La financiación del País Vasco y Navarra es distinta al del resto de Comunidades Autónomas. En dichas comunidades son ellas mismas las que recaudan los impuestos y se hacen cargo de casi todo, y luego compensan al Estado por los servicios (como Defensa o Asuntos Exteriores) que no proporcionan. Esta compensación se denomina el cupo.

Todo esto sería bastante justo si no fuera porque el cálculo del cupo es más político que técnico, y esto hace que tanto el País Vasco como Navarra realmente no aporten mucho a la solidaridad interterritorial. Y además últimamente está creando un desajuste en las pensiones.

El sistema de pensiones en España

El sistema de pensiones en España es de caja única, es decir, en principio no entra en el cupo y no debería estar afectado por este sistema de financiación, ya que hay una fiscalidad específica para ello que son las contribuciones a la Seguridad Social.

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El Gobierno planea transferir la Seguridad Social al País Vasco, ¿será el fin del mismo sistema de pensiones para todos los españoles?

Sin embargo desde 2010 la Seguridad Social tiene déficit. Los primeros años este déficit se financió con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero en 2018 este fondo se agotó, con lo que el Estado empezó a hacer transferencias desde los Presupuestos Generales a la Seguridad Social. En 2018 estas transferencias fueron de 18.000 millones de euros, pero en 2023 ascendieron a 38.700 millones de euros, una cifra nada despreciable.

Los vascos y navarros no pagan este déficit

Sin embargo el cupo vasco y navarro no ha aumentado por este problema. Ha subido, sí, pero por la inflación, no porque el gasto del Estado haya aumentado en una partida que además beneficia especialmente a los vascos, que tienen un número de pensionistas importante (tienen un 5,7% del total de pensionistas y un 7% del gasto en pensiones).

El cupo vasco ahora ronda los 1.500 millones y el navarro los 800 millones, pero si contáramos la financiación del déficit de la Seguridad Social debería ya rondar los 3.000 millones en el caso vasco y los 1.200 millones en el caso navarro.

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Así se sitúan las pensiones medias respecto a los salarios medios en cada Comunidad Autónoma en 2024

Sin embargo como todo el asunto del cupo es político y tiene más que ver con los apoyos parlamentarios que con un cálculo real de lo que deberían aportar a las arcas del Estado seguirán siendo financiados por regiones más pobres. Es por eso que Cataluña quiere este sistema, para que su financiación dependa exclusivamente de aritméticas parlamentarias y no de unas reglas pre-establecidas y de lo que haya realmente para repartir.

La financiación de ambas comunidades, en entredicho

No es la primera vez que señalamos desde estas páginas que el sistema de financiación del País Vasco y Navarra es poco solidario y que están dopadas fiscalmente. La última vez fue cuando Rajoy logró ser investido presidente sin mayoría absoluta y una de sus cesiones fue en el cálculo del cupo.

En dicha ocasión un sistema que podría ser justo, no lo dudo, volvió a politizarse y volverse de nuevo injusto e insolidario. Y por mucho que los políticos vascos intenten vender la moto de que su Comunidad es próspera porque pagan muchos impuestos lo cierto es que tienen mejor financiación que otras Comunidades mucho más pobres.

Imagen | PNV, Pixabay

Después que pase la pandemia de coronavirus en España se vivirá una situación diferente de la que se ha vivido estos últimos años y, por tanto, vuelve a la mente del Gobierno español, potenciada por Unidas Podemos, el debate de la renta básica.

La idea que se plantea desde el Gobierno de coalición es realizar un ingreso mínimo vital o renta mínima de emergencia, ya que muchos de los ciudadanos españoles van a necesitar una renta básica para poder gastar en lo básico de su hogar.

Es el momento de sacar de nuevo el debate de la renta básica

El planteamiento de la renta básica es un histórico caballo de batalla de muchos gobiernos españoles, pero el único que ha conseguido llevarlo a cabo con éxito ha sido el Gobierno del País Vasco.

Por otra parte, el exministro de economía De Guindos y actual Vicepresidente del Banco Central Europeo, ya ha declarado públicamente que es partidario de una renta básica de emergencia y que sea transitoria en el tiempo.

Unidas Podemos tiene en mente establecer un ingreso mínimo vital de 600 euros, y va en consonancia del programa electoral del PSOE, que también lo llevaba entre sus consignas.

La idea de la renta básica no es una nueva ni es la primera vez que se plantea, pero sí es posiblemente el momento en el que sea más necesario para los ciudadanos de España.

¿Qué es mejor una renta básica o una renta básica universal?

La renta básica hace referencia a diferentes conceptos, si entendemos renta básica a nivel universal como dar una cierta cantidad de euros a todo el mundo sin distinguir su nivel económico y, por tanto, no se tiene en cuenta si es rico o pobre o si tiene trabajo o no tiene trabajo.

Los partidarios de la fórmula de renta básica universal proponen que se financie a través del impuesto de la renta y, por tanto, desde allí se encontraría una compensación para que pueda ser viable.

Otra manera de garantizar esta renta básica sería aplicarla en ciertos colectivos, pero estableciendo muy bien quién la necesita y quién no la va a necesitar, quién la necesita más o quién la necesita menos, si valorar que coste económica puede suponer para las arcas estatales, sin tener en cuenta la carga administrativa para gestionarla.

La ventaja de la renta básica universal a todo los ciudadanos españoles es que va a llegar de forma inmediata a aquellos colectivos que lo necesiten de verdad, y se podrá recuperar con algún impuesto.

