El Gobierno ha puesto cifra y calendario a su nueva apuesta en materia de vivienda. El presidente Pedro Sánchez acaba de anunciar la puesta en marcha del fondo soberano “España Crece”, con el que se movilizarán hasta 23.000 millones de euros para impulsar la oferta residencial, con el objetivo de levantar 15.000 viviendas al año destinadas al alquiler asequible.
El vehículo se articulará mediante una inyección inicial de 10.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial.
Con esa ampliación de capital, el ICO podrá desplegar hasta 60.000 millones en financiación directa y atraer coinversión privada hasta alcanzar un volumen conjunto potencial de 120.000 millones.
De esa cifra, 14.000 millones irían dirigidos específicamente a vivienda, con la expectativa de sumar otros 9.000 millones de inversores privados.
El nuevo compromiso: 15.000 viviendas al año
La previsión oficial es alcanzar una producción anual de 15.000 viviendas destinadas a alquiler asequible. Sánchez ha defendido, tras siete años en el Gobierno, que la falta de financiación no puede convertirse en un cuello de botella que frene la construcción.
También ha asegurado que el fondo ofrecerá seguridad jurídica y gobernanza transparente para atraer capital institucional, fondos soberanos y grandes inversores.
El Ejecutivo sostiene que esta estrategia permitirá dar continuidad al impulso inversor ligado a los fondos europeos Next Generation y facilitar condiciones ventajosas en plazos y en el coste financiero de los proyectos.
El foco principal estará en el acceso a la vivienda, aunque también se contemplan inversiones en transición digital, economía verde o infraestructuras estratégicas.
Sin embargo, el anuncio llega en un contexto marcado por el desfase entre promesas anteriores y resultados reales. Los datos oficiales obligan a poner el nuevo compromiso bajo la lupa.
Las cifras que cuestionan el relato
En 2023 el presidente anunció la habilitación de 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. En 2024 la cifra comunicada descendió a 43.000. En 2025 se habló de 20.000 y en 2026, de momento, el objetivo concreto es de 15.000 anuales dentro del nuevo esquema financiero. La suma de aquellas promesas supera las 200.000 viviendas comprometidas en distintos momentos.
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La ejecución efectiva está muy lejos de esas magnitudes. Según datos del Ministerio de Transportes, las viviendas protegidas calificadas fueron 1.367 en 2023 y 2.980 en 2024.
En 2025, entre enero y septiembre, la cifra se sitúa en 2.007. Si se comparan estos datos con los anuncios iniciales, la distancia es evidente.
Desde el primer gran anuncio realizado en abril de 2023, cuando se habló de 183.000 inmuebles para alquiler asequible, se han entregado alrededor de 10.206 viviendas, lo que equivale aproximadamente al 5,5% del objetivo global planteado entonces. Una parte significativa procede de operaciones vinculadas a la Sareb.
Sareb, Sepes y planes estatales: dónde están las viviendas
El plan original combinaba varias vías. Por un lado, unas 127.323 viviendas a través del Plan de Recuperación, el Plan Estatal de Vivienda, Sepes y acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos.
A ello se sumaban 50.000 viviendas procedentes de la Sareb y otras 11.000 del denominado Fondo Social.
En el caso de la Sareb, la estrategia incluía viviendas de segunda mano para uso social, inmuebles ya habitados para ofrecer alquileres asequibles y promociones de obra nueva.
Sin embargo, los datos muestran que la materialización ha sido limitada en relación con el volumen prometido.
A 31 de julio de 2024 había 59.879 viviendas firmadas o en desarrollo, lo que incluye 24.283 vinculadas al Plan de Recuperación y 16.780 movilizadas por Sepes, donde se encuadra la Operación Campamento en Madrid con 10.700 viviendas previstas.
A través del Plan Estatal se habían firmado contratos para 8.967 inmuebles, mientras que otras 9.849 procedían de acuerdos con entidades locales.
Aun sumando esas cifras, todavía quedarían por movilizar más de 100.000 viviendas respecto a los anuncios acumulados. Parte del desfase se relaciona con los plazos administrativos, la disponibilidad de suelo y la capacidad de ejecución de promotores públicos y privados.
La cuestión es si el nuevo fondo logrará acelerar la ejecución real o si volverá a enfrentarse a los mismos "obstáculos" que han limitado los objetivos anteriores.
Imágenes | Pixabay, Elperiodico
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