Con toda probabilidad, el Gobierno aprobará este mes una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional que elevará de forma directa la masa salarial de miles de empresas, especialmente pymes y sectores intensivos en mano de obra.
La medida, pactada con los sindicatos y rechazada por las organizaciones empresariales, se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Este nuevo incremento del SMI se produce en un contexto de elevada presión regulatoria y fiscal sobre el tejido productivo. A la mejora retributiva se suma un aumento automático de las bases de cotización y de las cuotas a la Seguridad Social, lo que dispara el desembolso total que deben asumir las compañías por cada trabajador que percibe el salario mínimo.
Un salario mínimo más alto con efectos acumulativos
El SMI se elevará hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que supone 17.094 euros brutos al año.
Esta cifra responde a la recomendación del comité asesor del Ministerio de Trabajo para un escenario en el que este umbral salarial permanezca exento de tributación en el IRPF, condición que finalmente fue asumida por el Ministerio de Hacienda durante la negociación.
El incremento acordado representa una subida del 3,1 % respecto al nivel vigente a comienzos de 2025. Aunque el alza salarial beneficia directamente a los trabajadores, su traslación a las cuentas empresariales va más allá del salario en sí, ya que arrastra al alza las cotizaciones sociales al incrementarse la base mínima sobre la que se calculan.
Más de 23.000 euros por trabajador como referencia mínima
Con la nueva cuantía del SMI, las empresas deberán desembolsar un mínimo de 23.470 euros anuales por cada trabajador en plantilla que cobre este salario.
La cifra supone un incremento relevante frente a los aproximadamente 22.780 euros que se abonaban con el salario mínimo anterior, y se ha calculado tomando como referencia sectores con baja siniestralidad laboral.
Este importe no es homogéneo para todas las actividades económicas. En los sectores con mayor peligrosidad, donde se aplican tipos superiores por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el desembolso total puede ser sensiblemente mayor, lo que introduce diferencias significativas entre empresas en función de su actividad.
El papel clave de las cotizaciones sociales
La base mínima de cotización se sitúa actualmente en 1.381,2 euros mensuales y crecerá hasta los 1.416 euros con la aprobación del nuevo SMI. Sobre esta base se aplican los distintos conceptos de cotización, como contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ha experimentado un ligero aumento al inicio del año.
Como resultado, las empresas abonarán de media unos 6.375 euros anuales en cotizaciones sociales por cada trabajador que perciba el SMI, lo que supone alrededor de 173 euros más que el año anterior.
La mayor parte del incremento del esfuerzo empresarial se dirige al salario neto del trabajador, mientras que el resto responde al aumento de la base mínima sobre la que se calculan las cuotas.
Diferencias sectoriales y presión sobre márgenes
El tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales puede oscilar entre el 1,5% en actividades de oficina y hasta el 7,15% en sectores de mayor riesgo.
Esta horquilla provoca diferencias de hasta 1.120 euros anuales en las aportaciones a la Seguridad Social entre unas empresas y otras, según estimaciones de las organizaciones empresariales.
Estas variaciones tienen un impacto directo sobre los márgenes, especialmente en actividades con alta rotación de personal o con una estructura de costes muy ajustada.
La patronal advierte de que, en muchos casos, la capacidad de trasladar este mayor esfuerzo económico a los precios finales es limitada, lo que reduce la rentabilidad y la competitividad.
El debate fiscal y la exención del IRPF
Para evitar que los trabajadores que perciben el SMI tributen por IRPF, el Ministerio de Hacienda ha anunciado su intención de aplicar una deducción similar a la utilizada en 2025.
Según estimaciones de los técnicos del propio ministerio, esta deducción podría situarse en torno a los 592 euros anuales para los solteros sin hijos, aunque todavía no se han concretado los detalles finales.
Esta solución provisional ha vuelto a generar críticas, ya que implica retenciones mensuales que posteriormente se devuelven al realizar la declaración de la Renta.
El impacto administrativo de la aplicación retroactiva
La aplicación retroactiva del nuevo SMI obliga a las empresas a revisar las nóminas ya abonadas en enero, lo que genera no solo un sobreesfuerzo económico, sino también una carga administrativa considerable.
Este proceso implica recalcular salarios, cotizaciones y regularizaciones, movilizando recursos internos o externos de gestión laboral. Más y más gastos.
Ver todos los comentarios en https://www.elblogsalmon.com
VER 0 Comentario