Rubén Zaballos, propietario de 150 viviendas, estalla sobre la crisis y el decreto: “Es imposible alquilar. No es el dinero, es la preocupación”

La crisis de la vivienda en España se agudiza sin que, realmente, haya medidas capaces de paliarla, al menos, a corto y medio plazo.

El Banco de España lo tiene claro: el país sufrirá un millón de déficit de viviendas para 2028. Apenas se han construido pisos en la última década y cada vez aumenta más el número de habitantes y, por ende, el número de personas que buscan comprar o alquilar una vivienda.

El desahucio de Mari Carmen, que ha provocado una acampada de protesta en la Puerta del Sol de Madrid, ha reabierto con más fuerza que nunca el debate sobre los alquileres, los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los propietarios.

El Gobierno respondió con dos decretos sobre vivienda cuya votación se tumbó en el Congreso de los Diputados. Unas medidas que llegan en un contexto de movilizaciones, reivindicaciones de huelga general y un creciente enfrentamiento político, con las elecciones generales en apenas dos meses.

Una de las propuestas más controvertidas contempla indemnizaciones de hasta 12 mensualidades para determinados propietarios que no prorroguen los contratos. El texto también plantea ampliar las prórrogas obligatorias por periodos sucesivos de cinco años, una vez transcurrida la duración mínima de cinco años, o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica.

El mercado del alquiler acusa la incertidumbre

Las propuestas del Ejecutivo ya están influyendo en las decisiones de algunos propietarios. Según estimaciones del Observatorio del Alquiler de Alquiler Seguro, la oferta residencial y temporal se encuentra unas 4.290 viviendas por debajo de la trayectoria esperada a partir de su evolución anterior.

No significa necesariamente que todos esos inmuebles hayan desaparecido del mercado, sino que existe una desviación respecto a las previsiones de la entidad. Algunos arrendadores han optado por esperar antes de anunciar nuevos alquileres o renovar sus estrategias inmobiliarias.

Y es que, la posibilidad de nuevas obligaciones contractuales, mayores restricciones y compensaciones económicas ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro de la regulación.

“Me encantaría seguir alquilando mis pisos residenciales a familias”

Rubén Zaballos, propietario de 150 viviendas, ha contado su experiencia durante una intervención televisiva en el programa de Antena 3, La Mesa, donde aclaró que sus innumerables propiedades se reparten entre viviendas residenciales e inmuebles destinados al alquiler turístico.

La presentadora, Cristina Pardo, le preguntó directamente si se había sentido señalado como gran tenedor o fondo buitre durante la polémica.

“No. Realmente lo que siento es un poco de frustración, porque a mí me encantaría seguir alquilando mis pisos residenciales a familias a largo plazo y, de hecho, durante un tiempo lo hice”, explica.

El propietario aseguró que su experiencia con determinados arrendamientos había condicionado sus decisiones empresariales. “Al final he tenido de todo: okupas, centros de venta de droga... Y al final es imposible”, lamenta

Más de 100.000 euros mensuales en hipotecas y 60 empleados

Este multipropietario también explica la dimensión económica de su actividad inmobiliaria, que requiere mantener una estructura empresarial considerable. “Yo tengo una estructura de gastos fijos importante. Pago más de 100.000 euros al mes de hipotecas, tengo 60 empleados y, aparte de esta empresa, tengo otras empresas”, detalla.

Precisamente por estas obligaciones, considera imprescindible reducir los imprevistos asociados a la gestión de las viviendas. “Al final, creo que necesito una estabilidad”, señala.

Y añade: “Yo, obviamente, trabajo muchas horas a la semana y no puedo estar pendiente de que me salte una bombita en un piso, de cualquier cosa que pueda surgir, porque es que hay un montón de casuísticas”.

El empresario insiste en que los conflictos relacionados con determinados alquileres tienen consecuencias que van más allá de las posibles pérdidas económicas. “Es que realmente ya no es tanto el dinero, es la preocupación, el meterte con abogados, con juicios y el tiempo. Al final, lo que más cuesta es el tiempo”.

“Los pisos los alquilaba muy baratos, la media estaba en 300 euros”

El propietario también quiso destacar que los precios de sus antiguos alquileres residenciales eran reducidos. “Porque yo, de hecho, los pisos los alquilaba muy baratos, la media estaba en 300 euros al mes”, aseguró.

En otra entrevista defendió que su principal reivindicación no es una rebaja fiscal, sino disponer de mayor seguridad jurídica. “Yo no quiero pagar menos impuestos. Si pago impuestos, quiere decir que gano dinero, pero lo que sí quiero es seguridad”.

Zaballos, que adquirió parte de su patrimonio mediante la compra de inmuebles abandonados, también defendió una mayor utilización del parque inmobiliario existente. “La vivienda no puede estar cerrada, tiene que estar alquilada”, afirmó.

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