¿Jugamos todos los territorios de España con las mismas reglas? La propuesta, planteada inicialmente como una solución singular para Cataluña, se presenta con la intención de respetar la igualdad territorial y reforzar el autogobierno. 

Sin embargo, la experiencia demuestra que, lejos de resolver las desigualdades, esta fórmula tiende a convertir la financiación de las comunidades en una herramienta política más, en la que los votos en el Congreso terminan decidiendo quién recibe más fondos.

El acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para explorar un modelo propio de financiación ha levantado críticas tanto por su opacidad como por sus posibles consecuencias para el conjunto del Estado.

Y es que, las advertencias son claras: un sistema de financiación autonómica basado en cupos, si no se diseña con plena transparencia y justicia, puede acabar distorsionando la solidaridad interterritorial y debilitando las finanzas públicas, creando desigualdades profundas entre comunidades.

El precedente del cupo vasco y la deriva política

En España ya existe un precedente: el llamado cupo vasco. Este modelo concede a Euskadi y Navarra el derecho a recaudar la práctica totalidad de sus impuestos y pagar al Estado una cantidad pactada para cubrir los servicios generales.

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En teoría, esta cifra se calcula con criterios objetivos y equitativos. Sin embargo, con el tiempo, se ha convertido en una moneda de cambio en las negociaciones parlamentarias para sacar adelante leyes clave, con rebajas o ajustes del cupo a cambio del apoyo de los partidos vascos.

La preocupación es que el nuevo sistema de financiación autonómica basado en cupos que se plantea para Cataluña siga un camino similar. Los primeros años podrían resultar razonablemente equilibrados, con una aportación justa al fondo de solidaridad para las regiones menos favorecidas.

Pero una vez que entran en juego los intereses políticos, las sucesivas revisiones del cupo podrían terminar dependiendo de la capacidad de presión de los partidos catalanes en el Congreso.

Una desigualdad que erosiona la cohesión

El riesgo principal de un sistema de financiación autonómica basado en cupos no es solo económico, sino también social y territorial.

Si una comunidad obtiene una financiación muy superior por habitante gracias a su capacidad de negociación, las demás regiones acabarán con menos recursos para financiar servicios esenciales como sanidad, educación o infraestructuras.

Esto no solo agrava las desigualdades entre territorios, sino que alimenta la percepción de trato injusto, lo cual erosiona la cohesión nacional.

Expertos en economía y derecho financiero coinciden durante estos días en diferentes medios de comunicación en que un sistema así, sin un marco legal claro y sin respetar los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, abre la puerta a un país a dos velocidades.

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Por un lado, las comunidades con mayor peso político o económico podrían acceder a un nivel de autogobierno financiero inalcanzable para otras.

Por otro, las regiones con menos influencia sufrirían una merma de ingresos que las obligaría a recortar servicios o endeudarse más, con el consiguiente aumento del coste de la deuda pública. Amén del aumento de la pobreza.

La ambigüedad de los acuerdos y la falta de garantías

Uno de los problemas más señalados de la propuesta actual es su falta de concreción. Tanto economistas como asociaciones profesionales denuncian la “ambigüedad calculada” del acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, lo que deja la puerta abierta a interpretaciones y ajustes arbitrarios en función de las circunstancias políticas.

Esta falta de transparencia no solo genera incertidumbre entre las demás comunidades, sino que debilita la confianza en la gestión financiera del Estado.

El secretario de los inspectores de Hacienda ha calificado el inicio de este modelo como un día “trágico” para los contribuyentes, pues supone un retroceso en el principio de igualdad ante los impuestos.

También advierte de que la eventual implantación de un sistema de financiación autonómica basado en cupos para Cataluña carece hoy por hoy de respaldo normativo y podría ser inconstitucional, al no respetar los principios de solidaridad recogidos en la Carta Magna.

Un sistema que debilita al Estado

Las consecuencias macroeconómicas de este modelo tampoco son menores. La salida de Cataluña del sistema común para gestionar sus propios impuestos dejaría un hueco importante en las arcas del Estado.

Cubrirlo implicaría un aumento del endeudamiento público a corto plazo y limitaría la capacidad de respuesta del Gobierno central ante crisis como la pandemia o desastres naturales.

Además, si otras comunidades siguieran el ejemplo catalán y exigieran su propio cupo, el sistema común de financiación autonómica quedaría seriamente amenazado.

