Decía Marx aquello de que la Historia siempre se repite, presentándose primero como tragedia y luego como farsa. No es una firmación nueva en el mundo de la Filosofía la del eterno retorno, pero si ese matiz dramatúrgico. En mi caso, ante el déjà vu expropiatorio que me ha causado el nuevo decreto de la Junta de Andalucía, uno no sabe hasta que punto estas expropiaciones en Andalucía son tragedia o farsa. Más bien podríamos hablar de esperpento valleinclanesco.

Finales del 2007. En Cataluña gobierna Montilla, andaluz del PSC, en coalición con ERC e IC (Iniciativa por Cataluña), la vertiente catalana de IU. Precisamente, el departamento de Vivienda es gestionado por IC. Dicho Gobierno consigue aprobar la Ley 18/2007 de derecho a la vivienda, de 28 de diciembre. En respuesta a los supuestos problemas de acceso a la vivienda que muchos denunciaban, entre otros gente como V de Vivienda, en la que ya militaba Ada Colau, se lanza este marco normativo que desato la polémica. Especialmente los artículos 42.6 y 42.7, que vienen a ser la última ratio de un proceso de vaciamiento del derecho de propiedad.

El antecedente catalán

Después de definir como anómalo el tener una vivienda vacía, y de supuestamente ofrecer una serie de alternativas desde el ámbito público a su propietario, se lanza la última amenaza a aquellos reacios a alquilarla.

Una vez se hayan puesto a disposición de los propietarios todas las medidas de fomento que establecen los apartados anteriores, en los ámbitos declarados como ámbitos de demanda residencial fuerte y acreditada, la Administración puede declarar el incumplimiento de la función social de la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda.

Es decir, si en el 2007 no querías alquilar tu vivienda debido a que no te fiabas de la seguridad ni de la rentabilidad de dicha operación, ni mucho menos de la supuesta tutela de una Administración quebrada financiera y moralmente, como el tiempo ha demostrado, ésta se arrogaba el derecho a expropiarte usando la martingala de incumplimiento de la de la función social de la propiedad (es lo que tiene el lamentable texto constitucional del que nos hemos dotado, ampara mil y una manera para destruir los derechos de de los ciudadanos sibilinamente, vaciándolos, perfilándolos, hasta que no los reconoce ni la madre que los parió, en palabras de Alfonso Guerra). Sigamos.

La declaración del incumplimiento debe realizarse mediante un expediente contradictorio, de acuerdo con establecido por la normativa de procedimiento administrativo, en el cual deben detallarse las vías de fomento específicas que se hayan puesto a disposición de la propiedad para facilitarle el alquiler de la vivienda. En el acuerdo de declaración debe advertirse asimismo que, una vez transcurridos dos años desde la notificación de la declaración, si no se ha corregido la situación de desocupación, por causa imputable a la propiedad, la Administración puede expropiar temporalmente el usufructo de la vivienda, por un periodo no superior a cinco años, para alquilarla a terceros.

Es decir, una vez cerrado el expediente, le daban dos años al propietario para que recapacitase. De no ser así, la Administración podía expropiar el usufructo durante 5 años apara alquilárselo a terceros. Supongo que esta fórmula nos recuerda a todos el reciente caso andaluz, aunque lo cierto es que, y tal y como veremos en en un próximo post sobre la norma andaluza, al menos los catalanes, en el 42.7 se volvían a cordar de que había un propietario que debía recuperar el bien...

[...]La resolución que ponga fin al procedimiento debe determinar la forma en que los propietarios pueden recuperar el uso de la vivienda una vez transcurrido el plazo de expropiación temporal.

¿Cuál fue el resultado?

La Ley es aprobada a finales del 2007. Como hemos visto, para poder expropiar era necesario una resolución tras el correspondiente expediente administrativo y un plazo de dos años tras el mismo para que el propietario subsanase voluntariamente el incumplimiento de la función social del derecho de propiedad que estimaban los burócratas.

Cuatro años después, en diciembre del 2011, el gobierno de CíU impulsa la reforma de esta Ley, derogando el 42.6 y el 42.7, es decir, adiós a la expropiación forzosa de las viviendas desocupadas. ¿Qué balance podemos hacer de esta medida?

