Durante años, muchos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital han tenido una duda muy concreta: si acepto un trabajo, hago más horas o mejoro mis ingresos, ¿me recortan la prestación? La pregunta no es menor. En España, cerca de 830.000 hogares cobran esta ayuda, y cualquier cambio en su cálculo puede afectar directamente a la renta disponible de familias en situación vulnerable.

La clave está en el Real Decreto 240/2026, que entró en vigor el 27 de marzo de 2026 y reforma la compatibilidad del IMV con las rentas del trabajo o de una actividad económica por cuenta propia. Según recoge NoticiasTrabajo, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social especializado en pensiones y prestaciones, ha explicado en un vídeo que el nuevo mecanismo busca que trabajar no implique una pérdida automática e inmediata de la ayuda.

El cambio: una parte del nuevo salario no cuenta para calcular el IMV

La idea de fondo es sencilla, aunque el sistema anterior no lo fuera tanto. La Ley 19/2021 ya contemplaba que el Ingreso Mínimo Vital pudiera ser compatible con el empleo. El problema es que el desarrollo reglamentario posterior, el Real Decreto 789/2022, acabó generando un mecanismo difícil de entender para los propios beneficiarios.

El Gobierno reconoce ahora que aquella fórmula, después de más de tres años de aplicación, tenía un problema práctico: si una persona no entiende bien cuánto puede ganar sin perder la prestación, es más fácil que tema aceptar un empleo o mejorar sus condiciones.

Muñoz lo resume así: “El incentivo al empleo persigue motivar a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital para que se incorporen al mercado laboral o mejoren sus condiciones, es decir, para que puedan obtener ingresos provenientes del trabajo sin que supongan la pérdida automática e inmediata de la prestación”.

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Con la reforma, el sistema introduce un importe exento. Es decir, una parte de los ingresos procedentes del trabajo no se tiene en cuenta al revisar la cuantía del IMV. El cálculo se hace comparando lo que la persona beneficiaria o la unidad de convivencia ganó en un ejercicio fiscal con lo que había ganado el año anterior. Sobre ese incremento se aplica un porcentaje de exención.

Hasta 6.000 euros más al año sin perder ni un euro de ayuda

El punto central está en el umbral de 6.000 euros anuales. Si el incremento de rentas del trabajo o de actividad económica es igual o inferior a 6.000 euros, queda excluido del cómputo el 100% de ese aumento.

En palabras de Muñoz: “En el caso de que ese incremento de renta sea inferior o igual a 6.000 euros, se excluirá del cómputo de rentas el 100% de ese incremento”.

En la práctica, esto significa que una persona que cobra el Ingreso Mínimo Vital y empieza a trabajar no verá reducida su prestación por ese nuevo ingreso mientras el aumento anual no supere esos 6.000 euros.

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Pero la reforma no se detiene ahí. Si el incremento supera los 6.000 euros, los primeros 6.000 euros siguen exentos al 100%. A partir de ahí, el exceso queda exento al 50%. Y hay una mejora adicional para las unidades de convivencia con complemento por discapacidad o monoparentalidad: en esos casos, la exención sobre la parte que supere los 6.000 euros sube al 55%.

En otras palabras: trabajar más sí puede acabar reduciendo parte del IMV si el aumento de ingresos es elevado, pero ya no funciona como un corte automático. El sistema intenta que el salto al empleo no penalice de golpe.

Dos ejemplos para entenderlo mejor

El primer ejemplo que plantea Alfonso Muñoz es el de una unidad familiar cuyos ingresos pasan de 6.500 euros anuales a 10.000 euros anuales. El incremento es de 3.500 euros. Como está por debajo del umbral de 6.000 euros, queda exento al 100%.

La lectura es clara: ese primer salto de ingresos no reduce la prestación. El IMV sigue funcionando como colchón mientras la familia mejora su situación laboral.

El segundo caso permite ver qué ocurre cuando el aumento supera el umbral. Una familia pasa de 8.000 euros a 16.000 euros anuales. El incremento es de 8.000 euros. Los primeros 6.000 euros quedan exentos por completo. De los 2.000 euros restantes, se excluye el 50%, es decir, otros 1.000 euros.

