La jubilación es para muchas personas una etapa soñada en la que, tras décadas de trabajo, se consigue al final el descanso y el tiempo libre merecido, pero ¿corre peligro tal y como la conocemos?
La tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Función Pública abre la puerta a que los funcionarios prolonguen su carrera profesional hasta los 72 años, un límite que supera con creces la edad habitual de retiro en la mayoría de países europeos.
La propuesta, presentada como enmienda por el PSOE, ha generado controversia tanto en los partidos como en los sindicatos y asociaciones de empleados públicos.
Mientras unos defienden la necesidad de contar con perfiles experimentados durante más tiempo, otros consideran que este alargamiento supone una medida injusta y desproporcionada si se compara con lo que ocurre en otros Estados miembros de la Unión Europea.
Jubilarse en España a los 72: una posibilidad cada vez más real
En la actualidad, la jubilación forzosa de los funcionarios españoles está fijada en los 70 años, aunque existen mecanismos que permiten prolongar de manera voluntaria la vida laboral hasta esa edad.
La enmienda socialista plantea extender dos años más este plazo y crear la figura del relevista, un funcionario de carrera que asumiría parte de las responsabilidades hasta que se produzca el relevo definitivo.
Junto a esta medida, también se incluye la posibilidad de una jubilación parcial en la Administración, lo que permitiría compatibilizar una reducción de jornada con el cobro de una parte de la pensión. Esta modalidad, muy extendida en el ámbito privado, apenas ha tenido hasta la fecha presencia en el empleo público español.
Comparación con la jubilación en la Unión Europea
El contraste con Europa resulta llamativo. El Estatuto Básico del Empleado Público fija la edad de retiro en los 65 años, aplicable en países como Austria, Luxemburgo, Bélgica o Polonia.
En la mayoría de los casos, los funcionarios pueden solicitar seguir trabajando hasta los 67 años si existe justificación y acuerdo con las autoridades competentes.
En otros Estados miembros, como Alemania, Países Bajos y Portugal, la edad ordinaria se sitúa en los 66 años, mientras que en Dinamarca y Grecia se alarga hasta los 67. En ninguna de estas legislaciones se contempla llegar hasta los 72 años, lo que deja a España en una posición excepcional dentro del conjunto de la UE.
La situación en las instituciones comunitarias también ofrece un punto de referencia. Allí la edad normal de jubilación se elevó progresivamente hasta los 66 años tras la reforma de 2014, aunque la edad máxima para permanecer en activo es de 70.
Según la evaluación más reciente desarrollada por la Comisión Europea, más del 80% de los Estados miembros mantienen una edad igual o inferior a la del personal europeo, con un margen que se mueve entre los 60 y los 68 años.
Impacto económico y social de jubilarse a los 72 años
Los defensores de esta enmienda alegan que largar la vida laboral hasta los 72 años tendría un impacto directo en la sostenibilidad del sistema de pensiones, ya que retrasaría la entrada de nuevos jubilados.
Sin embargo, esta ventaja económica se contrapone con varios riesgos. Uno de ellos es la dificultad de acceso para los jóvenes al empleo público, un problema que ya se observa en muchas oposiciones debido a la escasez de convocatorias y plazas.
Por otro lado, la prolongación de la edad de retiro plantea una duda sobre la capacidad real de los trabajadores para desempeñar funciones exigentes en edades avanzadas.
Aunque la experiencia aporta valor, también es cierto que determinadas tareas requieren un nivel físico y cognitivo que puede verse limitado a partir de cierta edad.
Jubilación anticipada y penalizaciones en la UE
El análisis de la jubilación anticipada también pone de manifiesto grandes diferencias entre países. En las instituciones comunitarias, optar por retirarse antes de la edad ordinaria conlleva penalizaciones importantes: un 3,5% menos de pensión por cada año de adelanto. Así, jubilarse a los 58 años supone perder un 28% de los derechos de pensión.
En cambio, varios Estados miembros permiten la jubilación anticipada sin penalizaciones tan severas, lo que ofrece a los funcionarios mayor flexibilidad. La disparidad entre las normativas nacionales refleja que Europa no cuenta con un modelo unificado, aunque la media sigue situándose entre los 65 y los 67 años.
La visión de los sindicatos y la sociedad
Los sindicatos de funcionarios españoles han mostrado preocupación por la posibilidad de elevar el límite hasta los 72 años. Consideran que la medida no se ajusta a la realidad social ni a las condiciones de trabajo de la Administración. Además, alertan de que puede desincentivar el relevo generacional y perpetuar un modelo envejecido.
Si finalmente se aprueba la enmienda, España pasaría a ser el país de la Unión Europea con la edad de jubilación posible más alta para los funcionarios.
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