Pues aquí reclamo vuestra ayuda, ya que, a pesar de haber buscado algún caso de aplicación del 42.6 no he encontrado nada en los boletines. Nada. Y es que puedo entender que no haya dado tiempo a a terminar todo el proceso en esos cuatro años, pero lo que resulta mucho más difícil de explicar es que, los mismos que grabaron en mármol jurídico esas intenciones luego no iniciasen procedimientos al respecto. ¿He buscado mal y poco o es que, realmente no llevaron a la práctica sus amenazas?

Siendo malo, uno puede llegar a pensar que este tipo de normativas se promulgan con el fin de no ser puestas en práctica, esperando congraciarse con los grupos de interés que claman por ellas y obtener unos minutos de telediario o una oleada de apoyo en las redes sociales. Incluso puede creer que lo que buscan es dejar en fuera de juego a aquellos que se opongan a ella, retratándolos como unos insolidarios desalmados que se oponen a la Constitución, al Estado Social del Bienestar y al olor de las nubes. Todo eso puede opinar un enemigo del pueblo, que diría Ibsen, e incluso que se trata de una suerte bomba atómica, de un arma para no ser usada, de una surte de te acoges al despido negociado o te aplico un ERE que te dejo temblando...

¿A dónde quiero ir a parar? Algunos, como Carlos Herrera, recuerdan el historial de incumplimientos de sus propias normas/promesas electorales por parte de la Junta de Andalucia. Si a eso le sumamos el precedente catalán, con prácticamente los mismos actores, o la manifiesta contradicción entre sus intenciones y el papel de IU y la citada consejera firmando desahucios de viviendas públicas o manteniendo miles de viviendas públicas por las que ningún cargo va a ser sancionado (de hecho ya están borrando el rastro) puede que haya quien crea que esto acabará sin una aplicación real.

Me temo que no va a ser así. En la esquizofrenia demagógica que se ha apoderado de la sociedad española estamos quemando etapas. Si la catalana no se aplicó, seguramente fue debido a que sus defensores eran conscientes del fuerte rechazo social que generaría y no les resultaba útil a sus intereses en clave de poder. Hoy, en pleno 2013, esta medida andaluza, enfocada, a diferencia de la catalana, exclusivamente contra el sector financiero, puede resultar estratégica en la lucha por el Palacio de San Telmo.

PD: siempre he dicho que aquellos que invierten en determinados países, en sociedades que han demostrado una y mil veces su ausencia de respeto por los derechos de propiedad y por la libertad, acaban recibiendo lo que se merecen. Creo que esto hace tiempo que es aplicable a determinadas regiones de España, si no a España entera. Dedicado a aquellos que luego hablan de conspiraciones para justificar el crédito que despiertan las demandas de financiación de su social-way-of-life.

En El Blog Salmón | Exprópiese Sr. Griñán, exprópiese, La okupación es un derecho Más información | InDret

Como buena "república bananera" se ha pronunciado Andalucía ante el anuncio de la aprobación de un Real Decreto Ley que permitirá la "expropiación temporal" de viviendas vacías que se encuentren en manos de entidades financieras y afectadas por un desahucio. El populismo extremo de la expropiación llevado a las máximas cotas posibles, al menos, mediante anuncios rimbombantes que rompen totalmente la seguridad jurídica en todos los planos. Ya imagino a la Consejera de Vivienda y la Sr. Griñán señalando con el dedo por las calles andaluzas a la orden de "exprópiese Sr. Griñan, exprópiese".

Aunque no he visto aún el articulado final de la medida, tema muy importante para todo este procedimiento, por las palabras de la Consejera se deduce que se introduce un nuevo concepto jurídico, que es la expropiación temporal de viviendas que se encuentren en subasta judicial, que sean vivienda habitual y permanente y que la hipoteca tenga como destino el pago de la propia vivienda. Esta medida, persigue evitar la exclusión social. Ahora, vamos a la ley de expropiaciones y a la propia Constitución.