Resultado: de los 8.000 euros de incremento, 7.000 euros no se tienen en cuenta para calcular el IMV. Solo 1.000 euros computan a efectos de revisión de la prestación.

También cambia la relación entre el IMV y las políticas de empleo

El Real Decreto 240/2026 incorpora además una nueva disposición que conecta el Ingreso Mínimo Vital con las políticas activas de empleo. Las personas beneficiarias quedarán comprendidas en los programas de los servicios públicos de empleo del Estado y de las comunidades autónomas.

Esto implica que el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno deberá incluir programas específicos para este colectivo. También se prevén protocolos de coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales, una pieza importante porque el IMV no es solo una ayuda económica: pretende funcionar como una vía de inclusión social y laboral.

La norma introduce otro matiz relevante: excluye del cómputo de ingresos el subsidio no contributivo por desempleo cuando estuviera extinguido en la fecha de solicitud del Ingreso Mínimo Vital. Es un ajuste técnico, pero importante para quienes encadenan prestaciones y pueden verse penalizados por ingresos que ya no cobran.

La prueba real llegará con la revisión del primer año

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a revisar la eficacia del nuevo incentivo cuando se consoliden los datos del primer ejercicio de aplicación. Esa evaluación será elevada a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

La gran pregunta es si este diseño será suficiente para reducir el miedo a aceptar trabajos de baja remuneración, parciales o inestables. Porque el objetivo declarado no es solo hacer compatible el IMV con el empleo, sino evitar que la prestación se convierta en una trampa burocrática para quienes intentan salir de ella.

Muñoz lo plantea así: “Trabajar no reduce automáticamente la prestación, sino que la puede complementar. El sistema permite el esfuerzo y la progresividad laboral y mejora la seguridad jurídica del beneficiario”. Y añade: “Y sobre todo, se refuerza el objetivo principal del Ingreso Mínimo Vital, que es la inclusión social a través del empleo”.

La reforma, por tanto, no convierte el IMV en una ayuda ilimitada ni elimina todos los controles. Pero sí cambia el incentivo económico: el primer tramo de mejora laboral queda protegido. Y eso puede marcar la diferencia entre aceptar un empleo o rechazarlo por miedo a perder la prestación.

Imagen: Alfonso Muñoz Cuenca, en YouTube

España nunca había tenido tantos mayores de 50 años cobrando un subsidio por desempleo. Según datos de la Fundación Adecco, más de 545.000 personas en esa franja de edad dependen actualmente de esta ayuda.

En total, representan el 70 % de todos los beneficiarios del subsidio por desempleo en España, de acuerdo con las cifras del SEPE, lo que apunta a que es la primera vez que una generación está tan expuesta a la pobreza y la exclusión del mercado laboral: "Estamos ante una brecha generacional de la que apenas se habla: el desempleo sénior crónico", resume el informe de Adecco.

Un récord silencioso

El dato refleja un cambio profundo en el perfil del desempleo. Tradicionalmente, los subsidios de paro estaban vinculados a jóvenes con escasa cotización o a parados de larga duración. Hoy, sin embargo, los mayores de 55 y 60 años son el grupo que más crece en número de perceptores.

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"Es una forma silenciosa de precariedad que no afecta solo a los jóvenes". El informe apunta, además, que en el último año ha habido un incremento de un 3,4 % respecto al año anterior (y un 9 % frente a hace cinco años): una cifra que evidencia que el desempleo a esas edades no es coyuntural, sino estructural.

En palabras de los expertos, estos trabajadores suelen haber agotado la prestación contributiva y dependen del subsidio asistencial —de unos 480 euros al mes—. En muchos casos, el cobro de esta ayuda se prolonga hasta la edad de jubilación y se conoce de forma coloquial como "jubilación encubierta", un limbo en el que miles de personas quedan fuera del mercado sin dejar oficialmente de ser parte de él.

El boomer desempleado suele tener entre 60 y 65 años, una larga carrera laboral a sus espaldas, pero también dificultades crecientes para reincorporarse al mercado laboral. Según El Economista, los mayores de 60 años concentran ya más del 34 % de todos los subsidios.

