La política migratoria de Estados Unidos acaba de cruzar un umbral histórico. Con la aprobación del llamado Big Beautiful Bill, la agencia federal encargada del control migratorio y las deportaciones (en inglés, ICE) recibirá el mayor presupuesto de su historia.
El nuevo plan, impulsado por el presidente Donald Trump y su entorno, supera los 100.000 millones de dólares hasta 2029 y destina más fondos a la lucha contra la inmigración ilegal que los que gasta un país europeo como España en Defensa.
100.000 millones para controlar la inmigración
A la espera de la firma presidencial, la legislación aprobada por el Congreso establece un gasto total de 100.000 millones de dólares para ampliar las capacidades de detención, deportación y vigilancia.
Solo en construcción del muro fronterizo y de las tecnologías asociadas, la ley destina 46.000 millones de dólares; además, se reservan otros 45.000 millones para aumentar la capacidad de detención,incluyendo infraestructuras, logística y personal.
La magnitud del gasto es tan enorme que resulta difícil de transmitir. Para contextualizar, el Ministerio de Defensa de España gastó en 2024 alrededor de 11.000 millones de euros (una décima parte) de lo que recibirá la agencia federal en el próximo lustro.
Según las estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, se contratarán, por lo menos, a 10.000 nuevos agentes, además de miles de refuerzos para la Patrulla Fronteriza y el personal de prisiones asociado. De igual modo, se pretende incrementar la capacidad para realizar arrestos masivos, procesos exprés y expulsiones inmediatas.
El impacto ya se está notando. Desde la aprobación de la ley en el Congreso, ICE ha intensificado sus operaciones y se calcula que más de 200.000 personas han sido deportadas en apenas tres semanas. La agencia opera bajo protocolos más flexibles y menos requisitos judiciales, lo que ha facilitado redadas a gran escala.
Costoso, polémico y poco humanitario
El crecimiento del ICE no está exento de críticas. Las organizaciones de derechos humanos y una parte notable de los políticos del bando demócrata han denunciado que este marco legal pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas migrantes. Como prueba, solo en 2025, se han registrado al menos 13 muertes en centros de detención migratoria: el doble que en 2023.
Además,según un análisis del Economic Times, el nuevo sistema podría generar un impacto negativo en el mercado laboral: eliminar mano de obra migrante sin ofrecer alternativas, se traducirá en escasez de personal y pérdida de productividad en numerosos sectores. El informe calcula que hasta 6 millones de empleos están en riesgo si el programa se implementa en su totalidad y se prolonga en el tiempo.
Fronteras, y promesas electorales
El Big Beautiful Bill no solo es un paquete presupuestario, sino una declaración política en toda regla. Trump ha defendido el plan como una “defensa de la ley y el orden”, y como una forma de “recuperar el control sobre el país”.
Una polémica que se suma a la larga lista de controversias protagonizadas por el actual presidente estadounidense. Recientemente, desde un centro de detención en Florida, Trump llegó a amenazar con “arrestar” al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, acusándolo de residir de manera ilegal y calificándolo de “comunista”. Expertos legales y líderes demócratas han rechazado la acusación, calificándola de provocación política y ataque a las normas democráticas.
De este modo, ICE se convierte así en el brazo ejecutor de una estrategia más amplia que busca proyectar firmeza frente a la inmigración, con un coste económico y social que no tiene precedentes entre las democracias occidentales.
Mientras tanto, la comparación con otros países resulta inevitable. Pocos gobiernos en el mundo dedican una proporción tan elevada de recursos a perseguir y detener migrantes. Ninguno lo hace a la escala que plantea ahora Estados Unidos y, probablemente, tampoco dependa tanto de la inmigración como el coloso americano.
Un modelo que, más allá del muro, levanta preguntas difíciles: ¿es sostenible? ¿es eficaz? ¿a qué precio? Y, sobre todo, ¿es humano y democrático?