El gasto ha crecido de manera continuada. En 2023 aumentó un 25,4%, en 2024 un 18,2% y en 2025 otro 20,7%. Solo en septiembre de 2026, la nómina mensual alcanzó los 479,3 millones de euros.
El IMV consiguió reducir la tasa de pobreza severa un 9,5% en 2024.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació en junio de 2020 para garantizar unos ingresos básicos a las familias vulnerables. Seis años después, la prestación ha ampliado y mucho su alcance, pero sigue sin llegar a buena parte de sus “potenciales” beneficiarios.
Según un análisis de la Fundación Civismo, el gasto acumulado supera ya los 22.000 millones de euros. Pero aún hay importantes deficiencias de cobertura y dificultades para favorecer la incorporación al mercado laboral.
Más de 22.700 millones de euros destinados a las ayudas
Dicho estudio de la Fundación Civismo cifra en 22.724 millones de euros el desembolso acumulado del IMV y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) hasta septiembre de 2026.
La cantidad equivale, aproximadamente, al salario mínimo anual de 1,3 millones de trabajadores. También permitiría financiar más de 1.000 kilómetros de alta velocidad, según las comparaciones recogidas en el informe.
El gasto ha crecido de manera continuada. En 2023 aumentó un 25,4%, en 2024 un 18,2% y en 2025 otro 20,7%. Solo en septiembre de 2026, la nómina mensual alcanzó los 479,3 millones de euros.
En enero, la prestación llegaba a 798.312 hogares y 2.441.675 personas, entre ellas más de un millón de menores. La cuantía media por hogar era de 546,8 euros mensuales.
El 55% de los hogares con derecho a la prestación no la solicita
Uno de los principales problemas es la distancia entre las familias que cumplen los requisitos y aquellas que finalmente reciben la ayuda. Según la evaluación de la AIReF sobre el IMV, en 2024 el 55% de los hogares potencialmente elegibles no solicitó la prestación. En el complemento infantil, el porcentaje ascendió al 72%.
La quinta evaluación de la AIReF, publicada en julio de 2026, constata una ligera mejora: las tasas disminuyeron al 52% y al 71%, respectivamente, en 2025. Detrás aparecen dificultades para acreditar la composición familiar, problemas de empadronamiento y desconocimiento de los procedimientos.
También existen diferencias territoriales. Según el análisis de la Fundación Civismo, Asturias presenta una cobertura del 60,6%, frente al 27,9% de Cataluña y el 27,5% de Baleares. Melilla, por su parte, alcanza el 64,2%.
La pobreza severa disminuye menos de lo previsto
El IMV consiguió reducir la tasa de pobreza severa un 9,5% en 2024. Sin embargo, si hubiera alcanzado a todos los hogares con derecho, la disminución estimada habría llegado al 16,2%, según un análisis del impacto del IMV sobre la pobreza elaborado por la AIReF. El efecto sobre la pobreza moderada fue menor, con una reducción del 1,1%.
Los resultados mejoran cuando se analiza la distancia económica que separa a los hogares pobres del umbral de pobreza. En este indicador, la prestación consiguió reducir la brecha un 30,3%, frente a un potencial calculado del 58,2%.
Seis de cada diez familias llevan más de tres años cobrando
La duración de la prestación constituye otro de los aspectos examinados. Según la cuarta opinión sobre el IMV de la AIReF, cerca del 90% de los hogares permanece más de un año en el sistema. El 75% supera los dos años y aproximadamente el 60% continúa percibiendo la ayuda después de tres años.
Esta permanencia no implica necesariamente una utilización inadecuada del IMV. Existen hogares con circunstancias personales, familiares o laborales que requieren protección prolongada.
Sin embargo, la Fundación Civismo plantea en su informe la necesidad de mejorar los mecanismos de formación y acompañamiento para quienes pueden incorporarse al empleo. La evaluación identifica una reducción de tres puntos porcentuales en la probabilidad de trabajar entre los perceptores, equivalente a una caída relativa del 12%.
La quinta opinión de la AIReF también señala dificultades para favorecer la transición hacia el empleo, aunque reconoce que la prestación refuerza la protección frente a la pobreza.
Retrasos de 203 días y reclamaciones de 2.615 euros
Los problemas administrativos tampoco desaparecen una vez concedida la prestación. Según el estudio publicado por Civismo en octubre de 2026, el 68% de los hogares perceptores experimentó modificaciones en las cantidades recibidas como consecuencia de revisiones de ingresos.
Cuando estas comprobaciones terminan con la extinción de la ayuda, el importe mediano reclamado por cobros indebidos alcanza los 2.615 euros.
Además, el tiempo mediano de tramitación de los expedientes aprobados llegó a 203 días en 2024. La situación mejoró en 2025, cuando la AIReF registró una reducción hasta los 99 días.
La Seguridad Social destaca, por su parte, que la prestación ya protegía a 2,76 millones de personas en septiembre de 2026, distribuidas en 905.792 hogares.
¿Es del todo útil el IMV? Para los más críticos, mantener esa protección, simplificar los procedimientos y conseguir que los recursos públicos lleguen a quienes reúnen los requisitos verdaderamente deberían ser las prioridades del gobierno.
Imágenes | Steve Mushero, Facebook
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