Esta dinámica transformaría la financiación autonómica en un asunto puramente político, donde el dinero que recibe cada comunidad estaría directamente relacionado con los votos que puedan aportar sus partidos en el Congreso.

Un mecanismo que socava la igualdad de oportunidades y convierte la política fiscal en un instrumento al servicio de mayorías parlamentarias circunstanciales en lugar de un sistema justo y sostenible para todos.

Imágenes | Instagram, Unplash

La financiación del País Vasco y Navarra es distinta al del resto de Comunidades Autónomas. En dichas comunidades son ellas mismas las que recaudan los impuestos y se hacen cargo de casi todo, y luego compensan al Estado por los servicios (como Defensa o Asuntos Exteriores) que no proporcionan. Esta compensación se denomina el cupo.

Todo esto sería bastante justo si no fuera porque el cálculo del cupo es más político que técnico, y esto hace que tanto el País Vasco como Navarra realmente no aporten mucho a la solidaridad interterritorial. Y además últimamente está creando un desajuste en las pensiones.

El sistema de pensiones en España

El sistema de pensiones en España es de caja única, es decir, en principio no entra en el cupo y no debería estar afectado por este sistema de financiación, ya que hay una fiscalidad específica para ello que son las contribuciones a la Seguridad Social.

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Sin embargo desde 2010 la Seguridad Social tiene déficit. Los primeros años este déficit se financió con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero en 2018 este fondo se agotó, con lo que el Estado empezó a hacer transferencias desde los Presupuestos Generales a la Seguridad Social. En 2018 estas transferencias fueron de 18.000 millones de euros, pero en 2023 ascendieron a 38.700 millones de euros, una cifra nada despreciable.

Los vascos y navarros no pagan este déficit

Sin embargo el cupo vasco y navarro no ha aumentado por este problema. Ha subido, sí, pero por la inflación, no porque el gasto del Estado haya aumentado en una partida que además beneficia especialmente a los vascos, que tienen un número de pensionistas importante (tienen un 5,7% del total de pensionistas y un 7% del gasto en pensiones).

El cupo vasco ahora ronda los 1.500 millones y el navarro los 800 millones, pero si contáramos la financiación del déficit de la Seguridad Social debería ya rondar los 3.000 millones en el caso vasco y los 1.200 millones en el caso navarro.

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Sin embargo como todo el asunto del cupo es político y tiene más que ver con los apoyos parlamentarios que con un cálculo real de lo que deberían aportar a las arcas del Estado seguirán siendo financiados por regiones más pobres. Es por eso que Cataluña quiere este sistema, para que su financiación dependa exclusivamente de aritméticas parlamentarias y no de unas reglas pre-establecidas y de lo que haya realmente para repartir.

La financiación de ambas comunidades, en entredicho

No es la primera vez que señalamos desde estas páginas que el sistema de financiación del País Vasco y Navarra es poco solidario y que están dopadas fiscalmente. La última vez fue cuando Rajoy logró ser investido presidente sin mayoría absoluta y una de sus cesiones fue en el cálculo del cupo.

En dicha ocasión un sistema que podría ser justo, no lo dudo, volvió a politizarse y volverse de nuevo injusto e insolidario. Y por mucho que los políticos vascos intenten vender la moto de que su Comunidad es próspera porque pagan muchos impuestos lo cierto es que tienen mejor financiación que otras Comunidades mucho más pobres.

Imagen | PNV, Pixabay

Desde los representantes vascos se tiende a asegurar que su ciudadanía ostenta de mayores servicios debido a unos impuestos sensiblemente más elevados. Este es un mantra reiterado en numerosas ocasiones cada vez que se intenta tratar de cuestionar su modelo particular.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, lo recordaba ayer: "no se suele recordar que también pagamos más impuestos que otros y es uno de los pequeños secretos por los que tenemos mejores cosas, porque tenemos una presión fiscal mayor".

Esta afirmación hace referencia cuando se revisa específicamente los tipos del IRPF en las diferentes provincias vascas (Bizkaia, Gipuzkoa y Álava) que son las encargadas del diseño tributario. Y, es cierto, tanto los tramos inferiores del IRPF como los tramos superiores se encuentran más altos que la media nacional.

Pero hay que tener en cuenta que en el IRPF existe complejidad con numerosas deducciones, bonificaciones y reducciones que pueden hacer que unos tipos sensiblemente elevados en primera instancia, lleguen a ser altamente competitivos aplicando una serie de correcciones.

