El discurso público sobre el peso de los funcionarios en la economía española es siempre el mismo: el elevado coste que suponen para las arcas del Estado.
Pero ojo, hay una sorpresa. Los datos comparativos con otros países de la OCDE revelan una realidad algo diferente. España tiene una proporción de empleados públicos respecto al total de trabajadores inferior a la media de la OCDE, aunque eso sí, lo que se gasta en salarios está por encima del promedio.
A partir de los datos publicados en el informe Government at a glance 2025 de la OCDE, se puede observar que España mantiene una ratio de empleados públicos un 17% inferior a la media ponderada de los países desarrollados.
Sin embargo, el gasto público destinado a retribuir a este personal es un 18% mayor. Este aparente desequilibrio puede deberse a distintos factores, algunos estructurales y otros relacionados con cómo se mide el empleo público en España.
España por debajo en número, por encima en gasto
España presenta un nivel inferior a la media en cuanto al porcentaje de empleados públicos sobre el total de trabajadores. Mientras la media se sitúa en torno al 100, el valor español es de 83, uno de los más bajos entre los países analizados.
Sólo Japón, Corea del Sur y Suiza presentan proporciones menores. Esto contrasta con países como Noruega, Dinamarca o Suecia, donde el porcentaje de empleados públicos se sitúa muy por encima del promedio, con valores superiores al 140.
España tiene una proporción de empleados públicos sobre el total de trabajadores por debajo de la media de la OCDE, un 17% inferior.
— Jon González (@Jongonzlz) June 24, 2025
Sin embargo, tiene un gasto público en salarios de empleados públicos un 18% superior a la media ponderada de la OCDE. pic.twitter.com/HTCO579dl8
No obstante, cuando se analiza el porcentaje del PIB que España dedica a los salarios de estos empleados, la cifra sube hasta 118, claramente por encima del umbral medio de la OCDE. Este contraste pone de manifiesto que, aunque España no cuenta con una plantilla pública tan numerosa, el dinero que se invierte en retribuirla es considerable.
O dicho de otra manera: los funcionarios de aquí están mucho mejor pagados que los de fuera.
La clave puede estar en la subcontratación
Una de las explicaciones posibles a esta aparente paradoja es que España utiliza con frecuencia la figura de la subcontratación para cubrir necesidades estructurales de la administración pública.
Es decir, en lugar de incorporar directamente a trabajadores como funcionarios o personal interino, muchas administraciones optan por contratar servicios a empresas externas. Estas compañías privadas emplean a trabajadores que, aunque prestan servicios públicos, no figuran como empleados públicos en los registros oficiales.
Estudios recientes apuntan a que podría haber hasta dos millones de personas trabajando de forma indirecta para el sector público en España. Si se incluyeran en el cálculo, el porcentaje de empleados públicos sobre el total de trabajadores podría alcanzar el 25%, situando a España por encima de la media de la OCDE. Sin embargo, al no figurar en las estadísticas, esta realidad queda diluida y sólo se refleja de forma indirecta a través del gasto en salarios, que sí incluye pagos por contratos de servicios y concesiones.
Salarios más altos o estructura más cara
El hecho de que España tenga un gasto público en salarios un 18% superior a la media OCDE, a pesar de tener menos empleados públicos, indica que los sueldos son relativamente más altos, o bien que los costes laborales por empleado están inflados por una estructura más ineficiente.
Este aspecto, eso sí, no está del todo claro, ya que no se dispone de información detallada sobre los salarios medios del sector público en comparación internacional, ni sobre el coste total asociado a subcontrataciones y concesiones.
Según el INE, en 2022 había alrededor de 3,5 millones de empleados públicos directos en España, incluyendo funcionarios de carrera, interinos y personal laboral. En 2024, se aprobaron más de 40.000 nuevas plazas, lo que evidencia una apuesta continuada por reforzar la administración pública (y las continuas jubilaciones)
La falta de datos opaca el análisis
Uno de los grandes problemas a la hora de evaluar con precisión el número real de trabajadores vinculados al sector público en España es la falta de datos oficiales claros sobre los empleados indirectos.
No existen registros completos sobre el personal de empresas subcontratadas, ni sobre los trabajadores de concesiones o de entidades públicas con financiación mayoritaria del Estado. Esta falta de transparencia complica el análisis comparado y dificulta el diseño de políticas de racionalización del gasto.
Aunque es habitual utilizar la media ponderada de los países para evitar distorsiones debidas al peso de economías muy grandes, si se aplicara una media simple —que da el mismo valor a cada país independientemente de su tamaño— el lugar de España en el gráfico anterior cambiaría. Aun así, seguiría destacando por su gasto elevado en relación al número de empleados públicos directos.
¿Modelo sostenible o problema estructural?
Lo que muestran los datos de la OCDE es una administración pública que, al menos en apariencia, no está sobredimensionada en número de empleados, pero sí en términos de gasto.
Esto puede reflejar salarios más competitivos, una estructura jerárquica más cara o un uso intensivo de fórmulas indirectas de contratación que elevan el coste final del servicio sin aumentar oficialmente la plantilla.
La pregunta es: ¿Debería repensar España el modelo de gestión de recursos en el sector público español?