Tras más de 43 años trabajando en una gasolinera, consigue que la empresa le entregue 10.000 litros de combustible al jubilarse

Un trabajador que dedicó más de cuatro décadas a la misma estación de servicio (Vía El Digital de Albacete) ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) reconozca su derecho a percibir 10.000 litros de carburante como prima de jubilación, una retribución pactada en el Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio que la empresa intentó reducir y que, tomando como referencia los precios actuales, supera los 17.000 euros en valor de mercado.

De una forma sencilla: un empleado se jubiló tras más de 43 años de antigüedad en una gasolinera de Talavera de la Reina (Toledo) y reclamó lo que el convenio colectivo del sector establece para casos como el suyo —una compensación en especie consistente en 10.000 litros de combustible—. La empresa, sin embargo, entendía que debía reducir esa cantidad de forma proporcional a los meses que faltaban para que cumpliera los 65 años, hasta dejarla en 9.166,66 litros. Lo cierto es que el conflicto escaló hasta los tribunales y el TSJ de Castilla-La Mancha ha terminado por dar la razón al trabajador, rechazando ese cálculo proporcional. El Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio establece 10.000 litros para quienes se jubilen voluntariamente a los 64 años, sin contemplar un prorrateo por meses.

La 'invasión' de las primas de jubilación: un campo de batalla laboral

El caso no es un hecho aislado. Desde el mundo jurídico laboral se señala que las denominadas 'primas de jubilación' o 'pagas extra' por larga trayectoria han generado litigios en distintos sectores. El mecanismo es similar: el trabajador cumple una determinada antigüedad, el convenio establece una compensación específica al final de la carrera, y llega el momento de determinar cómo debe aplicarse. En este caso, la empresa intentó reducir el importe previsto en el convenio, pero los tribunales rechazaron introducir un prorrateo que no aparecía en el texto. La sentencia confirma así que, cuando el convenio establece una cantidad concreta en función de la edad, no puede añadirse unilateralmente una reducción no prevista.

Aquí entra en juego una aritmética que merece la pena desglosar. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recogidos por EFE el 5 de agosto de 2026, la gasolina 95 se situaba en 1,707 euros por litro, mientras que el diésel A marcaba 1,821 euros. Si el trabajador optara por gasolina, los 10.000 litros tendrían un valor de 17.070 euros; si se tratara de diésel, la cifra ascendería a 18.210 euros. El INE sitúa en 2.385,6 euros brutos al mes el salario medio español en 2024, por lo que esos 17.070 euros equivaldrían a algo más de siete mensualidades de ese salario medio. No es, desde luego, un detalle simbólico: es una cantidad económica relevante.

El caso de este trabajador adquiere mayor relevancia si se enmarca en el panorama nacional. España registró en 2025 375.324 nuevas altas de jubilación, una cifra que refleja el elevado volumen de nuevas jubilaciones. Estos nuevos pensionistas se incorporan a un sistema cuyo gasto en pensiones contributivas se situó en torno a los 190.000 millones de euros anuales. En ese océano de nuevas prestaciones, el caso de los 10.000 litros de combustible puede parecer una anécdota. Pero lo cierto es que ilustra algo más profundo: la importancia de las condiciones de salida del mercado laboral, especialmente cuando hay de por medio décadas de antigüedad en una misma empresa.

El precedente del TSJ de Castilla-La Mancha envía una señal al conjunto del tejido productivo: las relaciones laborales de larga duración tienen unas condiciones pactadas que deben respetarse. Cuando un trabajador entrega 20, 30 o 40 años de su vida activa a una empresa, los convenios colectivos pueden reconocer esa trayectoria con fórmulas como la que aquí nos ocupa. En este caso concreto, el convenio estatal establece una cantidad determinada de litros según la edad de jubilación y el tribunal consideró que no correspondía introducir un prorrateo que no aparecía en el texto. El resultado es una disputa judicial que termina resolviendo cómo debe aplicarse lo pactado entre empresa y trabajador.

Cabe una reflexión final. Mientras los precios de los carburantes siguen registrando movimientos al alza —los datos de la CNMC recogidos por EFE situaban el 5 de agosto la gasolina en 1,707 euros por litro y el diésel en 1,821—, aquellos 10.000 litros ganados en los tribunales pueden tener un valor económico considerable. El jubilado ha conseguido, en el fondo, una prima cuyo valor de mercado aumenta cuando sube el precio del combustible, aunque la cantidad reconocida por el convenio permanece fija en 10.000 litros. Es, si se quiere, una forma de mantener vinculada la cuantía económica de la prima a un bien cuyo precio puede variar con el tiempo. La Justicia le ha dado la razón. Ahora toca disfrutarla, litro a litro.

Imagen | Engin Akyurt (vía Pexels)