Según el análisis elaborado por el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) de 2019, las comunidades implicadas en el régimen común pueden deducirse 2.000 euros en concepto de gastos deducibles. Con ello, para salarios de 18.000 euros, la base imponible es igual al rendimiento neto menos esos 2.000 euros.

Si esto lo comparamos con las tres diputaciones vascas tenemos una bonificación del rendimiento en el trabajo de 4.650 euros en los rendimientos netos de hasta 7.500 uros que desciende a 3.827,64 euros para un salario bruto de 12.000 euros y hasta alcanzar 3.000 euros para todos los rendimientos por encima de 15.000 euros.

Ahí reside la competitividad fiscal que es especialmente atractiva en Guipúzcoa, Vizcaya para las rentas medias y en las tres haciendas forales para las rentas medias-altas, llevándolas a las regiones con una mayor competitividad fiscal.

Pero no solo existe el IRPF en materia de impuestos, sino que para completar el análisis entran en juego las diferentes figuras impositivas como el Impuesto sobre Patrimonio, el Impuesto sobre sucesiones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Hidrocarburos. Las provincias de Euskadi no destacan por ser especialmente gravosas, sino que presentan una alta competitividad fiscal.

Además, las comunidades autónomas tienden a incorporar impuestos propios, Cataluña destaca como la comunidad con mayores impuestos creados por la autonomía, y este es un hecho diferencial con las tres diputaciones del País Vasco ya que no han establecido más impuestos propios.

¿Por qué el País Vasco destaca en competitividad fiscal?

El País Vasco goza de un régimen de financiación diferente al resto de comunidades autónomas ya que se rige por el Régimen Foral, al igual que Navarra, mientras que el resto de comunidades se rigen por el Régimen Común.

Gracias a este régimen de financiación se le permite gozar de un alto nivel de autogobierno en temas tan relevantes como son la sanidad, la educación, la seguridad, la vivienda y, en materia de impuestos, una autonomía que se deriva del Estatuto de Gernika que es su pilar fundamental.

Este sistema fiscal es enormemente positivo para las administraciones intermedias porque permite ser consecuente en términos de estabilidad presupuestaria, sin que se echen balones fuera culpando a la administración superior por una problemática de gestión.

En este caso, no sería el País Vasco la administración intermedia sino las tres provincias vascas que compiten fiscalmente para la creación de sus respectivos sistemas tributarios. Debido a la gran autonomía que tienen, la competencia termina beneficiando a los contribuyentes al igual que sucede en los modelos ampliamente descentralizados como Suiza y sus cantones.

Asimismo, el País Vasco aporta al Estado unos dineros a través del cupo en concepto de la contribución a todas aquellas cargas del Estado que no han sido asumidas por la Comunidad Autónoma Vasca. En ese cupo entran todas aquellas competencias que no está asumiendo la comunidad autónoma como por ejemplo el sostenimiento de la casa real, las instituciones centrales del Estado español, el Congreso de los Diputados y el Senado, Defensa, Relaciones Exteriores o bien la contribución a la Unión Europea.

En contraste, con el régimen común, el ciudadano paga la gran parte de sus impuestos a la Hacienda del Estado central y, seguidamente, se establecen transferencias a las comunidades autónomas, cuyo objetivo final es que las regiones más ricas de España apoyen al sostenimiento de las regiones más desfavorecidas o pobres.

Este hecho es muy importante ya que únicamente el País Vasco paga por esos servicios sin entrar en la retribución de la renta con el resto de autonomías. De ahí, que asume una ventaja competitiva frente a otras regiones ricas de España como son Baleares, Cataluña o Madrid. No obstante, no es ajeno a las transferencias del Estado a las comunidades autónomas y ahí que se genere cierta problemática en el esquema global de financiación.

Esto se entiende perfectamente al hablar de su balanza fiscal...

En primer lugar, Euskadi se encuentra entre las regiones más ricas de España que logra, incluso, superar la media de la Unión Europea. Es la segunda autonomía con mayor renta per cápita con un total, estimado por el INE, de 33.223 euros, la segunda más alta en España solo superada por la Comunidad de Madrid.

Pero, a pesar de ser una de las regiones más ricas del país, se encuentra, con una balanza fiscal favorable, es decir positiva, recibe más de lo que aporta. Este hecho impacta con otras regiones ricas del Estado español como son la Comunidad de Madrid, Cataluña y Baleares que son contribuidores netos al resto de autonomías.

