Se confirman 9 años de inhabilitación para la alcaldesa de un pueblo de Toledo por quitar la licencia a un vendedor ambulante

Una alcaldesa de un pueblo de Toledo quita la licencia a un vendedor ambulante del mercadillo municipal. No hubo expediente sancionador ni trámite de audiencia ni una resolución administrativa formal con las garantías correspondientes: la decisión se comunicó mediante dos cartas. Con esos hechos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ratificó hace unas semanas una condena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa. Según recoge El Digital Castilla-La Mancha, la regidora de Villarrubia de Santiago, María Concepción Monzón, recurrirá ahora ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación. 

Por qué es importante. El caso puede parecer menor —un vendedor de un mercadillo, un pueblo pequeño, una licencia retirada—, pero la sentencia pone el foco en los límites del artículo 404 del Código Penal, que castiga la prevaricación administrativa cuando una autoridad o funcionario dicta, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo. El precepto establece para este delito una pena de inhabilitación especial de nueve a quince años. La alcaldesa recurrió alegando tres cuestiones. La primera, que la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo tenía un "déficit de motivación", argumento que el TSJCM rechazó. La segunda, que la licencia del vendedor había expirado el 11 de enero de 2021 y que, por tanto, cuando se produjo la actuación municipal, el vendedor ya no era titular de una licencia vigente. El tribunal rechazó también este argumento y consideró que esa circunstancia no impedía apreciar la arbitrariedad de la decisión adoptada. La tercera alegación cuestionaba la aplicación del delito de prevaricación administrativa. Ninguno de los tres motivos del recurso prosperó. 

Entre líneas. Monzón ha defendido que actuó en todo momento "desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas de Villarrubia de Santiago" y ha anunciado que acudirá al Tribunal Supremo. Esa explicación forma parte de su posición pública sobre el caso. La cuestión jurídica que han considerado los tribunales, sin embargo, es si la decisión adoptada reunía los elementos del delito de prevaricación administrativa, incluido el conocimiento de la arbitrariedad de la resolución. En este caso, el TSJCM concluyó que ese elemento había quedado acreditado. La cuestión que plantea el caso es, no obstante, hasta qué punto puede una autoridad municipal adoptar decisiones sobre licencias y autorizaciones sin respetar el procedimiento administrativo establecido. En Villarrubia de Santiago, los tribunales han considerado que la actuación de la alcaldesa superó ese límite y alcanzó el ámbito penal de la prevaricación administrativa. 

Imagen | Elias Jara (vía Pexels)

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