El problema de aplicar la renta básica universal es que el desembolso de dinero por parte del Estado puede ser que no se puede asumir, ya que será una gran cantidad de dinero para poder inundar de liquidez a los ciudadanos.

Claramente existen medidas intermedias que pueden ser más sostenibles en el tiempo. Esta renta básica se puede destinar a los ciudadanos que se sepa que están por debajo de un nivel de renta, a través de la declaración de la renta, o aquellas personas que han perdido su trabajo.

Debemos tener claro que hay necesidad de la renta básica y se pueden conseguir los recursos necesarios para garantizar este tipo de ingreso mínimo a todo los ciudadanos españoles, y no tiene mucho sentido tener ciudadanos sin recursos causada por la pandemia de coronavirus.

La renta básica es posible y así lo ha demostrado el País Vasco

Existen detractores de la renta básica, ya que consideran que será una inestabilidad presupuestaria para las arcas estatales y la renta básica es un desincentivo que supone la búsqueda de empleo. Dos problemas que según la experiencia en el País Vasco no son reales.

El Gobierno del País Vasco ha sido pionero de todas las Comunidades Autónomas en España en crear una 'Renta de Garantía de Ingresos' (RGI). El RGI se constituyó en el año 1989 y consiste en una prestación económica mensual para atender las necesidades básicas de las personas o familiar que no disponen de recursos suficientes y que les ayuda a encontrar una salida laboral, y claramente no es una renta básica universal, sino para aquellos colectivos que lo necesitan.

Durante el 2017, el País Vasco presupuestó un importe de 491 millones de euros destinados a un partida para financiar este tipo de ayudas, que corresponde a más del 90 por ciento de la partida presupuestaria, además de la prestación complementaria de vivienda.

Además de la sostenibilidad presupuestaria, la otra duda que genera en los economistas la implementación de algún tipo de renta básica es el desincentivo que representa para la búsqueda de empleo de los parados.

La experiencia del Gobierno Vasco es que no tiene por qué ser un riesgo moral, ya que según el estudio de 'Evaluación del Impacto de un Régimen de Renta Mínima en el País Vasco' es que la RGI reduce la pobreza y promueve la cohesión social. En las conclusiones del estudio establece que no retrasa la salida del desempleo.

La RGI tiene este efecto, ya que la ayuda está destinada a las familias, sea de uno o de varias personas, con los requisitos de que el receptor esté empadronado durante los 3 últimos años de manera interrumpida en el País Vasco, que tenga más de 23 años, ser demandante de empleo y tiene ingresos inferiores a la RGI.

En el caso de tener ingresos inferiores a la RGI, la ayuda es la diferencia entre los ingresos y la renta que le corresponde, que se basa en un umbral de pobreza relativa calculada por el Gobierno Vasco.

Para las personas que están trabajando se les impone el requisito de que no tengan una reducción de jornada voluntaria. La renta estaría entre los 650 y 959 euros mensuales, en función del número de miembros de la familia.

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) tiene alrededor de 60.000 perceptores mensualmente, de los que en un 60 por ciento de los perceptores son personas que están en situación del paro. El resto de los perceptores son pensionistas, trabajadores con salarios bajos o personas que están fuera de la población activa.

La renta básica no reduce la probabilidad de encontrar un trabajo. Aunque el efecto de retraso no deseado en la salida hacia un trabajo se observa entre los menores jóvenes y con menor formación, mientras que se acelera la reincorporación entre los mayores de 45 años, ya que tienen más responsabilidades familiares.

La ayuda está condicionada a las directrices del consejo Europeo para políticas de empleo, ya que los receptores de la ayuda tienen exigencias como aceptar ofertas de trabajo cuando le llegan. Esto evita que la ayuda sea pasiva y desincentive o disminuya el empleo de las personas que la reciben.

También se debe considerar la importancia de trabajar con recibir parte de la renta hasta alcanzar el umbral de pobreza relativa. La ayuda está complementada con programas de orientación y formación, aunque solo sea para el 40 por ciento de los perceptores de la ayuda.

En el primer caso, aumenta un 20 por ciento la posibilidad de encontrar trabajo. En el segundo, la mejoría aumenta hasta alcanzar el 100 por cien. Así, se puede decir que cuando se aplican las ayudas de las rentas básicas a los perceptores de la RGI existe gran probabilidad de encontrar un empleo.

Por otra parte, todo esto se puede financiar porque el País Vasco está recibiendo más dinero de lo que está aportando pese a ser la segunda comunidad autónoma con mayor renta per cápita de España. Esta situación no solo se va a mantener, sino que va aumentar con la nueva 'Ley de Cupo' para 2017-2021.

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La nueva 'Ley de Cupo' pone al País Vasco como el principal receptor del Estado y le deja al margen de la tan famosa frase que hemos escuchado estos últimos años de la “solidaridad territorial”.

El último año liquidado, correspondiente al año 2015, se ingresó en las arcas públicas en concepto de cupo (aportación del País Vasco por competencias del Estado como serían política exterior o la defensa) 1.139,4 millones de euros.

Pero durante el 2015 el Gobierno del PP efectuó un ingreso a favor de la Hacienda Vasca por valor de 1.421 millones de euros en concepto de devolución de IVA, por lo que el saldo fue a favor del País Vasco alrededor de 281,6 millones de euros.

Nos podemos preguntar: ¿Por qué el Gobierno del PP quiere continuar con las diferencias recaudatorias dentro de la nueva 'Ley de Cupo' en el País Vasco?

El País Vasco recibe más dinero del que aporta

El País Vasco está recibiendo más dinero de lo que está aportando pese a ser la segunda comunidad autónoma con mayor renta per cápita de España. Esta situación no solo se va a mantener, sino que va aumentar con la nueva 'Ley de Cupo' para 2017-2021.

