Sergio Delgado
Los expertos avisan: los procesos de incapacidad temporal están disparados. Desde el final de la crisis sanitaria por la Covid-19, las ausencias por enfermedad o accidente no solo no han vuelto a los niveles previos, sino que han seguido una senda ascendente. Y la cosa parece que no tiene visos de cambiar.
La desviación acumulada desde 2019 alcanza el 43% respecto a la tendencia esperada, una brecha que ya tiene reflejo macroeconómico.
Un modelo de estimación aplicado al periodo 2021-2025 sitúa el impacto medio anual en torno al 0,69% del PIB. Traducido a cifras actuales, supone cerca de 11.800 millones de euros cada ejercicio.
En términos agregados, la economía española habría dejado de generar alrededor de 59.000 millones en cinco años como consecuencia de la expansión anómala de las bajas laborales.
El fenómeno se produce en un contexto de desaceleración del crecimiento, con un avance del 2,8% en 2025, siete décimas inferior al registrado el año anterior.
Una desviación histórica en el número de ausentes
Si las incapacidades temporales hubieran evolucionado conforme a la tendencia previa a la pandemia, el número de ocupados ausentes cada semana por enfermedad o accidente se situaría en torno a 725.000 personas a cierre de 2025.
Sin embargo, la cifra real supera los 1,04 millones, el nivel más elevado de la serie histórica reciente. Esta diferencia representa aproximadamente un 30% de los trabajadores en situación de baja y altera de forma significativa la productividad por hora trabajada.
La Encuesta de Población Activa refleja que el 4,64% de los ocupados no trabajó en la semana de referencia por encontrarse en incapacidad temporal.
Aunque dentro del colectivo de personas que declaran haber trabajado cero horas se incluyen permisos, vacaciones o expedientes de regulación, el grueso del aumento se concentra en procesos médicos. El resultado es una reducción efectiva de horas productivas que no se compensa con incrementos equivalentes en eficiencia.
Los datos sectoriales muestran una incidencia elevada en industria, comercio, hostelería y transporte, con más de 320.000 ocupados ausentes, así como en Administraciones Públicas, educación y sanidad, que superan los 270.000.
También se observa un impacto relevante en actividades profesionales, científicas y técnicas y en el sector agrario, lo que indica que no se trata de un fenómeno exclusivo de empleos físicamente exigentes.
Productividad estancada y efecto atrapamiento
La prolongación de los procesos es otro rasgo distintivo del periodo posterior a 2022. Los análisis de flujos laborales evidencian una mayor probabilidad de que un trabajador permanezca en incapacidad temporal entre trimestres consecutivos.
Este efecto de retención reduce la rotación hacia la reincorporación y contribuye a que el volumen total de ausencias se mantenga elevado.
En paralelo, las horas asociadas a incapacidad temporal han aumentado un 112,9% desde 2013 hasta 2024, mientras que el PIB ha crecido un 25,1% y la productividad por ocupado ha retrocedido un 1,8%.
La combinación de mayor duración de bajas y mayor frecuencia genera una presión añadida sobre la organización interna de las empresas y sobre el gasto público vinculado a prestaciones.
El recurso creciente a detectives privados
El aumento del absentismo ha impulsado a numerosas entidades, tanto privadas como vinculadas al sector público, a reforzar los mecanismos de control.
A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público puede rastrearse un crecimiento sostenido en la adjudicación de servicios de investigación para verificar la adecuación de las bajas.
En 2023, las licitaciones adjudicadas para contratar agencias de detectives sumaron aproximadamente 903.081 euros.
En 2024 la cifra ascendió a 921.172 euros, con más de veinte contratos formalizados. El salto se produce en 2025, cuando el importe destinado a estos servicios ronda los 1.896.094 euros repartidos en más de treinta expedientes.
Este volumen supera el desembolso conjunto de los dos años anteriores y evidencia una mayor preocupación empresarial por posibles irregularidades.
Los pliegos de contratación describen como objeto la comprobación de si trabajadores en incapacidad temporal desarrollan actividades incompatibles con su diagnóstico o con la prestación percibida.
La finalidad es determinar si existe fraude o incumplimiento de las obligaciones asociadas a la baja médica. Aunque no todos los expedientes derivan en sanciones, el simple recurso a estas investigaciones muestra la dimensión del problema percibido por empleadores y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Un problema que no termina.
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