El trabajo a distancia parecía condenado a perder protagonismo una vez superada la pandemia, pero la realidad ha seguido un camino diferente, al menos en el sector público.

Mientras en las empresas privadas el teletrabajo se ha estancado, entre los empleados de la Administración General del Estado ha alcanzado cifras récord.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Transformación Digital confirman que esta modalidad laboral se ha consolidado entre los funcionarios, que ya superan ampliamente al sector privado en adopción.

Durante el pasado mes de julio, más de la mitad del personal público de la Administración trabajó parcialmente desde casa, alcanzando un 50,73 %. Es el nivel más alto desde que comenzaron los registros.

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En contraste, el teletrabajo en el sector privado se mantiene estable en torno al 15%, sin signos de recuperación pese a los avances tecnológicos y la digitalización acelerada de los últimos años.

Auge del trabajo a distancia en la Administración

El análisis de los informes oficiales muestra una tendencia clara: la Administración ha abrazado el trabajo remoto con fuerza.

En 2022, apenas un 25% de los funcionarios de la Administración General del Estado teletrabajaban. En 2023, la cifra aumentó al 43%, y en 2024 superó el 50%. En julio de ese año, 90.533 empleados públicos realizaban su labor desde casa de manera parcial o total.

Este cambio no se limita a los puestos administrativos. Mandos intermedios y directivos también han adoptado el modelo híbrido. Más de 2.700 altos cargos coordinaban equipos desde sus domicilios, demostrando que la flexibilidad laboral ha calado incluso en los niveles jerárquicos más altos.

Las razones de este crecimiento son diversas. Por un lado, la mejora de las herramientas digitales ha facilitado la gestión documental, las reuniones virtuales y la comunicación interna.

Por otro, los propios empleados valoran la conciliación familiar y la reducción de desplazamientos. Sin embargo, no todas las administraciones autonómicas siguen el mismo ritmo: regiones como Castilla-La Mancha registran niveles sensiblemente más bajos.

Un marco regulatorio aún desigual

La implantación del trabajo remoto en el ámbito público depende de la naturaleza del puesto y de las normas específicas de cada organismo. No existe una regulación homogénea, lo que deja margen a decisiones arbitrarias entre ministerios y departamentos. Esta falta de uniformidad ha generado debate entre los sindicatos, que reclaman una norma clara que evite desigualdades entre trabajadores que desempeñan funciones similares.

El anteproyecto de ley de Función Pública, aprobado en julio de 2024, intenta sentar las bases para una regulación más estable. No obstante, el texto deja claro que el teletrabajo “no constituye un derecho del empleado público” y que estará condicionado a las necesidades del servicio.

Además, tendrá carácter temporal, voluntario y reversible. Solo podrán acogerse a esta modalidad quienes desempeñen puestos compatibles con ella, lo que excluye a sectores como el sanitario, educativo, judicial o militar.

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Pese a estas limitaciones, la Administración se mantiene como el motor del teletrabajo en España. El informe de seguimiento del Ministerio de Transformación Digital muestra que la proporción de empleados públicos que teletrabajan es más del triple que la de los asalariados del sector privado.

Un contraste con la empresa privada

En el ámbito empresarial, el entusiasmo inicial por el trabajo a distancia se ha moderado. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), solo el 7,8% de los trabajadores españoles trabajó desde casa más de la mitad de los días en 2024, una cifra que equivale a 1,69 millones de personas. Otros 1,63 millones lo hicieron de forma ocasional, elevando el total de teletrabajadores al 15,4% de la población ocupada.

Este porcentaje está por debajo del promedio europeo. En la Unión Europea, el 9% de los trabajadores desarrolló su actividad desde el hogar más de la mitad del tiempo. Países como Irlanda y Finlandia encabezan el ranking con un 21% y 20%, respectivamente. Bélgica (14%), Suecia (13%) y Alemania (13%) también superan holgadamente a España.

Los expertos señalan que el trabajo remoto está más arraigado en economías con mayor productividad y digitalización. En España, según la OCDE, la productividad ha caído un 4% desde 2018, mientras que en otros países europeos ha crecido. Esta brecha podría explicar en parte la lenta adopción del teletrabajo en el sector privado.

Productividad, conciliación y confianza

El debate continúa abierto. Las empresas valoran la flexibilidad, pero temen una pérdida de eficiencia si no existen sistemas de control y evaluación adecuados.

En el ámbito público, la experiencia ha demostrado que los resultados no necesariamente se resienten, siempre que haya una estructura clara y herramientas que garanticen la comunicación y la supervisión.

El teletrabajo también ha cambiado la percepción de los empleados sobre la conciliación y la calidad de vida. En muchas administraciones, ha contribuido a reducir el absentismo y mejorar la motivación. Sin embargo, algunos expertos advierten que la falta de interacción presencial puede debilitar la cohesión de los equipos si no se gestiona correctamente.

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España vive un auténtico boom en lo que a interés por prepararse unas oposiciones se refiere. En los últimos años, las diferentes convocatorias han despertado un gran interés entre quienes buscan estabilidad laboral y una remuneración que se actualiza, además, periódicamente.

Frente a la incertidumbre del mercado privado, el empleo público aparece como una alternativa atractiva gracias a su seguridad, horarios más regulares y posibilidades de conciliación familiar.

Este fenómeno ha provocado un aumento significativo en la demanda de plazas, lo que ha convertido el estudio para convertirse en funcionario en una opción cada vez más popular.

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Sin embargo, surge una duda recurrente: ¿cuáles son las oposiciones más fáciles de aprobar? La respuesta no es única, pues depende de factores como el nivel de estudios requerido, la periodicidad de las convocatorias o la cantidad de plazas ofertadas.

Aun así, sí es posible identificar aquellas pruebas que, por su accesibilidad y frecuencia, representan una puerta de entrada realista al empleo público para muchos aspirantes.

