El tejido empresarial español presenta una cara oculta que preocupa, como no podría ser de otra manera, a las autoridades económicas: la presencia de un volumen elevado de sociedades inactivas que permanecen inscritas en los registros oficiales sin cumplir con sus obligaciones contables.

La falta de transparencia de estas entidades no solo distorsiona las estadísticas oficiales, sino que también puede abrir la puerta a prácticas fraudulentas.

Según un informe publicado por Informa D&B, más de medio millón de empresas no han presentado sus cuentas anuales en los dos últimos ejercicios.

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Este fenómeno, que afecta a cerca del 40% de las sociedades inscritas, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las denominadas sociedades fantasma.

Qué significa ser una sociedad fantasma

El concepto de sociedad fantasma se refiere a aquellas compañías que, pese a seguir inscritas en el Registro Mercantil, no muestran indicios de actividad.

El hecho más claro de esta inactividad es que no depositan las cuentas anuales, algo que por ley resulta obligatorio incluso en el caso de no generar ingresos.

El estudio de Informa D&B apunta que la mayoría de estas entidades cuentan con un capital social inferior a 5.000 euros, lo que refleja su escasa capacidad operativa.

De acuerdo con dicho informe, un 65% de los negocios inactivos se sitúan en ese tramo de capital. En torno al 6% tienen un capital de entre 5.000 y 10.000 euros, mientras que un 10% superan los 10.000 pero no los 60.000 euros.

En el rango superior, apenas un 10% alcanzan cifras por encima de los 60.000 euros, lo que indica que la mayoría de estas sociedades fueron creadas con fines limitados o como instrumentos de conveniencia.

Sectores más afectados

La construcción y las actividades inmobiliarias concentran una cuarta parte de estas sociedades fantasma, mientras que el comercio aglutina algo más del 21%.

En tercer lugar aparecen los servicios empresariales, que representan el 14%. Estos sectores, muy ligados a la burbuja económica de décadas anteriores, siguen reflejando un peso significativo de entidades que ya no tienen operaciones reales.

A nivel geográfico, Madrid lidera el número de sociedades inactivas con un 19% del total, seguida de Andalucía con un 18,5% y Cataluña con un 17%. En el lado opuesto, Cantabria es la comunidad con menos presencia de este tipo de compañías, sin contar Ceuta y Melilla.

Obligaciones legales y sanciones

Aunque se trate de compañías sin actividad, la ley establece que deben mantener una contabilidad ajustada al Código de Comercio y presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

El artículo 363.1.A de la Ley de Sociedades de Capital va más allá, indicando que una empresa debe disolverse si permanece inactiva durante más de un año.

No cumplir con esta obligación puede acarrear multas impuestas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Las sanciones oscilan entre 1.200 y 60.000 euros, aunque en empresas con una facturación superior a seis millones de euros anuales pueden alcanzar los 300.000 euros por ejercicio.

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El ICAC recaudó el último año casi el doble en concepto de sanciones vinculadas a incumplimientos de depósito de cuentas, lo que refleja un endurecimiento de los controles.

El proceso de disolución y liquidación

Cerrar definitivamente una empresa inactiva tampoco es gratuito. Firmar la escritura pública de disolución, inscribirla en el Registro Mercantil y dar de baja el negocio en el censo de empresarios requiere trámites legales y administrativos.

Los expertos estiman que liquidar una sociedad con un capital social de unos 3.000 euros puede suponer un coste mínimo de 300 euros, aunque en casos más complejos esta cifra supera con facilidad los 1.000 euros.

Además, es necesario presentar la declaración censal mediante el Modelo 036 y dar de baja a los administradores, lo que añade complejidad al procedimiento.

Por este motivo, muchas sociedades se mantienen en un limbo legal, ni activas ni cerradas, lo que alimenta el volumen de empresas fantasma.

Riesgo de uso fraudulento

Las sociedades fantasma también pueden convertirse en sociedades pantalla, utilizadas para ocultar operaciones ilícitas. El Tribunal Supremo ha establecido criterios para detectar estos casos: empresas sin trabajadores, sin medios materiales, con facturación de un único cliente vinculado o cuyo único objetivo es reducir la carga fiscal.

Este tipo de prácticas refuerza la importancia de mantener registros actualizados y sancionar con firmeza la falta de transparencia.

La existencia de más de 500.000 sociedades inactivas refleja un problema estructural en el tejido empresarial español. Los especialistas son claros: resolver este fenómeno no solo exige reforzar las sanciones, sino también fomentar procesos de disolución más ágiles y accesibles para evitar que miles de sociedades sigan alimentando la estadística de empresas fantasma.

Imágenes | Pixabay, Pixabay

Cada vez suceden cosas más inauditas en el ámbito económico que estamos viviendo en primera persona. La pandemia ha acelerado muchos cambios ante la crisis sin igual en todo el mundo que ha provocado, obligando a los estados a tomar medidas para paliarla.

En el caso que hoy nos ocupa no está tan relacionado con la pandemia, pero sí deja ver que los cambios están en un futuro más cercano de lo que pensamos. ¿Se imaginan que un día el petróleo deja de usarse? Tranquilidad, todavía no va a suceder, pero pasará, de ahí la importancia de mutar a un sistema sostenible, porque las reservas son, por un lado, finitas, y por otro, un gran agente contaminante para el planeta.

