquitar la legislatura y poder ofrecer "algo" como acción de Gobierno.

La AiReF cifra en 920 millones la factura de los viernes sociales

La batería de medidas estaban valoradas en los Presupuestos Generales del Estado por un importe total de 1.633 millones de euros. El sindicato de técnicos de hacienda, AiReF, redujo el impacto de todas estas medidas en 200 millones en 2019, debido a que la entrada en vigor se había dilatado hasta el segundo trimestre del presente ejercicio.

En total, el importe estimado de los viernes sociales es de 920 millones al no haberse desarrollado la medida de mejora de la dependencia que hubiera tenido un impacto presupuestario de 500 millones de euros según se incluía en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado.

Si vamos medida a medida, las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores adquieren un impacto presupuestario de 315 millones de euros, en la misma línea que valoraba el gobierno en sus PGE, siendo la medida más costosa impulsada en los "viernes sociales".

Seguidamente la recuperación del subsidio para mayores de 52 años tendría un impacto de 242 millones (81 millones menos que lo presupuestado en los PGE19) y el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas nos costaría 225 millones (75 millones menos que lo presupuestado). Y, el ingreso mínimo vital estaría vinculado a un coste de 138 millones (41 millones menos).

El Gobierno no da nada que previamente no haya quitado

El año pasado, cerramos con un déficit en el total de las Administraciones Públicas del 2,6%, siendo la Administración Central y la Seguridad Social los impulsores de este desequilibrio presupuestario. Para este año, el objetivo déficit está planteado en el 1,30%, lo que implicaría que la Administración Central debería dirigirse hacia un déficit 0,3% y la Seguridad Social al 0,9%

Nos encontramos ante un contexto de presupuestos prorrogados y un Gobierno que mediante Reales Decretos ha impulsado el incremento de los gastos. En consecuencia, la AiReF está proyectando que la Administración Central alcanzará un déficit del 1% (a siete décimas del objetivo) y la Seguridad Social tendrá un déficit del 1,4% (a cinco décimas del objetivo). Por ello, concluye la AIReF, que se incumplirá el objetivo de déficit alcanzando finalmente un 2,1% frente al objetivo del 1,3% para este año para el conjunto de las Administraciones Públicas.

Muchos son los que pueden valorar positivamente la creación de nuevos derechos por parte de cualquier Gobierno. Pero no debemos olvidar que todo derecho está vinculado a la creación simultánea de una obligación que recaiga sobre un grupo específico... El Gobierno no da nada que previamente no haya quitado.

Lo peor de todo es que cuando se establecen nuevos derechos con un impacto presupuestario sin una contrapartida de obligaciones asignadas, esos derechos se financian mediante deuda, es decir, comprometer las rentas futuras de los ciudadanos para proporcionar utilidad presente... Estamos utilizando la tarjeta de crédito para seguir manteniendo (o incrementando) el tren de vida.

No aprobar los presupuestos del PSOE ha sido positivo para el déficit.

Estamos en el terreno de la deuda... Pero podría ser peor. La AIReF valora positivamente la no aprobación de los Presupuestos de Sánchez ya que sino el déficit aún sería mayor. "La mejora del saldo se produce por ser precisamente este subsector (Administración Central) el que concentra los efectos de la no aprobación de los PGE, lo que ha supuesto una modificación sustancial a la baja de sus previsiones de ingresos y, en mayor medida, de las de gastos".

Si bien es cierto que el Gobierno ha conseguido impulsar medidas de ingresos en los fondos de la Seguridad Social, las medidas tributarias referidas a Administración Central no han podido salir adelante. Eso significa que el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o el Impuesto sobre Transacciones Financieras finalmente fueron derribadas en su tramitación. Del mismo modo que las modificaciones en el impuesto de sociedades, el IRPF, el IVA y el impuesto sobre hidrocarburos.

