Pese a las diferencias entre la Administración Trump y la Comisión Europea, el marco regulatorio que está ultimando la UE para condicionar la inversión extranjera tampoco parece facilitar la entrada sin condiciones del capital asiático en sectores estratégicos.
Con foco explícito en el capital procedente de China, según han informado distintos medios de prensa, la iniciativa afectará a ámbitos clave de la transición tecnológica y energética, como los coches eléctricos, las baterías y la energía fotovoltaica, con la intención de asegurar inversiones que aporten valor añadido a la economía europea.
¿Qué propone Bruselas?
El objetivo principal de Bruselas se centra en tratar de evitar la creación de espacios de ensamblaje que permitan eludir barreras comerciales aprovechando la etiqueta “hecho en Europa”.
El proyecto está previsto para ser aprobado este mes y se enmarca dentro del llamado Clean Industrial Deal, la estrategia comunitaria destinada a reforzar la base industrial europea en tecnologías limpias y reducir dependencias externas en sectores críticos.
El borrador contempla que las inversiones extranjeras relevantes en sectores estratégicos deban cumplir condiciones específicas: entre ellas, destaca que los inversores extranjeros no puedan controlar más del 49 % del capital de las empresas participadas, obligando a constituir sociedades conjuntas con socios europeos, que se comprometan a la transferencia de tecnología y propiedad intelectual a dichas joint ventures y, por último, que garanticen que al menos el 50 % de la plantilla, en todas las categorías laborales, sea europea.
El objetivo de estas medidas es evitar que Europa se convierta en un simple centro de montaje para aquellos componentes importados sin capacidad tecnológica propia, lo que sería justo dar la vuelta al modelo de deslocalización europeo de las pasadas décadas: la externalización de la producción sin preservar las capacidades estratégicas internas.
El trasfondo chino…
En cierto modo, la Comisión está intentando aplicar, con una regulación más transparente, un principio que China utilizó durante décadas para escalar su industria.
Se trata de condicionar el acceso a su mercado a la creación de capacidades locales. En este sentido, hasta 2018, los fabricantes extranjeros de automóviles solo podían operar mediante joint ventures con socios chinos y con límites de participación, lo que facilitó la transferencia de conocimiento.
Además, se sumó una política industrial explícita, como el plan Made in China 2025, que priorizó vehículos eléctricos, baterías y tecnologías limpias con financiación pública y planificación a largo plazo.
Ese enfoque permitió a China pasar de ser una plataforma de ensamblaje a consolidar posiciones dominantes en segmentos estratégicos de alto valor añadido.
…y la dependencia tecnológica
Si bien la normativa no menciona a ningún país concreto, el trasfondo es evidente. China domina actualmente buena parte de la producción global en baterías, paneles solares y componentes clave para el vehículo eléctrico.
Su liderazgo industrial ha generado preocupación en Bruselas por el riesgo de dependencia estructural en sectores estratégicos para la transición energética. Asimismo, estas tensiones comerciales entre la Unión Europea y China ya se han manifestado en investigaciones sobre posibles subsidios distorsionadores en sectores como el eólico.
En concreto, la Comisión abrió recientemente una investigación sobre fabricantes chinos de aerogeneradores, una decisión que Pekín criticó como señal de proteccionismo.
En este sentido, la lógica de Bruselas muestra un pragmatismo lógico: Europa necesita inversión extranjera para acelerar su transición verde, pero quiere asegurarse de que esa inversión deje empleo cualificado, innovación y capacidades industriales internas.
Un contexto geopolítico complejo
La medida llega en un momento en el que la relación económica entre la Unión Europea y Estados Unidos atraviesa tensiones en materia industrial y tecnológica. Sin embargo, la iniciativa no responde tanto a un alineamiento automático con Washington como a la voluntad de Bruselas de construir una política industrial propia, basada en la defensa del mercado único y en la reducción de vulnerabilidades estratégicas.
En paralelo, la UE estudia introducir requisitos de contenido europeo en la contratación pública de tecnologías limpias, reforzando así la demanda interna como palanca para la industria local. Todo ello forma parte de un enfoque más amplio de “seguridad económica”, concepto que ha ganado peso en la agenda comunitaria en los últimos años.
Las propuestas han abierto un debate dentro de la Unión Europea. Algunos Estados miembros y sectores empresariales advierten de que condicionar en exceso la inversión extranjera podría frenar proyectos clave o encarecer la transición energética. Por el contrario, también se ha apuntado que, sin este tipo de salvaguardas, Europa corre el riesgo de perder definitivamente el control sobre industrias esenciales para su competitividad futura.
Bruselas defiende que no se trata de cerrar el mercado europeo, sino de redefinir las reglas del juego. El acceso a uno de los mayores mercados del mundo sostiene la Comisión, debe implicar compromisos concretos en términos de inversión productiva, empleo y transferencia tecnológica.
Sin embargo, la Europa actual no es la potencia industrial incontestable de hace cincuenta años: su cuota en la producción manufacturera mundial ha retrocedido en las últimas décadas, mientras Asia ha ganado peso decisivo en cadenas de valor estratégicas.
Exigir demasiado puede ahuyentar capital en un momento crítico; exigir demasiado poco puede consolidar su pérdida de peso tecnológico. Entre la apertura ingenua y el proteccionismo rígido, Bruselas intenta construir un punto intermedio que preserve su relevancia sin aislarla.
Si se aprueba como está planteado, el nuevo marco marcará un punto de inflexión en la política industrial europea. Más que un giro proteccionista clásico, supone una apuesta por condicionar la apertura económica a la creación de valor dentro del continente. En un escenario de creciente rivalidad tecnológica global, la Unión Europea parece decidida a utilizar su mercado como herramienta estratégica para reforzar su autonomía industrial sin renunciar completamente a la inversión extranjera.
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