Y de ahí la necesidad de que las economías eminentemente petroleras se busquen otros medios para subsistir. Y ese es el caso de Emiratos Árabes, uno de los mayores productores de crudo del mundo y el cuarto exportador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está empezando a introducir cambios que le permitan obtener ingresos una vez que el petróleo acabe o se acabe el negocio como tal. Y eso debe rumiarse, pues hace unos días se supo que por primera vez Emiratos Árabes ha importado petróleo procedente de Estados Unidos, según una exclusiva de Bloomberg News.

Así, no ha dudado en introducir por primera vez en su historia el Impuesto de Sociedades, un tributo que no es igual que el que conocemos en Occidente. Vamos a verlo.

Un impuesto a la medida

Por lo que ya se ha avanzado, el Impuesto de Sociedades árabe se empezará a aplicar a partir del 1 de junio de 2023, por lo que aún queda tiempo. Y será del 9% solo para las empresas radicadas en los Emiratos que ingresen más de 90.000 euros al año. Algo no muy difícil teniendo en cuenta el dinero que allí se maneja y las empresas que hay. Para las que tengan menos ingresos no habrá tributación.

Y otro inciso: tampoco pagarán el impuesto las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales, es decir, las petroleras. Esto es así para no perder competitividad en el mercado petrolero mundial.

Aunque a los que vivimos en Occidente este impuesto nos pueda parecer una broma en comparación con lo que pagamos aquí, pero para este estado es un paso histórico, pues no hay IRPF, ni de bienes inmuebles, ni impuestos a la inversión... Nada que aleje a los negocios de sus fronteras.

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Así, será uno de los países con un Impuesto de Sociedades más bajo del mundo, pero es un avance muy importante que indica lo que se viene a largo plazo: una economía cada vez menos dependiente del petróleo.

De hecho, ya ha dado pasos en esta línea: el pasado año Arabia Saudí vendió el 1% de Aramco, la mayor petrolera del mundo que es propiedad de Emiratos. Un porcentaje que puede parecer una nimiedad, pero que estaba valorado en 16.000 millones. Otra muestra de los cambios que se están experimentando en la región.

Por lo tanto, habrá que estar pendiente de los próximos pasos del Emirato, pues van a marcar la tendencia futura de lo que está por venir en el mercado energético mundial.

Recientemente ha salido la filtración de los Pandora papers, pero no está dando mucho de que hablar. Cuando salieron los Panama Papers, el escándalo fue mayúsculo. Además coincidió con el escándalo de Odebrecht salido a través de la operación de la policía brasileña “Lava-Jato” que hizo caer al gobierno de este país. Pero en cambio de los Pandora papers no está saliendo nada, a pesar de todo lo que podría estar moviéndose ahora.

¿Qué está sucediendo? Si el mundo offshore es fascinante, ha dejado de ser novedad, y es que constituir una sociedad offshore es legal, como ya se nos dejó clara en las anteriores filtraciones, pero es que además, es sorprendentemente barato.

Los Pandora Papers es la filtración más grande de todas

La primera filtración de datos de un paraíso fiscal, fueron los papeles de Panamá, que acabó cerrando el Buffet de abogados Mossack-Fonseca de este país como relata la película de Netflix sobre el dinero sucio. Esta filtración pesaba 2.6TB de información. La siguiente, fue conocida como los Paradise Papers, que se trataba sólo del buffete especializado en servicios offshore Appleby, aplicaba sólo para Bermuda y pesaba 1.4TB. La tercera filtración, los Pandora Papers aplica a catorce empresas de varias localizaciones y pesa 2.94TB. Según el periódico británico The Guardian es alrededor de millón de biblias de datos.

Deberían de salir propietarios de sociedades offshore de todo el mundo, potencialmente la fuga de información más jugosa. En cambio apenas estamos oyendo nada. ¿Por qué? Bueno, empecemos por ver algo que ha estado pasando delante de nuestras narices. Una promoción de obra nueva.

En el Barrio de Salamanca en Madrid, se erigió hace poco un edificio diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz, 44 viviendas de lujo de entre 275 y 578 metros cuadrados en una de las zonas más caras de la capital y con muchos detalles de lujo. Hablando en precios por metro cuadrado, se convirtieron en las viviendas más caras de la capital. Según El País, de esas 44 viviendas, 22 pertenecen a empresas, 15 de ellas son sociedades opacas. De 13 de ellas, el periódico no fue capaz de averiguar quién era el dueño.

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Esto no es raro en la vivienda de lujo nueva en las grandes ciudades del mundo. En One Hyde Park en Londres, el 80% de las viviendas habían sido adquiridas a través de sociedades offshore, muchas de ellas situadas en las Islas Vírgenes Británicas. En el controvertido edificio 432 de Park Avenue situado en la misma dirección de Nueva York, muchos de los apartamentos fueron comprados por sociedades offfshore, es decir, situados en centros financieros donde la privacidad suele ser clave. Millonarios de China o de Latinoamérica compran viviendas en el extranjero a través de estas sociedades, y es una práctica habitual.

Este no ha sido el único lugar en España donde se han comprado viviendas de lujo mediante empresas offshore. En Marbella por ejemplo empresarios localizados en Egipto o Dubai compran viviendas exclusivas mediante sociedades offshore, ya sea desde Malta, Gibraltar o Panamá. Además tiene ventajas fiscales, según Benjamí Anglès Juanpere, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), no tienen que pagar ni IVA si es una vivienda de obra nueva ni Impuesto de Transmisiones Patrimoniales si es de segunda mano. Y hablando de viviendas de millones de euros, aquí hya un ahorro substancial.