Según el informe Estudios sobre la Economía Española - 2019/08 elaborado por Angel de la Fuente, en términos per cápita, el País Vasco estaría recibiendo más de 2.000 euros por habitante del resto de autonomías. Y curiosamente Cataluña, con una renta per cápita inferior a la vasca, sería aportador neto con poco más de 200 euros por habitante al resto de autonomías. Otra curiosidad es que Valencia, con una renta per cápita inferior a la media nacional, estaría aportando al resto de autonomías 700 euros.

Y este es verdaderamente el punto del conflicto. El sistema de financiación autonómico está llevando a que el País Vasco (al igual que Navarra), disfruten de superávit fiscal pese a situarse entre los territorios más ricos del país.

El anuncio de Ayuso de la bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid ha espoleado el debate de la financiación autonómica. De hecho la vicesecretaria del PSOE ya ha dicho que el tema está sobre la mesa.

El asunto de la financiación autonómica es el tema nunca cerrado de nuestro sistema político. Cada pocos años se cambia porque el encaje no acaba de ser bueno. Y el principal problema es la poca corresponsabilidad fiscal: por un lado las Autonomías soportan la mayor parte del gasto (Educación y Sanidad) y apenas tienen capacidad recaudatoria. Los incentivos son perversos: bajar lo poco que se puede recaudar y pedir más dinero al Estado central.

Los problemas de diseñar un sistema de financiación autonómico estable

El principal escollo para que un sistema sea estable es que las Comunidades apenas tienen capacidad recaudatoria. Y esto hace que tengan poca corresponsabilidad fiscal. Además el sistema actual se liquida a los dos años, con lo que las previsiones de lo que se va a recaudar son castillos en el aire.

Por otro lado tenemos un Estado muy asimétrico: tenemos autonomías punteras, con mucha potencia económica y población, y otras regiones muy grandes con poca población y niveles de paro más alto. Es complicado que llueva a gusto de todos.

El sistema actual tiene esto en cuenta: hay fondos que se transfieren por dispersión de población, por envejecimiento, etc. pero es un sistema poco claro y cada cierto tiempo surge el "el Estado nos roba" (y no solo en Cataluña).

El tercer elefante que tiene España es que tiene dos regiones con un sistema distinto, el País Vasco y Navarra, que recaudan sus propios impuestos y luego liquidan con el Estado por los servicios prestados. El sistema no es que sea malo, el problema es que el cálculo de esta liquidación siempre se hace mal y curiosamente estas regiones, que son bastante ricas, tienen un gasto por habitante más alto que en el resto de regiones. Esto desequilibra el sistema (aunque no mucho porque tienen poca población; un sistema así con Cataluña, como piden algunos políticos, sería la quiebra de la solidaridad interterritorial).

¿Cómo sería un sistema de financiación autonómico ideal?

Para que un sistema de financiación autonómico fuera bueno, duradero y justo lo ideal es que el Estado determinara una cartera de servicios mínimos (en Sanidad, Educación, renta de inserción, etc.). A partir de ahí se calcula lo que necesita cada región para poder prestar dichos servicios (por ejemplo, en Madrid los servicios Sanitarios serían menos costosos que en Castilla la Mancha, debido a que la población es más joven y menos dispersa).

Por otro lado se deja en manos de las Comunidades la prestación en si de los servicios, como en la actualidad. Y si quieren prestar más servicios que pongan sus propios impuestos.

¿Qué impuestos recauda cada cual? Lo ideal es que haya corresponsabilidad fiscal. Esto implica que cada Comunidad debería tener su propia Agencia Tributaria. Lo que no funciona de la actualidad es que el Estado recaude y reparta a los dos años, eso hace imposible que las Comunidades vean la relación entre lo que deciden y lo que recaudan y lo único que hagan es quejarse de las pocas transferencias.

En EEUU el sistema es parecido al menos en el impuesto de la renta: cada persona tiene que pagar impuestos federales y en su Estado. Para simplificar se podría hacer que, como hasta ahora, la declaración de la renta sea única.

Para que haya más tracción lo ideal sería que el IVA, que es un impuesto único en todo el Estado, lo recaude en exclusiva el Gobierno Central, y que el IRPF sea mayoritariamente autonómico (al contrario que ahora, que se reparten al 50% ambos impuestos)

Y también sería recomendable que no hubiera dos sistemas, es decir, que la parte foral pasara el sistema estándar. Sé que es complicado por lo que dice la Constitución y porque políticamente sería muy impopular en dichas regiones, pero lo cierto es que están "dopadas" de forma injusta.