La importancia de la preparación

Aunque se hable de oposiciones más asequibles, es fundamental comprender que superar estas pruebas exige constancia y disciplina.

Según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en 2022 se ofertaron más de 44.000 plazas en toda España, lo que evidencia que la demanda es muy alta.

Una buena preparación puede marcar la diferencia, y cada vez más candidatos confían en academias especializadas que ofrecen temarios actualizados, simulacros de examen y tutorías personalizadas.

A la par que una formación tanto presencial como online. Esta flexibilidad resulta clave para quienes necesitan compaginar estudios con otras responsabilidades. El éxito no depende únicamente del esfuerzo individual, sino también de contar con recursos pedagógicos adecuados.

Administrativos y auxiliares del Estado

Dentro de las oposiciones más fáciles de aprobar, el área administrativa ocupa un lugar central. Los auxiliares administrativos del Estado requieren únicamente el título de Educación Secundaria Obligatoria, mientras que para el cuerpo de administrativos se pide contar con Bachillerato o Formación Profesional de grado medio.

Ambos procesos selectivos suelen componerse de un único ejercicio basado en un temario limitado, lo que los convierte en opciones atractivas para quienes buscan un acceso relativamente directo a la función pública.

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La estabilidad que ofrecen estas plazas y la posibilidad de ascender dentro de la administración hacen que sean muy solicitadas. Además, al convocarse de manera regular cada año, los aspirantes cuentan con mayores oportunidades para obtener una plaza en comparación con otros cuerpos más especializados.

Fuerzas y cuerpos de seguridad

Las oposiciones para Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local se sitúan también entre las más populares. En este caso, el nivel académico exigido varía entre la ESO y el Bachillerato, dependiendo de la escala.

Aunque las pruebas físicas suelen ser exigentes, la preparación adecuada facilita superar los retos. El atractivo de estas oposiciones no radica solo en la estabilidad, sino también en el prestigio social y la vocación de servicio que conllevan.

De acuerdo con las últimas convocatorias, cada año se ofertan miles de plazas en este ámbito, lo que aumenta las probabilidades de éxito para quienes se preparan con rigor.

El acompañamiento de entrenadores personales y programas de preparación física, ofrecidos por academias especializadas, ha demostrado ser un recurso muy valorado por los aspirantes.

Ámbito de la justicia

El sector judicial también ofrece alternativas que pueden considerarse entre las oposiciones más fáciles de aprobar. Destacan dos en particular: tramitación procesal y auxilio judicial. La primera exige como requisito el título de Bachillerato, mientras que la segunda requiere la ESO.

En ambos casos, los exámenes se componen principalmente de pruebas tipo test, lo que simplifica el formato en comparación con oposiciones que incluyen ejercicios orales o prácticos más complejos.

El número de plazas ofertadas en justicia ha crecido de forma sostenida en la última década, como respuesta a la necesidad de reforzar plantillas en juzgados y tribunales.

Sanidad y servicios generales

El ámbito sanitario, especialmente la figura del celador, constituye otra opción frecuente entre quienes buscan oposiciones más asequibles. Para presentarse, basta con contar con el certificado de escolaridad, y el temario suele rondar los 17 temas. El proceso de selección suele consistir en un único examen tipo test, lo que facilita la preparación para quienes disponen de menos tiempo.

A esto se suma que los servicios generales de la sanidad pública son esenciales, por lo que cada año se convocan plazas en distintas comunidades autónomas. El atractivo no reside únicamente en la estabilidad laboral, sino también en la contribución a un sector clave para la sociedad.

Una apuesta de futuro seguro

Hablar de las oposiciones más fáciles de aprobar no significa que el camino esté exento de esfuerzo. Todas requieren dedicación, organización y una planificación adecuada.

Lo que sí es cierto es que algunas de ellas ofrecen temarios más reducidos, convocatorias regulares y requisitos académicos accesibles, lo que incrementa las posibilidades de éxito. De ahí que cada vez más, academias de toda España hayan colgado el cartel de: “clases sin plazas”

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La jubilación es para muchas personas una etapa soñada en la que, tras décadas de trabajo, se consigue al final el descanso y el tiempo libre merecido, pero ¿corre peligro tal y como la conocemos?

La tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Función Pública abre la puerta a que los funcionarios prolonguen su carrera profesional hasta los 72 años, un límite que supera con creces la edad habitual de retiro en la mayoría de países europeos.

La propuesta, presentada como enmienda por el PSOE, ha generado controversia tanto en los partidos como en los sindicatos y asociaciones de empleados públicos.

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Mientras unos defienden la necesidad de contar con perfiles experimentados durante más tiempo, otros consideran que este alargamiento supone una medida injusta y desproporcionada si se compara con lo que ocurre en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Jubilarse en España a los 72: una posibilidad cada vez más real

En la actualidad, la jubilación forzosa de los funcionarios españoles está fijada en los 70 años, aunque existen mecanismos que permiten prolongar de manera voluntaria la vida laboral hasta esa edad.

La enmienda socialista plantea extender dos años más este plazo y crear la figura del relevista, un funcionario de carrera que asumiría parte de las responsabilidades hasta que se produzca el relevo definitivo.

Junto a esta medida, también se incluye la posibilidad de una jubilación parcial en la Administración, lo que permitiría compatibilizar una reducción de jornada con el cobro de una parte de la pensión. Esta modalidad, muy extendida en el ámbito privado, apenas ha tenido hasta la fecha presencia en el empleo público español.

Comparación con la jubilación en la Unión Europea

El contraste con Europa resulta llamativo. El Estatuto Básico del Empleado Público fija la edad de retiro en los 65 años, aplicable en países como Austria, Luxemburgo, Bélgica o Polonia.

En la mayoría de los casos, los funcionarios pueden solicitar seguir trabajando hasta los 67 años si existe justificación y acuerdo con las autoridades competentes.