Por la parte de los gastos el plan presupuestario que había valorado la AIReF, se dibujaba un escenario de un mayor gasto cuantificada en 5.250 millones. Debido a que se encuentran en vigor medidas con un impacto estimado de 1.508 millones -920 millones de los "viernes sociales" y 588 millones pertenecientes a la revalorización de las pensiones-, los técnicos de Hacienda pueden ser ligeramente más positivos frente a las previsiones anteriores.

Los contribuyentes se han librado de unas obligaciones cuantificadas en 3.742 millones de euros en partidas identificadas expresamente el el Presupuesto del PSOE que incluían la Cooperación para el Desarrollo, acciones en favor de los inmigrantes, actuaciones en vivienda, la creación del bono social térmico, subvenciones al transporte y mayores aportaciones para ADIF.

En los últimos días hemos visto en las noticias grupos de mujeres de edades y procedencias distintas reunidas para conseguir el mayor número de compañeras, como forma de presión ante la situación de las empleadas del hogar y de los cuidados.

Consideran que están viviendo, por los diferentes gobiernos que pasan, discriminación e invisibilidad como sector y reclaman los mismos derechos que el resto de los trabajadores.

Nos podemos preguntar: ¿En qué situación están los trabajadores del sector doméstico para salir a la calle a reclamar sus derechos?

Los trabajadores domésticos el sector con peores condiciones en España

Las empleadas del hogar y de los cuidados están reclamando cosas tan básicas como un subsidio por desempleo, un convenio colectivo y otras herramientas que sirven de ayuda para evitar los abusos dentro del sector.

Más de 600.000 personas, de las cuales el 96 por ciento son mujeres, en torno a un tercio no están dadas de alta en la Seguridad Social, y una gran parte, de origen extranjero, que cada día limpian casas o atienden a ancianos, niños o discapacitados.

Se ha movilizado por la enmienda 6.777, presentado el mes de mayo por el Partido Popular a los Presupuestos Generales del Estado. Esta iniciativa retrasaba a 5 años, del 1 de enero del 2019 al 1 enero del 2024, la equiparación del sistema de cotización de las empleadas del hogar al régimen general de la Seguridad Social.

Los derechos del sector se retrasan hasta el 2024

El Partido Popular justificó esta decisión con un intento de evitar una serie de efectos negativos como la generación de nuevas obligaciones para los empleadores de estos trabajadores domésticos. Pero, claramente el gran perjudicado de esto son los empleados, ya que tienen mayores lagunas de cotización en un sector donde las jubilaciones ya son muy bajas, porque el trabajo sin contrato está a la orden del día.

Los trabajadores domésticos ya dieron un paso fundamental en el año 2011, cuando consiguieron un compromiso con el Gobierno de entonces para introducirlos en el régimen de la Seguridad Social, Pero entonces se pactó un sistema especial con menores derechos de los que habitualmente tienen otros sectores en España.

Para las cotizaciones se fijó un periodo transitorio que debía concluir el próximo año, y que ahora se va a posponer hasta el año 2024. Además, factores como la prestación por desempleo, la inclusión en una ley de riesgos laborales o fórmulas para evitar el despido libre sin protección quedan fuera del alcance de este sector.

El sector se siente discriminado por el trabajo que realiza

En las manifestaciones que hemos visto por las noticias frente al Congreso de los Diputados, grupos de mujeres tenían en sus manos fregonas o escobillas del baño. Se está sufriendo una oleada feminista en este sector para reivindicar el derecho de la mujer y darle fuerza a sus reclamaciones.

Claramente hace falta una reorganización de la sociedad que tenga en cuenta la absoluta feminización e invisibilidad de los cuidados y el sector cree que las 2 luchas están muy unidas.

Por otra parte, muchos de los trabajadores del sector siente que si trabajas limpiando o cuidando suelen mirar por encima del hombro, por tanto se siente una discriminación. Han encontrado el asociacionismo la forma de lograr hacer presión a las diferentes organizaciones.

El Gobierno del PSOE se compromete analizar la situación

Las reivindicaciones del sector ha logrado poner al Gobierno del PSOE en una difícil situación. Por una parte, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, cree que existe una necesidad de ampliar los derechos de este sector.

