La subida del salario mínimo para 2026 llega envuelta en un mensaje optimista, pero la realidad es mucho menos amable: la mayor parte del incremento no irá al bolsillo de los trabajadores, sino directamente a Hacienda.
Mientras el Gobierno presume de un aumento que debería mejorar la vida de quienes menos ganan, los cálculos de los sindicatos revelan un panorama difícil de justificar: dos de cada tres euros de esa subida acabarán en manos del Estado.
Para cientos de miles de personas que dependen del salario mínimo, la mejora real será mínima, casi simbólica, pese a los titulares triunfalistas.
La propuesta que presentan CCOO y UGT busca cerrar definitivamente un debate que lleva años generando tensión: si el SMI debe tributar o no. Los sindicatos defienden que sí debe hacerlo, pero siempre garantizando que el salario neto alcance el 60% del salario medio neto del país.
Sin embargo, la fórmula escogida para lograrlo implica que una parte muy relevante del aumento mensual se pierda antes incluso de llegar al poder adquisitivo de quienes más lo necesitan.
Un aumento que beneficia más al Estado que al trabajador
El planteamiento sindical elevaría el salario mínimo desde los actuales 1.184 euros brutos al mes hasta 1.273 euros en 14 pagas, lo que supone un incremento de 89 euros. Pero los cálculos realizados por las organizaciones revelan que, para un perfil de contribuyente sin cargas familiares, unos 57 euros de ese aumento se destinarán al IRPF.
Esto deja una mejora neta de apenas 32 euros al mes. El contraste entre el incremento anunciado y la subida real es tan llamativo que ha generado un profundo malestar entre los trabajadores afectados.
Los sindicatos explican que han tomado como referencia la situación de quienes tributan más, lo que implica que otros perfiles familiares podrían ver una mejora algo mayor. No obstante, el mensaje principal no cambia: una gran parte del esfuerzo económico se la quedará Hacienda.
Un desencuentro prolongado entre Hacienda y Trabajo
El tratamiento fiscal del salario mínimo ha sido un foco recurrente de fricción entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. Durante 2023 y 2024 se adoptaron medidas para impedir que quienes perciben el SMI tuvieran que pagar IRPF, ampliando mínimos deducibles y ajustando deducciones específicas.
Pero en 2025 el Ejecutivo dejó entrever que no volvería a adaptar el mínimo exento, generando incertidumbre. Finalmente, optó por introducir una deducción de 340 euros que permite a quienes cobran el salario mínimo recuperar lo retenido durante el año, e incluso ofrece una reducción progresiva para quienes ganan hasta 18.276 euros.
Ante este escenario lleno de parches temporales, los sindicatos sostienen que ha llegado el momento de establecer una regla clara y permanente, evitando que cada año se reabra la discusión. Su propuesta parte de mantener el mínimo exento en 15.876 euros y conservar la deducción especial que afecta al SMI vigente.
Cómo se calculó la cifra propuesta
La cuantía del nuevo salario mínimo no es arbitraria. La comisión asesora del Ministerio de Trabajo —integrada por representantes de diversos departamentos, expertos académicos y sindicatos— utilizó datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2022 y proyecciones basadas en la Encuesta Trimestral del Coste Laboral para estimar el salario medio actualizado.
Con estas cifras, la comisión concluyó que el SMI debía subir un 2,7% para mantenerse en el nivel del 60% del salario medio. Sobre ese porcentaje se añadió un 4,8% adicional para compensar la pérdida derivada del IRPF.
El resultado final es un incremento notable que, paradójicamente, apenas se traducirá en una mejora neta tangible.
La posición del Gobierno y lo que puede suceder
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre ha rechazado que los salarios más bajos deban soportar tributación. Sin embargo, en septiembre pidió a la comisión que incorporara la tributación en su recomendación para 2026, lo que se interpreta como un cambio de enfoque.
Ahora se espera que el grupo de expertos presente sus conclusiones en las próximas semanas. A partir de ahí comenzará el proceso de consulta con la patronal y los sindicatos, con el objetivo de dejar cerrado el nuevo salario mínimo antes de que termine el año y aprobarlo en enero.
Mientras tanto, la polémica crece. El mensaje oficial habla de una mejora salarial significativa, pero la letra pequeña apunta a algo muy diferente.
El incremento nominal es real; el incremento útil, mucho menos. Y en el centro del debate se encuentra una pregunta incómoda: ¿puede considerarse una subida del SMI como un avance para los trabajadores si la mayor parte del dinero termina en Hacienda?
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