Hacer una sociedad offshore es legal y barato

Lo primero de todo, una sociedad offshore es legal, por ejemplo podemos tener una porque así nos ahorramos impuestos legalmente, como hemos comentado. Pero también porque puede que nuestro lugar de residencia no sea suficientemente estable. O porque así podamos invertir en ciertos servicios financieros que no tenemos en nuestro país.

Lo que no es legal es no declarar que tenemos inversiones en el extranjero. En España, por ejemplo, debe hacerse mediante el modelo 720. En EEUU debe comunicarse al IRS (internal Revenue Service, equivalente a nuestra Agencia Tributaria) inmediatamente (en 24h) tras crear la sociedad offshore con el formulario correspondiente. Lo que siempre quita un poco del anonimato de estas sociedades. Pero si no lo estamos declarando. Aquí es cuando entramos en el mundo ilegal. Pero es bastante difícil, aunque no imposible para las autoridades fiscales saber que estamos escapando de la legalidad que marcan.

En ocasiones empleados descontentos optan por denunciar a sus antiguos empleadores cuando saben que tienen sociedades offshore no declaradas, en ocasiones hay filtraciones como la de los papeles de Pandora. ¿Para qué se hacen estas cosas? Muchas veces para esconder dinero del fisco, pero también para esconder dinero de una un futuro cónyuge, o de acreedores. Haciéndoles más difíciles saber lo que tenemos y más difícil todavía, reclamar dichos bienes y derechos.

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Lo segundo a conocer es que este tipo de sociedades puede ser más barato de lo que imaginamos. Por ejemplo tenemos lo que hizo el Podcast “Planet Money” que en 2012 abrieron dos sociedades, una en Belize llamada “Unbeliezable Inc” y otra en Delaware llamada “Delawhoo LLC”. ¿Cuánto les costó abrirlas?

Ellos mismos publicaron las facturas, por la de Belize pagaron 2.115 dólares, por la de Delaware un poco menos, 519 dólares. Hay quién se gasta mucho más en un bolso o en una escapada de fin de semana.

En tercer lugar, siendo los Pandora papers la tercera filtración, parece que nos hemos acostumbrado a estas filtraciones, a que de vez en cuando aparezcan filtraciones de buffetes de abogados y sociedades offshore.

Pregunta a los lectores ¿conocen a alguien con una sociedad offshore? ¿Alguien que se dedique a este mundo?

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Más información | El País (1 y 2)

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Después de muchos años de negociaciones, ya hay acuerdo dentro del G7 para implantar un impuesto de sociedades mínimo global. Los países del G7 (EEUU, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá) han firmado el acuerdo y ahora la negociación se extenderá al G20 (España pertenece al grupo a través de la Unión Europea y también como invitado permanente) y luego a la OCDE.

El acuerdo no es solo que se establece un mínimo global del impuesto de sociedades del 15%, cosa que no es muy relevante pues casi todos los países tienen un tipo superior (la gran excepción sería Irlanda, con su 12,5%). La gran novedad es dónde se pagarían estos impuestos.

La localización de los beneficios

Una de las novedades de este acuerdo es que las empresas no pagarían los beneficios donde quieran localizarlos, como hacen hasta ahora. En la actualidad las empresas multinacionales fijan sus sedes donde quieren y venden sus servicios a sus filiales, que son las que a su vez realizan las ventas a los clientes finales.

Aunque existen normas para evitarlo, en la práctica las sedes pueden vender al precio que quieran a sus filiales y por tanto limitar el beneficio de las mismas y pagar la mayoría de impuestos donde se encuentra la sede.

Una vuelta de tuerca más que hacen algunas empresas es optimizar la factura fiscal: fijan la sede no donde tienen el I+D sino en los países con menos impuestos de sociedades para así minimizar la factura fiscal.

El nuevo impuesto de sociedades mínimo global

A partir de ahora cambia el status quo que decía que las multinacionales pagan impuestos principalmente donde tienen la sede y pasarán a pagarlos donde se produzcan las ventas. El sistema original tenía su lógica, pues el I+D es muy importante (¿qué aporta la gran calidad de los resultados de búsqueda a Google, sus clientes por el mundo o el gran trabajo de I+D que han hecho en California?). Pero las empresas han abusado de la libertad que tenían para minimizar la factura fiscal.

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El acuerdo fija que las grandes empresas que tengan al menos un margen de un 10% se verán afectadas por este nuevo esquema. El 20% de los beneficios que superen este 10% de margen será recolocado a los países donde se hayan producido las ventas, y será gravado con un mínimo del 15%.

España, beneficiada

España nunca ha sido una gran productora de multinacionales. Tenemos algunas, pero incluso mirando el IBEX35 se pueden ver empresas que actúan en un ámbito básicamente local. Esta falta de multinacionales y nuestro gran tejido empresarial a base de Pymes ha sido tradicionalmente una debilidad (y lo sigue siendo).

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Sin embargo nuestra gran baza negociadora en cualquier tratado, por ejemplo de la UE, es que somos un mercado relativamente grande. Casi 47 millones de habitantes nos sitúan como el país 29 del mundo en población con un nivel de riqueza per cápita alrededor del 30. Ambas listas no son equivalente, pues muchos países pequeños son muy ricos y España es, en términos de PIB, el país número 14 más rico del mundo.

Por tanto las multinacionales extranjeras suelen hacer un buen negocio en España, ya que somos un mercado bastante grande e interesante, y no somos capaces de compensar esto con empresas que hagan lo mismo fuera.