Posibles conflictos

Con este sistema es muy posible que las regiones más ricas tengan capacidad, incluso con impuestos más bajos, a recaudar más y proporcionar mejores servicios que el resto de regiones. Pero esto ya sucede en la actualidad. Además hay cierta justicia en que las regiones que más recaudan tengan más capacidad financiera.

Por ejemplo en Alemania el sistema funciona de forma parecida: existen transferencias interterritoriales pero nunca una región rica recibe menos que una más pobre. Este sistema quizá no sería justo en España pues tenemos regiones muy despobladas con población muy mayor, y el gasto por habitante tiene que ser necesariamente mayor para unos servicios similares a los de otras regiones.

Otro conflicto que podría surgir es con el cálculo de lo que debe recibir cada región por los servicios mínimos. Podríamos entrar en una espiral de favores al igual que sucede con el cálculo del cupo vasco y concierto navarro. Pero lo cierto es que en el sistema actual ya se hacen este tipo de cálculos y se podrían hacer públicos para que la transparencia impida trapicheos.

También se podrían publicar las balanzas fiscales, excluyendo Seguridad Social que es caja única, para los debates siempre sean con datos, y no sobre impresiones o mentiras.

En definitiva, existe margen de mejora. Pero del pasado hay que aprender y nuestro sistema tensionó los conflictos autonómicos mucho durante la crisis (no hay más que ver Cataluña). Es hora de superarlo.

Hoy muchos medios recogen el estudio del Consejo General de Economistas donde se explica cuáles son las Comunidades Autónomas con mayor y menor presión fiscal. Todavía en España hay muchas voces que aseguran que es aberrante que haya estas diferencias fiscales entre Comunidades Autónomas pero es algo normal y hasta sano dentro de los Estados Federales como es España (más o menos).

En España tenemos dos niveles de administración, como en muchos otros Estados exitosos (por poner algún ejemplo EEUU y Alemania). Hay algunos servicios que los provee el Estado y otros que las Comunidades Autónomas. Debido a esto puede haber diferencias entre fiscalades y servicios.

El problema de España no es que haya distintos niveles impositivos, el problema es que no está claro que ofrecen cada uno. Por ejemplo, la Sanidad está transferida pero los ingresos fiscales no dependen de la recaudación de las Comunidades (de hecho no recaudan) sino de las transferencias del Estado, que además primero estiman una cantidad y se liquida a posterioridad creando agujeros debido a la diferencia difíciles de cerrar.

Lo que debe hacer España es aclarar lo que son servicios básicos para todos, financiados por el Estado, y los que son servicios extra o complementarios, que deben financiar cada Comunidad con arreglo a sus presupuestos (y su hacienda). La financiación autonómica está muy mal diseñada en España.

Imagen | WeVe1

Hace unos días el Ministerio de Hacienda publicó las balanzas fiscales entre Comunidades Autónomas en España. En realidad no lo han llamado balanzas fiscales sino Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, pero básicamente es la diferencia entre lo que se recauda en una región y el total del gasto público allí.

Las Comunidades más perjudicadas son Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares, y por supuesto las críticas no se han hecho esperar, tanto por las que se consideran perjudicadas como por el método de cálculo empleado. De hecho sorprende a la Comunidad Autónoma de Madrid, supuestamente el máximo exponente del centralismo, comprar los argumentos de "nos están robando" de Comunidades con un objetivo independentista como Cataluña.

El problema de todo esto, creo yo, no es que haya transferencias importantes de una Comunidad a otra. Esto es normal. Por ejemplo, las Comunidades con mejores tasas de paro tienen más trabajadores que pagan impuestos y es normal que exista cierta transferencia a las que están peor. También es normal que haya más empresas pagando impuestos con sede fiscal en ciudades como Madrid y Barcelona a pesar de que tengan actividad económica en el territorio en general.

Creo que no es tan importante las balanzas fiscales como el gasto por habitante. Y aquí es donde hay sorpresas. Las dos Comunidades Autónomas con sus sistema fiscal foral, País Vasco y Navarra, reciben mucho más dinero por habitante que el resto, a pesar de ser bastante ricas. Esto es bastante injusto. De hecho para mi un buen principio para repartir el dinero es igualar el gasto medio pero mateniendo el principio de ordinalidad, es decir, que las que más contribuyen nunca reciban menos dinero por habitante que las que menos contribuyen.