La nueva ley remitida al Gobierno del PP, se establece que la aportación bruta del País Vasco al Estado tendrá que ser de 1.304 millones euros, muy por debajo de los últimos años. Aunque es fácil identificar a cuánto asciende la diferencia para la Administración central.

En la memoria de impacto económico, el Ministerio de Hacienda establece que el efecto tiene que ser neutral porque se tiene que ver en términos consolidados y los flujos financieros en su subsector, el Estado Español, son simétricos a los de la otra parte, el País Vasco. Es decir, como es todo el conjunto Estado, es indiferente precisar quién aporta a quién.

Hay partidos políticos en contra de los privilegios de la financiación autonómica

Existen expertos como Angel de la Fuente, representa al Gobierno en el comité de sabios para reformar la financiación, y Alain Cuenca, el ex director general de Hacienda con el gobierno socialista, que coinciden que esta nueva ley favorece aún más a las arcas del País Vasco.

El Cupo Vasco es un privilegio y es una anomalía dentro del sistema de financiación de la comunidades autónomas de España. La nueva ley, acordada con el Gobierno del PP y los vascos antes de verano, está ignorando por completo las recomendaciones que han hecho dentro del comité de expertos creado por el Gobierno para reformar la financiación.

Este comité pidió antes de verano a Hacienda, y en concreto al señor Cristobal Montoro, que se recalcura el Cupo par reducir las fuertes desiguales existentes entre comunidades autónomas y las comunidades forales deben comenzar a contribuir a la igual territorial como están realizando otras comunidades como Madrid y Cataluña.

Francisco de la Torre de Ciudadanos ya ha afirmado que van a presentar una enmienda a la totalidad, ya que es la única arma de que disponen, pues la 'Mesa del Congreso' decidió tramitarlo en lectura única sin poder realizar modificaciones por vía de enmiendas. PP, PSOE y Podemos apoyó este método obteniendo la mayoría de la mesa.

Los ajustes del IVA es la causa que el País Vasco reciba más de lo que aporta

Cristobal Montoro, en representación de Hacienda, defiende el acuerdo ya que preservan los derechos históricos y al régimen de concierto establecido en la Constitución Española. Pero Francisco de la Torre insiste que no se están hablando de fueros, sino de los cálculos que se realizan.

Ciudadanos no ve normal que las comunidades forales del País Vasco y Navarra sean receptoras netas en lugar de aportar a la solidaridad territorial dentro de las comunidades autonómicas españolas, pese a que estas comunidades tengan rentas per cápita elevadas.

Ciudadanos ataca al acuerdo entre Cristobal Montoro y el consejero vasco por el que País Vasco se queda con la recaudación de IVA dentro de su territorio. Además, estas comunidades reciben un porcentaje de lo que las empresas vascas venden en el resto de comunidades autónomas.

El País Vasco si no tuviera el Cupo debería aportar más a las arcas del Estado que a la inversa, al ser más grande el mercado del que se benefician las empresas del País Vasco que el consumo que se hace en su territorio de los productos de las empresas del resto de comunidades autónomas.

El acuerdo de la nueva 'Ley de Cupo' sigue estos ajustes a favor del País Vasco. El IVA nunca ha estado dentro del régimen fiscal foral establecido en la Constitución, porque se introdujo en España cuando entró como miembro en la Comunidad Europea.

El ajuste que se está dando en el IVA tendría que ser al revés. Se da también de que antes de que se reforme el sistema de financiación general, el Gobierno del País Vasco ya ha empezado su reforma fiscal para los próximo 5 años, ya que forma parte de los acuerdos del PP que realizó con el PNV para sacar adelante de los 'Presupuestos Generales del Estado del 2017'.

Desde el Gobierno Vasco está posicionado negando que la nueva norma suponga un aumento sustancian más allá de consolidar la deuda de 1.400 millones de euros que tienen contra las arcas del Estado.

En El Blog Salmón | El cupo vasco, ¿es realmente injusto con el resto de Comunidades?

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En los últimos tiempos, en los diferentes partidos españoles se han escuchado tanto los conceptos de rentas básicas o los complementos salariales. En cada uno de los partidos existen tanto adeptos como detractores.

Entre los detractores, hay dos argumentos principales:

• Por una parte, la inestabilidad presupuestaria.
• Por otra parte, el desincentivo que supone para la búsqueda de empleo.

Dos problemas que según la experiencia obtenida por el Gobierno de País Vasco no son reales.

Nos podemos preguntar: ¿El Gobierno Vasco ha tenido problemas en su presupuestos al incluir la renta básica? ¿Cómo ayuda a los Vascos está renta básica? ¿Ha desincentivado la ayuda a la búsqueda de empleo a los Vascos?

El Gobierno Vasco sin problemas presupuestarias para la partida de RGI

El Gobierno del País Vasco ha sido pionero de todas las Comunidades Autónomas en España en crear una 'Renta de Garantía de Ingresos' (RGI). El RGI se constituyó en el año 1989 y consiste en una prestación económica mensual para atender las necesidades básicas de las personas o familiar que no disponen de recursos suficientes y que les ayuda a encontrar una salida laboral.

Durante este año, el País Vasco ha presupuestado un importe de 491 millones de euros destinados a un partida para financiar este tipo de ayudas, que corresponde a más del 90 por ciento de la partida presupuestaria, además de la prestación complementaria de vivienda. Dicha cifra ha aumentado un 6 por ciento respecto a los presupuestos del año pasado.