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En otros Estados miembros, como Alemania, Países Bajos y Portugal, la edad ordinaria se sitúa en los 66 años, mientras que en Dinamarca y Grecia se alarga hasta los 67. En ninguna de estas legislaciones se contempla llegar hasta los 72 años, lo que deja a España en una posición excepcional dentro del conjunto de la UE.

La situación en las instituciones comunitarias también ofrece un punto de referencia. Allí la edad normal de jubilación se elevó progresivamente hasta los 66 años tras la reforma de 2014, aunque la edad máxima para permanecer en activo es de 70.

Según la evaluación más reciente desarrollada por la Comisión Europea, más del 80% de los Estados miembros mantienen una edad igual o inferior a la del personal europeo, con un margen que se mueve entre los 60 y los 68 años.

Impacto económico y social de jubilarse a los 72 años

Los defensores de esta enmienda alegan que largar la vida laboral hasta los 72 años tendría un impacto directo en la sostenibilidad del sistema de pensiones, ya que retrasaría la entrada de nuevos jubilados.

Sin embargo, esta ventaja económica se contrapone con varios riesgos. Uno de ellos es la dificultad de acceso para los jóvenes al empleo público, un problema que ya se observa en muchas oposiciones debido a la escasez de convocatorias y plazas.

Por otro lado, la prolongación de la edad de retiro plantea una duda sobre la capacidad real de los trabajadores para desempeñar funciones exigentes en edades avanzadas.

Aunque la experiencia aporta valor, también es cierto que determinadas tareas requieren un nivel físico y cognitivo que puede verse limitado a partir de cierta edad.

Jubilación anticipada y penalizaciones en la UE

El análisis de la jubilación anticipada también pone de manifiesto grandes diferencias entre países. En las instituciones comunitarias, optar por retirarse antes de la edad ordinaria conlleva penalizaciones importantes: un 3,5% menos de pensión por cada año de adelanto. Así, jubilarse a los 58 años supone perder un 28% de los derechos de pensión.

En cambio, varios Estados miembros permiten la jubilación anticipada sin penalizaciones tan severas, lo que ofrece a los funcionarios mayor flexibilidad. La disparidad entre las normativas nacionales refleja que Europa no cuenta con un modelo unificado, aunque la media sigue situándose entre los 65 y los 67 años.

La visión de los sindicatos y la sociedad

Los sindicatos de funcionarios españoles han mostrado preocupación por la posibilidad de elevar el límite hasta los 72 años. Consideran que la medida no se ajusta a la realidad social ni a las condiciones de trabajo de la Administración. Además, alertan de que puede desincentivar el relevo generacional y perpetuar un modelo envejecido.

Si finalmente se aprueba la enmienda, España pasaría a ser el país de la Unión Europea con la edad de jubilación posible más alta para los funcionarios.

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El discurso público sobre el peso de los funcionarios en la economía española es siempre el mismo: el elevado coste que suponen para las arcas del Estado.

Pero ojo, hay una sorpresa. Los datos comparativos con otros países de la OCDE revelan una realidad algo diferente. España tiene una proporción de empleados públicos respecto al total de trabajadores inferior a la media de la OCDE, aunque eso sí, lo que se gasta en salarios está por encima del promedio.

A partir de los datos publicados en el informe Government at a glance 2025 de la OCDE, se puede observar que España mantiene una ratio de empleados públicos un 17% inferior a la media ponderada de los países desarrollados.

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Sin embargo, el gasto público destinado a retribuir a este personal es un 18% mayor. Este aparente desequilibrio puede deberse a distintos factores, algunos estructurales y otros relacionados con cómo se mide el empleo público en España.

España por debajo en número, por encima en gasto

España presenta un nivel inferior a la media en cuanto al porcentaje de empleados públicos sobre el total de trabajadores. Mientras la media se sitúa en torno al 100, el valor español es de 83, uno de los más bajos entre los países analizados.

Sólo Japón, Corea del Sur y Suiza presentan proporciones menores. Esto contrasta con países como Noruega, Dinamarca o Suecia, donde el porcentaje de empleados públicos se sitúa muy por encima del promedio, con valores superiores al 140.

España tiene una proporción de empleados públicos sobre el total de trabajadores por debajo de la media de la OCDE, un 17% inferior.

Sin embargo, tiene un gasto público en salarios de empleados públicos un 18% superior a la media ponderada de la OCDE. pic.twitter.com/HTCO579dl8

— Jon González (@Jongonzlz) June 24, 2025

No obstante, cuando se analiza el porcentaje del PIB que España dedica a los salarios de estos empleados, la cifra sube hasta 118, claramente por encima del umbral medio de la OCDE. Este contraste pone de manifiesto que, aunque España no cuenta con una plantilla pública tan numerosa, el dinero que se invierte en retribuirla es considerable.

O dicho de otra manera: los funcionarios de aquí están mucho mejor pagados que los de fuera.

La clave puede estar en la subcontratación

Una de las explicaciones posibles a esta aparente paradoja es que España utiliza con frecuencia la figura de la subcontratación para cubrir necesidades estructurales de la administración pública.

Es decir, en lugar de incorporar directamente a trabajadores como funcionarios o personal interino, muchas administraciones optan por contratar servicios a empresas externas. Estas compañías privadas emplean a trabajadores que, aunque prestan servicios públicos, no figuran como empleados públicos en los registros oficiales.

Estudios recientes apuntan a que podría haber hasta dos millones de personas trabajando de forma indirecta para el sector público en España. Si se incluyeran en el cálculo, el porcentaje de empleados públicos sobre el total de trabajadores podría alcanzar el 25%, situando a España por encima de la media de la OCDE. Sin embargo, al no figurar en las estadísticas, esta realidad queda diluida y sólo se refleja de forma indirecta a través del gasto en salarios, que sí incluye pagos por contratos de servicios y concesiones.

Salarios más altos o estructura más cara

El hecho de que España tenga un gasto público en salarios un 18% superior a la media OCDE, a pesar de tener menos empleados públicos, indica que los sueldos son relativamente más altos, o bien que los costes laborales por empleado están inflados por una estructura más ineficiente.

