El gran apagón eléctrico que el pasado 28 de abril dejó sin suministro a millones de personas en la Península Ibérica ha abierto una disputa a tres bandas entre los tres grandes actores del sistema energético español: el Gobierno, Red Eléctrica y las compañías eléctricas.

Cada uno ha publicado su propio informe. Y lejos de aportar claridad, lo que ha surgido es un cruce de acusaciones que evidencia más un juego de culpas que una voluntad real de resolver las fallas estructurales que permitieron el incidente. Y de momento, otra vez, los ciudadanos con más dudas que certezas.

A medida que han salido a la luz los distintos informes y comparecencias, se ha hecho evidente que estamos inmersos en un blame game. Nadie asume una responsabilidad completa y todos se defienden señalando a los otros como los verdaderos culpables. En este escenario, la resolución de los problemas parece menos prioritaria que salir bien parado en el relato de los hechos.

El Gobierno apunta a Red Eléctrica

El Ministerio para la Transición Ecológica ha sido el primero en mover ficha. Su informe sobre el apagón del 28A concluye que el origen del incidente fue una reacción en cadena causada por una serie de sobretensiones mal gestionadas por Red Eléctrica.

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Según el documento, el operador de la red actuó con una programación insuficiente y no corrigió a tiempo la baja capacidad de control de tensión que presentaba el sistema ese día.

Además, el Gobierno subraya que Red Eléctrica cometió el error de seguir ciertos protocolos que, en vez de estabilizar la red, la descompensaron aún más.Las decisiones técnicas de ese día, como reconectar líneas de 400 kV o reducir las exportaciones, contribuyeron a agravar la situación. En este relato, Red Eléctrica queda como el actor que no supo anticiparse ni responder adecuadamente a una red ya frágil.

El blame game se intensifica porque, si bien el Ejecutivo reparte culpas entre todos los agentes implicados, en sus declaraciones públicas ha sido especialmente crítico con la gestión de Red Eléctrica, a quien acusa de no haber sustituido un grupo térmico en el sur que estaba fuera de servicio desde el día anterior y que resultó ser clave en la caída del sistema.

Red Eléctrica se defiende y señala a las eléctricas

La respuesta de Red Eléctrica no se ha hecho esperar. En su propio informe, la empresa rechaza la idea de una planificación deficiente y redirige la culpa hacia las compañías eléctricas, a las que acusa de no cumplir con su obligación legal de regular la tensión. Según su análisis, si las plantas hubieran actuado correctamente, no se habría producido el colapso.

Desde Red Eléctrica argumentan que el plan operativo previsto para ese día era el adecuado, siempre y cuando los grupos de generación hubiesen actuado conforme a la normativa. A su juicio, fueron estas centrales las que fallaron al no absorber la energía reactiva necesaria para estabilizar la red, incumpliendo los compromisos técnicos por los que además reciben una retribución.

Red Eléctrica incluso ha acusado a las eléctricas de dificultar la investigación al no proporcionar datos técnicos completos o hacerlo con información de calidad insuficiente, lo que ha generado aún más tensión en un clima ya caldeado.

Las eléctricas niegan errores y denuncian opacidad

Por su parte, las grandes eléctricas —Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP— rechazan de forma tajante cualquier responsabilidad en el apagón. Argumentan que sus sistemas funcionaron tal como establece el reglamento eléctrico y que las desconexiones que se produjeron fueron automáticas y necesarias para proteger sus equipos ante una red que ya se encontraba en estado crítico.

No solo eso, sino que acusan tanto al Gobierno como a Red Eléctrica de falta de transparencia y de lanzar acusaciones públicas infundadas que solo entorpecen el análisis técnico. Según ellas, avisaron con antelación de los problemas de tensión que estaban detectando y que sus advertencias no fueron tomadas en serio.

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El blame game al que nos referimos, alcanza aquí un punto álgido: las eléctricas no solo se defienden, sino que devuelven la pelota, acusando al operador de actuar como juez y parte. Cuestionan que el informe de Red Eléctrica ignore los eventos ocurridos antes de las 12:03 del 28 de abril, cuando ya había señales de inestabilidad. Para las compañías, se está intentando reescribir lo ocurrido con fines políticos y mediáticos.

Pero fue un fallo múltiple de gestión

Más allá de los informes y las declaraciones, lo que se desprende de esta crisis es que el apagón fue resultado de una cadena de errores en todos los niveles. Había capacidad para evitar el cero eléctrico, pero la gestión fue deficiente.

