Viajó 85 días a Marruecos mientras cobraba el paro y ahora el SEPE le reclama más de 3.000 euros pese a tener una discapacidad del 65%

Irse al extranjero mientras se cobra el paro sin avisar al supervisor tiene un precio muy alto. En concreto, 3.019,08 euros y la pérdida de la prestación. Así le ha ocurrido a una ciudadana con una discapacidad reconocida del 65% que decidió desplazarse al país vecino durante 85 días (del 5 de julio al 28 de septiembre de 2021) y seguir ingresando la prestación. Según detalla la resolución ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la beneficiaria se marchó de España sin comunicarlo previamente al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), un trámite obligatorio.

Sin excusas válidas. El resultado de la sentencia es demoledor para su bolsillo, ya que la afectada intentó frenar la reclamación en los juzgados alegando una necesidad familiar urgente y cuestionando la forma del expediente. La mujer explicó que debía acompañar a su madre, que no podía quedarse sola, y defendió que desconocía la obligación de comunicar el viaje. También argumentó que los errores en las fechas recogidas por la Administración dificultaban su defensa. El tribunal, sin embargo, consideró que esas circunstancias no justificaban el incumplimiento de sus obligaciones y avaló la retirada de la ayuda y la reclamación de las cantidades cobradas indebidamente. Eso sí, evitó imponerle el pago de las costas al no apreciar temeridad ni mala fe en su actuación.

Los plazos para viajar al extranjero mientras se cobra el paro

El caso pone de relieve las consecuencias de las salidas al extranjero no comunicadas y plantea la duda clásica del desempleado: ¿se puede viajar cobrando la prestación? Sí, pero con la calculadora en la mano. De acuerdo con la normativa actual del SEPE, las salidas al extranjero de hasta 30 días naturales al año permiten mantener el cobro de la prestación, siempre que se comuniquen previamente y se cumplan las obligaciones correspondientes. Si el viaje dura más de 30 y hasta 90 días, la ayuda queda suspendida, previa comunicación y autorización del organismo. Superar los 90 días puede suponer la extinción definitiva de la prestación, salvo en los supuestos específicos contemplados por la normativa.

Pensar que la Administración hará la vista gorda con una escapada es jugar a la ruleta rusa financiera. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) tipifica como infracción grave no comunicar determinadas situaciones que pueden provocar la suspensión o extinción del derecho a cobrar una prestación. En la práctica, esto puede traducirse en la extinción de la ayuda y en la obligación de devolver las cantidades ingresadas indebidamente desde que se produjo el incumplimiento.

Para cualquier familia que dependa del paraguas del Estado, perder tres mil euros de golpe sienta como un jarro de agua fría. Si un particular cobra, por ejemplo, el subsidio para mayores de 52 años, actualmente fijado en 480 euros al mes, y decide marcharse a otro país sin comunicarlo al SEPE, puede enfrentarse a la extinción de la ayuda y a una reclamación por las cantidades cobradas indebidamente. Como pasa siempre con la burocracia: el desconocimiento de la norma no exime de cumplirla, y la factura final puede salir muy cara.

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