España se cuela entre los pocos países europeos donde la pensión pública supera el coste de vida

La pensión pública media en España, 19.844 euros anuales antes de impuestos, según el estudio de DataPulse Research recogido por Infobae, supera en un 3% el gasto medio anual estimado de un jubilado español (19.349 euros), un margen que solo comparten otros tres países europeos: Polonia (4%), República Checa (18%) y Rumanía (21%). De hecho, en 24 de los 30 países analizados los ingresos por pensión no cubren el coste de vida del jubilado, y los déficits más lacerantes se concentran en Croacia (la pensión cubre solo el 60% del gasto), Eslovenia y Hungría (entre el 38% y el 39% de desfase). 

El dato es rotundo, pero conviene saber qué mide: es un promedio bruto antes de impuestos, no la pensión que cobra el jubilado medio español en su cuenta. Según los datos de la Seguridad Social, la pensión media del sistema en septiembre de 2026 se sitúa en 1.374,6 euros mensuales, mientras que la pensión media de jubilación alcanza los 1.576,1 euros. La pensión media de viudedad, por su parte, se sitúa en 976,3 euros mensuales. Son cifras oficiales que permiten poner en contexto el promedio utilizado por el estudio privado. La diferencia entre una media estadística y la situación de cada pensionista resulta especialmente importante en un sistema donde las cuantías varían considerablemente según el tipo de prestación y la carrera de cotización. El propio estudio de DataPulse Research advierte de que la aparente suficiencia agregada no elimina las situaciones de vulnerabilidad entre determinados colectivos. 

El peso de la vivienda

El segundo dato que el estudio apunta, y merece atención, es la distribución del gasto: vivienda, agua, electricidad y gas absorben el 38% del presupuesto anual del jubilado español; alimentos, el 18%; transporte, el 8%; ocio, el 5%. Aquí España tiene un cortafuegos estructural que pocos países europeos comparten: el 80% de los jubilados son propietarios de su vivienda y solo el 20% reside en alquiler. Traducido al bolsillo, esta elevada tasa de propiedad reduce la exposición de buena parte de los pensionistas a las subidas de las rentas, aunque deja especialmente expuesto al colectivo que vive de alquiler. 

El encarecimiento del alquiler también supone una presión adicional para estos hogares. El Índice de Precios de Vivienda en Alquiler del INE registró en 2024 una subida del 3,5%, mientras que los nuevos contratos aumentaron un 8,8%. El estudio señala además que el riesgo de pobreza entre los mayores de 65 años en España supera ligeramente la media europea y que la vulnerabilidad se concentra especialmente entre quienes no disponen de vivienda en propiedad, las mujeres jubiladas y los hogares con ingresos más bajos. 

El 3 de febrero de 2026, el Gobierno aprobó un nuevo real decreto-ley para garantizar la revalorización de las pensiones después de que el Congreso no convalidara el anterior decreto que incluía la subida junto a otras medidas. El nuevo Real Decreto-ley 3/2026 estableció una revalorización general del 2,7% para las pensiones contributivas con efectos desde el 1 de enero. La subida fue posteriormente convalidada por el Congreso el 26 de febrero de 2026. Además, el 2,7% no corresponde al IPC interanual de diciembre de 2025, sino a la media de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre de 2025, tal y como establece el decreto.

Hoy, en septiembre, la pensión media del sistema español ha absorbido ya esa revalorización. Sin embargo, el debate sobre la suficiencia futura de las pensiones continúa abierto. Según una encuesta de Unespa, solo un 13% de los españoles confía en que la pensión pública bastará para mantener su nivel de vida tras la jubilación. Como se recuerda en El Blog Salmón, la suficiencia estadística rara vez coincide con la suficiencia vivida.

España es superavitaria en el papel y deficitaria en la cocina: el sistema presenta una pensión media suficiente para cubrir el gasto medio estimado, pero esa media esconde diferencias importantes entre los distintos tipos de pensión y perfiles de jubilados. El propio estudio sitúa a las mujeres, a quienes no tienen vivienda en propiedad y a los hogares con menores ingresos entre los colectivos más vulnerables.  Lo cierto es que el debate de los cuatro países europeos donde la pensión pública "alcanza" es una buena frase para un titular, pero no explica por sí solo la situación económica de cada jubilado ni las diferencias entre prestaciones. España se encuentra entre los países donde la pensión pública media supera el gasto medio estimado, pero la percepción de suficiencia entre los ciudadanos es mucho más baja, con solo un 13% confiando en que la prestación pública permitirá mantener su nivel de vida durante la jubilación. 

Imagen | RDNE Stock project (vía Pexels)