La ayuda complementa los ingresos de las familias con más necesidad

Además de la sostenibilidad presupuestaria, la otra duda que genera en los economistas la implementación de algún tipo de renta básica es el desincentivo que representa para la búsqueda de empleo de los desocupados.

La experiencia del Gobierno Vasco es que no tiene por qué ser un riesgo moral, ya que según el estudio de 'Evaluación del Impacto de un Régimen de Renta Mínima en el País Vasco' es que la RGI reduce la pobreza y promueve la cohesión social. En las conclusiones del estudio establece que no retrasa la salida del desempleo.

Tiene este efecto ya que la ayuda está destinada a las familias, sea de uno o de varias personas, con los requisitos de que el receptor esté empadronado durante los 3 últimos años de manera interrumpida en el País Vasco, que tenga más de 23 años, ser demandante de empleo y tiene ingresos inferiores a la RGI.

En el caso de tener ingresos inferiores a la RGI, la ayuda es la diferencia entre los ingresos y la renta que le corresponde, que se basa en un umbral de pobreza relativa calculada por el Gobierno Vasco.

Para las personas que están trabajando se les impone el requisito de que no tengan una reducción de jornada voluntaria. La renta estaría entre los 650 y 959 euros mensuales, en función del número de miembros de la familia.

La personas con y sin ayudas tienen los mismos problemas de encontrar trabajo al tener menos formación

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) tiene alrededor de 60.000 perceptores mensualmente, de los que en un 60 por ciento de los perceptores son personas que están en situación del paro. El resto de los perceptores son pensionistas, trabajadores con salarios bajos o personas que están fuera de la población activa.

El desempleo en el País Vasco está en el 11,86 por ciento de la población activa, que durante el primer trimestre del año alcanzó los 120.400 personas, según la EPA del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El 60 por ciento de los perceptores de la ayuda tiene un nivel educativo menor, es decir, no ha llegado a la secundaria o a la ESO, y el 52 por ciento lleva más de 2 años en situación de desempleo.

La tasa media de salida de cada mes, es decir, las personas desempleadas que no encuentran un empleo, para una persona que recibe la ayuda es del 3 por ciento, mientras que para el resto es del 9 por ciento.

Aunque, estos porcentajes son sobre colectivos no comparables, ya que las personas que reciben estas ayudas tienen menor facilidad para encontrar trabajo, por su menor cualificación o por llevar más tiempo en situación de desempleo.

La renta básica no reduce la probabilidad de encontrar un trabajo. Aunque el efecto de retraso no deseado en la salida hacia un trabajo se observa entre los menores jóvenes y con menor formación, mientras que se acelera la reincorporación entre los mayores de 45 años, ya que tienen más responsabilidades familiares.

La RGI condicionada a las políticas de empleo

La yuda está condicionada a las directrices del consejo Europeo para políticas de empleo, ya que los receptores de la ayuda tienen exigencias como aceptar ofertas de trabajo cuando le llegan. Esto evita que la ayuda sea pasiva y desincentive o disminuya el empleo de las personas que la reciben.

También se debe considerar la importancia de trabajar con recibir parte de la renta hasta alcanzar el umbral de pobreza relativa. La ayuda está complementada con programas de orientación y formación, aunque solo sea para el 40 por ciento de los perceptores de la ayuda.

En el primer caso, aumenta un 20 por ciento la posibilidad de encontrar trabajo. En el segundo, la mejoría aumenta hasta alcanzar el 100 por cien. Así, se puede decir que cuando se aplican las ayudas de las rentas básicas a los perceptores de la RGI existe gran probabilidad de encontrar un empleo.

En El Blog Salmón | Renta básica, renta mínima o ayudas a formación: las políticas sociales a debate

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El Gobierno del PP ha conseguido, por fin, los apoyos para asegurarse la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso por la vía de dar satisfacción a las exigencias de de C's, PNV, Foro Asturias, Coalición Canarias, UPN y Nueva Canarias.

Se han conseguido los 176 diputados necesarios a través de enmiendas y concesiones por parte del Gobierno del PP, siendo minoría en el Congreso, logró el apoyo de estos partidos para aprobar sus 'Presupuestos Generales del Estado' del 2017.

Nos podemos preguntar: ¿Qué concesiones ha tenido que hacer el Gobierno del PP a C's, PNV, For Asturias, Coalición Canaria, UPN y Nueva Canarias?

¿Qué incluye el acuerdo del PP y C's para aprobar los presupuestos del estado?

El acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos ha obligado al Gobierno a pactar con este grupo partidas sociales y de inversión por importe de 4.087 millones de euros, que incluyen la vuelta al tipo de IVA reducido del 10 por ciento para los espectáculos en vivo dentro del ámbito cultural y taurino, lo que tendrá un coste para las arcas públicas de 55 millones.

Según Ciudadanos, casi la mitad del importe total corresponderá a partidas sociales para ayudar a la clase media perjudicada por la crisis económica, y la otra mitad se destinará ayudar a la innovación y el conocimiento.

También se propuso que otros 700 millones de euros, iban corresponder a un nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas y a los impuestos medioambientales, que Ciudadanos asegura, que finalmente no se van a llevar a cabo, dada la oposición mostrada por la mayoría de los grupos parlamentarios y a la vista de la buena evolución de la recaudación.

Con los sindicatos, Hacienda ha negociado ampliar la tasa de reposición del empleo público al 100 por cien para un mayor número de colectivos, lo que permitirá sacar a concurso 67.000 plazas en la Oferta de Empleo Público de 2017, de las que este viernes se adelantarán mediante decreto-ley las destinadas a docentes, policía y guardia civil.

