Un casero recupera su vivienda tras alquilarla por quincenas y que el inquilino exigiera 5 años: la Justicia concluye que era un alquiler temporal

La Audiencia Provincial de Cantabria ha cortado en seco la pretensión de un arrendatario de forzar una prórroga de cinco años sobre un piso alquilado por quincenas, avalando de esta forma el desalojo instado por el propietario. En su sentencia 32/2026, el tribunal califica la duración de apenas quince días como un dato objetivo "extraordinariamente breve" que, unido al conocimiento explícito de que el inmueble estaba en venta, dificulta considerar acreditado que el inmueble constituyera la vivienda habitual del arrendatario a efectos de la protección prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para certificar que la realidad de los hechos se impone sobre los intentos de blindar un arrendamiento de temporada.

El origen de la disputa ilustra uno de los conflictos más recurrentes del mercado inmobiliario español, llevado en esta ocasión a su extremo temporal. El propietario y el inquilino firmaron un contrato de arrendamiento estructurado en renovaciones de apenas dos semanas (quincenas). Según explica el bufete Roda Abogados a partir de la sentencia judicial, el documento estipulaba expresamente que el piso se encontraba en venta en una inmobiliaria y obligaba al residente a desalojarlo en diez días si se cerraba la operación. Al expirar el plazo, el dueño reclamó las llaves, pero el ocupante se negó a abandonar las estancias alegando que constituían su morada habitual. De esta forma, el arrendatario sostenía que le resultaba aplicable el régimen de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Lo que importa es el contenido y la realidad de los hechos

El asunto llegó a los tribunales y, tras una primera instancia favorable a la permanencia del inquilino, la Audiencia Provincial de Cantabria ha terminado por revocar esa decisión en su sentencia 32/2026. El fallo califica la duración quincenal como un dato objetivo 'extraordinariamente breve' que, sumado al conocimiento previo de la voluntad de venta, desbarata cualquier presunción de arraigo o de permanencia. La Audiencia concluye que, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, el contrato debía calificarse como un arrendamiento para uso distinto del de vivienda habitual, ajeno a los blindajes tradicionales de la legislación. "Lo que importa es el contenido y la realidad de los hechos, no la literalidad del encabezado", señala el tribunal cántabro para ordenar el desalojo.

Esta victoria judicial de la propiedad privada choca frontalmente con la tensión normativa actual, donde los acuerdos atípicos se encuentran bajo un estrecho escrutinio para evitar fraudes de ley. La aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda ha incrementado el debate sobre el uso de los contratos de temporada y otras modalidades de arrendamiento frente al tope de los precios; una realidad que El Blog Salmón ha analizado ampliamente al detallar las tretas y trampas que se ensayan en el mercado para eludir el control de rentas. Eso sí, conviene señalar que el dictamen cántabro fija un límite interpretativo riguroso: la temporalidad del contrato de temporada no se concede como un cheque en blanco, sino que exige una causa cierta, demostrable y ajena a la necesidad permanente de habitación (como era, en este caso concreto, la inminencia de una compraventa).

La paradoja interpretativa alcanza su cénit si se cruza esta resolución con la doctrina de la misma sala sobre otra tipología contractual en pleno auge. Apenas unos meses después de avalar este desalojo por quincenas, una resolución de la Audiencia de Cantabria recogida por Europa Press reconoció que alquilar una sola habitación sí otorga derecho a la prórroga forzosa de cinco años si con ello se cubre la necesidad permanente de morada del inquilino. Por el contrario, disponer de un piso entero firmado por períodos quincenales excluye al ocupante de esa protección habitual. De esta forma se confirma que la jurisprudencia no ampara los metros cuadrados pisados, sino la verdadera naturaleza del vínculo y el propósito real del alojamiento.

Mientras el Gobierno diseña registros estatales para estrechar el cerco sobre los arrendamientos turísticos y de temporada, la justicia ordinaria sigue actuando como árbitro final sobre el terreno. El precedente de Cantabria envía un mensaje nítido a un mercado en un contexto de tensión en el mercado del alquiler y de reducción de la oferta disponible en determinadas zonas: del mismo modo que los tribunales amparan a los caseros que recuperan su vivienda tras agotarse las prórrogas automáticas formales, también escrutarán con lupa la causalidad de los contratos temporales. Sin embargo, los expertos no esperan que la litigiosidad vaya a disminuir en el corto plazo. En una economía donde el acceso al hogar se ha convertido en una barrera de entrada casi infranqueable, la delimitación de lo que constituye una vivienda habitual continuará siendo objeto de litigio y de interpretación judicial.

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