Pero Magdalena Valerio, al mismo tiempo, admite la dificultad de tomar decisiones inmediatas teniendo en cuenta que el gasto para el 2018 está limitado por el Presupuesto que ha dejado el PP para el Gobierno del PSOE. Aquí se escuda que no son sus Presupuestos y no están de acuerdos con ellos, pero deben gobernar con ellos.

Mientras, el Gobierno del PSOE se plantea qué medidas se deben desarrollar para atender las reivindicaciones del sector. Así, el Ministerio de Trabajo dicen que van a trabajar para ratificar el convenio 189 de la OIT que se firmó en 2011 y fue ratificado por 25 países, pero no por España, para así conseguir ampliar los derechos del sector.

Por tanto, Magdalena Valerio, se ha comprometido públicamente que tiene la voluntad en estudiar el desarrollo y coste del convenio del sector, teniendo en cuenta que este año el gasto está muy limitado.

En El Blog Salmón | Hace falta una nueva reforma laboral

Imagen | Flirck

Una patente es una protección legal otorgada al inventor o empresa descubridora de un producto o proceso productivo por el Estado, ofreciendo una protección legal para impedir la competencia, y en consecuencia, el resto de empresas no puedan utilizar o vender el artículo durante un tiempo determinado.

Como principal ventaja se suele señalar que el uso de las patentes permiten reducir la incertidumbre, el riesgo asociado a la inversión sobre la patente y evitar que los potenciales imitadores copien el producto.

La razón subyacente a este proteccionismo sobre un determinado producto o proceso productivo es que la empresa ha invertido una suma importante de dinero y también tiempo en I+D por lo que la concesión de un monopolio en forma de patente contribuye a la recuperación de los gastos y así, generar una rentabilidad óptima sobre la inversión.

Sin embargo, la existencia de las patentes implica una discusión sobre si las ventajas son superiores a las desventajas que ofrece, pues por un lado, tiene sentido proteger los derechos de propiedad de una idea para incentivar su desarrollo y amortizar la inversión, pero, por otro lado, también puede tener sentido criticar la creación de un monopolio, evitando un mercado en competencia en favor del consumidor que ajuste los precios.

Crítica al sistema de patentes

Existe un documento publicado por la Reserva Federal de St. Louis muy bien estructurado, en la que se elabora una crítica amplia sobre los beneficios y los perjuicios que conlleva el sistema de patentes.

Haciendo un repaso histórico, el documento señala que los sistemas de patentes débiles, es decir sin una amplia regulación, han contribuido ligeramente a la innovación con limitados efectos secundarios. No obstante, aquellos sistemas de patentes fuertes, con amplias regulaciones han mostrado mayores efectos secundarios.

Las legislaciones de patentes tienden endurecerse en el transcurso de los años debido a que el clientelismo existente de algunas industrias y empresas viejas, que se encuentran estancadas en su modelo de negocio, pretenden ejercer una barrera de entrada a las empresas nuevas que aporten innovaciones.

El documento concluye, de manera radical, que hay que abolir las patentes en su totalidad y encontrar otros instrumentos legislativos que sean menos abiertos a los grupos de presión y la búsqueda de alternativas de financiación que impulsen la innovación y desarrollo.

Las empresas farmacéuticas son aquellas que tienen mayores incentivos para que exista una fuerte protección de las patentes pues los productos farmacéuticos son fácilmente copiados y el desarrollo de los fármacos conllevan años y millones de dólares invertidos en su desarrollo.

En respuesta a esta problemática, el documento señala que se debería modificar el proceso aprobación de medicamentos para que los fabricantes iniciaran, de una manera más rápida, la recuperación de sus costes y establecer un sistema de incentivos para desarrollar aquellas medicinas que generen amplias mejoras médicas.

Hepatitis C y el Sovaldi

Para señalar un caso de la industria farmacéutica en la que el sistema de patentes ha sido fuertemente criticado tenemos la farmacéutica Gilerd y su cura de la Hepatitis C, mediante el Sofosbuvir, comercializado como Sovaldi. El precio del medicamento se vende en Estados Unidos por 84.000 dolares y en España por 25.000 euros.