¿Qué incluye el acuerdo del PP y el PNV para aprobar los presupuestos del estado?

El acuerdo incluye medidas para reducir la tarifa eléctrica de las empresas para mejorar la competitividad industrial de las empresas del País Vasco. Se van a realizar inversiones de infraestructuras como la plataforma de logística de Lezo-Gaintxurizketa y la plataforma logística Jundiz, la terminal intermodal de Jundiz, y su conexión con los puertos de Bilbao y Pasaia.

También impulsar el vehículo eléctrico y de la I+D+i a través de distintas partidas del presupuesto y un compromiso para incluir las obras de conexión ferroviarias de las 3 capitales del País Vasco para que este operativo en 2023 y conectada con Francia en 2025.

Se ha centrado el acuerdo también en medidas de coordinación de seguridad para incrementar la plantilla de la Ertzaintza y para que la policía del País Vasco ingrese en los foros europeos de decisión y mejorar así la inspección de la Seguridad, entre otras medidas.

No se incluye dentro del acuerdo nada sobre política penitenciaria o transferencia de prisiones al País Vasco de los prisioneros etarras... También este acuerdo no significa futuros apoyos para los presupuestos del estado para los siguientes años.

Los 36 puntos del acuerdo serían:

• Liquidaciones pendientes y Cupo 2017.
• Concreción de las obras de la 'Y vasca'.
• Reforma de los peajes en las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kw.
• Terminal en Jundiz.
• Plataforma Lezo-Pasaia.
• Gestión de los terrenos de la centeral nuclear de Lemoiz.
• Apoyo al centro de investigación BIMEP.
• Gestor de cargas para el vehículo eléctrico.
• Nuevos programas de apoyo al vehículo alternativo.
• Previsión de supresión de pasos a nivel en la CAV.
• Playas de vías en Basauri.
• Lezo Renteria; firme de acuerdo y declaración de intenciones.
• Convenio de la Variante Sur Ferroviaria.
• Variante Ferroviaria Oridizia-Beasain.
• Mejoras en la encomienda de gestión de dominio público hidráulico en cuencas intercomunitarias.
• Saneamiento y depuración del Alto Nervión.
• Regeneración de la playa de Santiago de Zumai.
• Ertzaintza-Junta de Seguridad.
• Mutuas.
• Intercambio en materia sociolabroal.
• Deuda de Hobetuz, fundación de políticas activas de empleo en la CAV.
• Presa de Ibiur.
• Prisión de Martutene.
• Universidad de Mondragón: Laboratorio de innovación en Educación Digital Avanzada.
• Fundación Matia (viviendas para personas mayores).
• Sociedad de Ciencias Aranzadi.
• Euzkaltzaindia.
• Eusko Ikaskuntza.
• Jakiunde.
• Quincena Musical de Donostia.
• Artium.
• Valle Salado de Añana
• Festival Internacional de Cince de Donostia (Zinemaldia).
• Museo Marítimo de Bilbao.
• ABAO, Ópera de Bilbao.
• Comisión de seguimiento trimestral.

¿Qué incluyen los acuerdos del PP con Foro Asturias, Coalición Canaria y UPN?

El acuerdo con Coalición Canaria supone más de 1.300 millones de euros en las distintas partidas presupuestarias para las Canarias, ha servido para compensar a Canarias por su condición de territorio ultraperiférico.

El acuerdo con UPN incluye sendos compromisos para licitar en 2017 varios tramos de alta velocidad y también para ampliar el Canal de Navarra, garantizando el riego para 21.500 hectáreas.

Además el Gobierno del PP ha registrado en el Congreso unas 30 enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, de las cuales cuatro están elaboradas conjuntas con Foro Asturias y otras dos con Coalición Canaria.

¿Qué incluye el acuerdo del PP y Nueva Canarias para aprobar los presupuestos del estado?

El Gobierno del PP y el grupo parlamentario de 'Nueva Canarias' cerraron el viernes pasado un principio de acuerdo para apoyar los 'Presupuestos Generales del Estado' del 2017 y ayer se ratificó por unanimidad en la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias.

Entre las medidas acordadas con el PP están:

• El aumento de la bonificación al transporte de pasajeros entre islas al 75 por ciento, del 100 por ciento para el transporte de mercancías de puertos y aeropuertos interinsulares y con la península.
• El pago total del Posei adicional por parte de la Administración estatal.
• Más dinero para Canarias en materia de empleo, asuntos sociales o violencia de género.
• La finalización de la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales.
• La mejora de proporcionalidad electoral en las islas y la entrada en vigor del nuevo sistema electoral en 2019.
• La desvinculación de los ingresos del REF del sistema de financiación.

En El Blog Salmón | Así afecta el nuevo cupo vasco pactado entre PP y PNV al resto de Comunidades

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Las comunidades autónomas en España son las encargadas de gestionar y buscar los recursos para financiar diferente el Estado de bienestar en cada una de ellas. Los recursos disponibles para hacer esto en los gobiernos regionales va a determinar la calidad de la educación, la sanidad pública y los servicios sociales.

El acuerdo del PNV con el gobierno del PP para apoyar 'Presupuestos Generales del Estado' del 2017 afecta al Cupo, es decir, el dinero que le da el gobierno del País Vasco al Estado por las conferencias no transferidas.

Ya sabemos que el gobierno del PP compensará al País Vasco no solo ha incluido una rebaja del cupo y la devolución de 1.400 millones de euros sino una inversión de 3.380 millones de euros hasta el año 2023 para infraestructuras ferroviarias que conectaran las 3 capitales vascas, y así hasta 36 acuerdos.