Este aspecto, eso sí, no está del todo claro, ya que no se dispone de información detallada sobre los salarios medios del sector público en comparación internacional, ni sobre el coste total asociado a subcontrataciones y concesiones.

Según el INE, en 2022 había alrededor de 3,5 millones de empleados públicos directos en España, incluyendo funcionarios de carrera, interinos y personal laboral. En 2024, se aprobaron más de 40.000 nuevas plazas, lo que evidencia una apuesta continuada por reforzar la administración pública (y las continuas jubilaciones)

La falta de datos opaca el análisis

Uno de los grandes problemas a la hora de evaluar con precisión el número real de trabajadores vinculados al sector público en España es la falta de datos oficiales claros sobre los empleados indirectos.

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No existen registros completos sobre el personal de empresas subcontratadas, ni sobre los trabajadores de concesiones o de entidades públicas con financiación mayoritaria del Estado. Esta falta de transparencia complica el análisis comparado y dificulta el diseño de políticas de racionalización del gasto.

Aunque es habitual utilizar la media ponderada de los países para evitar distorsiones debidas al peso de economías muy grandes, si se aplicara una media simple —que da el mismo valor a cada país independientemente de su tamaño— el lugar de España en el gráfico anterior cambiaría. Aun así, seguiría destacando por su gasto elevado en relación al número de empleados públicos directos.

¿Modelo sostenible o problema estructural?

Lo que muestran los datos de la OCDE es una administración pública que, al menos en apariencia, no está sobredimensionada en número de empleados, pero sí en términos de gasto.

Esto puede reflejar salarios más competitivos, una estructura jerárquica más cara o un uso intensivo de fórmulas indirectas de contratación que elevan el coste final del servicio sin aumentar oficialmente la plantilla.

La pregunta es: ¿Debería repensar España el modelo de gestión de recursos en el sector público español?

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Afirman que ya no pueden más y anuncian próximas movilizaciones. En las últimas semanas, los funcionarios españoles han anunciado manifestaciones públicas en protesta por sus bajos salarios. Argumentan que se sienten "abandonados" por las administraciones públicas pero ¿es esto verdad?

Se quejan de que el incremento salarial aún está pendiente, no solo el 0,5% acordado con el Gobierno en caso de que la inflación acumulada superara la revalorización aplicada en los últimos años (lo cual ya ha sucedido). Sino también el ajuste correspondiente a este año.

Sin embargo, la realidad es algo distinta a lo que los funcionarios aseguran. Y de nuevo, los datos, tienen la última palabra.

Lo que dice el Banco de España

En España, desempeñar un puesto en la administración pública resulta más lucrativo que trabajar en el sector privado, al menos en lo que a salarios se refiere. Un estudio realizado por el Banco de España muestra que, en promedio, los empleados públicos perciben un 24% más de ingresos que los trabajadores del sector privado.

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Esta diferencia sitúa a España en una posición destacada dentro de la eurozona, solo superada por Luxemburgo. Mientras que en la eurozona la brecha salarial entre ambos sectores ronda el 8%, en España esta cifra se triplica, lo que genera importantes cuestionamientos sobre las dinámicas del mercado laboral y las políticas salariales del país.

El informe del Banco de España, basado en datos consolidados entre 2018 y 2021, revela que la disparidad salarial aumenta hasta el 29% cuando no se considera el nivel de formación de los trabajadores.

Esto pone de manifiesto que los empleados públicos con menor cualificación reciben remuneraciones significativamente más altas en comparación con sus equivalentes en el sector privado.

Una paradoja que, cómo no, genera un debate entre el resto de la población (los trabajadores no funcionarios) sobre las condiciones laborales de los que sí lo son y la percepción que tienen éstos de su situación económica.

La probabilidad de que un empleado público gane más que uno del sector privado es superior, hasta los 46.000€ brutos anuales, lo que corresponde al percentil 88 de la distribución salarial en España.

Incluso controlando por estudios (solo graduados universitarios o más) la probabilidad de percibir mayor salario como empleado público que como privado es superior hasta los 46.000€ brutos, es decir, hasta el percentil 88 de la distribución de salarios global en España.… https://t.co/S8TZs1HqMl pic.twitter.com/mHDktSSvp2

— Jon González (@Jongonzlz) March 17, 2025

Funcionarios versus sector privado

Los números no mienten. Los empleados públicos en España, en promedio, ganan más que sus homólogos en el sector privado. Según un análisis que controla por nivel educativo, los funcionarios tienen una mayor probabilidad de percibir salarios más altos hasta los 46.000€ brutos anuales.

Esto significa que, en términos generales, los empleados públicos están mejor remunerados que la gran mayoría de los trabajadores del sector privado.

Además, los funcionarios disfrutan de otras ventajas, como una mayor estabilidad laboral, horarios más flexibles y pensiones más generosas. Estas condiciones hacen que el empleo público sea altamente atractivo, especialmente en un contexto de incertidumbre económica.

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, muchos funcionarios se sienten insatisfechos con sus salarios y han decidido salir a las calles para protestar.

Entonces, ¿por qué se movilizan los funcionarios?

La pregunta clave es: ¿por qué los funcionarios se movilizan si, en promedio, ganan más que los empleados del sector privado? Una posible explicación es la percepción de que sus salarios no han crecido al mismo ritmo que el coste de la vida.

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Aunque sus ingresos sean comparativamente altos, muchos funcionarios sienten que su poder adquisitivo ha disminuido en los últimos años debido a la inflación y los ajustes salariales mínimos.

Otra razón es la comparación interna dentro del sector público. No todos los funcionarios ganan lo mismo, y aquellos en puestos de menor rango o en comunidades autónomas con menos recursos pueden sentirse especialmente desfavorecidos.

Estas diferencias internas alimentan el descontento y llevan a movilizaciones generalizadas.