De todas formas el cálculo del gasto ha incluido muchos conceptos, desde inversión pública y gasto en Educación y Sanidad hasta los gastos de la Seguridad Social. No veo que este último gasto tenga sentido, pues la caja es única y si una Comunidad tiene gente más mayor es normal que reciba más dinero y esto no debería contar en el principio de ordinalidad.

Es un tema complejo pero lo que está claro es que el sistema de financiación autonómico no tiene mucho sentido en estos momentos. Primero, la capacidad recaudatoria de las Comunidades es nula, solo gastan, con lo que los incentivos a gastar más y echar la culpa al que paga poco son inmensos. Segundo, las transferencias se liquidan dos años después de lo recaudado, con lo que no hay forma de planificar unos presupuestos de forma decente. De hecho eso ha originado problemas. Y tercero, es muy complicado y poco transparente (estas balanzas fiscales se han publicadoahora, pero las anteriores datan de 2008; ¿por qué no todos los años?).

En El Blog Salmón | ¿Cómo funciona el sistema de financiación autonómica?, ¿Bajar impuestos y pedir más dinero? Madrid es así

Si hay algo de lo que me suelo quejar mucho es de las grandes contradicciones que hay en la gestión pública en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo en el transporte público, que después de muchos años invirtiendo a lo loco tenemos como resultado una red muy deficitaria y ahora el servicio es bastante malo. Otro tema es la gestión económica. En el Aytuntamiento de Madrid están ahogados por una obra que no les correspondía hacer pero que quedaba muy bien electoralmente. Y ahora vemos otra contradicción, bajar impuestos pero pedir más al Estado.

Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, anunció ayer una bajada general de impuestos: IRPF, ITP, AJD y además sigue sin aplicar la restauración del impuesto de Patrimonio. Todo muy loable, estoy de acuerdo en que cada Comunidad tenga su nivel de gasto acorde con el nivel de ingresos que quiera tener. El problema es que no quiere recaudar, ya que quita votos, pero quiere seguir gastando, porque también los da. Visto así no hay contradicción, la verdad.

Quiero gastar pero no recaudar

El problema, como digo, es que todas las Comunidades tienen unos objetivos de déficit. Y los gastos que tienen son poco controlables, ya que es básicamente gasto social (Educación y Sanidad se llevan un buen pellizco). Todas las Comunidades están ahogadas, incluso Madrid, por la bajada de la recaudación fiscal con motivo del parón económico debido a la crisis. Pero todas quieren perder los menores votos posibles. Así comentamos el otro día que las Comunidades van a anunciar bajadas de impuestos, pero siempre tímidas (como en Galicia que bajan unos a bombo y platillo y suben otros sin grandes anuncios).

Sin embargo en Madrid se ha decidido bajar los impuestos de verdad. Y por otro lado llorar pidiendo un nuevo sistema de financiación autonómico. Esto es una barbaridad. La poca autonomía fiscal que tienen para corregir los ingresos deciden cargársela y echarle la culpa al Estado central.

Necesitamos una reforma del sistema de financiación autonómica

En una cosa estoy de acuerdo, necesitamos una reforma del sistema de financiación autonómica. Algo que no contemple transferencias, que los impuestos cedidos se recauden directamente y que no sirva el llorar por más dinero. Si bajas impuestos, recaudas menos y punto, no hay transferencias que valgan. Y si no cumples el déficit eres intervenida.

Esperemos que las cuentas le salgan a la Comunidad de Madrid, porque en sus presupuestos hay muchos peros que permiten un gran descalabro: crecimiento del PIB estimado en el 1,5%, reducción en gasto sanitario por las externalizaciones (de dudosa efectividad, pero además con escollos legales ahora mismo), venta de patrimonio para cubrir gastos corrientes en un momento de precios por los suelos...

En El Blog Salmón | Feijóo baja impuestos, ¿o no?, ¿Cómo funciona el sistema de financiación autonómica? Imagen | DavidHT

A bombo y platillo el presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, anuncia una bajada de impuestos, que además es especial para las rentas más bajas. El tipo autonómico para los que cobran menos de 17.700 euros pasará del 12% al 11,5%. Bien, ¿verdad? Hagamos cuentas porque no es oro todo lo que reluce.

Lo que ha hecho Feijóo es bajar el tipo más bajo del IRPF del 24,75% al 24,25%, haciendo uso de su potestad de tocar la parte autonómica de dicho impuesto. En el caso extremo tendríamos a un ciudadno que tiene de base imponible 17.700 euros anuales, y que dispondría de 7,33 euros más al mes para sus gastos. ¿Esto es bajar impuestos? Y pensemos que para salarios más bajos el ahorro es mucho menor.