Nos podemos preguntar: ¿Es verdad que existe diferencias entre comunidades autónomas? ¿A parte del País Vasco que otra comunidad autónoma sale favorecida con los Cupos? ¿Es verdad que Madrid y Cataluña tiran del carro de la financiación?

¿Es verdad que existe diferencias entre comunidades autónomas?

El País Vasco durante el año 2013 obtuvo una financiación equivalente a 4.170 euros por habitante, una cifra que duplica los 2.030 euros de media que recibieron las comunidades autónomas que están de régimen común.

Es decir, existe una gran diferencia entre comunidades autonómicas sobre la financiación que recibe cada uno de sus habitantes como se puede ver en la gráfica “Financiación regional para competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal en 2013”:

Cataluña con 1.973 euros por habitantes, Andalucía con 1.898 euros por habitante, Murcia con 1.880 euros por habitante, Madrid con 1.875 euros por habitante y Comunidad Valenciana con 1.824 euros son las comunidades con menos recursos y, por tanto, se puede considerar que son las más perjudicadas por el tipo de reparto entre la comunidades autonómicas.

Los datos que arroja en su último informe el Ministerio de Hacienda se calculan en base de las competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, es decir, tener en cuenta que algunas comunidades autónomas tienen una mayor autonomía y corrigen las diferencias en la legislación tributaria.

Navarra es la siguiente comunidad más financiada

La segunda comunidad autónoma con mayo financiación por habitantes es Navarra con 3.266 euros por habitante. Esta comunidad autónoma también tiene un Cupo ya que está dentro del sistema de derechos forales a nivel fiscal.

Por tanto, País Vasco y Navarra son las dos comunidades autónomas que cuenta con más recursos para ofrecer servicios públicos a sus ciudadanos. El funcionamiento del Cupo explica que exista esta asimetría en el sistema fiscal.

Estas dos comunidades autónomas recaudan casi todos los impuestos y, de este dinero, dan una parte al Estado por las competencias no transferidas y también realizan una pequeña aportación al fondo de compensación entre comunidades autónomas. Este sistema les beneficia al tener una renta relativamente alta.

Siempre se ha considerado que la fórmula que se ha utilizado para calcular el Cupo es ocupa y beneficia a los intereses de las comunidades autónomas que la aplican.

Madrid y Cataluña son las grandes comunidades aportadores

A País Vasco y Navarra les resulta beneficioso no participar en los mecanismos de nivelación ya que serían comunidades aportadoras como les sucede a Cataluña y a Madrid. En Cataluña y Madrid se recauda para financiar a las regiones con menos recursos y más necesidades de financiación.

El mayor sobreesfuerzo fiscal se realiza en Extremadura y en Cataluña como se puede ver en la gráfica “Sobreesfuerzo fiscal regional en 2013”:

País Vasco y Navarra realizan 377 euros por habitante y 542 euros por habitante, respectivamente, de retorno fiscal en contra de otras comunidades como Extremadura y Cataluña que tienen que realizar un sobreesfuerzo fiscal de 214 euros por habitante y 177 euros por habitante, respectivamente.

Esto quiere decir que están recibiendo menos por habitante que tendría que ser como se puede ver en la gráfica “Financiación regional a competencias homogéneas en 2013”:

Cuando dice Cataluña realizar una revisión del sistema de financiación autonómico y que algunas comunidades salen más favorecidas que otras, se puede decir que tienen la razón, pero no sólo para Cataluña si no para más comunidades autónomas.

Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas necesitan las comunidades necesitarían 48.962 millones euros adicionales al año para ofrecer servicios similares a los que ofrecen País Vasco y Navarra.

Por tanto, el acuerdo presupuestario cerrado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV supondrá rebajar el cupo vasco casi un 40 por ciento hasta los 956 millones. Además, el Estado abonará 1.400 millones por las discrepancias de ejercicios anteriores. Aumentando así las diferentes entre las Comunidades Autónomas.

En El Blog Salmón | Así afecta el nuevo cupo vasco pactado entre PP y PNV al resto de Comunidades

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El acuerdo PNV con el gobierno del PP para apoyar los 'Presupuestos Generales del Estado' del 2017 no solo ha incluido una rebaja del cupo y la devolución de 1.400 millones de euros sino una inversión de 3.380 millones de euros hasta el año 2023 para infraestructuras ferroviarias que conectaran las 3 capitales vascas.

Entra dentro del pacto una reducción de la tarifa eléctrica que se aplicará en las empresas de País Vasco y en las comunidades con el mismo tipo de líneas. Esta concesión se empezará aplicar a partir del 1 de enero del 2008 y proporcionará una ahorro para las empresas sobre los 50 millones de euros cada año.

Nos podemos preguntar: ¿Qué es el Cupo? ¿Qué parte quiere el PNV recuperar? ¿Qué incluye el acuerdo PP y PNV para aprobar los presupuestos del estado? ¿Cómo va a recuperar el País Vasco los 1.400 millones de euros? ¿Va afectar el acuerdo al resto de CC.AA.?

¿Qué es el Cupo? y ¿Qué parte quiere el PNV recuperar?

La Agencia Tributaria del País Vasco recauda todos los impuestos, incluidos los estatales, tiene una amplia capacidad normativa sobre ellos y anualmente dan al Estado una parte de la recaudación, el llamado cupo, por los servicios que éste presta en sus territorios, que se valoran de común acuerdo entre cada una de estas comunidades y el Gobierno central.

Es decir, el Cupo es el dinero que el País Vasco paga al Estado por las competencias no transferidas.