En muchos casos, son personas que perdieron su empleo durante la crisis de 2008 o tras la pandemia, y nunca lograron reengancharse. El Gabinete Asesor Fernández destaca que este grupo "es el más numeroso que vive de prestaciones y además recibe las más reducidas".

En la práctica, muchos dependen de sus parejas o familias, y arrastran lagunas de cotización que reducirán sus futuras pensiones.

La brecha con los trabajadores jóvenes

Mientras los menores de 50 años aún mantienen un peso mayor en las prestaciones contributivas, los mayores se concentran en subsidios asistenciales.

Los datos del SEPE muestran que entre los mayores de 50 años casi el doble de personas cobra un subsidio que una prestación, mientras que en los menores de 50 ocurre justo lo contrario.

Esto revela dos dinámicas opuestas: los jóvenes sufren paro intermitente, pero recuperan empleo más rápido; los sénior, en cambio, caen en un desempleo prolongado y casi definitivo.

En pocas palabras, el paro de larga duración se enquista en España, y lo hace sobre todo entre los mayores. La situación, además, plantea un reto evidente para las políticas activas de empleo y para la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Un mercado que no los quiere

Según Vozpópuli, la tasa de paro entre los mayores de 55 años ronda el 10 %, el doble de la media europea. A pesar de su experiencia, el mercado laboral los percibe como perfiles menos adaptables o más costosos, una barrera que los expulsa de los procesos de selección.

Solo uno de cada diez desempleados séniores logra un empleo antes de un año, y la mayoría acaba encadenando subsidios hasta poder jubilarse. En este sentido, como señalan desde Adecco, "no es un problema de voluntad de trabajar, sino de un mercado que no ofrece segundas oportunidades […]".

El subsidio para mayores de 52 años, aunque protege rentas, se ha convertido en la única salida para muchos desempleados de larga duración. El resultado es un fenómeno que combina envejecimiento, desempleo y vulnerabilidad: trabajadores con décadas de cotización que acaban dependiendo de ayudas mínimas para sobrevivir.

En este sentido, el debate público suele centrarse en los jóvenes precarizados, pero existe otra cara todavía menos visible en el mercado laboral español: los mayores que quedaron fuera.

Los mayores de 52 años están en una fase de su vida especialmente vulnerable si se quedan en el paro. Las empresas son reticentes a contratar trabajadores mayores debido a que se encuentran cerca de la jubilación y no aprenden tan rápido como trabajadores más jóvenes. Esta es, básicamente, la justificación para que exista un subsidio para parados mayores de 52 años, una vez que hayan agotado su prestación contributiva por desempleo.

Este subsidio es bastante escaso, en 2024 480 euros al mes en 12 pagas, apenas 5.760 euros al año. Pero el diseño de este subsidio trae incentivos muy perversos, sobre todo para los que están más cerca de la jubilación. A los que lo reciben no les interesa, para nada, volver a trabajar.

El diseño del subsidio

Este subsidio tiene tres particularidades que desincentivan el trabajo. La primera es que para ser candidato a recibirla se tienen en cuenta los ingresos individuales, no familiares. Esto contrasta con otros subsidios. Es decir, una familia con buenos ingresos pero una persona en paro podría cobrar este subsidio.

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La segunda es que el subsidio no tiene una duración determinada, sino hasta que vuelva a trabajar o llegue la jubilación. Como hemos comentado no es una gran cuantía pero es constante, no como por ejemplo la prestación de desempleo contributiva que va reduciéndose hasta desaparecer para incentivar la búsqueda activa de empleo.

Y la tercera particularidad, y quizá la más relevante, es que la recepción del subsidio lleva asociado la cotización a la Seguridad Social por un 125% de la base mínima. Es decir, de cara a la jubilación solo saldría a cuenta trabajar de nuevo si se tratara de un sueldo que fuera superior al 125% de la base mínima de cotización. Es decir, para los grupos de cotización más frecuentes no le saldría a cuenta aceptar un empleo de menos de 20.000 euros al año.

Los que dicen los datos

Todo esto incentiva la no vuelta al trabajo. Sin embargo siempre que hay que contrastar lo que nos dice la intuición con los datos. Y los datos son muy claros: los mayores de 52 años una vez que se quedan empleo buscan empleo mucho menos que los más jóvenes.

