Un testador de máquinas tragaperras de Vigo acaba con ludopatía y demanda a su empresa: así responde el TSXG

Un testador de máquinas tragaperras de Vigo acaba con ludopatía y demanda a su empresa: así responde el TSXG

La Justicia deniega la incapacidad por accidente de trabajo a un empleado de 48 años que desarrolló juego patológico al supervisar salones en Vigo

Redacción El Blog Salmón

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Un trabajador de 48 años acude a su puesto con 3.000 euros de su propia empresa. Su misión consiste en recorrer diferentes salones de Vigo e introducir monedas en las máquinas tragaperras para comprobar que todo funciona correctamente. Entre sus funciones está probar los dispositivos y supervisar su funcionamiento. El problema es que, con el tiempo, esa exposición continuada al juego acaba coincidiendo con el desarrollo de una ludopatía clínica. El trabajador solicita que su adicción sea reconocida como accidente laboral, pero tanto la Seguridad Social como la Justicia gallega consideran que no ha demostrado suficientemente su origen profesional. 

El empleado, que ejercía como jefe de sucursal y agente comercial en el sector, aportó conversaciones de WhatsApp en las que su empresa le pedía que probara las máquinas y enseñara a utilizarlas a sus compañeros. Con ello pretendía demostrar que su relación con el juego no era recreativa, sino que respondía a sus obligaciones laborales. Sin embargo, terminó desarrollando un trastorno de juego patológico, además de ansiedad severa y depresión. También sufrió una cardiopatía dilatada. En 2022 padeció una crisis y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció una incapacidad permanente total. El problema es que se la concedió por enfermedad común, no por accidente de trabajo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha resuelto el asunto en una sentencia de octubre de 2026. La clave está en el artículo 156.2.e de la Ley General de la Seguridad Social. Para que una enfermedad que no figura en el listado de enfermedades profesionales pueda reconocerse como accidente de trabajo, es necesario demostrar que su causa exclusiva ha sido la ejecución del trabajo. Es decir, no basta con acreditar que el empleado estaba en contacto con las máquinas durante su jornada o que la empresa le encargaba probarlas. Hay que demostrar que el trabajo fue la causa exclusiva de la enfermedad. Los trastornos de salud mental pueden estar relacionados con distintos factores biológicos, psicológicos y ambientales. Por ello, el tribunal ha entendido que no se ha acreditado que la ludopatía del trabajador tenga un nexo causal exclusivo con su actividad profesional.

Pero existe otro obstáculo: la ludopatía no figura en el cuadro de enfermedades profesionales del Ministerio de Inclusión. Cuando una dolencia está incluida en ese listado, como sucede con la silicosis en determinadas actividades mineras, su reconocimiento como enfermedad profesional se rige por los criterios establecidos legalmente, sin necesidad de acreditar ese mismo requisito de causalidad exclusiva. En este caso, el trabajador debe demostrar que su enfermedad tiene su origen exclusivamente en el trabajo. Las pruebas de que manejaba efectivo o probaba máquinas por encargo acreditan su exposición al juego por motivos laborales, pero no demuestran por sí solas que esa actividad fuera la única causa de su adicción.

¿Por qué llevar el asunto a los tribunales por una simple calificación? Porque también afecta a la factura mensual. Cuando una incapacidad permanente deriva de enfermedad común, hay que cumplir unos requisitos mínimos de cotización que dependen de la edad y de otras circunstancias. En cambio, cuando deriva de un accidente de trabajo, no es necesario acreditar un período previo de cotización. También cambia el cálculo de la pensión: en las contingencias comunes se aplican las reglas correspondientes a las bases de cotización, mientras que en las profesionales se utiliza el salario real conforme a las normas específicas. Esto puede generar diferencias económicas importantes, aunque no significa que una modalidad resulte necesariamente más favorable que la otra.

Además, si el accidente de trabajo se produce por incumplimientos empresariales de las medidas de seguridad y salud exigibles, puede aplicarse un recargo de prestaciones de entre el 30 % y el 50 %, que debe abonar directamente la empresa infractora. Para ello, es necesario demostrar que se han incumplido las obligaciones de prevención de riesgos laborales y que concurren los requisitos legales para imponerlo. No basta con alegar que no se realizaron controles psicológicos preventivos. Dependiendo de las bases de cotización y de las circunstancias del trabajador, las diferencias económicas pueden alcanzar decenas de miles de euros a lo largo de una década.

Imagen | Pavel Danilyuk (vía Pexels)

En El Blog Salmón | Está confirmado, los trabajadores que cumplen 18 meses de baja laboral dejan de cotizar, pero no pierden su puesto

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