En la mayoría de países europeos, tener hijos implica una reducción significativa de la carga fiscal. La idea es simple: criar hijos es costoso y clave para el sostenimiento del sistema, por lo que los estados ofrecen beneficios para aliviar (y compensar) ese esfuerzo.
Sin embargo, España sigue siendo una excepción. Las familias españolas con hijos no reciben apenas alivios fiscales en comparación con otros países europeos: la cuña fiscal se mantiene elevada para las familias, lo que tiene consecuencias directas sobre la natalidad y el sostenimiento del sistema fiscal.
Cuña fiscal elevadísima
Según el informe Taxing Wages 2025 de la OCDE, España aplica una cuña fiscal del 36,1% a una familia con un solo perceptor de ingresos y dos hijos, lo que sitúa al país entre los que mayor carga fiscal aplican en esta situación.
En España, un trabajador soltero tiene casi la misma presión fiscal que otro con dos hijos a su cargo. La cuña fiscal (es decir, la proporción del coste total del trabajo que se va en impuestos y cotizaciones sociales) sigue siendo muy elevada.
Nuestro país está entre los siete países con mayor cuña fiscal de toda la OCDE, lo que no ayuda a revertir la situación. El dato actualizado ofrece unas condiciones similares a las de años anteriores, habiéndose producido una mínima mejora, y encontrándose 6,1 puntos por encima de la media de la Unión Europea y 10,4 puntos por encima de la media de la OCDE.
Como ejemplo ilustrativo, si la familia recibe dos sueldos y tiene dos hijos, la cuña asciende al 37,9 %, frente al 29,5 % de media en la OCDE. Este esfuerzo fiscal contrasta con lo que ocurre en países como Alemania, Austria y la media de la OCDE, donde los beneficios por hijo suponen una reducción mucho mayor de la presión fiscal.
España, compensa poco
España no solo aplica una carga fiscal elevada, sino que apenas la reduce por la presencia de hijos. Según el Instituto Juan de Mariana (IJM), los beneficios fiscales por hijo en España están entre un 30 % y un 50 % por debajo de la media de la OCDE.
De igual modo, el gasto público en políticas familiares representa solo el 1,38 % del PIB, frente al 2,3% en la media europea.
Más allá de las reducciones fiscales, las ayudas directas tampoco compensan la diferencia. El Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), vinculado al Ingreso Mínimo Vital, solo llega al 10,5 % de los hogares con hijos que cumplen los requisitos. La falta de información y la complejidad burocrática explican buena parte de esa baja cobertura.
En este contexto, entidades como la Federación Española de Familias Numerosas reclaman una prestación universal por hijo, sin requisitos de renta, como sucede en países como Alemania o Irlanda.
De igual modo, algunas autonomías han planteado deducciones fiscales adicionales para rentas bajas, como la Comunitat Valenciana, así como ayudas directas como el cheque de 500 euros anunciado por el Ayuntamiento de Madrid para el primer hijo.
La natalidad, estancada (con matices)
Durante años, la baja natalidad ha sido una constante en España. Sin embargo, 2024 rompió esa tendencia. Según el INE, el número de nacimientos aumentó por primera vez en más de una década.
La explicación no está tanto en un repunte generalizado, sino en factores como el envejecimiento de las madres primerizas y el aumento de población inmigrante, especialmente en comunidades como Madrid.
En cualquier caso, incluso entre la población inmigrante, que ha sostenido el sistema a nivel español y parte del europeo durante décadas, la tasa de natalidad ha bajado en los últimos años.
En este sentido, España mantiene una estructura fiscal que apenas distingue entre familias con y sin hijos. Así, la cuña fiscal sigue siendo elevada y las ayudas, limitadas. El apoyo fiscal a la crianza en España continúa muy por debajo de los estándares europeos en un país con baja natalidad (1,13 hijos) y desafíos demográficos a largo plazo, las diferencias con el entorno europeo son cada vez más evidentes.