Si anteriormente indicamos que los autónomos iban a ser la víctima potencial por parte de la propuesta del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para tratar de incrementar las cotizaciones sociales y potenciar los ingresos, en el punto de mira del gasto tenemos las prejubilaciones.
Dentro de la reforma pretendida, el objetivo no es otro que alinear la edad efectiva y la edad ordinaria de jubilación. Para ello se buscará nuevos incentivos a la jubilación demorada, la modificación de la jubilación parcial, la reforma de las cláusulas convencionales de jubilación forzosa y, el tema a tratar, la modificación de los coeficientes de la jubilación anticipada. Todas las medidas están enfocadas a paliar el déficit de nuestro sistema de pensiones.
Las explicaciones del ministro Escrivá son que se pretende "incentivar la permanencia en el empleo y eliminar los elementos regresivos que tiene el sistema actual". Sin embargo, lo que es obvio es que al dilatar el pago de una pensión se trata de un recorte, especialmente si se dilata el pago de las pensiones más cuantiosas. Un recorte que buscaría ayudar a reducir el déficit previsto de la Seguridad Social estimado en 1,3% del PIB para el año en curso.
En concreto, la propuesta redactada pretende modificar los coeficientes reductores de la pensión. Este se aplica para penalizar el acceso anticipado a la prestación por jubilación porque el trabajador va a recibir la prestación durante más tiempo que si hubiese accedido a la jubilación ordinaria.
En primer lugar, nuestro sistema de jubilaciones anticipadas está diseñado en cuatro categorías y un sistema trimestral de coeficientes reductores que afectan a nuestra pensión. En términos generales y según los años cotizados, si nos queremos jubilar un año antes de la edad legal tenemos un coeficiente y si queremos dos años antes este coeficiente es el doble.
- Menos de 38 años y 6 meses cotizados: A un año coeficiente del 8% a dos años del 16%.
- Más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses: A un año coeficiente del 7,5% a dos años del 15%.
- Más de 41 años y 6 meses cotizados y menos de 44 años y 6 meses: A un año coeficiente del 7% a dos años del 14%.
- Más de 44 años y medio cotizados: A un año coeficiente del 6,5% a dos años del 13%.
Al mismo tiempo, tal y como está diseñado el sistema actualmente, la pensión máxima está topada por ley, lo que se traduce en que los porcentajes correspondientes a la base reguladora reflejan un resultado superior a la pensión máxima, la pensión quedará limitada a esta cuantía. Con ello, sucede que la pensión máxima quedaría reducida en un 0,50% por cada trimestre de anticipación con un máximo del 4% en los dos años.
Con la modificación de esta reforma se verían perjudicados aquellos que entren en una prejubilación a una edad más temprana (hasta los cinco meses se incrementan los coeficientes) o más cercana a la jubilación legal y los que accedan a las pensiones más altas. En estos casos los coeficientes se incrementan.
- Menos de 38 años y 6 meses cotizados: A un año coeficiente del 5,50% (-2,5 pp) a dos años del 21% (+4 pp).
- Más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses: A un año coeficiente del 5,25% (-2,25 pp) a dos años del 19% (+4 pp).
- Más de 41 años y 6 meses cotizados y menos de 44 años y 6 meses: A un año coeficiente del 4,44% (-2,56 pp) a dos años del 17% (+3 pp).
- Más de 44 años y medio cotizados: A un año coeficiente del 4,75% (-1,75 pp) a dos años del 13% (+0 pp).
Con las máximas sucede algo muy interesante, si el trabajador estaba sujeto a una base de 4.070 euros y se prejubilaba dos años antes, recibía un 4% menos que la pensión máxima (2.707,49 euros), es decir 2.599,19 euros. Ahora apliquemos el 19% para los trabajadores con más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses... La pensión sería de 2.193,06 euros. La reforma ha evaporado 514,43 euros de un plumazo.
La razón que hay detrás de retrasar el pago de las pensiones altas es que, actualmente, se jubilan de manera anticipada aquellos con pensiones mayores, lo que tiende a ser predominante en las rentas más altas. Un dato a tener en cuenta es que el 33% de las jubilaciones anticipadas voluntarias con pensiones superiores a 2.100 euros. Por lo tanto, hay un amplio segmento de pensionistas que el Estado prefiere, especialmente, que trabajen y no detraigan recursos de la Seguridad Social.
La idea es que la equiparación de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria para las pensiones teóricamente por encima de las máximas se hará de forma progresiva y en un periodo de seis años para no perjudicar las decisiones de quienes están en los últimos años de su vida laboral.
Jubilarse es negativo para las arcas públicas. Por ello y para incentivar la permanencia en el mercado laboral también se apuesta por la vía de trabajar más allá del momento de jubilarse. Y en ese punto la reforma se encamina a tres incentivos a elegir para retrasar la jubilación:
Porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora.
Un pago único (de hasta casi 11.000 euros por año de demora para las carreras inferiores a los 44 años y medio y mayor para carreras que superen esa extensión).
Combinación opciones anteriores.