Las plantas generadoras no respondieron como debían, Red Eléctrica no se anticipó ni supo reaccionar, y el Gobierno, además de señalar, también carga con su parte de responsabilidad por no haber reforzado los mecanismos de supervisión y control técnico del sistema.

Un cruce de “yo no tengo la culpa”, que no solo impide esclarecer las causas con transparencia, sino que además diluye el foco sobre las medidas urgentes que deberían implementarse.

Y es que el apagón del 28A puso de manifiesto que el sistema eléctrico español tiene puntos débiles que no pueden seguir ignorándose. Si pudiera volver a pasar, ¿cómo evitarlo si las tres partes siguen culpándose unas a las otras?

El gran apagón tuvo consecuencias. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) calculó un impacto de 1.600 millones de euros, equivalente al 0,1% del PIB. Aunque otros análisis elevaron las cifras hasta los 4.500 millones. También murió gente. Pero nadie asume la culpa. Todos se la echan unos a otros.

Los expertos son claros; nadie asume de verdad el liderazgo en solucionar estos problemas, por lo que el próximo apagón podría no tardar en llegar.

Imágenes | Pixabay, Instagram

Últimamente se está hablando de nacionalizar las empresas eléctricas debido a la abultada factura de la luz que estamos soportando. En parte los precios están altos por la reforma de la misma, que entró en vigor el 1 de junio, y por los precios actuales del mercado mayorista (que principalmente tiene que ver con los derechos de emisiones). Sin embargo como hemos visto recientemente, nacionalizar la generación (la parte libre del sector) no tiene mucho sentido.

Sin embargo hay una parte del sector que es un monopolio y es privado y eso no tiene mucho sentido. Los motivos son históricos pero lo cierto es que los monopolios, en general, no tienen motivos para mejorar el servicio, ya que no hay competencia, y no hay incentivos a realizar inversiones necesarias en la red.

La historia de por qué tenemos monopolios privados

En el mercado eléctrico hay dos partes que son monopolios naturales: el transporte y la distribución. El transporte son las líneas de alta tensión que van desde las centrales eléctricas hasta las zonas donde se consume la electricidad. La distribución son las líneas de media y baja tensión que realizan la capilaridad necesaria para llegar a los hogares y empresas.

El transporte está en manos de Red Eléctrica, que fue una empresa creada en 1985 con contribución de eléctricas públicas (Endesa y ENHER) y otras privadas (Iberduero, Hidroeléctrica Española, FECSA y Unión Fenosa, entre otras) debido a que hasta entonces no había un transporte centralizado.

Después de una salida a bolsa y reducción del capital público, el Estado sigue siendo el accionista de referencia, con un 20% del capital. Así, normalmente es el Estado quien nombra el director general y más o menos se puede decir que es una empresa pública, aunque necesitó de capital privado para lograr adquirir todos los activos necesarios para realizar el transporte en España. Cotiza en bolsa y por tanto necesita presentar beneficios para sus accionistas.

Por otro lado la red de distribución en España está en manos privadas. Son monopolios naturales divididos por zonas. Hay cinco distribuidoras principales en España: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo. Hay mapas que indican cómo se reparten geográficamente España.

Estas empresas distribuidoras históricamente eran también generadoras y comercializadoras, porque así creció el mercado eléctrico. Aunque la liberalización de 1997 fomentó la separación de la generación, distribución y comercialización lo cierto es que las empresas distribuidoras pertenecen a grupos que también se dedican a las otras tareas.

Infraestructuras públicas

Lo cierto es que tanto en la generación como en la comercialización puede haber competencia, pero en el transporte y la distribución no, ya que son monopolios naturales. Cualquier cliente eléctrico en España puede elegir la comercializadora y consumirá energía eléctrica de los generadores más competitivos en precio, pero obligatoriamente tendrá que pasar por la distribuidora de su zona y usará la infraestructura de Red Eléctrica.

Normalmente cuando hay una infraestructura que es un monopolio, esta suele ser pública. Si es privada tiene que estar fuertemente regulada ya que la tendencia natural, los incentivos de la empresa, es a elevar los precios.

Si miramos la otro tipo de monopolios históricos vemos que el modelo más adecuado es mantener la infraestructura en manos públicas y liberalizar las partes en las que puede haber competencia. Por ejemplo en el modelo ferroviario español se decidió separa la infraestructura (Adif) de la gestión de los trenes (Renfe) y ahora estamos en proceso de liberalización del servicio, pero la infraestructura sigue siendo pública.