La gráfica anterior no está mal. El 175% de los mayores de 60 años que se declaran buscando empleo cobran una prestación o subsidio por desempleo. ¿Cómo puede este número ser mayor que el 100%?

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Pues porque en la Encuesta de Población Activa (EPA), que es la que da los datos de paro, muchos que cobran el subsidio declaran que no están buscando trabajo, a pesar de que para cobrarlo tienen que decir que sí lo están haciendo. Es decir, tenemos a un grupo numeroso de gente que simplemente está esperando a llegar a la edad de jubilación ordinaria, cobrando 5.760 euros al año, y sobre todo cotizando para no perder pensión en el futuro.

Cada vez nuestro estado de bienestar está más enfocado en tener contentos a los más mayores y que los jóvenes simplemente paguen la fiesta. Una persona de 52 años todavía tiene mucho que aportar al mercado laboral y el sistema no debería incentivar que desaparecieran.

Imágenes | Ministerio de Seguridad Social, Unsplash

Como dice el refrán, “quién hace la ley, hace la trampa”. España cuenta con aproximadamente 300.000 personas mayores de 52 años registradas como paradas en el SEPE, las cuales no de declaran como demandantes de empleo en la Encuesta de Población Activa (EPA). ¿A qué se debe este hecho?

Muchas de estas personas reciben un subsidio y logran cotizar al 125% hasta que se jubilen. Curiosamente, para cobrar ese subsidio, bastará con no tener rentas individuales, pero la ley no dice absolutamente nada sobre las propiedades o riquezas que pueda tener su pareja o unidad familiar. De este modo, para obtener el subsidio y cotización máximo, el usuario podría hacer que sus pisos en alquiler los declarase su pareja.

Según datos de la Agencia Tributaria, en España hay una media de dos millones de viviendas alquiladas. De todos los propietarios que existen, ¿cuántos realmente tienen más de 52 años y están a la vez cobrando un subsidio? Pueden ser personas que anteriormente han cobrado un subsidio o prestación e inscritas como demandantes de empleo.

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El Real Decreto Ley 8/2019 deja un vacío legal. Se calcula que el 81,7% de los comprendidos entre los 55 y los 64 años son propietarios (dos puntos porcentuales menos que en 2017), por lo que muchos de ellos llegan a arrendar sus viviendas para sacar un mayor beneficio.

Cambio en la normativa

Desde el 1 de junio de 2024, se ha cambiado la forma en la que se calculan las ayudas. Las cuantías pasan a ser del 95% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) durante los primeros 180 días, pasando al 90% del IPREM. La ayuda sube hasta los 494,40 euros.

Un subsidio en el que para cobrarlo no hace falta nada, más allá de no tener rentas individuales. Si tengo 2 pisos en alquiler que los declare mi mujer. pic.twitter.com/qo2FW3TQqj

— Jon González (@Jongonzlz) July 19, 2024

Para seguir cobrando el subsidio, se exigirá: tener 52 años, estar en situación de desempleo y ser demandante de empleo, carecer de rentas propias que superen el 75% del SMI (solo a nivel personal) y llevar cotizados 15 años por desempleo, además de que existan 90 días cotizados, al menos, en los últimos meses.

En el artículo 274.4 de la Ley contempla que, si se tiene en cuenta que el salario mínimo interprofesional se elevó en 2023 a 1.080 euros mensuales, las rentas mensuales no podrán exceder los 810 euros para mantener la prestación de mayores de 52 años.

Por tanto, existe plena libertad e impunidad para poder, a priori, siempre y cuando los ingresos totales no superasen las cantidades citadas, alquilar el piso sin necesidad de comunicación institucional previa.

El problema para el propietario llegaría si se superase el límite de la percepción de las rentas mensuales. En ese caso, habría que comunicarlo con la mayor brevedad posible al Servicio de Empleo Estatal.

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En otras palabras, si la persona recibe por dicho alquiler una cantidad que supera los 810 euros mensuales, el SEPE está en condiciones de poder retirar el paro a ese ciudadano.

Por ejemplo, si una persona posee una vivienda en alquiler a la par que cobra una ayuda de 480 euros, el precio de la vivienda arrendada deberá ser, como máximo, de 810 euros mensuales. De lo contrario, se enfrentaría a multas.

