La deuda pública lleva años siendo uno de esos problemas que Europa arrastra sin resolver. Durante mucho tiempo, el coste de financiarla fue lo bastante bajo como para aplazar el debate. Sin embargo, el paradigma ha cambiado.
Hoy, la deuda de muchos países miembros sigue en niveles elevados en buena parte de la UE y, sobre todo, el peso de los intereses vuelve a sentirse con más fuerza en las cuentas públicas, justo cuando el bloque necesita más margen para defensa, inversión y autonomía estratégica. Ante este escenario, vuelven a ganar terreno las propuestas de aliviar déficit a golpe de fórmulas extraordinarias de reestructuración.
La deuda aprieta, otra vez
La propia Comisión Europea reconoce en su Debt Sustainability Monitor 2025 que la sostenibilidad fiscal sigue siendo un riesgo relevante en varios estados miembros. La AIReF ha recordado que España, por ejemplo, cerró 2025 con una ratio de deuda del 100,8% del PIB.
En este contexto, vuelve a asomar una vieja tentación: aliviar la deuda sin recurrir ni a un ajuste fiscal brutal ni a una inflación descontrolada. La idea no es nueva, pero ha reaparecido estos días a partir de una propuesta rescatada por OMFIF, uno de los think tanks más influyentes en el ecosistema de banca central y mercados financieros.
La tesis de fondo es sencilla: si los caminos tradicionales para reconducir la deuda son políticamente inviables, Europa podría acabar explorando una reestructuración “aceptable” de parte de su pasivo soberano.
Para comprender esto, debemos tener en cuenta que las vías clásicas siguen siendo las de siempre y no han tenido el éxito esperado: la primera pasa por grandes superávits fiscales sostenidos en el tiempo, es decir, por gastar bastante menos de lo que se ingresa durante años; la segunda, en cambio, consiste en licuar deuda con inflación o represión financiera, de modo que el valor real del pasivo vaya erosionándose poco a poco.
El problema real es que ninguna de las dos parece viable. Europa discute más gasto común, más inversión y más protección estratégica, no menos.
La realidad es que el debate entre los ministros de finanzas de la eurozona se ha orientado hacia la posibilidad de más deuda conjunta, más integración financiera y la creación de un activo seguro europeo que refuerce el papel internacional del euro, no hacia una quita abierta o una monetización explícita.
La tercera vía
Según la propuesta recuperada por OMFIF, una parte relevante de la deuda soberana podría convertirse en bonos perpetuos a cupón cero que quedarían de forma indefinida en el balance del eurosistema.
En pocas palabras, los estados verían reducido de facto el peso de su deuda sin necesidad de declarar un impago formal, mientras que los inversores evitarían una quita visible.
El objetivo sería devolver las ratios de deuda a una zona considerada más sostenible, en torno al 80% del PIB, mediante una reingeniería del balance que, sobre el papel, no implicaría una expansión monetaria clásica.
La propuesta seduce porque intenta resolver varios problemas a la vez: los estados ganarían margen fiscal, los mercados no tendrían que enfrentarse a un episodio traumático de reestructuración y el ajuste podría presentarse como una operación técnica más que como una ruptura política.
Además, Europa parece el laboratorio ideal de pruebas aquí. Los países del euro no controlan su propia política monetaria, no pueden devaluar su moneda individualmente y comparten un banco central común. Por estas razones, el think tank sostiene que la eurozona podría convertirse en terreno de pruebas del mundo para un “debt reset” regido por reglas claras.
La idea tiene lógica interna: en una unión monetaria incompleta, donde el margen fiscal está tensionado y los estados no pueden responder con herramientas monetarias propias, la presión acaba desplazándose hacia el centro: el BCE y el sistema de la zona euro.
El BCE no está para esto
Y ahora… chocamos con la realidad. ¿Es una idea ingeniosa? Sí. ¿Choca frontalmente con la arquitectura institucional del euro? También.
El artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la UE prohíbe expresamente que el BCE y los bancos centrales nacionales concedan financiación directa a los gobiernos o compren deuda pública directamente de ellos.
Asimismo, más allá del marco legal, el BCE sigue defendiendo que su razón de ser es la estabilidad de precios, no la gestión estructural de la deuda pública. Christine Lagarde lo repitió, una vez más, hace apenas unas semanas ante el Parlamento Europeo: el compromiso del banco central sigue siendo la estabilidad de precios.
Eso no significa que el BCE no haya sido ya un actor decisivo en las crisis de deuda europeas. Lo ha sido. Sin embargo, no es lo mismo contener una fragmentación financiera, comprar tiempo en una crisis o estabilizar los mercados que convertirse en la pieza permanente de una reestructuración soberana encubierta. Por lo menos, este es el argumento que se sostiene.
En este último escenario, cambia la naturaleza del juego, porque el banco central dejaría de ser solo un guardián monetario para convertirse, en la práctica, en un árbitro de la sostenibilidad fiscal de los Estados miembros. Y eso abre una puerta políticamente delicada: la del dominio fiscal, es decir, que la política monetaria termine subordinada, directa o indirectamente, a la necesidad de hacer viable la deuda pública.
El coste oculto no desaparece
Además, la operación no sería gratis. OMFIF plantea que el coste se absorbería a través de los ingresos futuros por señoreaje que el sistema europea dejaría de transferir de manera ordinaria a los tesoros nacionales.
El propio BCE explica qué es el señoreaje: aunque no emite físicamente los billetes, se le atribuye el 8% del valor de los billetes en circulación del euro y obtiene ingresos por esa vía. El problema es que ese colchón tampoco parece infinito. Según las cuentas de 2025 del BCE, la institución siguió registrando pérdidas y no repartió beneficios.
Así que la idea de usar su balance como amortiguador fiscal puede sonar elegante sobre el papel, pero no se produce en un vacío financiero ni político.
La mayor debilidad del esquema, de hecho, no es técnica sino institucional: no corrige la tendencia al déficit, solo aliviaría parte del daño acumulado. Y si los gobiernos y los mercados internalizan que, llegado cierto punto, el sistema puede volver a intervenir de este modo, cambian también los incentivos de todos.
Ese es el viejo problema del riesgo moral: cuando la red de seguridad parece creíble, la disciplina deja de depender solo de las reglas. Por eso, la idea de “borrar” deuda en Europa vuelve hoy más como síntoma que como plan real.
El coste de los intereses ya no es una nota a pie de página, y Europa sigue buscando una fórmula para financiar más gasto sin romper del todo sus propias reglas.
Por ahora, sobre la mesa no hay una hoja de ruta del BCE hacia una quita elegante, sino algo mucho menos espectacular y bastante más verosímil: más deuda conjunta, más integración financiera y más debate sobre un activo seguro europeo, como apuntaba Reuters el pasado mes de febrero.
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