No hay duda. El mercado del alquiler turístico vive un punto de inflexión. Tras años de crecimiento casi ininterrumpido, las últimas cifras oficiales reflejan un retroceso significativo en el número de viviendas destinadas a estancias de corta duración.
La entrada en vigor del registro único el pasado 1 de julio comienza a dejar huella visible en el mapa inmobiliario español.
Según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en noviembre de 2025 el parque de viviendas turísticas se situó en 329.764 unidades. Son 52.073 menos que en mayo, lo que supone una caída del 13,6% en apenas seis meses.
Se trata del nivel más bajo desde febrero de 2023, cuando el recuento oficial registró 305.136 inmuebles de este tipo. El descenso rompe la tendencia expansiva que caracterizó los últimos ejercicios y coloca el peso de estos alojamientos en el 1,24% del total de viviendas en España.
Un ajuste que cambia el equilibrio del mercado
La reducción no es menor si se tiene en cuenta que, durante los años posteriores a la pandemia, el alquiler turístico se consolidó como una alternativa de rentabilidad para miles de propietarios.
La obligación de inscribirse en un registro único y cumplir con requisitos administrativos más estrictos ha provocado que parte de la oferta desaparezca del circuito oficial.
El ajuste coincide con un momento de fuerte debate público sobre el impacto de los pisos turísticos en el acceso a la vivienda.
Diversos ayuntamientos han impulsado moratorias y límites en determinadas zonas tensionadas. Ahora, los datos apuntan a que el nuevo marco regulatorio estatal también está influyendo en la reducción de unidades activas.
Pese al retroceso en el número de inmuebles, el interés por este tipo de alojamiento no se ha debilitado. En 2025, los apartamentos turísticos concentraron 76,3 millones de pernoctaciones, un 6% más que el año anterior.
Además, representaron el 52,1% de todas las estancias en alojamientos extrahoteleros, lo que demuestra que la demanda sigue al alza incluso con menor oferta disponible.
Comunidades con mayor peso y evolución desigual
El impacto del registro único no se distribuye de forma homogénea en el territorio. Cataluña contabiliza 46.915 alquileres turísticos, equivalentes al 1,2% del parque total de viviendas, con 255.981 plazas disponibles.
Aunque la cifra es relevante en términos absolutos, la comunidad queda fuera del podio nacional.
Baleares, con 19.398 viviendas destinadas a estancias de corta duración y 124.181 plazas, presenta una particularidad. Aunque ocupa la quinta posición por número total de inmuebles, el peso relativo sobre el parque residencial roza el 3%, situándose entre las regiones con mayor intensidad turística.
La Comunidad de Madrid aparece en sexta posición con 15.309 viviendas turísticas y 50.657 plazas, lo que equivale a apenas el 0,5% de su parque total.
El contraste refleja cómo el fenómeno tiene mayor incidencia en territorios con fuerte atractivo vacacional y menor en grandes áreas metropolitanas con predominio de vivienda habitual.
Regulación frente a demanda creciente
El descenso del 13,6% en el número de viviendas turísticas sugiere que el registro único está actuando como filtro. Algunos propietarios podrían haber optado por retirar sus inmuebles ante la mayor carga administrativa o la incertidumbre regulatoria. Otros habrían reconvertido su oferta hacia el alquiler de larga duración.
Sin embargo, el incremento de pernoctaciones revela una paradoja. Menos pisos turísticos registrados no implica menos turistas.
Al contrario, la presión de la demanda sigue aumentando, lo que puede traducirse en mayor ocupación por inmueble y posibles tensiones en precios.
Este escenario obliga a observar con atención la evolución de los próximos trimestres. Si la oferta continúa reduciéndose mientras la demanda mantiene su ritmo, el equilibrio entre regulación y mercado podría experimentar nuevos ajustes.
Un termómetro para la política de vivienda
La vivienda turística representa actualmente el 1,24% del parque residencial nacional. Aunque el porcentaje pueda parecer reducido, su concentración en determinadas zonas genera efectos significativos en precios y disponibilidad.
La caída a mínimos de tres años aporta un indicador tangible sobre la efectividad inicial del nuevo sistema de registro.
La cuestión de fondo es si esta tendencia se consolidará o si se trata de un ajuste puntual tras la entrada en vigor de la norma.
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