Puede darse la circunstancia de que el desempleado se convierta en subsidiario en el mismo mes que se extingue el contrato de arrendamiento y este es mayor a 810 euros, entonces la persona tendrá un plazo de 30 días para comunicar ese exceso de rentas puntual. Esto mismo sucede a la hora de cobrar el importe total de una herencia.

Consecuencias de incumplir la normativa

Como bien se ha comentado con anterioridad, en España hay cientos de propietarios de pisos mayores de 52 años que juegan sus cartas y usan trucos para poder seguir cobrando el subsidio y cotizando para la pensión máxima, a la par que reciben la cuota mensual del alquiler.

En los supuestos casos de que se produjese el citado sobrepaso de rentas por un piso alquilado, el SEPE podrá suspender el cobro del subsidio por desempleo durante un mes. Una medida que se mantendría, de manera tajante, hasta que fuese subsanado el error por el usuario implicado.

Además, con anterioridad, tendrá la obligación de haber informado en el plazo de 30 dais desde el cobro de ese alquiler. Si no lo hiciera por desconocimiento, no se libraría de ver cómo se extingue su subsidio y nunca más podría cobrarse. En el peor de los casos, le obligarían a devolver íntegramente la cuantía percibida hasta ese momento.

En tiempos de elevada inflación, tipos de interés y carestía del nivel de la vida, sumado a un incremento de la demanda sobre la oferta en el mercado de la vivienda, los propietarios mayores de 52 años sacan sus armas para aprovecharse del Estado y obtener ingresos por dos vías diferentes.

Mientras el Gobierno no actúe por atajar el problema de raíz, desempleados inactivos seguirán cobrando el subsidio mientras que sus familiares más cercanos cobran un alquiler al margen de la ley.

Fotos | Getty Images 1, Getty Images 2

La renta básica universal se ha convertido en uno de los caballos de batalla principales de Podemos de cara a las elecciones del próximo domingo. La medida es una de las estrellas del programa ‘morado’ y, a la vez, de las que más controversia ha creado dentro de este carrusel de promesas, ideas, propuestas y demás que nos están lanzando los políticos en esta agitada carrera por la Moncloa.

No obstante, la renta universal no es una idea nueva e Iglesias solo ha adoptado un concepto ideado por Thomas Paine en el siglo XVII que ha sido ampliamente debatido y que países como Brasil o Argentina implementaron en los años 90 del siglo pasado. Como su nombre bien indica, se trata de un ingreso que el Estado hace a todos sus ciudadanos sin tener en cuenta sus ingresos o su capacidad económica. Básicamente, se define como la necesidad de todo individuo de percibir una cantidad que al menos cubra sus necesidades vitales sin contraprestación alguna.

Pues bien, la medida que Podemos aplicaría si llegara al Gobierno la van a poner en marcha en Finlandia en 2017 con una cantidad de 800 euros, como adelantaba Alejandro aquí hace un mes. Así lo ha anunciado el primer ministro, Juha Sipilä, para luchar contra la pobreza y, a la vez, para ahorrarse numerosos gastos en prestaciones sociales. El proyecto piloto comenzará probablemente el próximo año con un grupo de ciudadanos a los que pagará 550 euros mensuales para ver cómo se desarrolla la idea.

Finlandia, camino de la crisis

Aunque Finlandia es una de las democracias más admiradas y alabadas de Europa, en los últimos años su economía ha ido a la contra del resto de Europa. La actividad se enfría y el paro ha crecido hasta sobrepasar el 10%, una cifra que, comparada con la española puede resultar ridícula, pero que para este país es casi un drama.

Así, el primer ministro finlandés, antes de poner en práctica cualquier otra receta de austeridad, piensa pagar 800 euros mensuales a cada ciudadano en sustitución de los subsidios que ahora perciben quienes lo necesitan. No obstante, todavía faltan muchos detalles sobre esta medida, ya que está en fase de estudio.

Cabe destacar que Sipilä, que accedió al gobierno en abril, solo se ha encargado de aplicar una medida que la propia sociedad demanda, pues, según una encuesta de la Seguridad Social finlandesa a la que hace referencia el diario Libèration, el 69% de los ciudadanos están de acuerdo con que se imponga esta renta universal. Por ello, el ahora primer ministro incorporó esta idea a su programa electoral sabedor de que la situación económica en el país escandinavo es cada vez más preocupante, sobre todo para una sociedad acostumbrada a vivir en condiciones de bienestar envidiables.