Un caso más análogo al de la electricidad es el de las telecomunicaciones. Cuando se privatizó Telefónica se decidió dejar la infraestructura en manos privadas, al contrario que otros países como el Reino Unido (que partió la infraestructura y el servicio).

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Lo que en principio fue una decisión discutible (ya que se le impuso una fuerte regulación a Telefónica que siempre generó fricciones con sus competidores y el acceso a su red) ha derivado en una situación interesante, ya que en la actualidad se han desplegado múltiples redes privadas: resulta que lo que en los 90 era un monopolio natural ahora ya no lo es. ¿Puede pasar con la electricidad? En principio no, ya que no hay nuevas tecnologías disruptivas de distribución y transporte como así ha sucedido en las telecomunicaciones.

Los costes regulados

La situación que tenemos es que tanto en transporte como la distribución tiene un impacto importante en la factura eléctrica. La CNMC estudia los costes y aplica unos cargos en la factura eléctrica para compensar este servicio.

Sin embargo este cálculo de costes siempre es polémico. En Red Eléctrica y las distribuidoras siempre existe el incentivo para inflar los costes y existirá una tensión constante con el regulador. El 20% de la factura eléctrica es para cubrir los costes de transporte y distribución.

El sentido de la nacionalización

En un mercado como el eléctrico no parece muy lógico que tengamos empresas privadas gestionando monopolios naturales y con unos ingresos fijados por un regulador. Es cierto que en el caso de Red Eléctrica el Estado es el accionista de referencia, pero podría haber una OPA y quedar en manos de otro accionista que tenga unas intenciones distintas (maximizar beneficios) afectando a la calidad del servicio.

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Pero ese no es motivo suficiente para una nacionalización. ¿Cuál es, entonces? La transición energética. En el futuro la red va a cambiar mucho. De tener grandes generadores vamos a una situación donde va a haber muchos pequeños generadores (placas solares y vehículos eléctricos que de vez en cuando vierten a la red). Y las distribuidoras tienen intereses contrapuestos. Por un lado tienen que hacer lo que el regulador les diga, pero siendo además generadores no les interesa este nuevo esquema del mercado y pondrán trabas burocráticas para estos cambios (de hecho ya lo hacen).

La Fundación de Renovables ya habla abiertamente de una nacionalización de las redes para facilitar el escenario de una generación distribuida. También hablan de abaratar la factura, ese 20% que representa 7.000 millones de euros al año. Yo soy más escéptico en cuanto al abaratamiento de la factura, dudo mucho que las redes en manos 100% públicas se logren reducir los costes.

El coste de la oportunidad

Pero por supuesto cualquier movimiento en este sentido tiene que evaluarse en un contexto de dinero no infinito. Nacionalizar el transporte y la distribución tendría un coste que podría rondar los 70-80.000 millones de euros.

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¿Podemos permitirnos pagar eso? La razón por la que las redes están en manos privadas es precisamente que en su día no se quería pagar los costes que implicaba la nacionalización y se optó por una red de transporte semi-pública y dejar la distribución en manos privadas.

Sinceramente, una nacionalización es complicada. En un mundo ideal estas dos redes deberían ser públicas, pero tengo dudas de si merece la pena. Puede que la transición energética sea más lenta con trabas burocráticas, pero España está en un momento en el que asumir dichos costes tendría un coste de oportunidad importante.

Es una pena que en los últimos 15 años y por una gestión nefasta del recibo eléctrico nos hayamos gastado más de 100.000 millones de euros entre el déficit de tarifa y un sistema prima de renovables nefasto. Este dinero hubiera sido mejor empleado en nacionalizar las redes y sin embargo estamos como estamos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto disminuir los peajes eléctricos del transporte y distribución, para el consumidor doméstico un 6,8 por ciento y para las empresas y la industria un 13,4 por ciento, entre los años 2020 al 2025.

Los peajes de la electricidad supone alrededor del 32 por ciento de coste del recibo de la luz en España y la propuesta de la CNMC prevé disminuirlos entorno al 25 por ciento, por lo que la repercusión que tendrá en el coste del recibo de la luz va a ser entorno del 3 por ciento, y el doble para las empresas industriales.

Nos podemos preguntar: ¿Cómo va a afectar al bolsillo de los consumidores que la CNMC quiera bajar los peajes eléctricos de las empresas distribuidoras?