La expropiación y el justiprecio, requisito imprescindible

Expropiar, sea el bien que sea, requiere el pago del justiprecio. Este es el precio del bien o derecho que se pierde y que pasa a ser parte del patrimonio público. La Consejera no ha dicho ni pío de este pago, por lo que no se puede admitir en ningún caso una expropiación sin pagar dicho justriprecio. La Ley de Expropiaciones vigentes es del año 1953 y se ha adaptado a la Constitución vía sentencias del TC. Actualmente una expropiación sin pago del justiprecio no es válida, dado que sería una mera confiscación de bienes.

En este sentido, el truco de la Administración para no pagar el justiprecio pero tomar posesión del bien, es la expropiación por vía de urgencia, que se traduce en "yo tomo posesión del bien y ya haremos cuentas". Hemos de suponer (por eso es vital ver el articulado final de la Ley Andaluza), que nos estamos sacando de la manga una "expropiación temporal por tres años", que no hay pago de justiprecio por este periodo y que pasado el plazo se revierte el bien a su legítimo propietario. Es decir, adaptado a las circunstancias actuales, si ejecutas un desahucio, me quedo yo con la vivienda, el desahuciado vive gratis tres años y luego ya veremos quién paga todo esto.

La función social de la vivienda, la dicotomia de la Junta de Andalucía

Para que un bien sea expropiable, debe cumplir una función social. Según la Junta de Andalucía, en este caso, la propia función del derecho a la vivienda. De acuerdo, lo admitimos, pero entonces surgen las dudas ¿no es función social el alquiler? ¿no va a expropiar a los alquileres que no paguen? ¿No hay riesgo de exclusión si un alquiler no paga? Es decir, la función social no entiende de casos puntuales, entiende de casos generales y en este caso, la Junta de Andalucía está realizando un uso sesgado de dicha función social.

En segundo punto, la Administración debe dar los mismos derechos a todos los ciudadanos y el trámite que plantea la Junta de Andalucía es un mero atropello contra los derechos de todos, no ya solo los propietarios. Admitamos que nos parece correcto la expropiación de viviendas a las entidades financieras y que se abona un justiprecio. Si la asignación del derecho de uso de esa vivienda se realiza a dedo, es decir al actual inquilino, si yo soy un sin techo, que en Andalucía hay bastantes también, soy perjudicado directo y mi situación es ya de por sí peor que el propio desahuciado. Ejemplo extrapolable también para un alquiler que no se paga y se desahucia o para una deuda con la administración pública que termine en embargo.

No debe aprobarse y el Constitucional debe paralizar de inmediato

Creo que se han expuesto argumentos jurídicos más que suficientes para demostrar que expropiar sin pagar justiprecio es la mayor barbaridad que se puede aprobar en un ordenamiento jurídico, se llama confiscación, que no se puede dar un poder de asignación directo de derechos a una Administración si no hay libre concurrencia para el resto de ciudadanos como pretende la Junta de Andalucía asignando viviendas a dedo a los ciudadanos y que no es admisible que la Junta tome el Artículo 47 de la Constitución como vivienda gratis y sin pagar para todos, porque eso NO es lo que dice la Carta Magna. Vuestro turno.

En El Blog Salmón | Qué es una expropiación forzosa, Propiedad privada y ocupaciones ilegales, Impedir un desahucio y cómo entendemos el derecho a la vivienda digna, La okupación es un derecho

Aunque mis ideales se alejan de la defensa del empleo público he de reconocer que lo que le ha hecho el Estado y la Junta de Andalucía a los opositores de Secundaria andaluces no tiene perdón de Dios. Primero cambian el temario, tirando horas de trabajo, estudio y academias a la basura, y ahora bloquean la convocatoria mediante un recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, dejando a los opositores literalmente con el culo aire, si me permiten la expresión.

El Gobierno, se escuda para llevar a cabo este “recorte” en el real decreto aprobado el pasado diciembre, el cual ignoró la Junta de Andalucía al convocar las 2.389 plazas un par de meses después, y que bajaba la tasa de reposición del 30% al 10%. Sin embargo, los opositores no lo tienen nada claro. De hecho, nadie lo tiene claro, ni siquiera los sindicatos, que a día de hoy no se han manifestado con una postura clara respecto a este asunto.