Este nuevo sistema impositivo, por tanto, en principio nos va a beneficiar. La factura fiscal de las grandes empresas extranjeras que operan en nuestro país aumentará los ingresos fiscales. Y sin embargo la reducción de la recaudación por nuestras multinacionales vendiendo fuera va a ser escasa. Está por ver si las muy grandes empresas tecnológicas adoptan una estrategia similar a la que han usado con la tasa Google, de incrementar precios para compensar esta nueva fiscalidad.

Por cierto, la tasa Google debería ser derogada una vez empiece a funcionar este nuevo impuesto de sociedades mínimo global, ya que se suponía que se estableció para impulsar estos acuerdos que por fin estamos viendo llegar.

Amazon, seguramente fuera

Como ya comentamos hace unos días, la política de Amazon de reinvertir sus beneficios para crecer podría hacer que no estén afectados por este acuerdo. Hasta la fecha y desde su creación, Amazon ha mantenido los beneficios en mínimos. De hecho en 2020 su margen ha sido únicamente del 6,3% (y este ha sido el margen más alto de su historia).

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Quizá dentro de las nuevas negocaciones del G20 y de la OCDE haya cambios, como algún importe de facturación por encima del cual aplicaría a todas las empresas, pero es complicado. Al final Amazon lo que está haciendo es invertir fuertemente y no es que esté desviando beneficios para reducir la factura fiscal.

Lo que sí podría pasar es que si se considera que Amazon tiene distintas divisiones y alguna de ellas sí que tiene una rentabilidad alta (como los servicios en la nube) estos beneficios sí que estén gravados por el nuevo esquema impositivo. Si se decide algo en esta línea las empresas perderían flexibilidad de mover beneficios entre unidades separadas según crean conveniente, lo cual no es muy lógico si queremos empresas innovadoras que generen riqueza y empleo.

Nuestro vecino Andorra ha cobrado notoriedad en la actualidad fruto del traslado del youtuber más famoso de España, el Rubius. Una decisión que ha sido aplaudida por unos y denostada por otros y que entre sus múltiples razones se encuentra la fiscalidad. Y es que Andorra destaca por ser un país, un microestado, con unos impuestos especialmente bajos.

Muchos han optado por lanzar las críticas contra el youtuber, sin hacer una autocrítica previa sobre cómo España está tratando a las rentas, tan necesarias para contribuir a la generación de talento interno e importar los trabajadores altamente calificados externos.

Y en ese punto nos vamos a centrar, en la autocrítica. España ha demostrado históricamente ser un país con un alto atractivo para el turismo (83,7 millones de llegadas en 2019) pero para trabajar y desarrollarse profesionalmente tiene varios aspectos negativos, entre ellos la fiscalidad.

Una mirada al impuesto de sociedades

El tipo general del impuesto general sobre sociedades es del 25%, un tipo de gravamen que podríamos considerar alto, ya que el promedio de la OCDE se encuentra en 23,51%, pocos países tiene un impuesto de sociedades mayor. En la OCDE, solo cinco países tienen un tipo mayor: Francia (32,02%), Portugal (30%), México (30%), Australia (30%) y Nueva Zelanda (28%).

En el panorama global el impuesto de sociedades se ha ido reduciendo en los últimos años, gracias a que existe una competencia mundial entre los diferentes países. Para hacernos una idea, en el caso de Europa, el promedio de esta tasa en 1980 era del 44,6% y ha caído al 19,99%, lo que representa una reducción de la tasa del 55%.

También es conveniente apuntar que con un tipo superior, a la media de la OCDE, España no recauda más. Específicamente, los ingresos fiscales estarían cuantificados en un 2,1% del PIB mientras que en el conjunto de los países de la OCDE sumarian un punto más hasta el 3,1% del PIB.

España es libre de competir o no. Pero está claro que si España no quiere competir, el resto de países estarán encantados en ofrecer una fiscalidad más reducida para ser capaces de atraer capitales. España quedará marginada si no ofrece una 'alfombra roja' a las empresas.

Hay que tener en cuenta que, hoy en día, en el mundo suma un total de ochenta jurisdicciones tienen un tipo de gravamen en el impuesto de sociedades del 20% o inferior. Y, en el caso de España, en el norte tenemos a Andorra y en el sur a Gibraltar con unos tipos de sociedades del 10%. La elección es clara: competimos o nos quejamos.

Los impuestos que recaen sobre los trabajadores

Los datos de la OCDE reflejan que, en promedio, los trabajadores solteros sin hijos, que ganan el salario promedio soportan una carga fiscal de impuestos sobre la renta y la nómina del 36% en 2019. Es decir, tras el impuesto al trabajo y las cotizaciones sociales, el trabajador ve que ha desaparecido un 36% de lo que había ganado.

¿Y en España? Nuestro país no está en una posición que le permita lucirse, suma 2,5 puntos más que la media hasta una cuña fiscal del 39,5%: el impuesto de la renta representa 11,6 puntos, las cotizaciones a cargo del trabajador 4,9 puntos y las cotizaciones a cargo de la empresa 23 puntos.

Si hablamos de los impuestos a la renta, nuestro marginal máximo es del 45% que se aplica a partir de los 60.000 euros declarados en la renta. Seguimos estando por encima del promedio de la OCDE que establece un tipo marginal máximo del 42%.

La crisis inmobiliaria y posterior europea nos ha llevado a un alza de impuestos generales y el marginal máximo del IRPF ha sido el segundo que más ha subido de Europa, solo superado por Francia. En 2007 nuestro tipo marginal lo teníamos en el 43% y más de una década después, le hemos sumado dos puntos porcentuales más de fiscalidad. No es que no queramos competir con Andorra, con un marginal máximo del 10%, es que no queremos competir con el mundo.

