Tras varios años en los que el Gobierno ajustó el mínimo exento del IRPF para evitar que los perceptores del SMI pagaran impuestos, el cambio de estrategia iniciado en 2025 empieza a mostrar sus efectos colaterales.
La nueva deducción diseñada para compensar la tributación del salario mínimo vuelve a dejar fuera a pensionistas y desempleados, un colectivo que crece de forma significativa este año.
El impacto no es menor. La extensión del nuevo umbral ligado al SMI provocará que más de un millón de pensionistas queden excluidos del beneficio fiscal, a los que se suman miles de personas que perciben prestaciones por desempleo.
En total, el número de afectados aumentará en casi 370.000 personas respecto al ejercicio anterior, ampliando una brecha que ya generó polémica en 2025.
Un cambio de modelo fiscal que amplía las desigualdades
Entre 2022 y 2024, el Ejecutivo optó por elevar el mínimo exento del IRPF de forma paralela a la subida del salario mínimo, de manera que los trabajadores con menores ingresos quedaban automáticamente fuera de la tributación.
Ese umbral pasó de 14.000 euros anuales a 15.876 euros, nivel que se mantiene desde entonces y que afecta por igual a trabajadores, pensionistas y desempleados.
El giro se produjo en 2025, cuando Hacienda decidió no modificar el mínimo exento y, en su lugar, creó una deducción específica para los trabajadores que cobraban el SMI.
Esta deducción permite recuperar lo abonado en el impuesto, pero solo se aplica a quienes mantienen una relación laboral activa. Pensionistas y personas en paro quedaron excluidos desde el primer momento, una situación que ahora se agrava.
El nuevo SMI amplía el número de afectados
Para 2026, el Ministerio de Trabajo ha propuesto una subida del salario mínimo del 3,1 %, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros anuales.
La previsión del Gobierno es mantener la misma fórmula aplicada el año anterior, es decir, compensar la tributación mediante una deducción específica.
Según los cálculos, la deducción ascendería a 591 euros anuales, repartidos entre la parte estatal y la autonómica. Sin embargo, este mecanismo vuelve a dejar fuera a quienes no tengan una relación laboral activa, a pesar de percibir ingresos similares.
La consecuencia directa es que el tramo de renta en el que unos contribuyentes tributan y otros no se amplía de forma significativa. Con la nueva subida, la horquilla afectada pasará de los 15.876 euros a los 20.049 euros anuales, lo que incrementa notablemente el número de excluidos.
Más de un millón de pensionistas fuera del sistema
Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, al cierre de diciembre de 2025 existían al menos 1.000.312 pensionistas que perciben entre 1.150 y 1.405 euros mensuales. Todos ellos quedarían fuera de la deducción pese a tener ingresos equiparables a los trabajadores beneficiados.
La cifra real podría ser incluso mayor, ya que no se incluyen los pensionistas que se sitúan entre los 1.134 y los 1.150 euros mensuales, un tramo que no aparece desglosado en las estadísticas oficiales. Solo en esa franja se concentran más de 386.000 personas.
La legislación vigente establece que la deducción se aplica únicamente a los rendimientos del trabajo derivados de una relación laboral o estatutaria, lo que excluye automáticamente a quienes cobran una pensión o una prestación por desempleo, aunque estas también tributen como rendimientos del trabajo.
Los desempleados, también perjudicados
El impacto no se limita a los pensionistas. Los desempleados que perciben prestaciones contributivas dentro del nuevo umbral tampoco podrán beneficiarse de la deducción.
Esto afecta especialmente a quienes cobran el paro máximo, que puede alcanzar los 1.225 euros mensuales sin hijos, 1.400 euros con un hijo y hasta 1.575 euros con dos o más.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, la prestación media por desempleo se sitúa en 1.029 euros mensuales, lo que significa que una parte relevante de los beneficiarios quedará dentro del tramo que tributa sin acceso a compensación fiscal.
Críticas y presión para ampliar la deducción
Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, ha reclamado que la exención del IRPF ligada al salario mínimo se amplíe también a pensionistas y desempleados.
Argumentan que estas rentas tienen la misma consideración fiscal que los salarios y que no existe una justificación técnica para el trato diferenciado.
Desde el Ministerio de Trabajo se ha reconocido la complejidad del asunto, especialmente por el impacto presupuestario que tendría una extensión de la deducción. A ello se suma el desacuerdo con la patronal, que condiciona su apoyo a una reforma más amplia de la normativa y a la modificación de la Ley de Desindexación.
La historia, lejos de terminar, continua…
Imágenes | Pixabay, La Moncloa
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