A partir de aquí pueden pasar dos cosas: que las oposiciones queden paralizadas indefinidamente, lo cuál sería catastrófico para el opositor que ha invertido los últimos meses de su vida en prepararlas, o bien que el número de plazas convocadas se reduzca de 2.389 puestos a sólo una tercera parte, con lo que las posibilidades de conseguir una de estas plazas se reduciría considerablemente. Si una opción es mala, la otra es peor.

Como digo, mi postura respecto a este tijeretazo es un tanto confusa, ya que por un lado lo considero un recorte necesario, pero por otro no estoy de acuerdo con la forma en la que han procedido a llevarlo a cabo. Con la que está cayendo, la gente no está para demasiadas tonterías y el tiempo es un bien demasiado importante para que Gobierno y Junta de Andalucía decidan trasladar el problema de sus desacuerdos a los opositores.

Otro asunto que está generando bastante polémica es el que se refiere a las tasas. Cada uno de los 32.721 aspirantes a las oposiciones de Secundaria convocadas por la Junta de Andalucía ha pagado alrededor de 70 euros en concepto de tasas. Aunque a título individual la cantidad no es muy significativa, en su conjunto suma más de 2,2 millones de euros.

Muchas de estas personas han acudido a recuperar su dinero y la postura oficial, bastante confusa por cierto, es que no se efectuará el reintegro hasta que no se anule definitivamente la convocatoria, lo que ha sembrado aún más nerviosismo entre unos opositores que se sienten engañados y con la sensación de haber perdido energías, tiempo y dinero en preparar unas oposiciones que no llegarán a ningún sitio.

Vía | Sur
En El Blog Salmón | Sí y no a los cambios en Educación Primaria y Secundaria, Profesor de secundaria: una profesión en crisis, ¿Tiene el sistema educativo español?
Imagen | scui3asteveo

Como ya escribimos en su día, la razón esgrimida por Delphi para cerrar su planta de Puerto Real es la baja rentabilidad de la misma: 150 millones de euros en pérdidas en los últimos cinco años parecen suficientes para justificar lo que algunos han calificado como una salvajada, ya que hablamos de 1600 empleos directos y 2.500 indirectos, una auténtica ruina para la zona.

Pero conforme pasan los días y la información va fluyendo las cosas se van viendo de otra forma. Por lo pronto, la planta ha recibido unos 62 millones de euros en distintas subvenciones desde 1986, dinero aportado por todos los contribuyentes y que la empresa paga de esta forma: deslocalizando su negocio en vez de aportar un plan de viabilidad. La Junta de Andalucía no se ha quedado de brazos cruzados. Tras la indicación del gobierno central de crear un grupo de trabajo conjunto, se está revisando con lupa la gestión de la fábrica y los datos son alarmantes: se habla de la posibilidad de que realmente no existan estas pérdidas y que todo sea un plan orquestado para llevarse la planta a europa del este, donde la mano de obra es más barata.

Todos los medios, alentados por los sindicatos, parecen de acuerdo que el mexicano Gonzalo Herrera fue nombrado director de la planta en Noviembre de 2006 con la única misión de cerrarla. Pero poco se habla de su anterior director, Alberto Rojas, quien ha sido responsable de cuatro de los cinco años de pérdidas y, sin embargo, ha sido ascendido a director de operaciones en Europa, cargo desde el que (que sepamos), guarda absoluto silencio sobre lo que ocurre en sus antiguos fueros. Extraño, ¿No?

Es pronto aun para hacer juicios de valor, pero si realmente Delphi ha recibido 62 millones de las arcas públicas para despues falsear sus cuentas y justificar una deslocalización sembrando la ruina en la comarca... Bueno, creo que sobran las palabras, la cosa más que de juzgado sería de plaza mayor, turba y guillotina.

Vía | Cinco Días Más información | Delphi recibe 62 millones en subvenciones , El director de Delphi come solo