¿Serán suficientes 800 euros para vivir en Finlandia?

La pregunta que se hacen ahora los políticos, los expertos y, sobre todo, los ciudadanos, es si estos 800 euros serán suficientes para una la sociedad con uno de los costes de vida más elevados de la zona euro. Según el Instituto de Estadística Finlandés, un ciudadano medio gasta unos 3.000 euros al mes, por lo que esa ayuda de 800 puede seguir siendo insuficiente para personas que viven en situación de pobreza, mientras que para otros será un regalo que, quizá, no merecen. La polémica y el debate están sobre la mesa siglos después de que se creara este concepto.

En el caso de la renta básica propuesta por Pablo Iglesias en España, la cantidad sería igual al salario mínimo actual -645 euros- y también pretende que sea sustitutiva de otras ayudas sociales, ya que absorbería a prestaciones que estén por debajo de esa cantidad.

Es decir, si cobras menos de 645 euros de ayudas, sales ganando; si cobras más, te quedarás igual, pues, una parte de la cuantía correspondería a la renta básica y la otra a la ayuda correspondiente.

Plan Prepara – Prórroga de los 400 euros a parados

El Consejo de Ministros acaba de prorrogar otra vez el Plan Prepara, más conocido con el subsidio de los 400 euros para parados que se ha modificado ligeramente en algunos de sus términos. El programa mantiene su esencia, se permite el cobro una sola vez en la vida y el beneficiario tiene que estar realizando una búsqueda efectiva de empleo.

El importe del subsidio se eleva a 450 euros desde los 400 euros iniciales en su tercera prórroga desde que lo puso en marcha Zapatero allá por el año 2011 para aquellos que acrediten 3 o más personas a su cargo. El primer requisito que se pone como novedad es la limitación de la renta familiar si existen ascendientes con ingresos. Ahora, si un parado joven vive con sus padres con ingresos, no podrá recibir los 450 euros tal y como ya se había filtrado a la prensa.

El Plan Prepara invierte también el caso de la unidad familiar. Por ejemplo, si los padres están sin ingresos pero los hijos sí tiene trabajo, los padres podrán optar al Plan Prepara. No obstante, a partir de ahora, el Plan Prepara se destina exclusivamente a parados de larga duración (más de 12 meses en desempleo durante los últimos 18)

Sobre las cifras pagadas, hasta ahora se han pagado 1.150 millones de euros 500,859 beneficiarios y según el Gobierno, el programa de orientación laboral establecido anteriormente no ha funcionado al nivel esperado, dado que sólo el 18% de los beneficiarios han tenido acceso al mercado laboral con contratos superiores a dos meses y un 2% han sido contratados mediante un contrato indefinido.

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Mi compañero JM nos contó ayer como el Gobierno decidió prorrogar la ayuda de 400 euros a los desempleados, noticia que sin duda habrán recibido con los brazos abiertos las miles de familias beneficiarias para las que este subsidio representa su única fuente de ingresos. Sin embargo, creo que ante el drama nacional que supone el paro en nuestro país, tiene cabida una segunda interpretación de los hechos.

A mi parecer, la decisión del Gobierno de mantener la ayuda de 400 euros a los parados que han agotado todas las prestaciones y el retraso con el que esta decisión se ha hecho pública, máxime cuando las cuentas públicas españolas viven uno de sus peores momentos, sólo puede ser explicado por el temor del Ejecutivo a la crispación social que podría provocar la desaparición de este subsidio.

La delicada situación de miles de familias que subsisten gracias a este sustento económico es motivo más que suficiente para la prorrogación de esta ayuda. No obstante y como ya dije en su momento, hemos de recordar que el objetivo de esta excepcional ayuda que se creó en febrero de 2011 era conceder una subvención de 2.400 euros por parado, que se cobraría en seis pagas de 400 euros mensuales, a cambio de que el desempleado recibiese algún tipo de formación personalizada.