Debemos reflexionar qué conseguimos con estos tipos marginales máximos. Podemos encontrarnos que en el corto plazo, inducen la elusión y la evasión de impuestos, y pueden hacer que las personas con altos ingresos reduzcan su dedicación u horas de trabajo. Pero si el enfoque lo hacemos a largo plazo, los tipos marginales pueden afectar las opciones profesionales de alto valor y, en última instancia, decisiones de migración.

Recientemente se ha publicado el informe País por País (Country by country report, CBC por sus siglas en inglés) referido al ejercicio 2016 que evalúa cuál es el pago por el Impuesto sobre Sociedades a escala global para las multinacionales españolas.

Estamos acostumbrados que la Agencia Tributaria publique los datos del tipo efectivo sobre el Impuesto de Sociedades. No obstante, cómo hemos repetido en numerosas ocasiones, el problema de este cálculo es que comparaba el pago del Impuesto de Sociedades de España frente a los resultados globales de las empresas.

De ahí, surge un problema de interpretación y es que no podemos decir que las empresas multinacionales españolas paguen un 7% en concepto del Impuesto sobre Sociedades porque la comparativa excluye el pago del impuesto de las filiales del grupo en los países en los que operan.

Las multinacionales pagan un 15,5% en Impuesto sobre Sociedades

El informe publicado nos dice que de las 134 multinacionales españolas que en 2016 contaban con una facturación anual superior a 750 millones de euros, afrontaron un pago en concepto de impuesto sobre Sociedades de 14.260 millones de euros bajo el criterio de devengo sobre unos beneficios de 91.849 millones, lo que implica una relación frente a sus beneficios del 15,5%.

El criterio de devengo es uno de los principios contables más relevantes porque trata de trasladar a la contabilidad de la empresa los hechos o transacciones en el momento que nacen y no cuando se efectúa el pago o cobro (principio de caja).

Por ejemplo, si una entidad bancaria valora que, fruto de la morosidad existente se producirán una serie de pérdidas futuras de acuerdo con el riesgo de crédito de la entidad, debe dotar de las provisiones oportunas para que la empresa refleje una imagen fiel a la realidad.

Esta cifra ya representa más del doble de ese 7% del tipo efectivo tan manoseado por las tertulias. Y es que existe una diferencia notable en la metodología de cálculo.

Existe una diferencia notable entre ambas cifras. Ese 7% venía dado del beneficio bruto del grupo que únicamente graba a los resultados positivos, mientras que con este cálculo se integran los beneficios netos (resultados consolidados) lo que significa existe la compensación por las pérdidas de todas las filiales en una misma jurisdicción fiscal.

Datos curiosos que se extraen

Se nos presentan ciertos datos que como mínimo son llamativos. Por ejemplo, de las 134 multinacionales tenemos que 31 empresas habrían obtenido un beneficio de 26.746 millones de euros pagando únicamente 748 millones los que les dejaría un tipo sobre el beneficio del 2,8%.

En el otro extremo, tendríamos que 40 empresas habrían obtenido unos beneficios de 26.299 millones de euros coma en concepto de Impuesto sobre Sociedades coma abrir una foto contado un pago de 7.712 millones de euros, lo que equivale al 33,1%.

Por lo tanto, vemos que el 23,1% de las empresas estarían afrontando un tipo efectivo inferior al 5% y el 29,9% de más del 25%. Una fuerte disparidad que exige matizaciones.

El informe no entra en profundidad más allá de los resultados que ofrece. Sería interesante desgranar en qué países operan las filiales para analizar el régimen tributario el Impuesto sobre Sociedades oportuno, el peso sobre el negocio del grupo, así como datos históricos de ejercicios pasados o venideros para una mínima comparativa.

Lamentablemente no es así. Por lo que hay que analizar con la información que tenemos, las razones que subyacen a un impuesto sobre sociedades devengado tan bajo en el caso específico de algunas multinacionales.

Aunque en el informe no se especifica, en 2016 eran los bancos quiénes pagaban menos de un 5% por el Impuesto sobre Sociedades. Nos encontrábamos con un sector bancario que debía compensar las pérdidas de ejercicios anteriores fruto las provisiones lo que finalmente tenía una repercusión a su base imponible en el momento de pagar el impuesto. A ello había que añadir los diferentes ajustes y diversas correcciones técnicas.

No obstante, si saltamos a 2018, los bancos pagaban generalmente un Impuesto sobre Sociedades alrededor del 25%. Tenemos que el Santander afrontó un tipo del 35,4%, el BBVA un 27,2%, Bankinter del 27%, CaixaBank un 25,4%, Bankia un 24,2% y Sabadell un 20%. De ahí, la importancia de un histórico y una visión dinámica de lo que ha sucedido.

Y sí, el Santander afrobtó un Impuesto de Sociedades del 35%. Cómo vemos en la siguiente tabla que recoge los resultados consolidados del grupo en 2018, el resultado antes de impuestos puede 14.776 millones de euros y el Impuesto sobre Sociedades fue de 5.230 millones.

Facebook anunció durante esta semana que ha decidido crear una estructura de ventas local en aquellos países donde tenga una oficina a través de la cual va a pagar los impuestos, en vez de que todos sus ingresos por publicidad paguen impuestos en su sede de Irlanda, en el caso de Europa, al contar con ventajas fiscal en el impuesto de sociedades.

