El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha emitido una resolución que cuestiona de forma directa uno de los pilares del modelo laboral español: el despido improcedente. Según este organismo, la legislación española ha estado vulnerando la Carta Social Europea al no garantizar una compensación adecuada ni la posibilidad real de readmisión en los casos de despido sin causa justificada.
En pocas palabras: despedir sin motivo en España sale demasiado barato. Y lo que es peor, se ha convertido en una práctica habitual, no en una excepción. Si bien esto debería ser un mecanismo excepcional, reservado a los casos en los que no se puede demostrar una causa legítima de despido, se ha convertido en la forma más común de terminar una relación laboral: sobre todo, en sectores con alta rotación o contratos temporales.
Una tarifa plana para romper el contrato
Como consecuencia, desde el CEDS, se apunta a que este uso extensivo se traduce en un deterioro estructural del derecho a la estabilidad en el empleo y una erosión progresiva de las garantías laborales.
En teoría, el despido improcedente debería ser una anomalía jurídica. La legislación laboral contempla varias vías para terminar un contrato, pero solo admite el despido si hay una causa justificada —disciplinaria o por razones objetivas— y debidamente acreditada.
En la práctica, no obstante, muchas empresas optan por declarar directamente el despido como improcedente y abonar la indemnización correspondiente (33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades), lo que genera un efecto perverso: una especie de tarifa plana del despido, que convierte un acto excepcional en una fórmula de gestión ordinaria. El Comité denuncia que esta situación vacía de contenido el derecho a la estabilidad en el empleo.
Según su resolución, la ley española no obliga realmente a justificar la causa del despido ni prevé mecanismos eficaces de reparación. En la mayoría de los casos, los tribunales no imponen la readmisión —aunque esté reconocida legalmente como opción— y la indemnización suele ser insuficiente para disuadir abusos.
La cultura del despido arbitrario
Detrás de esta situación hay una cultura empresarial y judicial que ha normalizado el uso del despido improcedente como una forma rápida y relativamente económica de romper el vínculo laboral. En lugar de ser una respuesta excepcional ante conflictos graves o situaciones concretas, se ha convertido en la vía habitual de salida, incluso en contextos donde no existe una causa clara.
Todo ello ha debilitado la protección del trabajador frente al despido arbitrario. De hecho, la propia Inspección de Trabajo ha alertado en varias ocasiones sobre prácticas empresariales que vulneran el principio de causalidad, y que en muchos casos derivan en indemnizaciones pactadas de antemano como fórmula de desvinculación.
Soluciones propuestas
El dictamen del CEDS no es vinculante, pero añade presión a un debate que ya estaba sobre la mesa. Reformar el modelo de despido no es sencillo, sobre todo en un país con una elevada dualidad laboral, donde conviven trabajadores con contratos estables y otros con una rotación continua y escasa protección.
Una posibilidad sería reforzar la obligación legal de justificar el despido, no solo en la letra de la norma, sino en la práctica judicial, estableciendo además mecanismos sancionadores reales para los casos en los que se acredite arbitrariedad o simulación de causa.
Sin embargo, las dificultades de llevar estos casos al ámbito judicial y los tiempos que requieren los cambios legislativos hacen más viable la otra línea de actuación: incrementar el coste del despido improcedente, ya sea con una mejora del cálculo de la indemnización o con penalizaciones específicas que desincentiven su uso sistemático. Esta medida, sin embargo, suele generar rechazo en parte del tejido empresarial, especialmente entre las pymes.
De igual modo, también se podría recuperar el uso efectivo de la readmisión en los casos en los que se vulnere gravemente el derecho del trabajador. Una opción casi anecdótica en los tribunales, que podría cumplir una función reparadora y disuasoria, reforzando la idea de que el despido sin causa debe ser una excepción, no una rutina.
En conclusión, más allá del marco jurídico y los posibles cambios, la clave está en cambiar una inercia consolidada: la del despido fácil como herramienta de gestión habitual. Hoy, esta "solución pactada" a bajo coste ya va camino de convertirse en un obstáculo estructural (otro más) para la calidad del empleo.
Foto: Heaute