El componente de reinserción laboral, por tanto, está implícito en la ayuda y debería convertirse en un hecho demostrable. Sin embargo, la realidad nos dice que menos de un 6% de los parados que se benefician de esta ayuda logra encontrar trabajo gracias al plan. Cabe recordar también que diferentes analistas y organismos internacionales ya han recomendado al Gobierno en varias ocasiones que elimine esta ayuda, ya que España es el país donde más tiempo se pueden encadenar subsidios de Europa.

Ante este panorama, intuyo que la decisión del Gobierno ha sido difícil. De un lado de la balanza, miles de familias cuya delicada situación económica podría ir a peor y con ello agravar la tensión social; y del otro lado, el conocer que como política económica dirigida a mejorar la situación del mercado laboral español esta medida es un desastre que debería tender a desaparecer o, cuanto menos, a acortarse en el tiempo para así fomentar la búsqueda activa de empleo.

¿Qué opinan los lectores de El Blog Salmón sobre esta controvertida noticia? ¿Ha hecho bien el Gobierno prorrogándola o tan sólo es pan para hoy y hambre para mañana? Hemos de recordar, como hemos defendido en mil ocasiones en este blog, que lo que verdaderamente necesita este país es una reforma profunda de su mercado laboral para que las tasas de desempleo tercermundistas a las que estamos acostumbrados pasen a convertirse en un recuerdo del pasado.

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Imagen | No man´s land

Aurelio nos acaba de comentar cómo el Gobierno tiene encima de la mesa una reforma sobre la prestación por desempleo que puede acortar la duración máxima de la prestación entre 15 y 18 meses. El caso es que la prestación por desempleo siempre ha sido una de las patas de la protección social que más se ha retocado y reformado a lo largo de la historia, tal y como vamos a ver ahora.

Para remontarnos a los orígenes de la prestación por desempleo, debemos mirar al gobierno republicano de Niceto Alcalá Zamora, dado que fue durante su mandato cuando el ministro de Trabajo José Largo Caballero puso en marcha la Caja Nacional contra el paro forzoso. Esta prestación la financiaba el estado al 50% y el 50% mediante cuotas empresariales y trabajadores. La cobertura alcanzaba aproximadamente un tercio del salario y entre tres y seis meses. Este sistema llegó a dar cobertura a más de 25.000 trabajadores con un gasto de 1,7 millones de pesetas entre 1932 y 1933.

La protección del desempleo en la dictadura

Esta ley arrancó con una cobertura del 75% del salario como desempleo durante seis meses para todos los trabajadores afiliados al sistema equivalente a la Seguridad Social en el régimen por cuenta ajena y fue la que sirvió de base para la posterior ley de cobertura de desempleo en la democracia.

Las leyes de desempleo en los 80, introducción del subsidio de desempleo por la UCD

Pero además de la prestación de desempleo, esta ley de la UCD introdujo dentro de las prestaciones sociales el subsidio por desempleo, con una cobertura del 75% del SMI y la prestación de gastos farmacéuticos. Esta ley se financiaba mediante el Fondo Especial de Prestación al Desempleo que se nutría del 40% de la aportación estatal y el 60% restante de cotizaciones empresariales.

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Además, se articulaba un desempleo parcial y se comenzaba a cobrar 3 meses de desempleo tan solo con 6 meses trabajados. El importe de la prestación por desempleo no se alteraba respecto la ley de 1980 y se mantenía en el 80% de la base reguladora para los primeros 6 meses, 70% para los seis siguientes y 60% para el tiempo restante.

El endurecimiento del desempleo en 1992/1993

Pero esta ley no quedó aquí y en 1993, se aprobó también la Ley 22/1993 que dio un paso más introduciendo la tributación en el IRPF de la prestación por desempleo y los subsidios asistenciales, la obligación de cotizar a la Seguridad Social por el pago del desempleo y se prohibió la acumulación de periodos trabajados entre prestaciones de desempleo no agotadas, intruduciendo también la caducidad de la prestación en el caso de contratos posteriores a la concesión de la ayuda.

Años 2000, desaparición del PER con carácter transitorio

En el año 2006, el Gobierno de Zapatero, mejoró el acceso a la prestación de desempleo para mayores de 45 años y articuló un sistema específico de protección por desempleo para los trabajadores discontinuos mediante la ley 43/2006. Ya durante la crisis, se puso en marcha el subsidio de 400 euros para parados sin prestaciones y también se le ha dado cobertura para el desempleo a los trabajadores autónomos.

