El revés para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, ha supuesto un freno a la agenda de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero ojo, esto no significa que se haya cerrado del todo la puerta a otras reformas de calado.
Entre las más importantes, se encuentra la modificación de las reglas del despido, un tema que, cómo no, genera tensión entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.
La idea de replantear las indemnizaciones y la causalidad de los ceses ha encontrado en Italia un referente cercano. El conocido como despido a la italiana, introducido con la polémica Jobs Act de 2014, se ha convertido en un modelo a estudiar, pese a las críticas que generó en su país de origen.
Para Díaz y las centrales sindicales, el marco italiano puede aportar claves sobre cómo transformar la normativa española sin depender únicamente de la antigüedad del trabajador.
El origen del debate en España
La reforma laboral de 2012 redujo las indemnizaciones por despido improcedente de 45 días por año trabajado a 33, con un máximo de 24 mensualidades. También clarificó las causas objetivas de despido con una compensación de 20 días por año y un límite de 12 mensualidades.
La medida fue celebrada por organismos como la OCDE o la Comisión Europea, que valoraron la mayor flexibilidad para las empresas, aunque supuso una rebaja notable del coste del despido.
Pese a que los sucesivos gobiernos socialistas mantuvieron intactas estas reglas, salvo algunos cambios puntuales, los sindicatos nunca dejaron de cuestionarlas. Con el apoyo de Yolanda Díaz, plantearon que el sistema de cálculo por antigüedad no compensa adecuadamente el daño sufrido por el trabajador.
De hecho, varias sentencias en España han reconocido indemnizaciones superiores a los 33 días, tomando como referencia la Carta Social Europea y el Convenio 155 de la OIT.
Qué significa el despido a la italiana
La Jobs Act, impulsada por Matteo Renzi en 2014, modificó profundamente la regulación laboral italiana. Hasta entonces, el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores permitía a un juez obligar a la empresa a reincorporar al trabajador despedido de manera improcedente.
La reforma eliminó esa opción en la mayoría de los casos y la sustituyó por un sistema de indemnización con límites claros.
Inicialmente, se fijó en cuatro meses de salario por cada año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, aunque en 2018 se elevó a 24. En algunos supuestos, un juez podía rebajar la cuantía a un mes de salario por año con un límite de 18 mensualidades.
El modelo reducía la inseguridad jurídica de las empresas y acercaba las reglas al tamaño de las pymes, donde ya existía un sistema similar.
Las sentencias del Constitucional italiano
El Tribunal Constitucional italiano declaró en 2018 que el cálculo automático de la indemnización únicamente por antigüedad era inconstitucional, al no valorar las circunstancias específicas de cada despido.
Sin embargo, no cuestionó la existencia de un tope legal ni la supresión de la reincorporación, salvo en casos de discriminación o nulidad.
Esto introdujo más flexibilidad en la interpretación judicial, permitiendo ajustar las indemnizaciones en función de factores como la situación económica del trabajador o el contexto del cese.
En la práctica, significó que dos empleados con distinta antigüedad podían recibir indemnizaciones similares si las circunstancias lo justificaban.
El impacto que tuvo en Italia
La Jobs Act fue rechazada por amplios sectores sociales, incluidos los sindicatos y partidos de izquierda. Incluso Giorgia Meloni, que la calificó de “papel de pizza” cuando estaba en la oposición, la mantuvo al llegar al Gobierno.
Aunque los sindicatos promovieron referéndums para derogarla, la baja participación impidió que prosperaran.
Pese a la resistencia, la norma sigue vigente y ha marcado un precedente en Europa. En 2019, el Comité Europeo de Derechos Sociales criticó los topes de indemnización por considerarlos contrarios a la Carta Social Europea, aunque los tribunales italianos insistieron en que las decisiones de Estrasburgo no eran vinculantes.
El paralelismo con España
En España, la situación es parecida. El Tribunal Supremo ha rechazado que la actual normativa incumpla los convenios internacionales, manteniendo los límites de 33 días. Sin embargo, la presión sindical y política sigue creciendo, y el debate sobre el despido a la italiana se presenta como un camino alternativo.
El modelo que plantean Díaz y los sindicatos no busca regresar a los 45 días por año trabajado, sino introducir variables adicionales al cálculo. Con ello, las indemnizaciones no dependerían únicamente de la antigüedad, sino también de las condiciones del despido y del perjuicio causado.
Esto podría implicar compensaciones más altas en algunos casos, pero también más bajas en otros.
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