El gobierno del PP compensará al País Vasco con 1.400 millones de euros de los 1.600 millones que reclamaban por diferencias desde el año 2007 por concepto de Cupo. Para los siguientes año el Cupo se ha fijado en 956 millones de euros, es decir, 569 millones de euros que en 2016.

Los 1.400 millones de euros se compensarán al gobierno del País Vasco durante el próximo lustro, con lo que el gobierno del PP ni siquiera tendría que pagar los 956 millones de euros pactados sino que se podrían quedar alrededor de los 800 millones de euros.

¿Qué incluye el acuerdo PP y PNV para aprobar los presupuestos del estado?

El acuerdo incluye medidas para reducir la tarifa eléctrica de las empresas para mejorar la competitividad industrial de las empresas del País Vasco. Se van a realizar inversiones de infraestructuras como la plataforma de logística de Lezo-Gaintxurizketa y la plataforma logística Jundiz, la terminal intermodal de Jundiz, y su conexión con los puertos de Bilbao y Pasaia.

También impulsar el vehículo eléctrico y de la I+D+i a través de distintas partidas del presupuesto y un compromiso para incluir las obras de conexión ferroviarias de las 3 capitales del País Vasco para que este operativo en 2023 y conectada con Francia en 2025.

Se ha centrado el acuerdo también en medidas de coordinación de seguridad para incrementar la plantilla de la Ertzaintza y para que la policía del País Vasco ingrese en los foros europeos de decisión y mejorar así la inspección de la Seguridad, entre otras medidas.

No se incluye dentro del acuerdo nada sobre política penitenciaria o transferencia de prisiones al País Vasco de los prisioneros etarras... También este acuerdo no significa futuros apoyos para los presupuestos del estado para los siguientes años.

Los 36 puntos del acuerdo serían:

• Liquidaciones pendientes y Cupo 2017.
• Concreción de las obras de la 'Y vasca'.
• Reforma de los peajes en las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kw.
• Terminal en Jundiz.
• Plataforma Lezo-Pasaia.
• Gestión de los terrenos de la centeral nuclear de Lemoiz.
• Apoyo al centro de investigación BIMEP.
• Gestor de cargas para el vehículo eléctrico.
• Nuevos programas de apoyo al vehículo alternativo.
• Previsión de supresión de pasos a nivel en la CAV.
• Playas de vías en Basauri.
• Lezo Renteria; firme de acuerdo y declaración de intenciones.
• Convenio de la Variante Sur Ferroviaria.
• Variante Ferroviaria Oridizia-Beasain.
• Mejoras en la encomienda de gestión de dominio público hidráulico en cuencas intercomunitarias.
• Saneamiento0 y depuración del Alto Nervión.
• Regeneración de la playa de Santiago de Zumai.
• Ertzaintza-Junta de Seguridad.
• Mutuas.
• Intercambio en materia sociolabroal.
• Deuda de Hobetuz, fundación de políticas activas de empleo en la CAV.
• Presa de Ibiur.
• Prisión de Martutene.
• Universidad de Mondragón: Laboratorio de innovación en Educación Digital Avanzada.
• Fundación Matia (viviendas para personas mayores).
• Sociedad de Ciencias Aranzadi.
• Euzkaltzaindia.
• Eusko Ikaskuntza.
• Jakiunde.
• Quincena Musical de Donostia.
• Artium.
• Valle Salado de Añana
• Festival Internacional de Cince de Donostia (Zinemaldia).
• Museo Marítimo de Bilbao.
• ABAO, Ópera de Bilbao.
• Comisión de seguimiento trimestral.

¿Cómo va a recuperar el País Vasco los 1.400 millones de euros?

El País Vasco va a recuperar esos 1.400 millones dentro del Cupo de este año:

• De los 956 millones de euros se descantarán 140 millones de euros, el 10 por ciento.El Gobierno del País Vasco transferirá 816 millones de euros, todavía 34 millones menos de los 850 millones que se ha marcado como objetivo el gobierno del PP al gobierno del País Vasco.

• Seguirán las compensaciones durante el 2018 con una reducción de otro 15 por ciento de los 1.400 millones y así se harán sucesivamente durante los siguientes años con el 20 por ciento, el 25 por ciento y el 30 por ciento hasta realizar la devolución completa.

El método para calcular el Cupo se establece en las leyes autonómicas que desde el año 1982 se fijó en el 6,24 por ciento de los gastos, es decir, el peso de la economía del País Vasco en la economía de España. Por tanto, la reducción de esta aportación afectará negativamente al resto de Comunidades Autonómicas ya que se tendrá que compensar reduciendo partidas.

Desde entonces el índice del 6,24 por ciento no se ha modificado y se ha aplicado a las partidas de los gastos que realiza el gobierno del País Vasco por los servicios que no están transferencias. La última cifra que se pacto fue en 2007 con el acuerdo de pago de 1.565 millones de euros. Desde entonces ambas partes no ha renovado la cifra por diferencias en el método del cálculo.

El gobierno del País Vasco piensa que las diferencias se centran en la liquidación de los Cupos correspondientes entre los años 2007 y 2011, y entre 2012 y 2016. El gobierno del País considera que desde 2011 se han pagado de más 1.600 millones de euros al gobierno de España y el Cupo tendría que ser de 850 millones de euros anuales, aunque los presupuestos indica que esta cifra es de 1.202 millones de euros.

Según Pedro Luis Iriarte no afectará el acuerdo al resto de CC.AA. pero la realidad es otra

Según declaraciones de Pedro Luis Iriarte en el 'Diario Vasco': “Lo que haga el Estado con el País Vasco no le afecta a otras comunidades autónomas. Si ahora el Estado decide perdonar a los catalanes una deuda de 66.000 millones de euros, el País Vasco no tiene nada que decir. No hay vasos comunicantes, no hay agravio ninguno.”.