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La CNMC propone reducir el coste para potenciar el uso de los vehículos eléctricos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es un organismo independiente encargado de establecer el reparto de los costes entre los consumidores en función del Real Decreto-Ley 1/2019 que establece las competencias para regular el sector eléctrico.

Los peajes de la electricidad en España corresponde al pago que realizan los consumidores para cubrir los costes que las eléctricas realizan por la actividad del transporte y la distribución a los hogares o a las empresas.

El pago que reciben las empresas del sector eléctrico es de más de 7 mil millones de euros anuales, cantidad que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto disminuir un 7 por ciento a partir del 2021.

La propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone disminuir que el coste de las redes entre consumidores realizándose en función de la energía y la potencias que se este consumiendo y, por tanto, se plantea ampliar el horario y, por tanto, que la energía sea más barata en las horas valle para facilitar el uso de los vehículos eléctricos.

La CNMC establece un cambio en los tramos horarios y en el cálculo anual de los peajes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) establece una metodología para realizar el cálculo anual de los peajes de la electricidad y el reparto entre los diferencias tipos de consumidores.

Es decir, se va a distribuir entre los consumidores y los autoconsumidores por la energía que se demande en la red y por la energía autoconsumidores en el caso de instalaciones que estén cercanas, y las instalaciones de generación de consumo propio y de intercambio de energía eléctrica que se realice con destino a países que no sean miembros de la Unión Europea.

A la hora de establecer la ampliación de la discriminación horario, se establece que los consumidores podrán saber con una mayor exactitud los precios para establecer un consumo más eficiente y, por tanto, un uso mucho más eficiente de las redes evitando así inversiones innecesarias.

Es decir, los tramos horarios establecidos, hasta ahora, se ha tenido en cuenta la demanda, con el fin de proporcionar información correcta sobre los precios a los usuarios a la hora del impacto de los costes en la redes eléctricas.

En este caso, se establece un diseño de tramos horarios que contribuya a que los usuarios utilicen los vehículos eléctricos y los usos finales de electrificación de la energía.

El objetivo de la CNMC es establecer un sistema más transparente para saber como se establecen los peajes y como se les pagan a las empresas que transportan la electricidad

El objetivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es que los usuarios conozcan de una forma mucho más transparente como se establecen los peajes del transporte de electricidad en España, el reparto que se realiza entre los diferentes usuarios y cuánto de este coste se paga en la factura de la electricidad.

Para esto se ha establecido el sistema del principio de causalidad de los costes de las redes eléctricas, de forma que el peaje se calcula a través de los factores que inducen al coste y, más concretamente, a la demanda de diseño de cada nivel de tensión.

Esta propuesta, que se complementa con otra propuesta de valores unitarios de referencia para las empresas que realizan el transporte de la electricidad en España para realizar el cálculo de la retribución, se añade a las medidas de regulación del mercado que tienen que entrar en vigor en 2020.

La CNMC establece recortes para la distribución del gas y para la distribución del gas y la electricidad de forma conjunta

La disposición final del Real Decreto-Ley 1/2019 establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobará antes de 1 de enero del 2020 las circulares normativas con las metodologías para el cálculo de los cánones y peajes de acceso a las redes, así como las retribuciones afectados a las actividades reguladas de los sectores de la electricidad y el gas.

Las circulares se han convertido en un factor de discrepancia con las empresas, que han aumentado sus propuestas sobre el recorte propuesto del 7 por ciento que se plantea en la retribución por la distribución de la electricidad en España.

Este recorte se aumenta hasta el 17,8 por ciento en el caso de los distribuidores del sector del gas. La metodología que se propone del cálculo de la retribución del transporte y distribución de los transportes conjuntos de electricidad y gas se establece un recorte de 8,2 y el 21,8 por ciento, respectivamente.

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Imagen | Flickr

Hace unos días, la producción de energía en España superó los 200.000 megavatios hora (MW/h), generando 24% de toda la energía generada, llegando a un record histórico.

Liderado por Iberdrola Renovables, que con sus 63.300 MWh, que equivale al 30,2% del total, confirma, una vez más, el liderazgo de España en estas energías alternativas y el liderazgo de las empresas españolas, tanto en España como fuera.

El camino seguido es muy bueno y España por lo menos está en camino de cumplir con sus obligaciones internacionales.

Vía | El Boletín En El Blog Salmón | España lidera en crecimiento de energía eólica y España es verde fuera también Más información | Nota de Prensa de Red Eléctrica de España