Nacionalizar no serviría: esto es lo que influyen las empresas eléctricas en la factura de la luz

Nacionalizar no serviría: esto es lo que influyen las empresas eléctricas en  la factura de la luz
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La factura eléctrica en España nunca ha dejado de ser un problema. Muchos se han visto alarmados por la nueva composición de la factura eléctrica que ha entrado en vigor. Han entrado en vigor determinados cambios por discriminación horaria que repercuten a todos los consumidores domésticos con potencia contratada igual o inferior a 15 Kw/h. Independientemente si se trata del mercado libre o regulado.

El objetivo de estas medidas es que el consumidor termine desplazando los hábitos de consumo debido a que en las horas valle el precio de la energía es un 95% inferior al precio en las horas punta y en las horas llano, un 69% inferior. Si los consumos se encuentran situadas en la hora punta tocará pagar más.

Ante estos cambios, muchos apuntan a las "malvadas empresas privadas energéticas con grandes beneficios", las "puertas giratorias" y un sinfín de chivos expiatorios para tratar de simplificar la realidad de un mercado en el que en la influencia de las decisiones privadas brilla por su ausencia.

Las opiniones más extremas, incluso, ponen el acento en la nacionalización de las energéticas, como si se tratara de una decisión política más sin costes asociados. Por ello, en primer lugar, vamos a tratar sobre la influencia de la regulación energética en los costes y su incidencia en el precio final y, seguidamente, qué el impacto de un proceso de nacionalización.

Los costes regulados suponen el 72% de la factura

Para entender la factura eléctrica podemos extendernos en diferentes conceptos: el coste de la energía, los costes regulados que vienen determinados por la tarifa de acceso, el margen para la comercializadora por los servicios prestados, el alquiler del equipo de medida y los impuestos aplicados.

Enrergia

En primer lugar, tenemos el coste de la energía que consumimos (27,7% de la factura). Este depende del precio que se fija en el mercado. El precio del mercado se determina para cada una de las horas del año a partir de las ofertas de venta de las empresas productoras de energía y las ofertas de compra de las empresas comercializadoras y consumidores.

A pesar de que la infografía nos marque "precio libre", cuando se hace referencia al coste de la energía en el mercado diario y el coste de los servicios de ajuste, no es del todo así.

Energiaaaa

Por ejemplo, los derechos de emisión han sido promulgados desde Europa para tratar de reducir los gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones contempladas en el régimen. El límite va bajando a lo largo del tiempo para hacer que disminuyan las emisiones totales y en consecuencia, su precio en el mercado no ha parado de subir. Sí se negocian en el mercado, pero es el regulador quién las oferta y su reducción provoca el auge de las cotizaciones de estos derechos.

En el coste de la energía ya se empieza a incorporar algunos costes regulados:

  • Pagos por capacidad: Aquí encontramos el coste regulado cuyo objetivo es que exista un exceso de capacidad de producción de energía de la que realmente se necesita, con objeto de asegurar el suministro de electricidad a los consumidores.

  • Operador del sistema: es la retribución del agente responsable de la gestión técnica del mercado, Red Eléctrica. Es el encargado de garantizar la coincidencia de la producción de energía y el consumo en tiempo real.

  • Operador del mercado: es el agente responsable de la gestión económica del mercado, Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE). Su principal tarea se resume en casar las ofertas de venta y compra de energía y determinar el precio de la energía en cada hora del día.

En segundo lugar, tenemos los peajes del sistema. Aquí nos encontramos con los costes de las redes de transporte y distribución (20,5% de la factura): incluye los peajes a las empresas que construyen las líneas para transportar la energía desde las centrales de producción hasta los puntos de consumo. A pesar de que sea un coste necesario para hacer llegar la electricidad a los hogares, se trata de un coste regulado porque viene determinado por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

En tercer lugar, aparecen los Cargos (30,4% de la factura) que vienen dirigidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

  • Costes asociados al fomento de energías renovable es una retribución adicional a la que obtienen del mercado para incentivar la implantación de centrales de generación de energía renovable.

  • Diferencial del coste de producción en los territorios no peninsulares. Debido al mayor coste de territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, el territorio peninsular compensa ese sobrecoste.

  • Anualidades para recuperar el déficit de ejercicios anteriores, motivado por la insuficiencia de los ingresos para cubrir los costes reconocidos.

  • Pago a la CNMC que es el organismo responsable de establecer la retribución de las actividades de redes, los peajes de transporte y distribución y de supervisar el buen funcionamiento del mercado.

  • Alquiler del equipo a medida: Los contadores eléctricos que miden el consumo son propiedad de la empresa distribuidora y su alquiler supone un gasto en la factura eléctrica que viene determinada por el Gobierno.

Y en último lugar tenemos los impuestos* (21,4% de la factura). Aquí nos encontramos con el tipo general del 21%. En términos medios, en la UE este impuesto es del 18% y países como Portugal ha decidido que a la electricidad se le cargue un 6% de IVA. A ello sumemos el Impuesto Eléctrico que representa el 5.1127%, y se aplica tanto en el término de potencia como en el de consumo de la factura de la luz.

En resumen, el poder político determina directamente el 72,3% de la factura eléctrica a través de peajes, cargos e impuestos y ostenta una eleva influencia en los costes de la energía que determinan el precio de mercado.

Asumir el coste de la nacionalización

A pesar del gran peso del regulador sobre la determinación de la factura eléctrica, ideológicamente muchos pueden pensar que las eléctricas, por razones de sector estratégico, deberían estar en manos del poder político en forma de empresas públicas.

A principios del año el Gobierno descartó esta opción, aunque Unidas Podemos que participa en la coalición sea favorable a la fórmula de nacionalizaciones. Y, hace un lustro, Izquierda Unida propuso la entrada en el 20% del capital de las empresas eléctricas del país.

Hay que tener en cuenta que toda nacionalización supone un coste. Hoy, las tres grandes eléctricas suman una capitalización bursátil por encima de los 100.000 millones de euros: Endesa (23.000 millones), Iberdrola de (68.000 millones) y Naturgy (21.000 millones).

Ya es lo suficientemente complicada la situación de las cuentas públicas para que el Gobierno de España se quiera embarcar en una aventura de nacionalizaciones en el sector energético.

Una política para movilizar recursos vía deuda (que hay que reducirla y no aumentarla) que terminaría generando una estructura de monopolio con precios regulados para influir sobre el 27,7% de la factura restante pero, de tal manera, que los precios regulados no comportaran pérdidas para la sociedad que deberían financiar los contribuyentes y que las inversiones a realizar para el mix energético deseado irían a cargo del contribuyente.

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