Y añade “Si ahora se oyen voces en Cataluña y en otros territorios diciendo que esto es un agravio comparativo, ¿qué significa entre líneas?, que los vascos y vascas hemos recibido un dinero que no han recibido los catalanes ni otros que han criticado el acuerdo.”.

Por tanto la clave es lo que ha comentado Pedro Luis Iriarte que lo que no ponen los vascos lo tendrán que poner el resto de las comunidades autónomas para compensar el agujero de los presupuestos o, por el contrario, se van a recibir menos de los fondos autonómicos durante estos próximos 5 años, es decir, los 1.400 millones de euros más todas las rebajas del Cupo del País Vasco.

En El Blog Salmón | Cataluña ya tiene su impuesto a las bebidas azucaradas, ¿sirve para algo?

Imagen | RTVE

Hoy os traemos los resultados de la encuesta de la semana. Y en esta ocasión os pedíamos de nuevo que hablaseis sobre los resultados electorales en Galicia y el País Vasco que se conocieron el domingo pasado, se ha hablado mucho sobre lo que significan estos resultados como muestra de apoyo (o no) a la política económica del Gobierno central.

El 79,4% de los encuestados creen que el resultado de las elecciones gallegas no supone un respaldo a la política económica del Gobierno central, más bien parece que al contrario, a pesar de que el PP ha obtenido la mayoría absoluta y un mayor número de escaños, lo ha hecho perdiendo una ingente cantidad de votos, lo que es indicativo de que muchos de sus votantes ya no han renovado su apoyo.

El 10,6% de los encuestados considera que la situación económica en Galicia, mejorará tras estas elecciones, mientras que casi la mitad (un 47,2%) creen que seguirá igual, y un 42,2% creen que la situación irá a peor.

En cuanto a la situación en el País Vasco el porcentaje de optimistas es mayor, un 26.7% de los encuestados considera que la situación económica en el País Vasco, mejorará tras estas elecciones, mientras que el porcentaje de los que creen que seguirá igual es algo menor que el de Galicia, un 43,5%, y finalmente un 29,8% de los encuestados creen que la situación irá a peor.

Agradecemos la participación a esos lectores que han aportado su opinión. El lunes volveremos con una nueva encuesta, os esperamos.

Enlaces externos | Resultados elecciones Galicia 2012; Resultados elecciones País Vasco 2012

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Este fin de semana se han celebrado elecciones en Galicia y el País Vasco, con los resultados que ya conoceréis, esta semana os queremos preguntar sobre las consecuencias que estos resultados pueden tener en la política económica, tanto del conjunto del Estado como de cada comunidad.

Enlaces externos | Resultados elecciones Galicia 2012; Resultados elecciones País Vasco 2012

Han tenido suerte las Diputaciones Forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. La noticia se ha conocido en pleno verano, con la gente, incluyendo los gestores, pensando en la playita. El Correo titula: Las Diputaciones exigen a 300 empresas que devuelvan las ayudas prohibidas por la UE. La noticia es especialmente grave, aunque muchos la veían venir. Es grave en lo cuantitativo, hablamos de una cantidad superior a los 1.800 millones de euros, que afecta a 300 empresas vascas, y a algunas de ellas en cuantías superiores a los 100 millones de euros. Y es grave en lo cualitativo, pues como he señalado en alguna ocasión, es un golpe más en la credibilidad de nuestro sistema institucional.

Los hechos son los siguientes. Las Diputaciones Forales son los auténticos sujetos fiscales en el País Vasco. La competencia fiscal es suya, y no del Gobierno Vasco, existiendo por tanto tres Haciendas, con su propia legislación, gestión e inspección, aunque suelen actuar coordinadas. Entre los años 93(con una aguda crisis económica en España en general, y en el País Vasco en particular) y 99 las Diputaciones aprobaron una serie de medidas fiscales que favorecían a las empresas radicadas en el País Vasco. Buscaban estimular la inversión generadora de empleo, así como atraer nuevas iniciativas empresariales.

En el 99 la Comisión Europea comenzó a investigar estas ayudas, pues se consideraba que vulneraban la libre competencia, suponiendo un caso claro de ayuda estatal prohibida. Las autoridades vascas se negaron a colaborar en el expediente, e involucraron en su defensa al Gobierno español (curiosa paradoja, no podrán quejarse de que Madrid no les ayudó), que es el que finalmente ha sido demandado y condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea, apoyada por la sentencia, exige saber que empresas son las que recibieron las ayudas, y que devuelvan ese dinero. Es increíble. Las empresas, y los ciudadanos, debemos confiar en nuestros representantes y en la Administración de la que nos hemos dotado. Y tras confiar en ellos, y actuar conforme a la legalidad, muchas empresas van a sufrir un evidente daño. Está claro que muchas de ellas van a emprender acciones judiciales contra estas instituciones. Espero que ganen. Y que la Administración tenga que devolver, en concepto de daños y perjuicios lo que cobre como devolución de las subvenciones. Pero es evidente que, en esa fricción jurídica, todos perderemos, existirán costes judiciales, de financiación, etc...Que nunca llegarán a ser cubiertos. Es hora de que alguien se plantee la posibilidad de exigir en estos casos la responsabilidad económica personal de los políticos y de los partidos que causan estos episodios de desvergüenza.

Y yo me pregunto: ¿Quién volverá a confiar en el marco fiscal del País Vasco, y por extensión del del resto de España?