
La justicia consolida la doctrina del Supremo y reconoce la fijeza cuando se cumplen determinados requisitos
El caso es especialmente sangrante, pero ha terminado con un fallo rompedor. Una bibliotecaria de Donostia Kultura acaba de conseguir la fijeza plena tras encadenar contratos temporales e interinidades durante más de 30 años, de acuerdo con una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Su historia arranca el 23 de diciembre de 1991, cuando comenzó a prestar servicios para el entonces Patronato Municipal de Cultura. En la actualidad, su nómina alcanza los 4.139,40 euros mensuales, incluyendo las pagas extraordinarias. ¿El problema? Desde octubre de 2020 cubría ininterrumpidamente su puesto bajo un enésimo contrato de interinidad, una situación que los magistrados han calificado de "inusualmente larga".
Sin embargo, el giro de guion de esta batalla judicial no está solo en la duración astronómica de su temporalidad, sino en lo que pasó hace más de dos décadas. En 2002, la trabajadora se presentó a un concurso-oposición para cubrir tres plazas de ayudante de biblioteca. Aprobó, pero quedó en décima posición y no consiguió plaza, por lo que pasó a formar parte de una bolsa de trabajo. Este detalle ha sido determinante para que el TSJPV, que ha revocado la resolución de primera instancia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Donostia-San Sebastián, le haya otorgado, por fin, la ansiada fijeza plena, en lugar de reconocerle únicamente la condición de indefinida no fija. En concreto, la decisión de los tribunales vascos se apoya en un cambio importante en la doctrina del Tribunal Supremo, cristalizado en sus sentencias del 11 de mayo y 30 de junio de 2026. Según ha establecido el Alto Tribunal, la fijeza no se concede de forma automática a todos los interinos que sufren abuso de temporalidad, pero puede reconocerse cuando el trabajador ha superado un proceso selectivo de su categoría, aunque se quedara sin plaza en su momento por falta de vacantes, y concurren los demás requisitos exigidos por la jurisprudencia. Con este criterio, se tienen en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, abriendo la puerta a que otros empleados públicos en situaciones similares puedan reclamar el reconocimiento de la fijeza.
Qué se dice en Europa
Por su parte, este movimiento del Supremo no es casual, sino que llega después de la presión ejercida por la justicia europea (Tribunal de Justicia de la Unión Europea o TJUE, en la jerga). En su sentencia del pasado mes de abril, el tribunal comunitario cuestionó que la figura del indefinido no fijo y las limitadas indemnizaciones por despido fueran medidas suficientes para sancionar el uso abusivo de contratos temporales sucesivos en la Administración. El TJUE puso así en cuestión el modelo español, señalando que las medidas nacionales deben ofrecer soluciones efectivas y disuasorias que reparen adecuadamente el abuso de temporalidad.
Así, la Administración se encuentra ahora en el ojo del huracán. Aunque el Gobierno y las distintas administraciones autonómicas han impulsado procesos extraordinarios de estabilización para intentar reducir la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 %, objetivo recogido en la legislación española, sentencias como la de esta bibliotecaria demuestran que los conflictos derivados de la temporalidad en el empleo público siguen llegando a los tribunales. Si un profesional ha demostrado sus méritos superando un proceso selectivo en el pasado, puede contar ahora con un argumento jurídico de peso para reclamar el reconocimiento de su fijeza, siempre que cumpla las condiciones establecidas por la jurisprudencia.
El resultado puede tener importantes consecuencias para las arcas públicas, pero supone un balón de oxígeno para unos trabajadores que llevan años con la maleta a cuestas en su propia empresa. La resolución de Donostia, que aún puede ser recurrida en casación ante el Supremo, marca un camino importante: los interinos que superaron pruebas selectivas cuentan ahora con una mayor capacidad para reclamar judicialmente la fijeza. A la Administración le toca afrontar las consecuencias de una jurisprudencia que va delimitando cada vez más los supuestos en los que el abuso de temporalidad puede terminar con el reconocimiento de una relación laboral fija.
Imagen | Generada con IA
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