Pascal, jubilado de 61 años, instaló su furgoneta en un campo con el permiso del agricultor. Tres meses después, el ayuntamiento le recordó que eso no era suficiente

Según una historia publicada por Keops-Ingénierie, Pascal tenía 61 años, una furgoneta vieja, el alquiler de un piso que se le había ido de las manos y un trato verbal con un agricultor para aparcar "un tiempo" en un campo recién cosechado. Parecía una solución sencilla. No lo era. Tres meses después de instalar la furgo, una mesa plegable, dos sillas y un toldo en una parcela agrícola francesa, el ayuntamiento le hizo saber que el visto bueno del propietario no equivale a una autorización administrativa: el Plan Local de Urbanismo (PLU) puede limitar los usos del terreno aunque esté vacío. El permiso privado cubre el acceso al terreno; lo que no cubre es aquello que el urbanismo prohíbe.

En Francia, las normas urbanísticas regulan el estacionamiento prolongado de caravanas y vehículos habitados en determinados terrenos. La Dirección General de Empresas del Gobierno francés establece que, en un terreno privado, el estacionamiento de una caravana es posible con el acuerdo de quien disfruta del terreno durante un máximo de tres meses al año y que, pasado ese plazo, es necesaria una autorización municipal. Es decir: la duración puede cambiar las obligaciones administrativas asociadas al uso del terreno. Según la historia publicada por Keops-Ingénierie, Pascal descubrió que el permiso del propietario no bastaba para resolver la situación.

Entre líneas. La historia tiene un dato que el original apenas desarrolla: Pascal es presentado como pensionista y explica que los alquileres le resultaban difíciles de asumir y que buscaba "un poco de calma". La pieza de Keops no cuantifica cuántas personas se encuentran en una situación similar, por lo que no es posible utilizar este caso para afirmar que exista una tendencia concreta entre los mayores de 60 años en Francia. Tampoco puede sostenerse con los datos disponibles que un número creciente de jubilados franceses viva en vehículos habitados o soluciones informales. Lo que sí resulta evidente es el conflicto entre el uso alternativo de una parcela y las normas urbanísticas que regulan qué puede hacerse en ella.

¿Y en España?

El consejo práctico que plantea la pieza para quien quiera evitar problemas es consultar con el servicio de urbanismo del ayuntamiento antes de instalarse, comprobar el PLU o la normativa urbanística aplicable, explicar por escrito la duración prevista y el tipo de vehículo y conservar el permiso del propietario, aunque este no sustituya las autorizaciones administrativas que puedan ser necesarias. La idea clave es sencilla: el propietario puede permitir el acceso a su terreno, pero no puede autorizar por sí solo un uso que el urbanismo prohíba. En España, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, establece que el suelo en situación rural debe utilizarse conforme a su naturaleza y dentro de los límites establecidos por las leyes y la ordenación territorial y urbanística. La regulación concreta depende también de las comunidades autónomas y de cada municipio.

Lo de Pascal, tal y como lo cuenta la publicación francesa, no es solo un desliz legal. Es la historia de alguien que, ante las dificultades para asumir un alquiler, eligió el campo como refugio y descubrió que disponer del permiso del propietario no basta para convertir una parcela agrícola en un lugar de residencia. Queda botando una duda incómoda: cuando la vivienda formal se vuelve difícil de asumir para algunas personas, ¿debería actualizarse la regulación para permitir determinados usos intermedios, como microviviendas móviles, áreas de estancia prolongada o soluciones específicas, o debe mantenerse la protección actual del suelo? El tiempo, como siempre, lo dirá. Pero a Pascal ya le ha dicho lo suyo el ayuntamiento.

Imagen | Hkn clk (vía Pexels)