Dado que el coste de producción del Sovaldi es algo superior de los 100 dólares, supone que el precio de venta de este medicamento se multiplica por 832 veces en Estados Unidos y 277,5 veces en España. Y es de especial relevancia estos diferenciales pues, según la Organización Mundial de la Salud, 150 millones de personas en el mundo han sido infectadas con el virus de la Hepatitis C.

En este caso particular, coincide que Gilerd compró por 11.000 millones de dólares en el 2011 la patente del Sofosbuvir y esperó a que la supervisora "Food and Drug Administration" o FDA aprobara el medicamento a finales del 2013. En 2014, la comercialización del Sovaldi le reportó 12.400 millones de dólares (recuperando en el primer año la inversión).

A pesar de lo mencionado, encontramos una cara B en el relato. Y es que muchos de los enfermos con Hepatitis C no podían permitirse el acceso al medicamento por su elevado precio.

La razón por la que el precio del Sovaldi es tan elevado es que gracias a la patente no existía una competencia que tuviera la facultad para producir el medicamento y distribuirlo de manera más barata que el Sovaldi. Por lo que se pone en tela de juicio si finalmente los efectos positivos son superiores a los efectos negativos de establecer un derecho de explotación de un producto como monopolio.

El incentivo de violar las patentes

Cuando puede existir una alternativa de compra a un precio inferior tiende a surgir la competencia. En el supuesto de que exista una regulación establecida que lo impida, se denomina como competencia desleal y por ello, las patentes o bien derechos de propiedad intelectual en ocasiones son violados.

Los gobiernos y las empresas en Brasil, India, Tailandia y Uganda comenzaron a desafiar a las patentes sobre medicamentos, con el argumento de que las vidas humanas son más importantes que las patentes, los derechos de autor, las leyes de comercio internacional, y el interés económico de la industria farmacéutica.

Por ejemplo, la terapia antirretroviral ha quedado fuera del alcance de las personas que sufren de VIH en los países vías de desarrollo, y los defensores de los medicamentos antivirales genéricos argumentan que "la necesidad humana justifica la violación de la ley de patente".

En el caso de Tailandia, en el año 2002 puso en marcha la producción de medicamentos antivirales genéricos y el coste de un tratamiento mensual para una persona cayó de una horquilla situada entre los 500 - 750 dólares hasta los 30 dólares, por lo tanto, haciendo que el tratamiento sea más asequible.

En respuesta, el gobierno de Estados Unidos colocó a Tailandia en la lista de "infractores de derechos de autor" por las acciones cometidas.

Sigo manteniendo que en este país, el personal se queja mucho detrás del anonimato, en la barra del bar y que muy, muy pocos son capaces de hacer valer sus derechos donde deben, que es ante los tribunales o ante la autoridad administrativa cuando hablamos de "derechos laborales".

Esta reflexión la traigo al hilo de los comentarios que están dejando bastantes lectores en esta entrevista de JotDown a la responsable de la Librería La Central y se pueden leer acusaciones bastante serias de mobbing, acoso psicológico, incumplimientos reiterados de convenios colectivos, horas sin pagar, diferencias salariales difíciles de explicar... Nada nuevo bajo el sol de este país de borregos asustados, más que de personas que sean capaces de quejarse si los pisan. Aquí la novedad es que tenemos una empresa "progre" según esos propios trabajadores y extrabajadores que critican la situación y por lo que se lee en Twitter, para muchos, en España sólo "explotan" a sus trabajadores los empresarios fachas que votan al PP. Pues no, niños y niñas, aquí lo mismo te hace un siete un "empresario fascista" que el gerente de la cooperativa social o el director de la ONG de Villapepinos de Arriba. ¿Acaso pensáis que los contratos en práctica, becarios, no pagar las horas extras y similares es monopolio exclusivo de la empresa derechona? Pregunten por ahí, a los progres del salón, que igual se sorprenden.