Facebook piensa que la estructura de ventas local les va a proporcionar más transparencia, en aquellos países que opera, a los gobiernos y legisladores alrededor del planeta que han solicitado una mayor transparencia sobre los ingresos asociados a las ventas.

Nos podemos preguntar: ¿Por qué Facebook por fin ha dado el paso de pagos los impuestos en cada país que tiene oficina en Europa?

La ingeniería fiscal de Europa, prevista para el 2019, precipita la decisión de Facebook

Esta decisión se ha tomado por el incremento de la presión por parte de los gobiernos en Europa ante su ingeniería fiscal, estará completada sobre el 2019. Facebook, al igual que otras empresa tecnológicas, ha sido acusada de evasión fiscal a través de la planificación tributaria.

Esta planificación tributaria le ha permitido disminuir al mínimo el pago de impuestos y, sobre todo, el impuesto de sociedades, con una menor carga impositiva en la gran parte de los países que está trabajando.

Facebook ha detallado que los ingresos por publicidad van a tributar en los 25 países en los que cuenta con una oficina, entre ellos se encuentra España, Francia, Alemania e Italia.

Facebook emplea en España 22 trabajadores. Teóricamente, cuando aplique el cambio, todo lo que su filial española ingrese en concepto de publicidad, se facturará y pagará impuestos en España.

Facebook España sólo era una intermediaria de la sede en Irlanda

El sistema utilizado por Facebook hasta este momento le ha permitido declarar en su último ejercicio fiscal en España un importe neto de cifra de negocio de 7,9 millones de euros, frente a los 7,15 millones de euros declarados en 2015.

La filial en España de Facebook declaró unas pérdidas durante el año paso de casi 500 mil euros, frente a los cifras negativas de 325 mil euros que se ha registrado el 2015, pese a tener un negocio millonario.

Todo esto era posible porque la filial española de Facebook era una prestadora de servicios de venta y marketing a la matriz, Facebook Irlanda, y no como comercializadora de publicidad.

Por tanto, la filial española de Facebook es en realidad una sociedad que actúa principalmente como intermediaria de Facebook Ireland Limited, la matriz que recopila los ingresos del resto de filiales europeas, para reducir la factura fiscal. La consecuencia es que en los últimos cinco años solo ha declarado ingresos por 23,7 millones de euros.

Facebook declaró unos impuestos de sociedades de 183 mil euros, frente al impuesto de sociedades de 114 mil euros del 2015. Esta estrategia, legal y que siguen la mayoría de corporaciones tecnológicas, le permite reducir el pago de impuestos. Desde 2012, Facebook ha pagado 491 mil euros por el impuesto de sociedades.

Irlanda está ofreciendo grandes ventajas tributarias. Por esto, las grandes empresas a nivel mundial han trasladado allí sus sedes europeas. Es una práctica legal pero que ha suscitado grandes críticas en los últimos años. Y ha provocado que instituciones como la OCDE o la Comisión Europea lancen una cruzada contra estas estrategias fiscales agresivas.

Facebook, al final, cedió a la presión internacional

El cambio fiscal de Facebook sigue los pasos de otras empresas como Amazon, que también ha empezando pagar los impuestos de sociedades por sus negocios en España, en caso, hasta el 2015 los pagaba en Luxemburgo, pero ya hace 3 años que traspaso el negocio individual a cada país de Europa que estaba operando.

Por tanto, Facebook responde así a la presión que la ha sometido la Comisión Europea y a otros organismos internacionales, que han perseguido durante los últimos años para que las multinacionales pagaran sus compromisos fiscal en todas partes del mundo.

Facebook ha propuesto implementar este cambio fiscal durante el 2018, con el objetivo de completar el proceso en todas sus oficinas en la primera mitad del siguiente año 2019.

Según Facebook: "Esperamos llevar a cabo este cambio en los países en los que tenemos una oficina regional responsable de los anunciantes en ese país. Dicho esto, cada país es único y queremos asegurarnos de que este cambio se haga de forma correcta. Este es un gran reto que requerirá importantes recursos para ser implementado en todo el mundo. Pondremos en marcha nuevos sistemas lo más rápido posible para garantizar una transición sin problemas a nuestra nueva estructura".

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La última reforma del Impuesto de Sociedades, que ha aumentado los pagos fraccionados que adelantan las grandes compañías, ha conseguido recaudar durante el mes de octubre 6.000 millones de euros.

La reforma del impuesto de sociedades implica que las 9.000 empresas que facturen más de 10 millones de euros deben adelantar a cuenta del impuesto. Este pago a cuenta es mínimo del 23 por ciento del resultado contable de abril, octubre y diciembre.

Nos podemos preguntar: ¿Cuánto más se ha conseguido recaudar por parte de Hacienda? ¿Qué efectos tiene desplazar la recaudación del impuesto de sociedades? ¿Cuál ha sido la situación de partida para que se tomará la decisión de hacer de la reforma del impuesto de sociedades?

¿Cuánto más se ha conseguido recaudar por parte de Hacienda?

Se ha conseguido recaudar casi 1.000 millones de euro más de lo prevista en el primer pago a cuenta. La previsión inicial de recaudación era de 8.300 millones de euros entre los meses de octubre y diciembre.

