El sistema tributario español ha sido objeto de numerosos debates, especialmente en torno al reparto de la carga fiscal. Uno de los datos más incomprensibles por el público general es que alrededor del 70% de la población en España no contribuye con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF.
Esto no significa que no presenten declaración de la Renta, sino que, por ingresos bajos, deducciones o exenciones, su aportación efectiva al impuesto es nula.
Este `fenómeno´ se ha intensificado en los últimos años debido a reformas fiscales que han elevado los mínimos exentos y ampliado deducciones, especialmente dirigidas a rentas medias y bajas.
Aunque esto puede parecer una medida progresista, también está concentrando aún más el peso del sistema fiscal sobre una minoría de contribuyentes. Una total paradoja.
Cómo se reparte realmente el IRPF en España
Según los últimos datos oficiales, el 40% de los declarantes del IRPF —lo que equivale a casi el 70% de la población total— no pagan realmente este impuesto. Esto quiere decir que su resultado fiscal es cero o incluso negativo (es decir, reciben devoluciones).
En cambio, el 10% más rico de los contribuyentes asume el 57% del total recaudado por IRPF. La concentración es aún más marcada si se observa que el 1% más rico paga el 21% y el top 0,1% contribuye con el 7% del total.
Este reparto genera una estructura fiscal donde una parte muy reducida de la sociedad está soportando el grueso del sistema, mientras que la mayoría queda fuera de la obligación de contribuir de manera directa al sostenimiento del Estado vía IRPF.
¿Y cómo es la situación en otros países desarrollados?
Este fenómeno no es exclusivo de España. De hecho, la mayoría de las economías desarrolladas con sistemas fiscales progresivos presentan una concentración similar en la recaudación del impuesto sobre la renta.
En Estados Unidos, por ejemplo, el 40% de la población no paga impuestos federales sobre la renta, y la tasa marginal máxima del 37% se aplica a ingresos superiores a los 609.000 dólares.
En Reino Unido, la situación es aún más llamativa: el 44,7% de los ciudadanos no paga ningún tipo de impuesto sobre la renta, mientras que el 10% más rico aporta el 69% de los ingresos fiscales totales.
Un trabajador británico con un sueldo de 150.000 libras paga 53.460 libras en IRPF, en contraste con otro que gana 25.000 libras, quien paga apenas 2.486 libras. A pesar de esta evidente progresividad, el discurso político aún gira en torno a la idea de que “los ricos deben pagar más”, cuando ya son ellos quienes soportan la mayor parte del peso fiscal.
En Alemania, el 37,4% de la población no paga impuestos sobre la renta, mientras que en Australia la cifra es del 58,5%. Estas proporciones confirman una tendencia generalizada en los países desarrollados: la carga del impuesto sobre la renta recae de forma muy significativa en las rentas más altas.
Las reformas fiscales en España amplían el número de no contribuyentes
Durante los últimos años, distintas reformas impulsadas tanto por gobiernos de izquierda como de derechas han buscado aliviar la presión fiscal sobre las clases medias y bajas.
Esto se ha hecho principalmente a través del aumento de mínimos personales y familiares exentos, así como mediante deducciones específicas por maternidad, alquiler, familia numerosa o discapacidad.
El resultado es una creciente proporción de ciudadanos que, aunque presentan la declaración de la renta, no terminan pagando el impuesto, o incluso reciben devoluciones superiores a sus retenciones.
Esta dinámica se ha intensificado con la inflación, ya que muchos salarios han subido, pero no lo suficiente como para generar una aportación neta al IRPF tras aplicar las deducciones vigentes.
Además, algunas comunidades autónomas han implementado reducciones adicionales en el tramo autonómico del impuesto, lo que aumenta aún más el número de personas que quedan fuera del sistema de contribución efectiva.
El eterno debate sobre la justicia fiscal
La idea de que “los ricos deben pagar más” sigue siendo una de las banderas principales del discurso fiscal progresista. Sin embargo, los datos muestran que ya existe una profunda progresividad en el IRPF, tanto en España como en otros países desarrollados.
Cargar aún más al 10% que ya sostiene más de la mitad del sistema puede tener consecuencias negativas, como la desincentivación del esfuerzo, la inversión o la atracción de talento. A largo plazo, esto puede debilitar la base imponible total y, paradójicamente, reducir la capacidad recaudatoria del Estado.
Por otra parte, la desconexión de una mayoría social respecto a la contribución fiscal directa puede erosionar el contrato social. Si la mayoría no paga IRPF, pero exige servicios públicos de calidad, la tensión entre derechos y deberes se vuelve más evidente.
Con las actuales tendencias demográficas y económicas, es probable que esta dinámica se mantenga o incluso se acentúe.