Sergio Delgado
Pasan los años y todo parece indicar que ningún gobierno, sea del partido que sea, tiene una solución factible y fiable para la viabilidad de las pensiones en España. Las grandes protagonistas, sin lugar a dudas, de las cuentas públicas españolas.
El pago de estas prestaciones mediante transferencias estatales explicará en 2027 alrededor del 80% del déficit previsto para la Administración Central, según los cálculos trasladados por el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno trabaja con un déficit global del 1,8% del PIB para 2027. De ese porcentaje, 1,5 puntos corresponderían a la Administración Central. Las transferencias destinadas a financiar las pensiones explicarían aproximadamente 1,2 puntos, es decir, ocho de cada diez euros del desequilibrio previsto para el Estado.
El Estado asume una parte creciente de la factura
La senda de estabilidad que distribuía los objetivos entre Administración Central, comunidades autónomas, entidades locales y Seguridad Social fue rechazada en el Congreso. Pese a ello, el Ejecutivo pretende elaborar los Presupuestos tomando como referencia el objetivo global del 1,8% incluido en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo.
Antes de su rechazo, Hacienda había asignado a los Fondos de la Seguridad Social un déficit del 0,2%. Sin embargo, buena parte del esfuerzo necesario para sostener las prestaciones termina reflejándose en las cuentas de la Administración Central debido a las transferencias realizadas desde el Estado.
El problema de fondo está en la diferencia entre las cotizaciones recaudadas y el creciente desembolso en prestaciones. Trabajadores, autónomos y empresas financian mediante sus cotizaciones una parte fundamental del sistema, pero estos recursos no bastan por sí solos para atender toda la factura.
En 2025 faltaron 5.608 millones de euros
Los números permiten observar la magnitud del desequilibrio. En 2025, la Seguridad Social obtuvo 176.918 millones de euros de ingresos, mientras que únicamente las pensiones contributivas representaron un desembolso de 182.526 millones.
La diferencia fue de 5.608 millones de euros. Un informe de Foment del Treball calculó que para cubrir ese agujero exclusivamente mediante nuevas cotizaciones habría sido necesario incorporar 685.786 trabajadores adicionales al mercado laboral.
El desequilibrio tampoco es novedad, ni mucho menos. En 2024 se ingresaron 165.577 millones y se destinaron 172.654 millones a las prestaciones contributivas, dejando una diferencia negativa de 7.077 millones.
Un año antes, en 2023, el déficit había alcanzado los 6.668 millones. Además, las pensiones de jubilación concentran ampliamente el grueso del desembolso: en 2024 representaron el 73,7% del gasto analizado.
Más pensionistas elevan la presión sobre las cuentas
Es de sobra conocido que el envejecimiento de la población constituye uno de los principales desafíos. El número de personas que alcanza la jubilación aumenta mientras España afronta la retirada laboral progresiva de las generaciones del baby boom.
Cuando las cotizaciones no cubren las necesidades, entran en juego las transferencias procedentes de los Presupuestos. También se han utilizado préstamos del Estado a la Seguridad Social, aunque el Tribunal de Cuentas lleva años reclamando su eliminación al considerar que ofrecen una imagen “distorsionada” de la situación financiera del organismo.
El endeudamiento acumulado muestra otra dimensión del problema. La deuda de las Administraciones Públicas alcanzó el 101,6% del PIB durante el primer trimestre de 2026.
En el caso específico de la Seguridad Social, su pasivo llegó a aproximadamente 136.000 millones de euros, un 7,9% más y equivalente a cerca del 8% del PIB. Una parte significativa procede precisamente de préstamos concedidos por el Estado.
La hucha de las pensiones vuelve a ganar músculo
Frente al incremento esperado del gasto, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social vuelve a desempeñar un papel más que relevante. La conocida como hucha de las pensiones fue concebida para acumular recursos que puedan utilizarse cuando las necesidades financieras del sistema aumenten.
A este instrumento se ha incorporado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada fundamentalmente a reforzar ese colchón ante las consecuencias económicas de las jubilaciones del baby boom.
Durante 2025 se recaudaron alrededor de 14.070 millones de euros destinados al Fondo de Reserva, aproximadamente un 50% más que los 9.370 millones obtenidos un año antes. Cerca del 93% de esos recursos procedió del MEI.
Imagen | Andre Taissin, 65ymas
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