La previsión de recaudación el mes de octubre era de 5.000 millones de euros pero el proceso ha ido mejor de lo que se esperaba por Hacienda y se ha recaudado un 20 por ciento por encima como se puede ver en la gráfica “Recaudación del impuesto de sociedades”:

El pago es de un mínimo del 25 por ciento del resultado contable para las entidades de crédito y empresas que se dedican a la exploración de yacimientos de hidrocarburos. Estas empresas son las que tienen un tipo de gravamen aumentado al 30 por ciento. Mientras que el tipo general se sitúa en el 25 por ciento.

Se ha desplazado la recaudación del impuesto de sociedades

El Ministerio de Hacienda ha cogido los ingresos del próximo año de manera anticipada para imputarlos contablemente este año ya que el déficit público se mide en términos de caja.

Por tanto, se mide directamente entre los ingresos que se recaudan realmente por Hacienda y los pagos que se realizan. Esto no ha atajado el déficit público sino lo que ha hecho es cambiar el flujo financiero de este año.

Lo que ha servido es para maquillar con un desplazamiento en el desfase recaudatorio. De Guindos y Montoro prevén que si el ciclo de recaudación de los pagos fraccionados no se ha modificado a la baja en el futuro, no va a existir ninguna anomalía desplazable.

Las variaciones del porcentaje nominal del impuesto provocará que el saldo neto del impuesto de sociedades sea negativo por devoluciones y por la recaudación excesiva que se ha realizado previamente.

Recaudación negativa hasta mayo del 2016

Los últimos datos registrados en Hacienda durante el mes de mayo del 2016 mostraba que la recaudación del impuesto de sociedades contaba con una recaudación negativa de 539 millones de euros frente a la recaudación de 1.814 millones durante el año 2015.

Nunca desde el inicio del impuesto, durante el año 1995, la recaudación había sido en cifras negativas, lo que significa que ha habido más devoluciones que pagos como muestra la gráfica de evolución de recaudación del impuesto del 1995 hasta el 2016:

Se puede ver en la gráfica de evolución de recaudación que han sido los peores momentos de recaudación superando a los momentos de la crisis, la recaudación se encontraba por encima de los 1.000 millones de euros.

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Imagen | El País

La última vez que se intentó crear una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades en la Unión Europea, ya hace más de 5 años, se quedó bloqueado en el Consejo por la oposición de algunos países europeos.

La Comisión Europea ha vuelto esta semana a intentar potenciar el proyecto con una nueva iniciativa con la que quieren establecer una ingeniería fiscal de la que se aprovechen las grandes empresas para reducir al mínimo sus contribuciones y mejorar la transparencia fiscal.

Nos podemos preguntar: ¿Cuál es planteamiento de la Comisión Europea? ¿Cuál es la propuesta de la Comisión Europea? ¿Cuál es la novedad de la propuesta de la Comisión Europea para el impuesto de sociedades? ¿Cuándo se aplicaría está nueva base del impuesto de sociedades?

¿Cuál es planteamiento de la Comisión Europea?

La Comisión Europea comenta que los regímenes fiscales actuales ya no encajan en un entorno moderno. Es decir, los ingresos de las empresas se gravan a nivel nacional pero el actual entorno es globalizado.

Los modelos de negocios se han vuelto más complejos y es mucho más fácil mover los beneficios de las empresas. Las diferencias nacionales han permitido las planificaciones fiscales agresivas surjan. Los últimos escándalos de fraude fiscal han quedado patente sin tener en cuenta las fronteras de las actividades.

La nueva propuesta surge para responder los vacíos que las empresas paguen allí donde generan sus beneficios y se eviten conflictos de interés entre las diferentes haciendas públicas de los países de la Unión Europea.

¿Cuál es la propuesta de la Comisión Europea?

La propuesta no quiere armonizar el impuesto de sociedades que varía entre el 10 por ciento de Bulgaria y el 38 por ciento de Francia como muestra la gráfica de “Impuesto de Sociedades de Europa”:

Respecto a España se debe pagar actualmente por el impuesto de sociedades el 25 por ciento. Siendo superior a la media de los 28 países de la Unión Europea que actualmente está alrededor de 22,9 por ciento.

Con este análisis se puede comprobar que existe una gran diferencia entre los países de Europa en cuestión del impuesto de sociedades.

Lo que quiere la Comisión Europea es establecer unos parámetros comunes para calcular la base imponible ya que el que todos los países apliquen el mismo impuesto de sociedades hará más difícil que las empresas defrauden.

¿Cuál es la novedad de la propuesta de la Comisión Europea para el impuesto de sociedades?

La novedad de la propuesta es que se aplicará en dos fases para evitar el bloqueo de los países que son reacios ya que así se hará más factible el proceso de negociación y poder lograr un acuerdo entre los 28.

La primera fase se creará una base común con criterios comunes para calcular la base imponible, el primer movimiento para alcanzar cierta amornización fiscal, por tanto, las multinacionales tendrán más barreras para encontrar alguna argucia para pagar menos impuestos de lo que deberían.

Se plantea que todos los beneficios sean gravables, salvo aquellos que se indiquen como exentos, se plantea una superreducciones para el I+D+i y una ventanilla única que va a permitir ahorrar un 2,5 por ciento de costes de burocracia.

La segunda fase será obligar a las grandes empresas a consolidar sus resultados en una sola sociedad de forma que haya transparencia sobre cuántos beneficios tienen o cuantos impuestos se deben pagar en la Unión Europea.

Se plantea hacer obligatoria esta base a las empresas con un ingresos consolidados anuales superiores a los 750 millones de euros. Esto va permitir captar al 64 por ciento de las empresas que realizan negocios en territorio europeo.

¿Cuándo se aplicaría está nueva base del impuesto de sociedades?

