La cuenta atrás ha empezado. Las negociaciones para fijar la subida del salario mínimo interprofesional de 2026 han entrado en una fase decisiva.
El Ministerio de Trabajo, las organizaciones empresariales y los sindicatos vuelven a sentarse con el calendario en contra y con una cuestión especialmente delicada sobre la mesa: cómo aplicar el incremento del SMI en los contratos públicos sin provocar un aumento generalizado del gasto.
El objetivo del Gobierno es cerrar un acuerdo antes de que el debate se enquiste y derive en un nuevo choque entre los socios sociales. Algo típico, por otro lado.
La propuesta de Yolanda Díaz pasa por impulsar un aumento del 3,1% del salario mínimo, una cifra que busca consolidar la senda alcista de los últimos años y garantizar poder adquisitivo a los trabajadores con menores ingresos.
Sin embargo, la clave no está solo en el porcentaje, sino en cómo absorber ese incremento en los contratos que dependen de la Administración, un terreno donde entran en conflicto los planteamientos de Trabajo y Hacienda.
La Ley de Desindexación es clave
El nudo de la negociación se encuentra en la aplicación de la Ley de Desindexación, una norma aprobada en 2015 que impide que los contratos públicos se actualicen automáticamente en función de la inflación o de la evolución de los salarios.
Esta ley nació con el objetivo de evitar un aumento descontrolado del gasto público y, desde entonces, se ha convertido en un dique para cualquier intento de repercutir subidas salariales en los contratos adjudicados por la Administración.
Desde el Ministerio de Trabajo se ha planteado la posibilidad de introducir cierta flexibilidad, limitada a sectores o actividades concretas, con el fin de facilitar el acuerdo con la patronal.
La idea es permitir que determinadas contratas puedan reflejar el incremento del SMI sin que ello implique una revisión generalizada de precios. Para ello, se estudia una fórmula jurídica que podría articularse mediante real decreto, evitando así una reforma legislativa de mayor calado.
Las reticencias de Hacienda y el temor al efecto dominó
Sin embargo, el planteamiento choca frontalmente con la postura del Ministerio de Hacienda. María Jesús Montero insiste en que cualquier modificación, por mínima que sea, supone alterar el espíritu de la Ley de Desindexación. El temor es claro: abrir esa puerta podría desencadenar un efecto dominó que elevara de forma estructural el gasto de las administraciones públicas.
En Hacienda consideran que la subida del salario mínimo debe ser asumida por las empresas y no trasladarse a los presupuestos públicos.
De ahí que rechacen de plano una revisión automática de los contratos vinculada al SMI, incluso aunque se limite a determinados sectores.
Aun así, reconocen estar dispuestos a explorar fórmulas alternativas que faciliten el diálogo social, como el mantenimiento de determinadas deducciones fiscales, pero sin tocar el núcleo de la norma.
Una negociación marcada por la urgencia
La situación se complica porque el tiempo apremia. Las conversaciones entre Trabajo, Hacienda y Economía avanzan a contrarreloj, con el objetivo de presentar una propuesta viable a CEOE y Cepyme. Sin embargo, las posiciones siguen alejadas.
Desde el entorno negociador se admite que no hay garantías de que el acuerdo llegue a materializarse y que incluso podría quedarse en nada si no se logra un mínimo consenso.
El problema de fondo es que la patronal considera imprescindible algún tipo de compensación si el salario mínimo vuelve a subir por encima de sus previsiones.
La opción de indexar parcialmente los contratos públicos se había interpretado como una señal de acercamiento, pero el rechazo frontal de Hacienda ha debilitado esta vía y ha vuelto a tensar el diálogo.
El impacto presupuestario como línea roja
La defensa de la Ley de Desindexación por parte de Hacienda no es nueva. Desde su aprobación, el ministerio ha frenado sucesivos intentos de modificarla, incluso en momentos de fuerte presión inflacionista.
Durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania, esta rigidez provocó que numerosas licitaciones quedaran desiertas, al no poder las empresas asumir el aumento de precios sin una revisión de los contratos.
Pese a ello, Economía y Hacienda consideran que la norma es una herramienta esencial para contener el gasto y evitar desequilibrios presupuestarios. De ahí que vean con recelo cualquier movimiento que pueda sentar un precedente y abrir la puerta a futuras reclamaciones por parte de otros sectores.
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