La estabilidad laboral como factor clave

Uno de los mayores atractivos del empleo público es, cómo no, la estabilidad laboral. A diferencia del sector privado, donde los despidos y la precariedad son comunes, los funcionarios disfrutan de un trabajo prácticamente garantizado de por vida. Esta seguridad es un valor incalculable en un mercado laboral cada vez más volátil.

Sin embargo, la estabilidad laboral también tiene un lado oscuro. Algunos críticos argumentan que esta seguridad puede llevar a la complacencia y a una menor productividad.

Además, la dificultad para despedir a funcionarios ineficientes puede generar ineficiencias en la administración pública, lo que a su vez afecta negativamente a la percepción de los ciudadanos sobre el sector público.

Las pensiones, la otra ventaja oculta

Además de los salarios y la estabilidad laboral, los funcionarios también disfrutan de pensiones más generosas que los trabajadores del sector privado. Este beneficio, aunque no se refleje directamente en el salario mensual, representa un valor añadido significativo a largo plazo.

Las pensiones de los funcionarios suelen estar basadas en el salario final y tienen un cálculo más favorable que las del régimen general de la Seguridad Social. Esto significa que, al jubilarse, los empleados públicos pueden esperar recibir una pensión más alta que la mayoría de los trabajadores del sector privado. Esta ventaja, aunque no siempre visible, contribuye a la percepción de que los funcionarios están mejor remunerados a lo largo de su vida laboral.

La percepción, por un lado y la realidad por otro

A pesar de los datos, la percepción de los funcionarios sobre sus salarios sigue siendo negativa. Muchos de estos profesionales sienten que sus esfuerzos no son reconocidos y que sus salarios no reflejan el valor de su trabajo. Esta discrepancia entre la percepción y la realidad puede explicarse por varios factores.

En primer lugar, los funcionarios pueden compararse con otros empleados públicos en puestos mejor remunerados o con condiciones más favorables. En segundo lugar, la falta de ajustes salariales significativos en los últimos años puede haber creado una sensación de estancamiento. Finalmente, la presión mediática y social sobre el sector público puede estar contribuyendo a esta percepción negativa.

Los funcionarios siguen pidiendo más cosas

Las movilizaciones de los funcionarios van más allá de los salarios. También solicitan la restitución de la estructura salarial anterior a los recortes de 2010, una nueva convocatoria de empleo público para 2025 sin la limitación de la tasa de reposición, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, mejoras en las condiciones de jubilación y una regulación inmediata que permita a los funcionarios y estatutarios acceder a la jubilación parcial.

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En 2004, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se puso en marcha en España un plan de pensiones privados dirigido específicamente a los funcionarios públicos. La intención era buena. Pero casi tres lustros después, nada se sabe de él.

Este plan, conocido como el Fondo de Pensiones de los Funcionarios Públicos (FPP), nació con el objetivo de complementar las pensiones públicas y ofrecer a los empleados del Estado una mayor seguridad financiera en su jubilación.

Sin embargo, lo que comenzó como una iniciativa prometedora se ha convertido en un ejemplo de desatención y fracaso administrativo. Otro más.

Desde 2010, el FPP lleva congelado, sin recibir aportaciones por parte del Estado. Este abandono ha dejado a miles de funcionarios en una situación de incertidumbre, con un fondo que no ha cumplido con las expectativas iniciales.

¿Por qué nació el Fondo de Pensiones de los Funcionarios Públicos?

El Fondo de Pensiones de los Funcionarios Públicos se creó en 2004 como parte de una estrategia para modernizar el sistema de previsión social en España. En aquel momento, el gobierno de Zapatero buscaba ofrecer a los funcionarios una alternativa adicional a las pensiones públicas, que ya comenzaban a mostrar signos de tensión debido al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida.

El plan permitía a los funcionarios aportar una parte de su salario al fondo, con la promesa de que el Estado también realizaría contribuciones. Estas aportaciones se invertirían en productos financieros con el objetivo de generar rendimientos que complementaran las pensiones públicas. La idea era crear un sistema mixto que combinara la seguridad de las pensiones públicas con los beneficios de los planes privados.

La creación del FPP se enmarcó en un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. A principios de la década de 2000, ya se vislumbraban los desafíos que enfrentaría el sistema en el futuro, como el aumento del número de jubilados y la disminución de la población activa.

El gobierno de Zapatero vio en los planes de pensiones privados una forma de aliviar la presión sobre el sistema público y ofrecer a los funcionarios una mayor flexibilidad en la planificación de su jubilación. Sin embargo, este enfoque dependía en gran medida de la voluntad política y la estabilidad económica, dos factores que pronto se verían afectados por la crisis financiera de 2008.

Aquella para la que, según palabras del propio presidente, España estaba mejor preparada que cualquier otro país. El resultado, es de sobra conocido.

El congelamiento del fondo y su desastre posterior

En 2010, en plena crisis económica, el gobierno decidió congelar las aportaciones al Fondo de Pensiones de los Funcionarios Públicos. Esta medida se justificó como parte de los recortes presupuestarios necesarios para reducir el déficit público. Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como una medida temporal se ha convertido en una situación permanente.

Desde entonces, el FPP no ha recibido nuevas aportaciones por parte del Estado, lo que ha limitado su capacidad para generar rendimientos y cumplir con su objetivo inicial. Aunque los funcionarios pueden seguir aportando de manera voluntaria, la falta de contribuciones estatales ha reducido significativamente el atractivo del plan.

Un fondo estancado

Actualmente, el Fondo de Pensiones de los Funcionarios Públicos gestiona un patrimonio de alrededor de 1.200 millones de euros.Sin embargo, esta cantidad es insuficiente para cumplir con las expectativas de los funcionarios que confiaron en el plan.