Según la planificación de la Comisión Europea, esta base común del impuesto de sociedades empezaría a entrar en vigor durante el año 2020. Pero solo sería la primera fase. A partir del año 2022, mediante otra directiva europea, las empresas presentarán la declaración de beneficios consolidados, con los beneficios que se han producido en los países de Europa.

La Comisión Europea hace una estimación de una base común consolidada del impuesto de sociedades conseguirá impulsar a la inversión en un 3,1 por ciento, aumentado así un 0,4 por ciento el empleo y reduciría en casi dos tercios el coste de crear una filial en otro estado miembro de la Unión Europea.

Uno de los puntos más polémicos es la fórmula de reparto de los beneficios. La última propuesta de la Comisión Europea establecía un reparto en función del PIB de cada uno de los miembros de la Unión Europea.

En este momento la idea es crear un índice que tuviera en cuenta factores como los activos, los empleos y las ventas que las empresas disponen en cada uno de los países miembros de la Unión Europea.

En El Blog Salmón | ¿Qué país de la UE tiene menor impuesto de sociedades?

Imagen | El Periódico | El País | BBC

Tal y como comenté en estas mismas páginas hace un par de meses, el Gobierno en funciones ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros la modificación en el sistema de cálculo de los pagos fraccionados del impuesto de sociedades, con entrada en vigor de manera inmediata, justo se publique dicha modificación en el BOE, que será previsiblemente en un par de días a lo sumo.

Esta modificación en el sistema de cálculo de los pagos fraccionados no es una subida del propio impuesto, tal y como ya explicamos por aquí, pero si es un desplazamiento temporal de los flujos recaudatorios del impuesto de sociedades al año anterior a la presentación de dicha declaración. Estamos ante una recaudación del futuro, con el objetivo fundamental de camuflar las cifras reales de déficit mediante un mero desplazamiento de los flujos de caja

La recaudación del futuro del impuesto de sociedades a escena

Los principales impuestos directos de nuestro sistema tributario, se articulan mediante la realización de pagos a cuenta de dicho impuesto y con una liquidación final que se presenta una vez cerrado el periodo impositivo. No os cuento nada nuevo a nivel del IRPF por ejemplo. Los rendimientos del trabajo, actividades económicas, rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario... Todas estas fuentes de ingresos, tienen un sistema de retenciones en el momento del pago de tal manera que a final de año, la mayoría de contribuyentes ya han pagado su cuota de impuesto y a la hora de cerrar su declaración en el ejercicio siguiente, se encuentran con cuotas diferenciales de impuestos a su favor.

El impuesto de sociedades, no tiene una distinción de origen del tipo de renta que se integra en su cálculo y aunque, existen una serie de retenciones en algunas fuentes de rentas, el principal sistema para ir pagando el impuesto de sociedades es mediante el sistema de pagos a cuenta a lo largo del ejercicio en curso.

La medida aprobada hoy, afecta a las empresas que tengan un importe neto de cifra de negocios superior a 10 millones de euros y para estas empresas, el sistema del cálculo fraccionado es relativamente simple. A fecha de marzo, septiembre y noviembre (siempre que estas sociedades tengan ejercicio social coincidente con el año natural), realizarán un cálculo provisional del resultado del ejercicio en curso y sobre ese resultado contable positivo, aplicando una serie de ajustes, pagarán un porcentaje a cuenta del impuesto a final en los meses de abril, octubre y diciembre.

La modificación realizada, ha elevado al alza ese porcentaje provisional desde el 17%-20% a un 23%. Es decir, hasta ahora, las grandes empresas pagaban de manera adelantada durante el ejercicio en curso entre el 54% y el 60% de la cuota final del impuesto. Con esta modificación, se pagará entre el 69% al 75% de manera adelantada durante el año en curso.

Para las entidades financieras y entidades de explotación de hidrocarburos (que presentan las principales bases imponibles del impuesto y las mayores cuantías recaudatorias), el porcentaje de pago fraccionado es del 25% sobre la base imponible previa, de tal manera que adelantan en torno al 75% de la cuota de impuesto de manera general.

El desplazamiento en la recaudación, la magia contable del déficit público

El déficit público se mide en términos de caja, de tal manera que se mide directamente entre los ingresos recaudados realmente por las administraciones públicas y los pagos realizados. No hace falta un master en economía ni mucho menos, para darnos cuenta que el Ministerio de Hacienda está cogiendo los ingresos del próximo año de manera más anticipada aún, para imputarlos contablemente en este año.

Lógicamente, esta medida no ataja el déficit público; simplemente cambia el flujo financiero de año y sirve para hacer un maquillaje perfecto desplazando al futuro el desfase recaudatorio. La tesis del ministro De Guindos es que si el ciclo de recaudación de los pagos fraccionados no se modifica a la baja en el futuro, no existirá anomalía desplazable.

Pero la realidad es tozuda y las variaciones en el propio porcentaje nominal del impuesto, generan que cada año, el saldo neto del impuesto sea negativo por devoluciones y por recaudación excesiva previa del impuesto, de manera similar a lo que viene ocurriendo con la liquidación del IRPF.

El déficit público sólo tiene solución con presupuestos equilibrados y más importante aún, con un cumplimiento de dichos presupuestos sin excesivas desviaciones. Si no se alteran ni los ingresos ni los gastos públicos, el déficit público seguirá en niveles inaceptables para los criterios marcados por Bruselas.

En El Blog Salmón | ¿Por qué es importante reducir el déficit público?
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