De ser administradora en Perú a limpiadora en España: "Si lo comparo con mi país, me siento bastante tranquila"

Parece un sinsentido absoluto. Marita, titulada en Administración de Empresas y Negocios Internacionales en su país natal, lleva cuatro años subsistiendo como empleada del hogar y cuidadora 'en negro', según relató la propia inmigrante peruana en el programa Espejo Público de Antena 3. Esta profesional, que se ve obligada a vivir en una habitación de alquiler en el barrio madrileño de Villaverde Alto ante la imposibilidad legal de arrendar un piso completo, ha tenido que librar una batalla silenciosa contra la frustración burocrática, si bien admite experimentar un alivio inusitado gracias a la red de protección y el sistema sanitario del 'Viejo Continente'. Desde su dirección letrada, la abogada Machelín Díaz recalca que la mano de obra extranjera no desea perpetuarse en la opacidad de los subsectores informales, sino contribuir de forma legal pagando sus impuestos a cambio de obtener plenas garantías laborales.

La última gran regularización masiva desplegada en territorio español data de hace más de dos décadas, un vacío normativo de veinte años que ha terminado por cronificar las trabas contractuales para el acceso a los arraigos tradicionales. El anuncio del nuevo proceso extraordinario ha desatado una oleada de optimismo contenida en el colectivo migrante, un salvoconducto legal que busca rescatar a miles de personas de la precariedad y aflorar un capital humano indispensable para sectores de alta vulnerabilidad como el servicio doméstico, la agricultura o la hostelería. De hecho, la transición de este contingente de trabajadores hacia el marco formal amenaza con cerrar de golpe el grifo de la financiación oculta que nutre a esa porción de la actividad que las autoridades intentan embridar desde hace años.

Una 'armada' demográfica

Sin cotizaciones nacidas lejos de nuestras fronteras, no hay recaudación fiscal capaz de sostener el Estado de bienestar a medio plazo, así de simple. Los balances de afiliación a la Seguridad Social confirman que España ya cuenta con más de tres millones de trabajadores de origen foráneo integrados en el sistema, una cifra que representa un peso desmedido del 14,6% del total de cotizantes de la economía nacional. La inmigración ha dejado de operar como un elemento marginal del mercado para erigirse en una pieza estructural imprescindible para taponar las fugas de productividad y mitigar la asfixia demográfica del país. Dicho de otro modo, el afloramiento regulatorio de un ejército en la sombra estimado en cerca de 500.000 personas supone una bocanada de aire fresco para las arcas públicas del Estado.

No obstante, el verdadero desafío macroeconómico apenas acaba de comenzar. Si bien el salvoconducto legal proporciona un respiro inmediato a los trabajadores indocumentados, la cicatriz permanente de este escenario delata una anomalía profunda en la base de la pirámide laboral, donde licenciados universitarios amortiguan la escasez de mano de obra en ocupaciones de bajo valor añadido. Tolerar que profesionales cualificados sostengan el engranaje de los cuidados domésticos a costa de su propia descapitalización formativa es un peaje silencioso que deteriora el potencial de crecimiento a largo plazo. Al final, resulta evidente que el impacto económico de la población irregular no constituía un desafío al modelo productivo, sino el colchón invisible que evitaba su estruendoso desplome.

Imagen | Espejo Público