Además, la rentabilidad del fondo ha sido modesta en comparación con otros productos financieros. Esto se debe en parte a la falta de nuevas aportaciones, pero también a la gestión conservadora del fondo, que ha priorizado la seguridad sobre la rentabilidad. Como resultado, muchos funcionarios se sienten decepcionados con un plan que prometía ser una solución a largo plazo para sus pensiones.

Por qué el FPP es considerado un fracaso

Uno de los principales motivos por los que el Fondo de Pensiones de los Funcionarios Públicos se considera un fracaso es la falta de compromiso político. Aunque el plan se creó con buenas intenciones, su implementación y mantenimiento han sido insuficientes.

La decisión de congelar las aportaciones en 2010 y no retomarlas en los años posteriores ha dejado claro que el FPP no es una prioridad para los sucesivos gobiernos. Esto ha generado desconfianza entre los funcionarios, que ven cómo un proyecto diseñado para beneficiarles ha quedado en el olvido.

Otro factor que contribuye al fracaso del FPP es el incumplimiento de las expectativas iniciales. Cuando se creó el plan, se prometió a los funcionarios una alternativa viable y rentable para complementar sus pensiones. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente.

La falta de aportaciones estatales, la baja rentabilidad y la incertidumbre sobre el futuro del fondo han dejado a muchos funcionarios en una situación de desventaja. En lugar de ofrecer seguridad financiera, el FPP ha generado frustración y desilusión.

El Fondo de Pensiones de los Funcionarios Públicos es un ejemplo de cómo una iniciativa bienintencionada puede fracasar debido a la falta de compromiso y planificación a largo plazo de los políticos.

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El martes 8 de octubre está marcado en el calendario como una fecha crítica. La aprobación, por parte del Consejo de Ministros del nuevo pliego de condiciones para los convenios de Muface, Isfas y Mugeju. Con todo ello, se verían afectados 2,14 millones de funcionarios y familiares. Un modelo que durante años ha supuesto pérdidas cuantiosas para aseguradoras como DKV, Mapfre, Adeslas y Asisa, y que ahora viene a demostrar una evidencia: los empleados públicos prefieren la sanidad privada.

Es curioso que el colectivo de funcionarios goce del pleno derecho para escoger libremente si quiere ser atendido por la sanidad privada o por la sanidad pública, y que el 80% de ellos opte por la sanidad privada a lo largo de las últimas décadas.

Las claves de la medida del Gobierno

Con el fin de intentar revertir la situación, el Gobierno PSOE-Sumar ha brindado un volumen de financiación insuficiente para los servicios sanitarios privados de los funcionarios. De este modo, los trabajadores públicos se verían en la obligación de acudir forzosamente a la sanidad pública, cada vez más desierta.

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De consumarse esta acción, el sistema público deberá absorber desde el 1 de enero de 2025 casi 1,5 millones de nuevos usuarios. Precisamente en un momento crítico, pues el sistema público de salud ya se encuentra altamente tensionado, con largas listas de esperas que lastran su calidad.

Al final, la medida del Gobierno no tendrá efectos. Que todos los usuarios que se dirigían a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se marchen a la pública únicamente provocará que quienes siguiesen apostando por la sanidad privada, finalmente la viesen más descongestionada.

En este sentido, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha manifestado abiertamente su defensa de la capacidad del sistema público para absorber a los mutualistas. Asegura que son personas que no presentan una alta complejidad en sus cuidados y cuya atención puede asumir el sistema público. Otras voces como la de Mónica García, ministra de Sanidad, han calificado a Muface como subsistema anacrónico.

Existen colectivos, como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que sostienen que el modelo actual perpetúa desigualdades al financiarse un sistema privado con recursos públicos, no quedando al alcance de toda la ciudadanía.

La FADSP aboga por la integración total de los funcionarios en el sistema público, lo que, bajo su pronóstico, aliviaría las tensiones financieras y administrativas derivadas de los conciertos con las aseguradoras.

Consecuencias directas

El Ministerio de Función Pública ha propuesto un aumento del 14% en la prima pagada por mutualistas. Esta oferta se considera escasa, por parte de las compañías privadas, para cubrir los elevados costes de la atención médica. De no mantenerse los niveles de calidad actuales, se provocaría un empeoramiento de los servicios y de mayores tiempos de espera para los funcionarios. Todo lo contrario a lo que se buscaba inicialmente: aligerar los plazos.

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Dicho esto, las operadoras exigen un incremento del 40%, aunque Muface reclama un incremento del 25%. El Gobierno es claro y, ante el elevado déficit público que arrastra, no ve posible un incremento mayor.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) acusa al Gobierno de propiciar un fin deliberado para Muface. La oferta financiera se diseña para transferir la responsabilidad del fracaso de las negociaciones al sector privado y deja en una situación precaria la atención médica a los funcionarios.

El envejecimiento de la población mutualista ha aumentado un 7% en la última década. La labor de los operadores privados es fundamental para acometer la ‘selección de riesgos’ de los usuarios. De este modo, se podrán inducir que determinadas enfermedades más graves o crónicas sean tratadas en hospitales públicos.

El objetivo final no es otro que atraer a funcionarios sanos y esquivar la máxima proporción de trabajadores que supongan grandes costes. Todo ello se traduce en que la elección del Instituto Nacional de la Seguridad Social haya pasado del 14,1% al 20,4% de funcionarios en la última década. Este análisis queda recogido en el informe ‘El misterio Muface. ¿Selección por riesgo o empeoramiento de la calidad percibida?’, publicado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2019.

Nuevo error del Gobierno. ¿A dónde va el dinero de Muface?

El grado obsesivo del Gobierno de Sánchez por intentar engordar el tamaño del Estado, resta importancia a la calidad de vida de los españoles. El ahorro de Muface compensará el déficit de las pensiones.

Una vez más, las pensiones son el principal activo para el Ejecutivo. Los datos son claros. El Gobierno destina el 80% de los impuestos a pagar pensiones. La Seguridad Social ya ha gastado 33.602 millones de los 43.463 previstos en el Presupuesto del ejercicio, algo que permite al sistema experimentar un importante superávit. Además, el gasto en jubilaciones ha aumentado más de un 7% en un año y el desembolso en bajas por enfermedad un 18%.