Dado que la tendencia política del empresario no tiene porqué marcar su ética empresarial, lo que determina el comportamiento positivo o negativo de un empresario con sus trabajadores viene marcado a la vez por la tolerancia que tenga la masa laboral que controla a la ruptura en ellos de las normas laborales impuestas. Una empresa que tiene más de 100 trabajadores como la descrita, no es el taller de la esquina con dos chavales ni tampoco está situada en un pueblo perdido del monte. Aquí, irte a poner una denuncia a la Inspección de Trabajo es realmente sencillo y si el asunto es grave como apuntan en los comentarios, el anonimato lo tienes asegurado. Muchos dirán a la vez que si denuncian pierden su puesto de trabajo, que tal y cual...

Si realmente pueden aguantar las condiciones de trabajo, o mienten en las acusaciones, o aún los podrían putear algo más, por lo que lo primero que tiene que hacer cualquier persona al firmar un contrato de trabajo, es perder la cobardía y el miedo y hacer valer tus derechos lo mismo que cumples con tus obligaciones. Si no sirves ni para reclamar por tu dignidad, realmente de poco vale lo que aportas y probablemente tampoco seas responsable con tus obligaciones, trabajes para un empresa progre o no.

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Imagen | Bacteriano

Posiblemente ya lo habéis visto, ya que ha tenido una gran difusión estos días por las redes sociales, pero no me resisto a ponerlo y hacer unas breves acotaciones s respecto a aspectos económicos de la exposición de Gloria Álvarez, la politóloga guatemalteca, en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en España, en septiembre de este año, Populismo vs República (o cómo usar la tecnología para acabar con el populismo).

Evidentemente su discurso va mucho más allá de lo económico, pero teniendo en cuenta donde estamos me voy a centrar, como dije, en los aspectos económicos que comenta en su exposición:

• A diferencia de lo que expone Gloria, el derecho de propiedad si que implica renuncia de otros. De hecho, el derecho de propiedad se configura precisamente para ello, para evitar que todo el mundo haga uso de bienes escasos (supongo que a todos nos suena la tragedia de los bienes comunes). De toda la charla de Gloria esta es la parte que menos entiendo.

• Quizás esta afirmación de Gloria trata de anticiparse a una herramienta dialéctica del populismo, la del tú estás mal debido a que otro está bien, la pobreza es causada por la riqueza, etc. En definitiva, la de enfrentar a unos contra a otros y buscar colectivos de choque, una falacia tremendamente útil y rentable políticamente. Intuyo que Gloria establece algún tipo de relación entre el anterior punto y éste, pero no acabo de ver dicha correspondencia.

• Hay un momento muy randiano en su si discurso, ese en que Gloria, al hablar de los nuevos derechos sociales y económicos lanza la pregunta molesta, esa que genera el silencio espeso: ¿quién paga qué? Un paso más, y nos encontraríamos con la denuncia de Ayn Rand de como detrás de esos derechos lo que se construyen son privilegios, pero sobre todo lo que hay es un vaciamiento de los verdaderos derechos del hombre, como el derecho de propiedad.

• Muy oportuna la cita de Gloria a Grondona, con aquello de que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Aunque más que de pobreza, yo diría que lo que se busca es gente dependiente, lo que siempre ha buscado el cacique, ya sea el del periodo de la Restauración en España, ya sea el alcalde "progresista" en el sur de España.

• Para acabar, adherirme a una frase que muchos estamos cansados de repetir una y otra vez: nada es gratis. No existe la enseñanza gratuita, no existe la educación pública gratuita, no existe...todo tiene un coste y alguien lo paga. Es más, diría quedamos de los costes visibles (los impuestos), existen costes invisibles, de los que muchas veces no somos conscientes.

Por lo demás me ha resultado sugerente y esperanzador este discurso viniendo de donde viene. Quizás nos quede alguna esperanza.

Si estas interesados podéis ver una versión ampliada en esta charla suya en Argentina (aterradora la intervención de la inmigrante venezolana):

Buena suerte, Gloria.

Más información | Gloria Álvarez en Facebook, El País

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