Como podemos ver, la crisis de los 90 trajo una reforma muy importante en materia de la prestación por desempleo que se ha mantenido hasta ahora en sus principales puntos. Quizá el tijeretazo sea una mera cuestión de tiempo en materia de prestaciones por desempleo, tanto en forma de cálculo como en cuantía. No obstante, no todos los decretazos por pensiones y desempleo han logrado sus objetivos, tal y como vimos con la huelga general de 1988 que consiguió posponer unos años las reformas en materia de empleo que se acometieron a principios de los 90. Hagan sus apuestas para el futuro.

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Hoy vamos a ver una historia que me ha pasado un lector (me ha pedido anonimato) sobre una situación muy curiosa que le ha sucedido con su empleada de hogar. Para que nos pongamos en situación el problema tiene su origen en el cobro de ayudas públicas de subsistencia y la imposibilidad de regularizar la situación laboral, dado que las propias ayudas empujan a la economía sumergida.

Aquí os dejo el mail:

Hola Remo;
Te cuento mi problema. Desde hace un año tenemos contratada a una mujer en casa que trabaja 6 horas semanales. Desde que se ha modificado el Régimen de Empleados de Hogar, tenemos la obligación de cursar el alta, por lo que hemos planteado esta opción cotizando realmente por la cantidad que le pagamos, que es de 10 euros/hora.

Mensualmente, le pagamos entre 260 y 300 euros pero el problema lo tenemos ahora porque esta mujer está cobrando la ayuda de 20 euros diarios de la Junta de Andalucía (420 euros mensuales mediante las becas de formación para parados mayores de 45 años) y esta ayuda, es incompatible con cualquier alta laboral, aunque sea un alta que no llegue siquiera al salario mínimo interprofesional.

Lógicamente, no sabemos qué hacer para regularizar la situación y nos vamos a ver en la necesidad de prescindir de los servicios de esta empleada de hogar. ¿La denunciamos? ¿dejamos la situación como está? La situación de esta mujer es bastante precaria en simultáneo, dado que su marido y sus dos hijos están en paro y sin ingresos. ¿Qué me aconsejas?

Por mi parte, creo que intentaría ayudar a esta mujer para que consiguiera más horas de trabajo mensual y pudiera regularizar su alta prescindiendo de la ayuda pública, pero esto implica a la vez romper con una “zona de confort” en ingresos que ya tiene actualmente sin trabajar. ¿Qué haríais vosotros?

En El Blog Salmón | Modificaciones futuras para el régimen de empleados de hogar, Cuatro tópicos sobre la economía sumergida
Imagen | Daquella manera

Los datos del paro en España, record nefasto que ya hemos comentado hace un rato, tiene otra vertiente dentro de las políticas de prestación social para desempleados que es el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, ya sean contributivas o no. Tal y como podemos ver en el gráfico superior, podemos ver claramente como los beneficiarios de prestaciones por desempleo van cayendo a la par que el paro va aumentando.

Con los últimos datos que tenemos, podemos ver cómo sólo el 64% de los desempleados recibe prestación económica por desempleo. Estas cifras nos dejan casi 1,6 millones de desempleados que no reciben ayudas públicas para paliar su precaria situación económica y se detecta un claro agotamiento del sistema de protección social para parados.

Nuestro sistema de protección social se basa en un sistema de ayudas limitadas en el tiempo para los desempleados. Recordemos que en el mejor de los casos, un trabajador que se queda en paro tiene derecho a dos años como máximo de prestación por desempleo y a 18 meses del subsidio.

Viendo las curvas temporales desde el arranque de la crisis, si situamos 2008 como el año del boom del desempleo, nos encontramos con el agotamiento pleno del sistema de protección social por la caída de beneficiarios en ayudas y el continuo aumento del desempleo. El sistema de protección social no está pensado para el desempleo indefinido, por lo que las medidas de choque contra el paro deben ser inmediatas.

En El Blog Salmón | Qué es la prestación por desempleo, Qué es el subsidio por desempleo