Pues no, ya que hace unos días subió el llamado céntimo sanitario, el impuesto autonómico a la gasolina y gasóleo. Esto es, el impuesto autonómico a gasolina y gasóleo sube 3,6 céntimos para el gasóleo y 2,4 para gasolina. Hagamos cuentas, porque por aquí se va parte de la bajada.

Es decir, estamos ante una medida populista pero de poco calado. A nadie le soluciona la vida una bajada de impuestos tan pobre. ¿Cuál es el motivo? Estamos ante el pistoletazo de salida de muchas bajadas similares. En Extremadura ya lo hemos visto. En Valencia se comenta. Hoy ha sido en Galicia. Ninguna Comunidad tiene dinero, pero quiere hacer estos gestos porque ven que las elecciones se aproximan y quieren contraponerse a la política de su mismo partido en España, que no les asocien con los que han subido impuestos masivamente.

En El Blog Salmón | ¿Cómo funciona el sistema de financiación autonómica?, Feijoó intenta convencer a los gallegos para procrear con xeito a base de publicidad institucional Imagen | Vagalume con copyright y autorización exclusiva de uso para El Blog Salmón

En los últimos días se está hablando mucho del sistema de financiación autonómica y su posible reforma, debido a las tensiones que existen con Cataluña pero también con otras Comunidades debido a que los menores ingresos ponen en duda toda la estructura existente. Pero a veces hablamos sin saber cómo funciona exactamente.

Desde aquí vamos a explicar cómo funciona el sistema actual de financiación autonómica para poder entrar a debatir con fundamento si es un buen sistema o no y si hay que reformarlo en un sentido o en otro. Es un tema complejo así que esperamos que la explicación sea suficientemente clara. En esta explicación dejamos fuera el Concierto del País Vasco ya que sigue un modelo completamente distinto.

Ingresos

Las Comunidades Autónomas tienen tres fuentes de ingresos: impuestos compartidos, impuestos cedidos y fondos. Los impuestos compartidos son aquellos que en Estado recauda pero parte de lo recaudado va para las Comunidades Autónomas. Los cedidos son los que directamente son recaudados por las Comunidades Autónomas. Y los fondos sirven para compensar la diferencia entre lo que recauda una Comunidad y lo que en teoría debería gastar.

Los impuestos compartidos son tres: IRPF (comparten al 50%, exceptuando la subida de diciembre de 2011 que es únicamente para el Estado), IVA (comparten al 50%) y especiales (las Comunidades se quedan el 58% de lo recaudado). De hecho en la declaración de la renta podemos ver cómo todo lo recaudado se divide a partes iguales entre Estado y Comunidad Autónoma en la que vivimos.

El segundo pilar son los impuestos cedidos. Aquí nos encontramos con patrimonio, sucesiones, donaciones, Actos Jurídicos Documentados (AJD) e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Esta partida me parece la más interesante, ya que al ser las Comunidades las que recaudan pueden controlar en todo momento cómo van sus ingresos, e incluso tienen cierta capacidad normativa sobre estos impuestos. Por ejemplo Madrid decidió eximir a sus ciudadanos de patrimonio y reduce sensiblemente sucesiones y donaciones para familiares directos.

Por último tenemos los fondos, que son tres. El fondo de garantía es el encargado de asegurar los mismos recursos por habitante ajustado (es decir, se tiene en cuenta la dispersión de la población, la dependencia o la insularidad). El fondo de suficiencia global financia las necesidades globales de las Comunidad Autónoma, una vez tenidos en cuenta el resto de ingresos.

Luego está el fondo de convergencia autonómica, que sirve para favorecer la convergencia entre las Comunidades Autónomas. Está compuesto de dos subfondos: el de Competitividad (intenta reducir la desigual financiación de cada Comunidad per cápita) y el de Cooperación (que favorece a las Comunidades con menor PIB per cápita, mayor dispersión de población y menor crecimiento de población).

Entregas a cuenta

Uno de los problemas del sistema de financiación autonómica es que en gran parte (impuestos compartidos y fondos) funciona en base a entregas a cuenta. Es decir, el Estado estima cuánto va a cada Comunidad Autónoma y les paga. Y luego, a los dos años (¡¡dos años!!) se determina lo que realmente deberían haber recibido y se hace una liquidación. Cuando las liquidaciones son positivas para las Comunidades no hay problema, pero cuando son negativas (como ahora), les descuadran completamente las cuentas.