Inicialmente, Muface no va a desaparecer, pero el Gobierno sigue dando pasos hacia el ensanchamiento del Estado, del sistema de pensiones y ahora de la sanidad pública. Un problema de saturación está a la vuelta de la esquina y es por ello que las asociaciones de sanidad pública ponen el foco en la necesidad de una financiación adecuada para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

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Las oportunidades para los jóvenes son prácticamente inexistentes. Encontrar un empleo estable y de calidad en España, pese a tener formación en estudios superiores, es una tarea realmente compleja. Se calcula que cada mes huyen de España 35.000 personas para ganarse la vida fuera. Los que se quedan, ven en el sector público la única forma de acceder a mejores salarios y a un mejor estilo de vida.

El estudio "El peso del opositor en España", realizado por el portal OpositaTest junto con Netques, refleja cómo el 81% de los españoles prefiere trabajar como funcionario y el 74% quieren serlo. La poca incentivación (personal y económica) y la presión fiscal a los autónomos hace que se opte por ser asalariados y, en concreto, funcionarios públicos.

El 44% de los encuestados considera que ser funcionario es más importante que tener un trabajo bien remunerado en el sector privado. Y todo ello es gracias a las excelentes condiciones relativas a seguridad laboral, horario y conciliación de vida personal y profesional. De hecho, el 63% de los jóvenes menores de 25 años prefiere trabajar como funcionario.

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“La empresa no me puede obligar”. Hay empresas que quieren forzar la jubilación de trabajadores, pero eso es excepcional

De acuerdo con el estudio de IVIE-BBVA, el valor del capital humano que dejó España a lo largo del año 2022 se situó en el entorno de los 155.000 millones de euros, reduciendo en un 0,9% el stock disponible. Una cifra equivalente a unos 8.000 euros por hogar.

Los números hablan por sí solos

Según datos del INE, el hecho de no contar con estudios superiores no siempre va asociado a un mejor sueldo o a unas mejores condiciones laborales. De hecho, en España abundan los trabajadores con sobrecualificación que cobran el SMI por desempeñar puestos inferiores a su categoría profesional.

Tanto en el sector público como privado abundan las personas sin estudios superiores. Sin embargo, quienes optaron por estudiar una carrera universitaria o un máster, tuvieron más dificultades para acceder a un puesto de trabajo público o privado. Pero lo que más llama la atención es que no llegan a los niveles salariales de los empleados sin estudios superiores.

Este grafico de @jongocervantes es terrible pic.twitter.com/NqKMRHIMNc

— Fernando Prieto (@ferprietoprado) September 25, 2024

Los datos demuestran que España no es un país idóneo para el talento empresarial. Por todo ello, el 29% de los españoles ha opositado o está opositando y el 22% se plantea opositar en un futuro próximo.

El número estimado de opositores en España que han opositado o están opositando es de unos 7 millones, repartiéndose en la franja de edad de 18 a 55 años, que representa algo más de 23 millones de personas. El interés por las oposiciones en España ha crecido un 10%, pasando de unos 2,9 millones a más de 5 millones de opositores.

Reparto por Comunidades Autónomas

Si se analiza la repercusión y el impacto económico de las oposiciones en España, por Comunidades Autónomas, destacan Canarias (44%) y Asturias (42%)como los dos territorios con más opositores. De hecho, en dichas zonas, cuatro de cada diez personas de entre 18 y 55 años son opositores o han opositado alguna vez.

Le siguen de cerca Castilla-La Mancha (37%), Castilla y León (33%), Andalucía (32%) y Galicia (31%). Las regiones con menos opositores en la actualidad son Cataluña (17%) y Madrid (23%). Pese a ser dos grandes ciudades del territorio nacional, al existir más oportunidades laborales, es donde la población menos recurre al funcionariado público.

Motivos por los que ser funcionario en España

La sociedad, y especialmente las nuevas generaciones, prefieren ser funcionarios en España para ganar mejores salarios. El sector privado es inestable y se debe a la inflación y a las fluctuaciones del mercado, mientras que el sector público otorga una estabilidad de por vida.

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Se viene la era dorada para hacerse funcionario en España. En los próximos años se jubilan millones de boomers

El 52% de los opositores consideran que estudiar unas oposiciones da independencia económica. El 30% del último año afirma tener una situación económica buena o muy buena, el 45% regular y el 25% mala o muy mala. Al alcanzar la plaza de funcionario público se logra aumentar los ingresos en seis de cada diez opositores al año. No obstante, solo el 56% considera que mejorará su situación económica e, incluso, el 14% ve que gastará más al tener mayor poder adquisitivo y que sus ingresos se reducirán al conseguir la plaza de funcionario.

Además del salario y de la mejora en la calidad de vida, el principal motivo por el que se oposita en España es la tranquilidad de la estabilidad laboral, algo que comparte el 65% de los encuestados.

A esto se le suma la conciliación entre la vida laboral y personal. Se tiene en consideración por encima del sueldo, el desarrollo profesional, la flexibilidad horaria y el ambiente laboral. Y es que muchas personas, pese a tener un buen sueldo en el ámbito privado, consideran que su contrato no le da certeza y seguridad a largo plazo para afrontar proyectos o situaciones de gastos inesperados.

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Las redes clientelares que establece el Estado no solo abarcan los intereses vínculos con el ámbito empresarial sino que están llegando a unos límites verdaderamente sorprendentes. Y es que hoy, más de 14 millones de personas dependen de las rentas que ofrece la Administración Pública, mientras que los asalariados del sector privado están por debajo de esta cifra... 13,5 millones de trabajadores.

Pensemos que diferentes grupos perciben rentas del Estado o mejor dicho a través del Estado como son los pensionistas, los funcionarios y los desempleados.

