Funcionarios de la Seguridad Social coinciden: "Quien cotiza 15 años a tiempo parcial puede recibir más del 100% de lo que ha aportado, mientras el que cotiza 40 años al máximo no llega al 50%"

Tal y como recogen los datos de Noticias Trabajo del Huffpost, la Orden PJC/297/2026 fija realidades contrapuestas para este ejercicio. Mientras la base máxima de cotización se sitúa en 5.101,20 euros al mes, la pensión máxima que se puede cobrar se queda en 3.359,60 euros.

Pagar más para recibir menos de lo proporcional. Esa es la paradoja que viven miles de cotizantes de salarios elevados en España. La diferencia entre lo que un asalariado topado ingresa al sistema y lo que luego puede retirar de él roza los 1.742 euros mensuales en 2026. Este desajuste no es un mero detalle técnico, sino el síntoma de un modelo que prioriza la vertiente asistencial sobre el reconocimiento al esfuerzo contributivo prolongado, abriendo un debate profundo sobre la equidad de nuestro sistema. Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social especializado en pensiones y prestaciones, ha analizado en un vídeo en YouTube si realmente interesa cotizar por el máximo.

El límite legal de la proporcionalidad

El núcleo del problema radica en que nuestro modelo de reparto tiene un techo de cristal insalvable. Quien cuenta con una base reguladora teórica elevada se encuentra con que sus aportaciones mensuales no se traducen directamente en su nómina de jubilado.

El experto señala que "el principio de contributividad en la Seguridad Social establece una relación de proporcionalidad entre lo que una persona aporta al sistema a través de las cotizaciones sociales y lo que recibe como prestación". Sin embargo, las reglas vigentes alteran esta máxima. Al ser preguntado sobre si realmente compensa hacer el esfuerzo de cotizar por la cuantía máxima, Muñoz advierte de que "la cuestión es muy compleja y tiene muchos matices" y añade de forma directa: "Veámoslo con diferentes supuestos".

Tres escenarios para entender el sistema

Para desgranar el impacto real, el especialista dibuja tres perfiles laborales muy distintos. El primero de ellos corresponde a un empleado que alcanza la jubilación ordinaria a los 65 años habiendo acumulado 40 años cotizados, casi en su totalidad por el tope más alto. Sobre el papel, este cotizante habría consolidado el derecho al 100% de una base reguladora teórica cercana a los 5.000 euros al mes. La realidad administrativa, no obstante, cercena esta expectativa. El funcionario relata que "como máximo podrá cobrar la pensión máxima, que son 3.359,60 euros". Lo llamativo es que, bajo este prisma, "ya de por sí se observa un importante desequilibrio entre la base por la que se cotiza y la pensión que se recibe, de casi 2.000 euros de diferencia".

Existe un segundo escenario que matiza esta pérdida de rentabilidad. Si un trabajador ha sufrido baches en su trayectoria laboral (como periodos con sueldos reducidos, empleo a tiempo parcial, lagunas de cotización o años en los que dependió de un subsidio), la aportación máxima adquiere una utilidad diferente. En estos supuestos, realizar cotizaciones elevadas sirve para elevar la media de la base reguladora, amortiguando de forma notable el impacto negativo de los años más precarios.

El tercer supuesto ofrece la comparativa más extrema del análisis. Por un lado, se examina a un cotizante con 40 años de carrera laboral con sueldos altos, siempre en la base máxima, que decide acceder a la jubilación anticipada a los 63 años, es decir, dos años antes de la edad ordinaria. Su base reguladora se sitúa en 5.101 euros y le correspondería el 100%. Sin embargo, al adelantar el retiro, la Seguridad Social le aplica unos coeficientes reductores del 19%, reduciendo la cuantía teórica a 4.132 euros. Al rebasar todavía el tope máximo del sistema, la penalización se calcula directamente sobre la pensión máxima, haciendo caer la prestación a 2.721 euros. Tras aplicarse la correspondiente retención del IRPF del 20,42%, la pensión neta mensual líquida que recibe se reduce a 2.165,59 euros.

Frente a esto, el segundo perfil muestra a alguien que tan solo ha cotizado 15 años a lo largo de su vida, bajo la modalidad de tiempo parcial y con una base de cotización de 1.100 euros al mes. Este trabajador se jubila a los 65 años aportando además la circunstancia de tener un cónyuge a su cargo. Por sus años de servicio tiene derecho al 50% de su base reguladora, lo que arrojaría una cifra de 550 euros. Como este importe se sitúa por debajo del umbral mínimo legal, el sistema le asigna los correspondientes complementos por mínimos. De este modo, su pensión final se fija en 1.127 euros mensuales, quedando además exenta de retenciones de IRPF.

El contraste salta a la vista. En palabras del propio Muñoz: "El primer trabajador ha aportado al sistema 40 años con bases muy altas y no recibe ni el 50% de lo que cotiza. Por su parte, el segundo trabajador, habiendo cotizado solo 15 años a lo largo de su vida laboral, recibe más del 100% de lo que ha cotizado".

Las demandas de reforma y el 'Objetivo 40'

A raíz de estas distorsiones, el funcionario formula tres reflexiones clave sobre el presente y futuro del modelo de previsión social. En primer lugar, aclara que, a pesar de estas incoherencias en términos de proporcionalidad, "cuantos más años cotizemos y más cantidad cotizemos, mejor, porque nuestra pensión de jubilación será más alta". El esfuerzo sigue traduciéndose en una mejor prestación final en términos absolutos.

La segunda consideración contiene una crítica directa hacia el diseño de las políticas públicas. "El Gobierno debería reforzar más aún el principio de contributividad", sostiene Muñoz. Aunque valora positivamente que las recientes reformas hayan apuntalado los mecanismos de solidaridad y asiente que "eso es bueno", advierte de que el avance se está logrando a costa de penalizar la correspondencia de aquellos que realizan las mayores aportaciones.

Por último, la tercera reflexión conecta con una iniciativa política: la moción aprobada en el Congreso de los Diputados a finales del año 2025. El funcionario reclama al Ejecutivo la implantación del denominado "objetivo 40". Esta medida persigue que los trabajadores que sumen 40 años de cotizaciones efectivas tengan la opción de jubilarse de forma anticipada cuando lo deseen, sin verse sometidos a penalizaciones en sus ingresos, una reivindicación histórica de colectivos como la plataforma ASJUBI40. Para Muñoz, la conclusión es nítida: "No es lógico ni razonable penalizar gravemente a los trabajadores que más aportan a la sostenibilidad y a la viabilidad económica del sistema público de pensiones".

El gran dilema entre solidaridad y esfuerzo contributivo

En definitiva, la configuración de la Seguridad Social para 2026 expone una de las tensiones clásicas de la política económica: el equilibrio entre la equidad distributiva y el incentivo al esfuerzo contributivo. Mientras las redes de seguridad protegen con eficacia los mínimos de las carreras laborales más frágiles, el sistema impone un fuerte peaje implícito a los salarios más altos que garantizan su viabilidad financiera. Resolver esta asimetría sin comprometer las cuentas públicas será el gran reto de los próximos años.

Imágenes | YouTube (Alfonso Muñoz Cuenca)