Es por eso que uno de los temas a mejorar en un futuro sistema de financiación es el aspecto de las entregas a cuenta, ya que las diferencias creadas por este sistema ha contribuido a que el déficit de España sea más alto del que podríamos haber tenido.

Capacidad recaudadora

Contemplando el sistema vemos que tiene otro defecto: las Comunidades apenas tienen capacidad de aumentar su recaudación. Es decir, tienen los impuestos cedidos, sí, pero en la parte importante (compartidos y fondos) apenas pueden aumentar sus ingresos ante una necesidad.

Esto es un problema ya que las Comunidades pueden sentarse cómodamente a pedir más dinero sin hacer nada, en una queja infinita de la escasez de fondos. Al no haber corresponsabilidad fiscal les sale muy barato quejarse. Apenas tienen capacidad recaudatoria propia.

Es cierto que las Comunidades tienen capacidad para aumentar el IRPF. Es decir, si a una persona se le aplica el 24% de IRPF, el 12% irá para el Estado y el 12% para la Comunidad, pero la Comunidad puede decidir poner el 13%, por ejemplo. De hecho hay algunas Comunidades que han aumentado su 50% de IRPF para recaudar más, como Cataluña y Andalucía. Y es por eso que las rentas más altas pagan más impuestos en esas dos Comunidades que en el resto de España.

Conclusiones

El sistema de financiación autonómica es complejo por la existencia de los fondos y el cálculo de lo que deben aportar a cada Comunidad. Además, las Comunidades Autónomas tienen poca capacidad recaudatoria, ya que esto queda en manos del Estado, que liquida con dos años de retraso en base a unas entregas a cuenta que normalmente no encajan con la realidad. Tenemos un sistema complicado y poco trasparente y por eso se está debatiendo tanto su modificación.

En El Blog Salmón | Reforma de la financiación autonómica: ahora resulta que no toca, El principio de ordinalidad, una buena idea Imagen | Aloriel

Esta semana el PSOE ha propuesto una reforma del sistema de financiación autonómico que se base en el principio de ordinalidad. Esto significa que podrían seguir existiendo transferencias entre comunidades autónomas, pero si en una Comunidad se recauda más cantidad per cápita que en otra, el gasto será mayor (es decir, se mantienen los rankings de ingresos y gastos per cápita igualados). La idea me parece positiva. De hecho ya lo propuse por aquí en alguna que otra ocasión.

La novedad que ofrece la ordinalidad es que crea incentivos para ser regiones ricas, ya que el gasto será superior. Y sigue ofreciendo transferencias. Pero no da incentivos a seguir siendo regiones pobres, como sucede ahora, ya que reciben más dinero per cápita.

Por supuesto regiones más desfavorecidas, como Extremadura, se han quejado de esta propuesta, ya que según el Gobierno de dicha Comunidad, no debe haber limites a la solidaridad. El argumento me parecería correcto si habláramos de dispersión geográfica o mayor enevejecimiento de la población, pero simplemente este tipo de comentarios vacíos de contenido, criticando un modelo que por cierto funciona en Alemania me parece populista.

Me gustaría pensar que la propuesta del PSOE no cae en saco roto y se impulsa un nuevo modelo de financiación autonómico. De hecho no debería haber muchos problemas con el PP, algunos sectores apoyan este principio. Por ejemplo, el programa electoral del PP en las últimas elecciones catalanas en su punto 3 defendían el principio de ordinalidad. Pero cambiar el sistema de solidaridad no es el único problema de nuestro sistema de financiación autonómico.

Otros problemas (y más graves) son: la liquidación con el Estado se hace dos años tarde, con lo que las diferencias entre lo presupuestado y lo que realmente se debía gastar es muy amplia (y aumenta el déficit); la poca capacidad recaudatoria de las autonomías, que además vemos restringida por el Gobierno Central (diferentes recursos ante el Constitucional por nuevos impuestos y tasas); el sistema actual es muy complicado, debería estar claro para todo el mundo como funciona; el concierto vasco, que es una diferencia en el sistema que debería ser uniforme y sin excepciones.

De todas formas tengo muchas dudas de que se reforme el sistema de financiación autonómica y menos aún de que una reforma implemente el principio de ordinalidad. Las regiones más despobladas (que suelen coincidir con las más pobres) tienen mayor representatividad parlamentaria, y seguramente a los partidos no les interese cabrear a esos votantes.

En El Blog Salmón | Solidaridad territorial y financiación autonómica
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