Actualmente, los pensionistas son 9,8 millones de los cuales 6,09 millones representan a pensiones por jubilación, los empleados públicos del conjunto de administraciones es representa 2,58 millones y los desempleados sujetos a prestación son 1,96 millones. En total 14,34 millones de personas a las cuya renta depende exclusivamente del Estado.

Consolidando el sistema clientelar

El verdadero peligro existente de esta fórmula es que cada vez se generan más intereses por parte de perceptores de rentas del Estado que se traducen en votos para exprimir al sector privado y, con ello, "garantizar" el flujo de sus rentas.

Podríamos decir que este grupo de personas serían potencialmente menos favorables a una bajada drástica de impuestos ya que limitaría los ingresos del conjunto de administraciones públicas, y, consecuentemente, el gasto público que forma parte de la obtención de sus ingresos.

Al ser hoy un grupo mayoritario, sería el grupo con fuerza en las urnas, mientras que los asalariados del sector privado, cuantitativamente, se encontraría en una posición limitada en la defensa de sus intereses, aunque estos intereses sean los que aportan netamente a las actas públicas.

Sin lugar a dudas, una vez se abre esta red clientelar a la que se le ha concedido una posición mayoritaria en la sociedad **es muy difícil revertir su situación***. Dicho en otras palabras "Lo primero está la paga o la defensa de su revalorización frente a cualquier otra medida".

En la crisis que sufrió España, vimos la fuerza de este grupo. Cuando el Gobierno del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy se puso al frente del Ejecutivo, no dudó en preservar los intereses clientelares adquiridos frente al sector privado. Era una decisión meramente política: disminuir las rentas de todos aquellos que dependen del estado o un despido masivo de funcionarios para recortar gastos... Pero esta opción nunca estuvo encima la mesa.

Todo lo contrario, el importe de las pensiones siguió incrementándose, nunca se recortó e irá más con el envejecimiento de la población, y, como mucho, la paga de los funcionarios se recortó un 5% en 2010 y se congeló en 2011. Todo ello, soportado por el sector privado que veían despidos masivos y caídas salariales y además, con constantes déficits públicos -España era el país con mayor déficit de la UE- que se traducen en una losa de deuda, dificultando, de cara al futuro, el crecimiento potencial.

De ahí se explica medidas como la subida del IRPF, el IVA o demás impuestos indirectos bajo la batuta de Cristóbal Montoro, que fue el ministro que más impuestos ha subido en democracia.

La losa de los empleados públicos y su menor productividad

En el sector privado es muy sencillo valorar la aportación marginal de los trabajadores dentro del proceso productivo de todo organismo empresarial. Nunca una empresa pagará más de lo que un trabajador genera por el simple hecho de que en el supuesto de hacerlo, estaría asumiendo pérdidas por la contratación.

Es decir, existe una clara vinculación entre la productividad del trabajador y salario percibido. Si una empresa decidirá simplemente pagar más a los trabajadores de lo que verdaderamente generan, simplemente esas pérdidas imputadas irían contra capital hasta que el capital llegue a cero, lo que supone la quiebra de la empresa y su desaparición del mercado.

Pero en el sector público la productividad del funcionariado no queda vinculada a las leyes del mercado... El cliente es el Estado y aquellos a los que prestan servicios son los "usuarios". Por lo tanto, el importe de su salario no estará vinculado a la productividad o la generación de valor en un proceso productivo sino a una decisión política.

Y de ahí, podemos deducir que, en términos generales, los trabajadores del sector público son menos productivos que los trabajadores de la misma categoría en el sector privado porque, de no serlo, ya se estarían traspasando al sector privado para una mejora de sus condiciones laborales.

Pero el gran argumento utilizado es que a pesar de todo, tenemos pocos funcionarios en España. Y si uno acude a las estadísticas de la OCDE, es cierto, el porcentaje de trabajadores públicos representa el 15,7% sobre el total de trabajadores, mientras que la media de los países OCDE es del 18,1%.

Pero como siempre, más que la cantidad hay que poner atención al coste. Y ahí vemos el verdadero problema. Según las estadísticas que ofrece el INE, el salario medio bruto mensual en el sector privado es del 1.772 euros (dato de 2018), pero en el sector público vemos que escala hasta 2.654,4 euros, es decir 882,4 euros de diferencia entre ambos trabajadores... Queda la duda cómo se justifica desde el ámbito público semejante diferencia.

La proximidad de las elecciones generales está siendo decisiva para que nuestro Gobierno quiera congratularse con ciertos colectivos. Entre ellos, el de los funcionarios y empleados públicos, tan castigado durante los últimos años con recortes y más recortes, y al que ahora el Ejecutivo no para de hacerle guiños.

En concreto, Hacienda ha anunciado hoy a los representantes sindicales de los empleados públicos que a partir de enero les reintegrará el 50 % restante de la paga extra de Navidad que se le retiró en 2012. Desde el CSIF hablan de un abono medio de 750 euros por empleado público.

Este guiño no ha sido el único. Hacienda también se ha comprometido a devolver de forma inmediata hasta 8 días libres adicionales a los funcionarios (los famosos moscosos) y a incrementarles el sueldo un 1 % en 2016. ¿No les resulta rara la bondad repentina del Gobierno?

En mi opinión, no creo que el truco del palo y de la zanahoria sea efectivo a estas alturas de la película. Han sido muchos desprecios y mucho apretamiento de tuerca vía ajustes y congelaciones salariales. Sin duda, la cercanía de las elecciones generales y el batacazo del Gobierno en las últimas municipales le está llevando a adoptar medidas de este tipo que, independientemente de que le vengan bien o mal a las finanzas públicas, que de hecho le vendrán fatal, no creo que surtan el efecto que desean: recuperar los votos perdidos de este importante colectivo de electores.

En El Blog Salmón | Los funcionarios se quedan sin paga de Navidad y con los derechos tocados

Imagen | mafergo